LA LEY DEL DEDO
En ese frenesí que tiene la política argentina por aquellos proyectos que (sin gastar de la propia) puede hacer quedar bien a la dirigencia con ‘la gente’, se hizo un lugar el ‘DEscanso Dominical Obligatorio’ (DEDO).
Santa Fe lo implementó mediante su ley provincial 13441. Dicha norma ‘progresista’ replica el decreto ley 18204 de la dictadura de Onganía y el correlativo decreto ley de facto provincial Nº 7900.
Consiste sintéticamente en prohibir absolutamente la apertura de supermercados todos los días domingo. El incumplimiento se sanciona con fuertes multas y clausuras.
Si bien la idea tiene un fin que compartimos, el mecanismo elegido resulta inconstitucional.
La Legislatura santafesina la sancionó con fecha 06/11/2014, y el Gobernador la promulgó sin vetos ni observaciones el 27/11/2014. Finalmente el 30 de marzo de 2015 fue publicado en el boletín oficial el decreto reglamentario 689/15 que se dictó el 10/03/2015.
Así las cosas, el 7 de abril de 2015 empieza a regir en la Provincia el DEDO. Incluso en aquellos municipios que ya la pusieron en vigencia, recién está realmente operativa a partir de dicha fecha. Y empezarán las acciones en su contra.
Aunque hablar de ‘vigencia’ en este caso es hablar de algo más cercano a la ficción.
CON ÉSTA SÍ, CON ÉSTA NO
El artículo 1 establecía una regla amplísima: “Los establecimientos comerciales y/o de servicios de la provincia de Santa Fe”.
Luego, el lobby de algunos sectores (más poderosos o mejor organizados) obtuvo excepciones: los atendidos por sus dueños; los que están en las terminales de transporte; las farmacias; las estaciones de servicio; los que tengan alguna actividad gastronómica como principal; los dedicados al entretenimiento como son los casinos; las galerías y paseos de compras como son los shopping; y un largo etcétera.
Después de tantas excepciones, la misma ley admite que lo que ha quedado prohibido en día domingo es la actividad comercial de los “supermercados, autoservicios, hipermercados, megamercados o cualquier otra denominación que adopten”.
Ha tenido sus dificultades la definición de los incluidos (a los que genéricamente llamaremos supermercados) pero parecería que son aquellos comercios multirrubro con más de 120 metros cuadrados de superficie.
Así, sin ninguna compensación, se anula una séptima parte de la actividad de un sector determinado del comercio dentro de las ‘fronteras’ santafesinas.
Para mayor complejidad, la Legislatura no le da vigencia provincial a su propia ley provincial, sino que la condiciona a la aprobación de una ordenanza de adhesión en cada municipio. Así, la vigencia provincial será sólo municipal, pudiendo los municipios darle, quitarle, o restringirle vigencia.
La finalidad buscada, según sus promotores, es permitir que el día domingo el trabajador pueda estar en su hogar junto a su familia, para permitir que compartan, que mejoren las relaciones, que participen de las actividades religiosas y recreativas juntos, etc. Pero ese fin no justifica cualquier medio…
INCONSTITUCIONALIDAD POR COMPETENCIA MUNICIPAL
La misma ley, al condicionar su entrada en vigencia en cada localidad a la aprobación de una ordenanza de adhesión, está aceptando que la Provincia no podía regular este aspecto, por ser el ‘Poder de Policía del Comercio’ una competencia típica de los municipios, expresamente receptada en la Constitución Nacional y en la Provincial.
Es decir: con ley provincial o sin ella, sólo puede afectarse el comercio mediante una decisión municipal.
Queda claro entonces que la ley 13441 (DEDO) es una ley sólo aparente, una ley inútil, una no norma.
Pero entonces, una ordenanza que disponga adherirse a la nula norma provincial, no puede nunca resultar válida, ya que a la vigencia de algo nulo nadie puede sumarse.
Sólo pueden las municipalidades dictar sus propias normas al respecto sin referir su validez a la provincial.
Aunque tampoco sería válida una ordenanza original en tal sentido, ya que las potestades de control (poder de policía) no permiten la clausura, o grave restricción que esta norma contiene.
