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El escándalo judicial en Vera tiene otra opinión

Otro juez carga contra la actuación de los fiscales.

El juez de cámara Carlos Corti avaló la decisión del  juez de primera instancia que anticipó la libertad de Manuel Díaz, el empleado judicial que está acusado de violar a su hija desde que era una nenita y al levantarle la prisión preventiva volvió a atacarla. Para Corti "resulta tan grosero como injusto echar culpas sobre el Juez Gustavo Gon" y cargó las tintas sobre la actuación de los fiscales, que observa que en este caso actuaron con lentitud.

Para Corti "resulta tan grosero como injusto echar culpas sobre el Juez Gustavo Gon vinculando su resolución revocatoria de la prisión preventiva y consecuente libertad restringida del imputado, con los nuevos hechos presuntamente cometidos por Díaz,  cuando evidentemente no tienen nada que ver con lo resuelto ni con el objeto de la cautela que pretendía el Fiscal. El Dr. Gon, cumpliendo su rol de Juez de la Investigación Penal Preparatoria del nuevo proceso penal, se limitó a resolver según lo planteado por las partes, como corresponde, y no podía incursionar sobre algo que nunca le fue solicitado. L o cierto es que el Juez ni siquiera tuvo la oportunidad de opinar sobre ésto porque directamente no le fue planteado. Así como los Fiscales no pidieron al Juez la prisión preventiva de Díaz por peligro de fuga, tampoco se la pidieron por sospecha sobre posible ataque sexual a su hija, ni por la posible comisión de otros delitos por parte del imputado, por lo que mal puede vincularse la libertad otorgada por el Juez en aquella causa, con éstos nuevos hechos.  Con tal razonamiento, producto cuanto menos del desconocimiento, podríamos decir entonces que si Díaz se fuga, o peor, se lo acusa de haber robado un banco (disculpas por el ejemplo) también vamos a achacarle al Dr. Gon la fuga o el robo por haberle dado la libertad en aquella causa. Y de paso a ésta Cámara por demorar el recurso. En todo caso, más preocupación debería acarrear el hecho que los fiscales no actuaran con prontitud deteniendo al imputado por violación a las restricciones impuestas cuando el día lunes 22 de junio toman conocimiento de los hechos supuestamente cometidos por el imputado el sábado 20/6/15 por la tarde, cuando se dice interceptó en la calle a su hija requiriéndole u ordenándole que levante la denuncia, o que se mate, intentándose luego comunicar con ella vía faeebook. Y al día siguiente la joven ingiere medicación presuntamente intentando suicidarse. Ante estos hechos graves -que pueden constituir no solo la violación a las restricciones a la libertad impuestas por los jueces sino delitos como el de desobediencia a la orden judicial, o incluso instigación al suicidio, todo indica que lo razonable era la actuación inmediata de la Fiscalía y la detención de Díaz, y sin embargo solo se acumularon luego al hecho posterior del día 24/6 para atribuirlos en la audiencia imputativa del día 25/6/15.  Sin dudas que éstos hechos guardan más vinculación, al menos en el tiempo, con el abuso sexual del día 24/6/15 que aquellos de la primer causa; y con similar criterio al reprochado podría entonces decirse que de haber actuado los Fiscales con prontitud se habría evitado éste último hecho".

A continuación podés leer completa la resolución del juez unipersonal de cámara, Carlos Corti:

...julio de 2015

Y VISTO: La causa caratulada "DIAZ, Manuel Alcides s/ Delitos contra la integridad Sexual (APELACIÓN - ALTERNATIVA A LA PRISIÓN PREVENTIVA PREVENTIVA)" CUIJ N° 21.06196339-9 de trámite por ante éste Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento de Vera, en la que

