El hecho, ocurrido en el mes de junio de 2014 sucedió en la localidad de Florencia. Según el relato del fiscal Aldo Gerosa, esa mañana, alrededor de las 7 horas, los imputados Facundo Danilo Rouvier y Eduardo Luis Núñez, este último efectivo policial, se encontraban en aparente estado de ebriedad provocando molestias en la vereda de la casa de la familia Alarcón Avalos, cuando la mujer sale solicitándoles se retiraran del lugar, Rouvier, comenzó a agredirla verbalmente y la amenazó para que se metiera nuevamente en la casa, caso contrario le iba a romper la cara. Luego, el mismo imputado, orinó dentro de un vaso, desparramo su orina por la vereda y comenzó a mostrarle los genitales.
El segundo hecho, que involucra al policía se da unos metros más allá, allí, Núñez, identificándose como tal, también comenzó a insultar a la mujer abalanzándose sobre ella y manifestándole que si lo denunciaba iba a matar a toda su familia y les iba a incendiar la casa, también indicó que conocía todos sus movimientos y el de sus familiares tanto en Florencia como en Villa Ocampo, ciudad donde la familia tiene otra casa.
La calificación legal de los hechos mencionados son: Para Facundo Rouvier, "Amenazas y exhibiciones oscenas" y para el policía Eduardo Núñez, "Amenazas"
El Fiscal del Ministerio Público de la Acusación expresó que en su momento se les ofreció la "suspensión de juicio a prueba" y explicó que, como no fue un acto cometido en horas de servicio y porque la fiscalía no quiere hacerles perder sus trabajos, sino más bien que tomen conciencia de lo ocurrido, "ya que todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad", basados en esto se les hizo dicha propuesta, la que fue rechazada.
Por su parte la defensa, a cargo del Defensor Público de Las Toscas, Sergio Olivera, dijo que consideraban que ese ofrecimiento no es la solución al asunto porque el hecho ni siquiera configura un delito. La suspensión de juicio a prueba sería un antecedente penal que desfavorecería principalmente a su defendido Núñez que es personal policial.
Explicó que fue un domingo a la mañana en que la señora salió a barrer la vereda y se encontró con estas dos personas, supuestamente ebrias y se dio la discusión, no podemos llegar a juicio por esto enfatizó, fue una cuestión casi domestica.
La solución, de acuerdo a la defensa, sería la aplicación del criterio de oportunidad más la reparación de 2000 pesos para la víctima o bien llegar a una instancia de conciliación.
Una vez terminado el alegato de la defensoría, el fiscal explicó que la suspensión de juicio a prueba es justamente eso y no quedaría antecedente penal.
Escuchadas las partes, el Juez Penal Gonzalo Basualdo, quien presidia la audiencia pidió se pase a un cuarto intermedio. Pasado este, El defensor Olivera dejó en claro que no compartía la oferta del Ministerio Público de la Acusación, pero a los fines de dar por terminado el episodio, sus clientes aceptaban la suspensión del juicio a prueba y el pago de 1000 pesos cada uno en concepto de reparación sin que las reglas de conducta superasen los 6 meses.
Finalmente, el juez resolvió suspender el juicio a prueba por el término de 6 meses, y que los imputados deberán realizar tareas no remuneradas en favor de instituciones de bien público por el mismo término con las demás condiciones manifestadas y aceptadas como la de: abstenerse del consumo de estupefacientes o el abuso de bebidas alcohólicas, no acercarse a 100 metros de las víctimas y como reparación, abonar 1000 pesos cada uno en favor de los damnificados.
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