Pero la Provincia, al invadir competencias municipales, nulifica la normativa. Incluso en el decreto reglamentario se arroga en exclusiva las potestades de contralor, atribuyéndose la realización de operativos en soledad, y la aplicación provincial de las sanciones, muy discrecionales y con mínimos recursos contra ellas. Además, la Provinciase quedaría con los recursos que surgen de las multas, siendo que está ejerciendo un control exclusivamente perteneciente al Municipio. Un auténtico Frankestein jurídico.
En la provincia que fue campeona del municipalismo se lo pisotea, en un rubro de indiscutible competencia local.
INCONSTITUCIONALIDAD POR COMPETENCIA NACIONAL
El fondo de afectación de la 13441 es el comercio en su doble faz: el comerciante y sus clientes por un lado, y los empleados del comerciante por el otro.
AFECTACION AL COMERCIO
LA EMPRESA
Según la Constitución Nacional, la libertad de comerciar es importantísima, lo cual tiene su raíz en los motivos de nuestra guerra constituyente.
Alberdi llegó a decir que la libertad de contratar libremente es la nodriza de la Patria.
Respecto a lo que no cabe duda alguna es que todo lo relativo al comercio sólo puede ser regulado por el Congreso Nacional.
Ello porque lo que se intentó bloquear desde 1853 es que cada Provincia establezca reglas más beneficiosas para sí, perjudicando de este modo a las demás, y arruinando el criterio de unidad nacional buscado. Recordemos que ese mecanismo fue muy utilizado hasta San José de Flores.
Entonces la Constitución Nacional estableció una serie de clarísimas reglas, las que demuestran la imposibilidad provincial de restringir el comercio con leyes como la 13441.
El artículo 12 impide que se establezcan leyes o reglamentos diferentes para el comercio que pasa de una provincia a otra.
El artículo 14 asegura a todos los ciudadanos el derecho a comerciar y el 20 lo reitera para los extranjeros. En ambos casos el derecho se ejerce de acuerdo a reglamentación, la cual según el artículo 28 no puede alterar el libre ejercicio del derecho (no podría impedirse el derecho bajo el pretexto de reglamentarlo).
El artículo 75 reserva al Congreso Nacional el dictado del Código para el Comercio Nacional (inciso 12) y de los reglamentos comerciales internacionales e interprovinciales (inciso 13).
Finalmente, en el artículo 126 se prohíbe expresamente a las provincias sancionar cualquier clase de leyes sobre comercio.
Queda así perfectamente en claro que el único que puede regular cómo se comercia es el Congreso Nacional, para que desde lo económico seamos un solo territorio nacional.
Normas como esta, que diferencian la actividad comercial de una provincia con sus vecinas, son totalmente inconstitucionales.
LOS CONSUMIDORES
La norma impide a quienes tienen un supermercado abrir los días domingo, día en que algunos abren media jornada, y otros jornada entera. En el caso de los supermercados más grandes el día domingo es su principal jornada semanal.
No estamos ante una norma de pequeño contenido: téngase en cuenta que prohibir absolutamente el ejercicio del comercio un día por semana es una afectación importante, relevante.
Y la afectación no es solamente para el comerciante que quiere vender, sino también para el cliente que quiere comprar en día domingo.
Se prohíbe una séptima parte (14%) de la actividad, se prohíbe de manera absoluta, se clausura o cancela el ejercicio del derecho. Es verdaderamente una gravísima afectación que incluso es dudoso que pueda establecer el mismísimo Congreso Nacional.
Pero es indudable que ni las Provincias ni los Municipios pueden regular esta temática.
Y como vimos antes, el artículo 28 de la ConstituciónNacional prohíbe que bajo la excusa de reglamentar se anule total o parcialmente un derecho. Reglar es establecer modalidades, facilitar o complejizar, pero no prohibir.
AFECTACION AL COMERCIO INTERPROVINCIAL
Pero además la sanción de una norma de estas características es altamente negativa en el concierto nacional.
Establecer fronteras jurídicas a la comercialización de productos puede implicar un desmedro a los vecinos o un desmedro a los propios. En ambos casos la norma constitucional fue hecha para impedirlo.
Los habitantes de Santa Fe no tienen por qué verse menoscabados respecto a los de otras provincias donde se puede vender y comprar en días domingo.
Esto se advierte con mayor crudeza en nuestros conglomerados urbanos fronterizos donde a una calle de distancia, por ser otra provincia del mismo país, abre el día domingo un supermercado y de este lado debe permanecer cerrado, cediéndole todos sus clientes al de la otra provincia.