RESULTA: Que, contra la resolución del Sr. Juez de la I.P.P. Dr Gustavo Gon de fecha 18 de abril de 2015 por la que, en lo pertinente, dispone: "1) Hacer lugar a la revocación de la prisión preventiva de Manuel Alcides Díaz, otorgándose la libertad con las siguientes restricciones: 1) Constituir domicilio en jurisdicción del Juzgado, no pudiendo ausentarse del departamento Vera sin dar aviso a la Fiscalía, y comparecer cuando fuera citado a fines procesales tanto por la Fiscalía como por el Juez de Investigación Penal Preparatoria. 2) Abstenerse de mantener cualquier tipo de comunicación (oral, epistolar. vía telefónica. internet, etc) con la víctima xxx y la denunciante Leandra Elizabert Marinelli. Que todas estas medidas restrictivas serán hasta el desarrollo del juicio ....." , el Sr. Fiscal, Dr. Benegas. interpone recurso de apelación fundado y, una vez elevada la causa la O.G.J. integra el tribunal de alzada con el suscripto, resolviéndose luego la admisibilidad del recurso, poniéndose a disposición de las partes las actuaciones por el término de ley, fijándose finalmente audiencia por intermedio de la OGJ para el 01 de julio, a las 17.00 hs. Ya en la audiencia. se celebra con la sola intervención del Sr. fiscal Dr. Benegas y el Sr. Defensor Dr. José Luis Estevez -la defensa excusó la asistencia del imputado que se encuentra detenido en otra causa, no siendo requerida su presencia por el Sí. Fiscal-. Primeramente el Sr. Fiscal informa que el imputado Manuel Díaz fue detenido e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado según carpeta judicial de fecha 25/06/15 y también por el delito de desobediencia a una orden judicial, conforme carpeta judicial de fecha 23/6/15, hechos por los cuales fue detenido y se dictó la prisión preventiva que rige a la fecha.

En razón de lo expuesto por el Sr. Fiscal se recuerda lo dispuesto por el art. 229 del CPP interrogándose al funcionario sobre si mantendrá igualmente el recurso, expresando éste que aún no se acumularon las causas; y sí quiere exponer sobre el recurso interpuesto contra la resolución impugnada. Cedida la palabra el Dr. Benegas sostiene que la resolución del Juez de la I.P.P., Dr. Gustavo Gon, de fecha 18/04/15 lo agravia, fundamentalmente por carecer de motivación y fundamentación legal. Que la defensa no realizó el pedido de acuerdo al artículo 225 del C.P.P., que no había elementos sobrevinientes para justificar la remisión de la cautelar cuando trascurrían aproximadamente 53 días de detención, ya que la cámara Gesell aportaba mayores elementos de cargo. Es decir, dice que no se daban los requisitos para la revisión de medida cautelar. También planteó la peligrosidad procesal vigente por nuevos testimonios que surgen de la declaración de la menor y hay que proteger. Dice que es errónea la interpretación del Juez de condicionar la peligrosidad procesal solamente al testimonio de la víctima en Cámara Gesell, que a su entender la peligrosidad procesal está vigente durante toda la I.P.P. Dice que su planteo no fue ese, que no condicionó la peligrosidad procesal a esa sola prueba, sino que solo entre ellas, la declaración de la víctima o la pericial psicológica fundamentaban la peligrosidad por entorpecimiento probatorio. Y ese peligro de entorpecimiento continuaba latente luego de la declaración de la víctima porque su entender existe durante toda la I.P.P. también cuestiona la resolución porque a su entender no se daban los requisitos no solo para la revisión, sino para la cesación de la prisión preventiva impuesta por el término de 70 días, en función de los arts. 205, 206 y 227 del C.P.P. planteando también la arbitrariedad del fallo por no haber tenido en cuenta prueba conducente para la adecuada solución del caso. Remite al escrito de interposición. Por último recuerda a que es operativo el art. 229 del CPP y por ello pone en conocimiento la información que surge de las carpetas referidas donde consta la prisión preventiva impuesta al imputado por el nuevo hecho. La defensa por su parte rechaza los argumentos del fiscal. Dice que el positivismo jurídico y el rigorismo formal no pueden justificar la prisión innecesaria del imputado. Recuerda que el mismo Fiscal en la audiencia de apelación anterior, ante éste mismo tribunal y ante la pregunta del Juez manifestó expresamente que pretendía la cautelar para proteger la declaración de la menor en Cámara Gesell, por lo cual, una vez realizada desapareció el objeto de la cautelar. Al igual que hoy, obviamente, ha desaparecido uno de los elementos del art. 205 que es el peligro en la demora, ya que el imputado se encuentra privado de libertad. Dice luego que una prisión preventiva sin necesidad se convertiría en privación ilegal de libertad, recordando lo dispuesto por el art. 10 del CPP. Luego refiere a lo que denomina una fundamentación "fantasma" del riesgo procesal durante el proceso para mantener privada de su libertad a una persona, lo que torna la misma irracional y por ende arbitraria, habilitando las instancias extraordinarias. recordando luego que la sola gravedad del delito imputado no habilita el sostenimiento de riesgo procesal. Refiere luego a la pericial psicológica de la menor víctima que el Sr. fiscal invocó como prueba a producir que ameritaría el mantenimiento de la prisión preventiva, expresando el Sr. Defensor que después de realizada la cámara Gesell le pidió expresamente al Sr. Fiscal que se realice la pericial psicológica y este le contestó que "no, que no la iba a realizar ..." sosteniendo que luego apeló al Fiscal Regional y todavía no conoce la respuesta del mismo. Respecto a la declaración del Dr. Olmedo dice que su defendido ya lo había mencionado en la audiencia imputativa, ya había dicho entonces quien era el médico que la había atendido a la menor durante toda su niñez, o sea que 53 días tardaron en darse cuenta que le tenían que tomar declaración a Olmedo. Respecto a la madre del novio de la víctima. se muestra sorprendido expresando que no recuerda que la menor dijera en cámara Gesell que fuera amenazada. Dice que la menor se refirió a otra circunstancia que no es esa. Por último refiere a la facilidad con que se detiene y por el contrario, todos los obstáculos formales que se ponen a la soltura del imputado, refiriendo al art. 225, sosteniendo que, aunque la fiscalía diga lo contrario, sí encuadra el caso ya que había desaparecido uno de los elementos del art. 205, o sea el objeto de la cautelar, lo que hace que se modifiquen las circunstancias, lo que hace procedente el pedido. Dice por último que es operativo el art. 229 del CPP por las circunstancias conocidas, considerando imposible que su defendido cumpla dos prisiones preventivas al mismo tiempo, lo que es una ficción e implicaría, dice, abonar la teoría de la relatividad de Einstein, desdoblando el tiempo y el espacio. Pide el rechazo del recurso y hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad de la ley 48 y ley 7055 y denuncia el caso federal para el caso que se hagan lugar a los agravios de la Fiscalía. Por último a pedido del tribunal el Sr. Fiscal ofrece como prueba a los fines de ésta audiencia, la carpeta judicial donde constan los nuevos hechos imputados, dándose por concluida la audiencia; y, 

