El informe:
"El presente informe refleja la información llegada a conocimiento de la nueva Defensa Pública desde el 1 de noviembre de 2013 al 15 de diciembre de 2014. Esta información se está recopilando en el Registro Provincial de Torturas, Abusos Policiales y Demás afectaciones de Derechos Humanos de la Defensoría Provincial de Santa Fe y refleja los casos que se nos informan como ocurridos en todo el territorio de la provincia.
Dentro de la ley 13014 que crea la defensa pública del nuevo sistema judicial se determinó que una de las funciones principales del Ministerio de la Defensa Pública provincial es llevar un banco de datos actualizado de casos de este tipo, por esta razón durante el año 2012 el Defensor Provincial y los Defensores Regionales trabajamos en la construcción de una herramienta con la que la institución pudiera trabajar en la recopilación y procesamiento de estos casos, dictándose la Resolución del Defensor Provincial que reglamenta el funcionamiento del Registro Provincial.
El Registro está funcionando desde el mes de marzo de 2012 pero antes era mucho más difícil poder recolectar la información debido a éramos muy pocas personas las que integraban esta nueva estructura, y la construcción de la información aún sigue siendo artesanal, ya que a pesar de haberse pedido colaboración a otros operadores judiciales y no judiciales para que articulen con nosotros en forma fluida la información que llegue a su conocimiento lo que prácticamente nunca ocurrió, hoy prácticamente el registro tiene 3 fuentes de ingreso de casos, la labor de los defensores públicos en el ejercicio de la defensa, los medios de comunicación que suelen impactar casos de este tipo y el boca a boca o derivación que hacen algunas ONGs que conocen del funcionamiento del Registro. Aspiramos a poder dar más difusión y masividad a este recurso porque nos parece sumamente importante a nivel institucional poner la mirada en esta arista que muchas veces no es visible. El primer paso es visibilizar un fenómeno que ocurre no solo en esta provincia sino también a nivel global, luego poder establecer patrones comunes, tratar de encontrar algunas causas probables, producir información en base a indicadores que suelen describir luego de su análisis algunas cuestiones sobre las que los respectivos responsables pueden y deben trabajar en profundidad. En definitiva pretendemos producir información al servicio del mejoramiento de las instituciones y el sistema judicial en su conjunto y con ello el fortalecimiento de las garantías judiciales efectivas y el estado de Derecho.
Así en el último informe producido que va desde el 01 de noviembre de 20123 a 15 de diciembre de 2014 se han registrado 328 casos que llegaron a conocimiento de la Defensa Pública (se registran no solo casos cuyas víctimas deciden denunciar penalmente sino otros casos donde la persona decide no efectuar denuncia penal, muchas veces porque no confía en la respuesta judicial o porque temen represalias).
De ese universo de casos que llegaron a nuestro conocimiento solamente en 72 casos la víctima ha logrado identificar al autor de su agresión, y en 256 casos el autor es persona no identificada. Esto casi siempre se relaciona con el involucrado como agresor no lleva insignias identificatorias (cuyo es reglamentariamente obligatorio como parte del uniforme de los agentes de fuerzas de seguridad).
278 involucran como agresor a personal policial (también hay casos registrados donde quien aparece sindicado como autor es personal de gendarmería nacional, y en menos número de casos a personal del servicio penitenciario).
Se registran situaciones de acuerdo a la resolución de funcionamiento del registro que incluyen agresiones físicas (brutalidad policial, golpizas, agresiones con impactos de bala, submarino seco o húmedo, y otro tipo de agresiones estandarizadas en otros sistemas de investigación que existen a nivel nacional e internacional); agresiones psicológicas (amenazas de armado de causas o de obtención de pruebas falsas), y otras afectaciones como privación de derechos (falta de atención médica de personas privadas de libertad, pedidos de dinero a cambio de plantar pruebas, hostigamiento a defensores, sanciones administrativas fraudulentas a internos alojados en unidades penitenciarias, etc).