Aquí se advierte una afectación mayor para el comerciante que para el cliente, ya que la ley no llegó al límite de prohibir a los santafesinos cruzar de provincia para comprar, demostrando así nuevamente la 13441 su irrazonabilidad e ineficiencia.
Pero agreguemos una señal más de la pésima factura de esta ley: como su ‘vigencia’ queda supeditada a la sanción de ordenanzas de adhesión en cada Municipio, ocurrirá que los perjuicios al comercio, y las “fronteras comerciales” serán de ciudad en ciudad, y a pocos metros, a cada lado de un puente, habrá reglas de comercio distinto, llevando lo que era un territorio nacional jurídicamente unificado y una sola provincia, hacia una reunión de feudos y comarcas en guerra entre ellas.
Concluyendo: la norma lleva a que el comercio de los santafesinos se vea injustamente absorbido por los comerciantes de provincias limítrofes, afectando los derechos de quienes invierten en nuestro suelo, y destruyendo la capacidad de crecimiento y tributación de nuestras ciudades.
DERECHO DEL TRABAJO.
LOS TRABAJADORES
Los supermercados, como tantas otras industrias, actualmente abren los días domingo; pero abonando, conforme a la ley laboral nacional, sumas adicionales a sus trabajadores.
La norma, al impedir la apertura un día de la semana, altera las posibilidades de los empresarios de contratar trabajadores, y el derecho de estos a trabajar en un día que está expresamente permitido por la normativa nacional.
En efecto: tanto la Ley de Contrato de Trabajo (LCT 20744) como el Convenio Colectivo de los empleados de comercio admiten expresamente el trabajo en días domingo, estableciendo cómo se compensa esa especial jornada.
Pero la norma santafesina, al prohibir trabajar un día semanal, hace que los comerciantes no puedan obtener importantes ingresos (que tuvieron proyectados a la hora de programar sus empresas) y hace que los trabajadores se vean impedidos de obtener dineros extra que beneficiaban su economía familiar.
De este modo lo que es permitido por la ley competente (nacional) es prohibido por la ley incompetente (provincial) en un inconstitucional alzamiento normativo contra la norma prevalente.
Vale aquí recordar que las normas nacionales vigentes permiten trabajar en día domingo, pero ello no implica quitar un día y medio semanal de descanso: la semana no puede tener más de 48 horas, por lo que si el trabajador acepta laborar en domingo se le debe dar el descanso en otro día de la semana.
Así es en todas las actividades, algunas de las cuales no pueden parar nunca, como las instituciones sanitarias, de transporte o de alojamiento.
Otra notable omisión de la norma: no impide a los habitantes de la provincia cruzar la frontera para trabajar en un supermercado de una provincia vecina. Así que la protección no apunta a mejorar la vida de los trabajadores santafesinos, sino solamente a impedir la apertura de los comercios radicados en nuestro territorio.
Tampoco debemos perder de vista que, aunque los adicionales del CCT de comercio no sean muy grandes, resultan un interesante ingreso del que ahora se ven privados los trabajadores de supermercados, quienes tenían la legítima expectativa de obtenerlos. Ello también demuestra que no es una norma pensada en beneficio de los trabajadores.
Es que lo más grave resulta evidente: la norma cae en un paternalismo antidemocrático: el legislador nos dice ‘yo sé lo que es mejor para vos, tenés que estar en tu casa los domingos, no me importa lo que vos quieras, porque sos tan tonto que no vas a elegir bien, por eso para asegurarme voy a cerrar tu lugar de trabajo’.
Es decir: no importa la decisión del sujeto, que se vuelve solamente un medio en el camino de la consecución de un fin estatal, vulnerando su individualidad, su humanidad, negándole la capacidad de elegir. Ese exceso es la irrazonabilidad, teleológica y axiológica.
Semejantes decisiones no se compadecen con un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
INCONSTITUCIONALIDAD POR DISCRIMINACIÓN
IRRAZONABLE DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
Toda decisión estatal implica un corte, una selección de la realidad sobre la cual va a regir la norma.
Esa selección será constitucionalmente válida si se funda claramente en una relación directa (razonable) entre el fin buscado y el medio utilizado.