CONSIDERANDO: Que, por las razones que se expondrán considero que éste recurso del M.P.A. contra la resolución del Sr. Juez de la I.P.P. que revocó la prisión preventiva impuesta a Manuel Alcides Díaz por el término de 70 días y otorgó su libertad sujeta a restricciones menores (alternativas) carece hoy de objeto actual, y de interés directo en la revocación de la resolución impugnada, y por tales razones deberá ser desestimado. En primer término cabe decir que la prisión preventiva de Díaz fue dispuesta por el Sr. Juez de la IPP, por resolución de fecha 27 de febrero dc 2015 por el término de 70 días (que en consecuencia se cumplían en fecha 05 de mayo de 2015), luego confirmada por ésta Cámara por resolución de fecha 08/04/15, y finalmente fue revocada por el Sr. Juez de la I.P.P. en fecha 18104/15, otorgando la libertad con restricciones alternativas, resolución que aquí se impugna. El Sr. Fiscal interpuso recurso de apelación el 28/04/15 pretendiendo solamente se revoque la resolución alzada, pero, ni en primera instancia ni en el escrito donde se interpuso y fundó el concurso de apelación (tampoco lo hizo en audiencia) se cuestionó el plazo, o se solicitó la prórroga o ampliación del término de la prisión preventiva cuya recuperación pretendía. Tampoco planteó el restablecimiento de la cautelar sin plazo, y, por el contrario. en la audiencia del 18/04/15 celebrada ante el Juez Gon donde se opuso a la libertad pedida por la defensa, pidió expresamente que "se mantengan los setenta días de la medida cautelar que fueran otorgados" (textual del acta de audiencia); y en el escrito de interposición del recurso de apelación que nos ocupa, bajo el subtitulo "ausencia de requisitos para la cesación de la medida cautelar" propicia d restablecimiento de la prisión preventiva. aludiendo a la que el A- quo impuso .....por 70 días considerando RAZONABLE dicho plazo y que guarda PROPORCIONALlDAD con el objeto a cautelar...".

