“Las periódicas crisis que el campo enfrenta deterioran la calidad de vida de las miles de personas que se dedican a la actividad agropecuaria y agroindustrial, impactado negativamente en sus niveles de productividad, rentabilidad, competitividad, ingreso y empleo.
Estas crisis se desencadenan por dos razones centrales, la primera, de origen estrictamente económico, casi siempre derivada de los avatares de la economía mundial; y la segunda, como consecuencia de factores meteorológicos o sanitarios de difícil o imposible predicción y control”.
“Nuestra iniciativa -dice Federico Pezz- busca establecer un Régimen de Emergencia de la Economía Agropecuaria que impulse acciones efectivas de estímulo a la producción, industrialización y comercialización agropecuaria, y que prevea mecanismos para que el Estado sea solidario con quienes necesiten el auxilio para responder a los desequilibrios.
Este Régimen contempla un Programa Especial de Atención Emergente al sector Agropecuario que contendrá las políticas, los lineamientos, las acciones necesarias y los recursos financieros que se destinarán.
El Poder Ejecutivo deberá incluir en el proyecto de presupuestos de egresos para cada año fiscal los recursos económicos para las acciones del Programa”.
El Programa contendrá objetivos, estrategias y líneas de acción tendientes a:
1) enfrentar las causales que obstaculizan la eficiencia económica de las unidades de producción;
2) apoyar a los productores para superar las condiciones adversas de competencia que se presenten;
3) fomentar la recuperación y fortalecimiento de los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad de las cadena de producción.
Se creará una Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria con mayor participación de la organizaciones del sector rural, y con funciones y atribuciones establecidas en la ley, de manera que no dependan del ánimo de un gobernador o un ministro, y que pueda dar seguimiento a las acciones y medidas, y vigilar las operaciones del Fondo de Emergencia Agropecuaria y de los recursos económicos afectados al Programa.
El Sistema de Apoyos para la Emergencia Agropecuaria comprenderá apoyos:
I) de naturaleza fiscal, como prorrogas o diferimientos de pagos, condonaciones totales o parciales, reducción o exención de pagos de derechos, tasas, impuestos y otros gravámenes, entre otros;
II) apoyos de naturaleza crediticia o financiera, como otorgamientos de créditos con tasas reducidas y plazos diferenciales que se establezcan por convenios entre Estado Provincial y entidades de créditos públicas o privadas, entre otras;
III) de apoyos a las comercialización, como pagos compensatorios para contribuir a la formación eficiente de precios y reducir distorsiones, entre otros apoyos directos o que constituyan garantía de precios; y además otras medidas de apoyos de asistencia y transferencia de tecnología; y apoyos en materia de desregulación y simplificación administrativa.
El proyecto contempla un Fondo Provincial de Emergencia Agropecuaria que se integrará por:
1) El total del Impuesto Inmobiliario Rural recaudado no coparticipable;
2) el 1% de las mejoras por coparticipación del impuesto a las ganancias una vez deducida a coparticipación a municipios y comunas;
3) el 0.5 % de las mejoras provenientes del Impuesto al Valor Agregado, una vez deducida la coparticipación a Municipios y Comunas. Además otros aportes de Nación y Provincia.
“A partir de esta Ley los productores cada vez que pagan su impuesto inmobiliario van a estar integrando la mitad de esos recursos a un Fondo al que van a recurrir frente a una emergencia” cerró Federico Pezz.
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