Recordemos el fin buscado: que ‘los trabajadores’ estén con sus familias.
En el caso de la ley 13441, tal como explicamos, la norma termina rigiendo solamente para supermercados de más de 120 metros cuadrados.
Vemos entonces que el fin se termina reduciendo a ‘que los empleados de grandes supermercados estén con su familia’ (si la tienen).
Sin embargo, la finalidad sigue incumplida respecto a quienes trabajan en los shopping, en los casinos, y en la totalidad de los comercios de cualquier otro rubro que no sean supermercados.
Hay muchos negocios que necesitan estar abiertos las 24 horas del día los 7 días de la semana, por el rubro que desarrollan, por el objeto y los sujetos que atienden, como son los sanatorios, los hoteles, los geriátricos, etc.
Sin embargo ni los shopping, ni los casinos, ni las tiendas de ropa, libros o bebidas tienen una necesidad objetiva diferente a la de los supermercados.
Y sin embargo, la 13441 solamente prohíbe la apertura de los grandes supermercados
¿Aceptaríamos que el Congreso Nacional establezca un día semanal de descanso obligatorio para cada sector de la actividad económica? Los demás comercios no incluidos en esta norma ¿aceptarían cerrar un día en la semana?
Queda así en claro que hay otra finalidad, no enunciada por la norma pero que indudablemente la orienta. Y para encontrarla es bueno buscar quién obtiene beneficios concretos con esta norma (cui prodest) o, como decía Hércules Poirot: sigamos la ruta del dinero.
Por nuestra parte, creemos que la idea ha sido directamente prohibir la apertura de los grandes supermercados, bajo la falsa premisa de favorecer a los pequeños comercios locales.
Al respecto digamos en primer lugar que la libre competencia es la regla que orienta el derecho constitucional a comerciar. En segundo término, el estímulo a los pequeños comercios locales no puede terminar en perjuicio para los consumidores ni para los trabajadores, quienes deben ser sujeto mayor de la preocupación del Estado. Como tercer y último punto decimos que hay alternativas menos gravosas de los derechos en juego que pueden favorecer el mismo objetivo sin tantos daños, lo cual hace irrazonable la adopción de la medida más vejatoria.
IRRAZONABLE DISCRIMINACIÓN DE CULTOS
Establecer como día sagrado en que las familias deben recogerse al día domingo es un excesivo e inconstitucional favoritismo por la religión católica.
Sabemos que algunas otras religiones cristianas y el judaísmo exigen descansar de acuerdo al antiguo precepto bíblico: desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado.
A su turno los islámicos celebran el viernes pero sin preceptuar descanso, igual que hacen los católicos con el día domingo.
Los agnósticos y quienes no practican ningún culto prefieren no verse forzados a celebraciones religiosas que desconocen la preferencia laica de la Nación Argentinamoderna.
Esto además trae algunos problemas prácticos: es común ver que las personas más devotas judías o adventistas negocian con sus patrones descansar viernes/sábado para lo cual acuerdan mayores horarios en otros días, o trabajar los domingos si la empresa abre. Con esta norma, los creyentes que necesiten acordar otros francos, se verán totalmente impedidos de hacerlo ¿Cómo tutelamos el derecho de otras religiones a no trabajar los viernes o los sábados? ¿No es importante eso?.
Por lo tanto, establecer el día católico como opción impuesta a todos los habitantes de Santa Fe implica una grave vulneración a la libertad de cultos constitucionalmente asegurada.
Recordemos que el ‘sostenimiento’ de la religión católica del cual habla el artículo 2 de la Constitución Nacional asegura solamente un sostén económico, compensatorio de las históricas expropiaciones rivadavianas.
Indudablemente, la selección religiosa realizada por el legislador hace nula la norma que intenta imponernos una celebración que no todos compartimos.
Respetar nuestra diversidad cultural es regla constitucional central en Argentina, piedra de toque de nuestra identidad jurídica.
VAMOS POR LOS MECANISMOS DEMOCRÁTICOS
Toda medida que se basa en prohibiciones, en clausuras, en impedimentos para el desarrollo de un derecho, es sospechosa constitucionalmente y no logra superar el test de razonabilidad.
Por eso debemos pensar que los fines loables deben ser alcanzados mediante mecanismos razonables, que lleven a la adhesión y no al rechazo.