Se han analizado las franjas horarias y lugares donde estos eventos son más habituales. Se observa que la mayoría de los hechos ocurren en la vía pública durante la detención o aprehensión y en menor medida –aunque numéricamente la diferencia no es mucha- dentro de comisarías o alcaidías. Tenemos pocos casos registrados ocurridos en unidades penitenciarias pero esto se relaciona con que aún los defensores públicos no tienen muchos asistidos en la etapa de ejecución penal (solo los del nuevo sistema de enjuiciamiento penal), sin embargo cada vez que uno visita cárceles se registran casos.
La mayoría de las víctimas de hechos de torturas o abusos policiales son personas jóvenes (18 a 21 años) que tienen escasa instrucción escolar (primario completo o incompleto, o sin instrucción), y el indicador más común es la ocurrencia en un mismo hecho de afectaciones combinadas (amenazas de armado de causas y golpizas, etc).
Lo más significativo de la información que tenemos es que la mayoría de las víctimas prefiere no denunciar penalmente el hecho (y solo confía en el defensor para darle la información expresando que no quiere denunciar y que solo quiere que se incluya en el registro acogiéndose a la política de confidencialidad).
Sin embargo en el informe hemos podido detectar 36 casos de denuncias efectuadas en la Fiscalía y 82 casos donde la persona ha relatado el abuso o tortura en una audiencia pública ante juez, fiscal y defensor. Aunque hacemos un seguimiento de los casos se ve un poco avance de los casos judicializados (tal como ya fue efectuado durante años anteriores por ej. en el Distrito Rosario).
Desde la Defensoría Provincial se entiende que la falta de fiscalías especializadas en Violencia Institucional o unidades fiscales específicas dificulta una persecución penal estratégica en relación a este tipo de hechos; ello y la falta de vigencia efectiva del Organismo de Investigaciones (o policía judicial) más profesionalizada y técnicamente mejor equipada a cargo de colaborar con el Fiscal en las investigaciones podrían ser dos estrategias a desplegar para contrarrestar este tipo de sucesos al igual que la garantía de acceso efectivo a la justicia de la víctima que quiere ser parte en el proceso penal. Estas podrían ser acciones a seguir como mecanismos eficaces para prevenir este tipo de prácticas y mejorar la respuesta judicial ante este tipo de eventos.
Desde la Defensoría Provincial se ha intentado colaborar con el desarrollo de esta última estrategia ante pedidos puntuales de personas que siendo víctimas de este tipo de hechos que además podrían constituir delitos penales, quieren ingresar al proceso penal como parte procesal (querellante) patrocinándolos o dándoles el auxilio jurídico necesario para esa instancia no habiéndose obtenido hasta el momento resultado satisfactorio debido a que se ha rechazado la posibilidad de que un defensor público brinde acompañamiento jurídico a las pretensas víctimas que quieren ser querellantes. Incluso en determinadas circunstancias los defensores públicos son sometidos a campañas de desprestigio público o intentos de remoción en sus cargos por el rol proactivo que desarrollan en este sentido (caso del Defensor Provincial o de otros defensores o funcionarios que han sido advertidos para que depongan su actitud de acompañamiento de quien sintiéndose víctima de estos hechos quiere ser parte en el proceso).
El registro provincial debería estar a cargo de un funcionario de la Defensoría Provincial (Secretario de Prevención de Violencia Institucional)). Este concurso se realizó hace aproximadamente un año y medio y ganó el concurso el Dr. Enrique Font que no está en funciones porque aún no ha sido designado por el Gobernador de la Provincia, por lo que desde el año 2012 y hasta tanto el Funcionario sea puesto en funciones estoy a cargo de la Secretaria y el Registro en forma provisoria, colaborando con el Defensor Provincial en esta área.
Todos los años dentro del informe de gestión del Defensor Provincial que se presenta en la Legislatura Provincial se presenta un capítulo especial con la información relativa al Registro.
Por último resta agregar que la implementación y sostenimiento de este Registro se enmarca en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU para el año 2010 de la Argentina, donde el organismo recomendó la creación este tipo de registros y el sostenimiento de los existentes. La provincia de Santa Fe con este registro forma parte de uno de los 4 registros que hay en el ámbito de las defensorías públicas (las otras son Provincia de Buenos Aires, Defensoría General de la Nación y Provincia de Chubut), y todas las instituciones nombradas formamos parte de un espacio de encuentro e investigación junto a ONG y universidades a nivel nacional y latinoamericano".
ReconquistaHOY.com
