Todo comenzó en la madrugada del 2 de abril de 2013 con el robo en la vivienda de calle 44 al 2005 de Reconquista. Lidia Obregón, 54, denunció que personas ignoradas ingresaron a la casa y sustrajeron 43.000 dólares, joyas, notebook, celular, ropas y otras cosas, entre ellas una botella de champagna.
De acuerdo a lo que reconstruyeron los investigadores, un pibe flaquito, de 17 años, había ingresado a robar por la banderola aprovechando que en la casa no había nadie.
Confesó que entró como un simple "ratero", sin datos de que allí había tanto dinero. Eso fue una sorpresa cuando abrió el ropero. Fue en la madrugada del 2 de abril de 2013 y ese mismo día viajó a la Ciudad de Santa Fe con un amigo de 16 años. Acá vive su padre y allá su madre.
El ladrón y su cómplice metieron el dinero, alhajas y notebook en un bolso y viajaron a Santa Fe, con destino al Barrio Nueva Pompeya, donde vive la mamá del pibe.
Ellos contaron que el mismo feriado del martes 2 de abril viajaron a Santa Fe con un ómnibus de la Empresa El Norte, bajaron frente al Hospital Cullen y de ahí tomaron un remis al Barrio Nueva Pompeya. Cuando bajaron, los interceptó personal del comando radioeléctrico de la Unidad Regional Uno y los requisaron. Al ver la fortuna, los hicieron subir al patrullero, lo alejaron del lugar y los despojaron del botín.
En el esclarecimiento del caso trabajó personal de investigaciones de la U.R.IX, que comenzó a desentrañar todo a partir de dar con el ladrón de 17 y su encubridor de 16 años.
Puesto en conocimiento el Juez Penal Juvenil Jorge Fernández se comunicó con la división Asuntos Internos de la Policía Provincial que siguieron el hilo del relato hasta dar con los policías que fueron detenidos acusados de asaltar a los adolescentes para quedarse con el botín, todo bajo conocimiento de un juez penal de la Ciudad de Santa Fe.
Policías de Reconquista allanaron los domicilios de ambos menores en el Barrio Don Juan de Reconquista y secuestraron ropas de la damnificada, cuatro billetes de 100 dólares y la botella de champagna.
La causa contra los "Poliladron".
Ahora la Cámara Penal de Apelaciones de Santa Fe confirmó el procesamiento e incluso agravó la calificación y la causa contra los "poliladron" avanzará a la etapa del juicio dentro del viejos sistema penal.
Trabajaban en el Comando Radioeléctrico el 3 de abril de 2013, cuando apenas habían pasado 5 minutos de la medianoche, interceptaron a dos menores de edad en las calles Manuel de Azcuénaga y San José. En poder de los chicos secuestraron aproximadamente U$S 43.000, un estuche con alhajas y una computadora portátil marca Toshiba y al enterarse de su origen ilícito, lejos de formalizar el procedimiento, los trasladaron en el móvil Nº 5076 hasta una zona -José Cibils al 3400- donde les exigieron que abandonaran el botín a cambio de la libertad.
Según informó el Diario El Litoral de Santa Fe, "el 18 de abril, es decir 15 días después de ocurrido el hecho, se ordenaron varios allanamientos, los que permitieron recuperar gran parte de los objetos sustraídos", aunque hasta este jueves 20 de noviembre de 2014 la familia Obregón no recibió un dólar, solo la computadora y algunas alhajas.
El juez de Instrucción Octavio Silva es quien había ordenado los allanamientos en los domicilios de los policías encausados:
Cabo 1º Alfredo Ricardo Méndez, de 47 años de edad;
Suboficial Andrés Darío Martínez, de 28 años; y
Suboficial Carlos Jesús Cabrera, de 24 años.
Dos de ellos confesaron la participación en el hecho.
En la casa del policía Martínez se incautan cadenitas, aros y un anillo.
En la casa del policía Méndez, la Notebook Toshiba, estuche conteniendo un par de aros, cadena de oro, anillo de plata y pulsera plateada, tres motos: una flamante Zanella, una Yamaha y una Honda, muebles nuevos, un contrato de compraventa de un inmueble, dos celulares (Blackberry y Samsung), y otras pruebas de interés para la causa.
En la casa del policía Cabrera secuestraron otra Notebook y 90.000 pesos en efectivo.
El juez de primera instancia Octavio Silva (anteriormente había sido juez en Vera), el 12 de junio de 2013 había dictado el procesamiento para los tres policías por considerarlos coautores de los delitos de concusión, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la represión delictiva y privación abusiva de la libertad. Y los dejó en libertad.
Ahora la Cámara agravó la calificación contra los policías.
"No conformes con el fallo de primera instancia, el fiscal Nº 2 apeló, manifestando su desacuerdo con el cese de la prisión preventiva; y la querella, representada por las víctimas del robo- reclamó una figura más gravosa para los uniformados. Una vez escuchadas las partes, los camaristas analizaron las diferentes posturas y a través del voto de la Dra. Feijoó al cual adhirió en todo la Dra. Balangione, la Cámara Penal resuelve “confirmar en lo principal el procesamiento apelado, modificándolo en la calificación legal que se establece en privación abusiva de la libertad en dos oportunidades en concurso real y extorsión todo en concurso real”. Asimismo confirmaron la continuidad del proceso con los imputados en libertad, tal como lo resolviera el juez de primera instancia", informó el Diario El Litoral de Santa Fe.
Para el fiscal de Cámara “los tres funcionarios policiales valiéndose de su investidura llevaron a cabo actos de gravedad que lesionan intereses particulares de los menores que sufrieron el despojo y también afectan a toda la comunidad por la desconfianza que genera el accionar delictivo de los que son destinados a protegerla”. También sostuvo que en caso de ser considerados culpables la pena no sería de cumplimiento condicional, sino efectivo.
La querella cuestionó la calificación legal, ya que sobre el delito de concusión, éste habría sido “calificado” dado que los policías emplearon “la modalidad de intimidación”. A su vez pide la aplicación de la figura de “encubrimiento agravado” cuya escala penal va de 1 a 6 años de prisión lo cual agrava la situación legal de los policías.
La defensa del ex policía Martínez descartó que pueda atribuirse a su defendido el delito de encubrimiento dado que “existe un principio básico de que nadie puede encubrir su propio delito, quien es autor de concusión no puede serlo de encubrimiento y viceversa”. Y por último la defensa de Cabrera criticó la postura del fiscal como “abusiva, lesiva, arbitraria y discriminadora”.
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