Algunos Convenios Colectivos, como el lácteo, han incrementado grandemente los adicionales por trabajo en día domingo, estableciendo un 300% adicional de salario y un día más (otro, además de los francos) para compensar el domingo.
Esas son medidas mucho más sabias, proactivas: las que apuntan a que salga más caro el abrir un domingo, las que establecen desalientos materiales para quienes abran.
Del mismo modo, en las democracias modernas, se piensan estos temas mediante mecanismos de empoderamiento del sector más débil de la relación (en el empleo: los trabajadores). Así puede pensarse en mecanismos de inhibición individual como que el trabajador que no desea trabajar los domingos pueda con un simple telegrama impedir su ubicación en cronograma de manera permanente sin ninguna consecuencia.
Me dirán que las empresas tomarían represalias, pero en tal caso, como en tantos otros, lo que debemos es pensar en fortalecer los controles estatales y gremiales para impedir los abusos.
La ineficacia del Estado no puede ser argumento para disponer medidas más virulentas.
Y, finalmente, siempre caben mecanismos de soporte estatal mediante transferencia de recursos: descontar impuestos, otorgar beneficios, facilitar inscripciones a quienes voluntariamente cierren los domingos, son mecanismos mucho más sanos y no vulneratorios de las libertades individuales y del crecimiento económico provincial.
El autor, que como constitucionalista siente más los daños jurídicos, piensa que quizás el más grave daño de este tipo de normas incumplibles y fácilmente anulables por la justicia es que llevan al descrédito del Derecho y del Estado como reguladores de la conducta social. Por eso es tan importante la responsabilidad de los legisladores a la hora de tomar decisiones normativas.
Pero, la política a veces tiene razones que la Razóndesconoce.
IMPONER LO BUENO A BASTONAZOS, ESA ANTIGUA COSTUMBRE
Cuando se discute el tema del descanso dominical obligatorio, la necesidad de que el trabajador no sea explotado, la salud comunitaria que nace del encuentro de las familias, todos sonreímos gratamente ilusionados.
Pero que el fin buscado sea loable no justifica que deba imponerse con la oxidada espada del derecho en la mano.
La ley 13441 con su DEDO intenta digitar arbitrariamente la realidad mediante un mecanismo constitucionalmente violento.
El Estado tiene muchas herramientas para lograr una progresiva mejoría en las costumbres. Pero el Estado de Bienestar es un ideal que se construye mediante la intervención creativa y constructiva del Estado, no con prohibiciones, amenazas y pueriles consignas.
Debemos mejorar el uso del dinero por parte de los gobiernos, favorecer la creación de empleo y defender a los trabajadores todos los días, alentar a los buenos empresarios y sancionar a los que abusan de los consumidores.
En ese país seguro y sano los trabajadores tendrán familia que los espere, casa donde reunirse, entretenimientos que disfrutar, asado que compartir; y no solamente horas desocupadas. Y entonces tendremos no sólo un domingo de descanso sino una semana constitucional.
Texto completo
REGISTRADA BAJO EL Nº 13441
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1.- Los establecimientos comerciales y/o de servicios de la provincia de Santa Fe deberán permanecer cerrados los días domingos y los declarados como feriados nacionales que se detallan taxativamente: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 26 de septiembre, día del empleado de comercio. El día del empleado de comercio se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de septiembre.
ARTÍCULO 2.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de la Producción, serán autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 3.- Para los días veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de Diciembre, desde las dieciocho (18:00) hasta las veinticuatro (24:00) horas del veinticinco (25) de Diciembre y primero (1) de Enero, también deberán permanecer cerrados los establecimientos comerciales de venta de bienes y/o prestaciones de servicios. En el caso que los días 24 y 31 de diciembre sean domingo, no será de aplicación lo previsto en el artículo 1, pero deberá cumplirse con los horarios previstos en el presente artículo.
ARTÍCULO 4.- El horario de apertura y cierre de cada establecimiento será acordado por cada comerciante entre las siete (7:00) y las veintidós (22:00) horas de lunes a sábado. Los horarios deberán ser exhibidos en los lugares de acceso a cada comercio.
ARTÍCULO 5.- Quedan excluidos de la limitación establecida en los artículos precedentes:
a) los establecimientos comerciales que sean atendidos por sus dueños y que no superen los ciento veinte (120) metros cuadrados de superficie;
b) los establecimientos ubicados en las estaciones terminales de cualquier medio de
transporte;
c) los locales que se encuentren en centros y/o paseos comerciales, que no superen los
doscientos (200) metros cuadrados de superficie;
d) la recepción, distribución y venta de diarios, periódicos y revistas;
e) los establecimientos que presten servicios velatorios y de sepelio;
f) las farmacias;
g) los establecimientos que presten servicios esenciales de salud, transporte, hotelería, telecomunicación (excepto que realicen ventas comerciales) y expendio de combustibles;
h) los establecimientos cuya actividad principal sea elaboración y/o venta de pan, pastelería, repostería, heladería, comidas preparadas, restaurantes, bares;
i) los videos clubes, florerías, ferreterías;
j) los teatros, cines, juegos infantiles, circos y todos aquellos destinados a esparcimiento;
k) los establecimientos dedicados a la venta de libros, música y videos de películas y/o
similares;
l) los mercados de abasto de concentración de carnes, aves y huevos, pescados,
legumbres y frutas.
m) las ferias y mercados municipales.
ARTÍCULO 6.- Los establecimientos comerciales y/o prestadores de servicios que se encuentren bajo una misma unidad arquitectónica denominados shopping y/o galerías comerciales podrán realizar apertura los días domingos siempre y cuando lo hicieren con recursos humanos provenientes de altas de primer empleo, convenios de pasantías y de programas promoción de empleo, tanto nacionales como provinciales. En este caso deberán contar con autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dela Provincia, mediante Resolución fundada.
ARTÍCULO 7.- Se excluye expresamente de lo establecido en el Artículo 6°, los supermercados, autoservicios, hipermercados, megamercados o cualquier otra denominación que adopten cuando superen la cantidad de metros cuadrados previstas en el Inciso a) del Articulo 5°).
ARTÍCULO 8.- En caso de incumplimiento de la presente ley se aplicarán las siguientes sanciones:
a) multa de hasta diez (10) salarios mínimo vital y móvil;
b) en caso de reincidencia a partir de la tercera (3°) infracción se impondrá la clausura de oficio del establecimiento por diez (10) días corridos, sin perjuicio de los haberes que se tenga que abonar a los empleados
ARTÍCULO 9.- La entrada en vigencia de la presente ley en cada Municipio y Comuna deberá decidirse por una ordenanza de adhesión la que podrá regular los alcances de su aplicación en función de las particularidades de cada localidad.
ARTÍCULO 10.- Los Municipios y Comunas establecerán, en forma conjunta con la autoridad de aplicación, los mecanismos de control y cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
Firmado: Luis Daniel Rubeo – Presidente Cámara de Diputados
Jorge Henn – Presidente Cámara de Senadores
Jorge Raúl Hurani – Secretario Cámara de Diputados
Ricardo H. Paulichenco – Secretario Legislativo Cámara de Senadores
PROMULGACIÓN
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 27 NOV 2014
De conformidad a lo prescripto en el Artículo 57 de la Constitución Provincial, téngasela como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial y publíquese en el Boletín Oficial.
Firmado: Rubén D. Galassi – Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
DECRETO REGLAMENTARIO
DECRETO N° 0689
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"
10 MAR 2015
VISTO:
El expediente N° 00101-0247792-1 del registro del Sistema de Información de Expediente del Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado, por medio del cual se comunica la sanción de la Ley Provincial N° 13.441, a los fines previstos por el art. 3 del Decreto 4.000/86, y su promulgación por el Poder Ejecutivo el 10 de Diciembre de 2014; y
CONSIDERANDO: Que la sanción de la Ley N° 13.441 ha posibilitado que en la Provincia de Santa Fe exista un marco legal para que los establecimientos comerciales y/o de servicios permanezcan cerrados los días domingos y los declarados como feriados nacionales: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y el día del empleado de comercio, previsto para el miércoles de la ultima semana del mes de septiembre de cada año.
Que expresamente se ha consagrado que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de la Producción serán autoridad de aplicación de la norma aludida.
Que las competencias asignadas por Ley N° 12.817 a los precitados Ministerios, son ampliadas y complementadas por las establecidas en la Ley N° 13.441, de igual rango jurídico, a los fines de ejercitar adecuadamente el rol de autoridad de aplicación que se les encomienda.
Que las distintas áreas inspectivas provinciales deberán coordinar y consensuar un obrar conjunto con aquellas similares existentes en las municipalidades y comunas que adhieran a la Ley N° 13.441, compatibilizando los alcances de su aplicación con las particularidades de cada ciudad.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de ambas jurisdicciones, en cumplimiento a lo normado por el Decreto 0132/04 y el Sr. Fiscal Estado.
POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DECRETA:
ARTICULO 1 — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 13.441 que como Anexo único integra la presente norma legal.
ARTICULO 2 — Refréndase por los Sres. Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Ministro de la Producción.
ARTÍCULO 3 — Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
BONFATTI
Dr. Julio Cesar Genesini
C.P.N. Carlos Alcides Fascendini
ANEXO UNICO
ARTICULO 1.- Sin reglamentar.
ARTICULO 2.- Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de la Producción, a través de las oficinas técnicas respectivas, coordinaran acciones con los Municipios y Comunas que adhieran a la Ley N° 13.441, para la consecución de sus objetivos y alcances.
ARTICULO 3.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 4.- Los horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales deberán ser exhibidos en puertas ó vidrieras de fácil visualización a los fines de la fiscalización. Deberá acreditarse la fehaciente comunicación cursada al municipio o comuna respectiva, indicando el horario de apertura y cierre y sus eventuales modificaciones.
ARTÍCULO 5.- La titularidad de los establecimientos se acreditará a través de las inscripciones fiscales nacionales y provinciales requeridas para ejercer la actividad, la que deberá concordar con la registrada en el certificado de habilitación que expiden las municipalidades y comunas de la localidad donde se desarrolle la actividad comercial y/o de servicios. El titular deberá también exhibir la autorización otorgada por la autoridad municipal o comunal referida al rubro y la superficie habilitada para ejercer el comercio.
ARTÍCULO 6.- Para la apertura en días domingos, los establecimientos comerciales y/o prestadores de servicios denominados shopping y/o galerías comerciales deberán cumplimentar ante las Direcciones Regionales del Ministerio de Trabajo, de las ciudades de Santa Fe y Rosario -conforme las pautas de competencia territorial y material asignadas en la Resolución STySS N° 021/08-, con los siguientes requisitos, según corresponda:
a) En materia de primer empleo: copia certificada del documento de identidad del trabajador que se procure incorporar y copia certificada de la Historia Laboral solicitada por el trabajador ante la Administración Nacional de Seguridad Social - ANSES- y/o estado de situación de aportes previsionales informada por la Administración Federal de Ingresos Públicos-AFIP-.
b) En materia de programas de promoción de empleo: copias certificadas de los programas de promociones de empleo, nacionales ó provinciales, de los convenios particulares de adhesión suscriptos por los establecimientos comerciales y/o de servicios y/o por los trabajadores. Si el trabajador se encontrare incluido, en los aludidos programas con anterioridad a la petición de autorización: Registro de Alta en el sistema "Mi Simplificación II" o el que lo sustituya en lo futuro y constancia de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social, Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- (Declaración Jurada Determinativa de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social) con comprobante de acuse de recibo y de pago y constancia emitida por el Aplicativo SICOSS de la nomina de trabajadores por los cuales solicita autorización.
c) En materia de convenios de pasantías: copias certificadas del Convenio marco de Pasantías educativas suscripto por el establecimiento comercial y/o de servicios con instituciones reconocidas ó autoridades educativas jurisdicdonales, el que deberá contener, sin excepción, los requisitos enunciados en el art. 6° de la Ley N° 26.427 de Creación del Sistema de Pasantías Educativas; copia certificada del acuerdo individual de pasantía suscripto por el estudiante seleccionado con los firmantes del convenio, debiendo anexarse al acuerdo individual el texto de la Ley N° 26.427 y del convenio, con noticia fehaciente del pasante y en el que deberán constar, sin excepción, los requisitos del art. 9° de la Ley 26.427; copia certificada de la póliza de cobertura en materia de Riesgos del trabajo (Ley 24.557, texto modificado Ley 26.773), del régimen de cobertura médica de emergencias a cargo del empleador y cobertura de salud para las prestaciones previstas en la Ley 23.660; DD.JJ. - debidamente certificada ante autoridad judicial o notarial- del empleador de no utilizar la pasantía educativa para cubrir vacantes, reemplazar personal ni crear nuevo empleo; legajo individual del pasante con incorporación del plan de trabajo elaborado por el docente guía de la institución educativa y el tutor de la empresa que determine el proceso educativo del pasante para alcanzar los objetivos pedagógicos; cupo máximo de pasantes establecido reglamentariamente por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, proporcional al tamaño de la empresa y tutores asignados.
La documentación deberá ser ingresada por Mesa de Entradas de la respectiva Dirección Regional con una antelación no menor a 15 (quince) días hábiles administrativos a la fecha que se procura desarrollar la actividad.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá requerir al interesado la presentación de documental ampliatoria o complementaria así como también solicitar informes a reparticiones municipales, provinciales y nacionales que estime menester, previo a emitir la resolución.
La autorización otorgada por la autoridad de aplicación se revocará de pleno derecho en caso de verificarse el incumplimiento o la no subsistencia de los recaudos acreditados para la operatividad de la excepción otorgada, sin perjuicio de otras penalidades administrativas que pudieren corresponder por las infracciones constatadas.
ARTÍCULO 7.- Sin reglamentar
ARTÍCULO 8.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de la Producción, instruirán los sumarios administrativos correspondientes a las infracciones constatadas por incumplimientos a las disposiciones de la Ley N° 13.441, conforme el procedimiento previsto en la presente reglamentación y demás normativa aplicable en la materia. Las Resoluciones serán dictadas en forma conjunta por ambos ministerios.
La verificación de las infracciones y la sustanciación de las causas que con motivo de las mismas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a) El contralor será realizado conjunta o indistintamente por las áreas de inspección de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de la Producción. Comprobada que fuere una infracción, el/los funcionario/s actuante/s procederá/n a labrar un acta donde hará/n constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida. En el mismo acto se notificará al presunto infractor o a su factor o empleado que dentro de los quince (15) días hábiles deberá presentar por escrito su descargo y ofrecer las pruebas de las que intente valerse, debiéndose indicar el lugar y organismo ante el cual deberá efectuar su presentación, entregándose copia de lo actuado al presunto infractor, factor o empleado.
b) El procedimiento será sustanciado por ante el organismo técnico del Ministerio que hubiere labrado el acta de infracción. En caso de haberse originado la causa en una inspección conjunta de personal de ambos Ministerios, el procedimiento se instruirá por ante la Jurisdicción que se determine en el momento de la inspección, lo cual debe constar en el respectivo acta, a los efectos indicados en la última parte del inciso a).
c) En su primer escrito de presentación el sumariado deberá constituir domicilio y acreditar personería. Cuando el sumariado no acredite personería se le intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
d) El acta labrada conforme a lo previsto en el inciso a), así como las demás constancias obrantes en el respectivo expediente, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.
e) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue las medidas de prueba solamente se concederá el recurso de reposición. La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor.
f) Concluidas las diligencias sumariales se dictará, dentro del término de veinte (20) días hábiles, resolución definitiva suscripta en forma conjunta por ambos Ministerios.
ARTICULO 9.- Sin reglamentar.
ARTICULO 10.- Los Municipios y Comunas que adhirieran a la Ley N° 13.441 y la autoridad de aplicación, estarán a cargo en forma conjunta de la planificación y ejecución de los controles a los establecimientos. A tal efecto, las solicitudes de verificación se formalizarán ante los municipios y comunas correspondientes, quienes seguidamente solicitarán a la autoridad de aplicación su intervención en la coordinación y realización de las fiscalizaciones pertinentes. La autoridad de aplicación podrá requerir la remisión de los antecedentes municipales referentes a los horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales y/o de servicios, registros de habilitación municipal, informes técnicos y cualquier otra documentación de interés a los fines de la verificación encomendada.
La autoridad de aplicación podrá, en caso de constatar la violación de alguna de las disposiciones de la ley, actuar de oficio aplicando las normas procedimentales establecidas en el artículo 8 de la presente.
ARTICULO 11.- El Ministerio de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de la Producción, en su condición de autoridad de aplicación, podrán dictar todos los actos necesarios tendentes a facilitar la operatividad y aplicación de la presente.
ARTICULO 12.- Sin reglamentar.
S/C 12933 Mar. 30
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