Es decir, el día 6 de mayo de 2015. apenas integrado el tribunal de alzada. incluso antes de resolverse sobre la admisibilidad del recurso (en realidad no debió ser admitido) ya el recurrente (carecía de interés directo para sostener el recurso (art. 380 del CPP.) puesto que la prisión preventiva por 70 días que se pretendía reestablecer ya había vencido. Cabe recordar. que en el nuevo sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe los jueces ya no pueden suplir la omisión de las partes, máxime si se trata de decidir en contra del imputado. El sistema acusatorio no lo tolera. El Juez de la Investigación Penal Preparatoria no es el viejo juez de Instrucción con facultades para investigar, detener y procesar de oficio. Es Juez de Garantías, Controla la legalidad procesal y resguardo de las garantías constitucionales de acuerdo a las facultades que les otorga el Código, .....resolviendo las instancias que formulen las partes y les incidentes que se produzcan durante esa etapa" (art. 45 CPP). Más la nueva ley Orgánica de Tribunales y Gestión judicial -13.018- establece en su artículo primero que "La función de los jueces penales es indelegable y se limita a resolver las peticiones que las partes les presenten". Entonces, la inexistencia objetiva de un gravamen o perjuicio actual que pueda repararse mediante la resolución de éste recurso, impide su tratamiento debiendo desestimarse el mismo. En segundo término, cabe decir que, como se advirtiera en audiencia. hoy ya carecería de objeto éste recurso por aplicación del art. 229 del CPP donde se establece con total claridad que las libertades provisionales alternativas -como la otorgada en el caso- caducan de 'pleno derecho" cuando el imputado es detenido en relación a otro procedimiento penal. lo que ocurrió el día 25/06/15, imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y desobediencia judicial. delitos por los que hoy se encuentra con prisión preventiva. Ahora bien, sin perjuicio de las razones arriba expuestas que decidirán la suerte de éste recurso, habida cuenta de los agravios de las partes en audiencia -crítica al fallo que el Sr. fiscal insistió con exponer, y responde por parle de la defensa - aún sin intención de profundizar sobre el mérito de la resolución impugnada -lo que a ésta altura carecería de interés- creo necesario formular algunas consideraciones, tanto en relación al marco en el cuál resuelve el a-quo y tramita este recurso, corno también tratar de echar luz sobre los roles de las partes que parecen ser ignorados, cuestiones éstas que de no aclararse debidamente podrían conducir a una interpretación equivocada e injusta sobre la labor de magistrados y funcionarios en el proceso. con la gravosa consecuencia de la sanción social por la mediatización que lamentablemente ha adquirido éste proceso, en el cuál parece más importante discutir y endilgar responsabilidades en los medios, que debatir la responsabilidad del imputado en un juicio que aún no llega. Brevemente paso a referir a los antecedentes del caso. Como se mencionara al inicio, la prisión preventiva de Manuel Diaz fue dispuesta en ésta causa seguida por presuntos abusos sexuales contra su hija xxxxx de 14 años, quien, junto a una hermana mayor convivían con el padre y su abuela paterna. Los hechos, según la denuncia ocurrieron años atrás, cuando ésta tenía seis años y luego nuevamente cuando tenía nueve años. La cautelar fue ordenada por el Juez de la I.P.P. de Vera Dr. Gustavo Gon, por pedido Fiscal para evitar entorpecimiento probatorio fundamental para la declaración de la menor en cámara Gesell que se visualizaba por ambas partes como la medida de prueba más relevante en razón del contexto de privacidad intra-familiar donde se habrían cometido los hechos. así como la distancia en el tiempo de ocurrencia de los mismos. La resolución de fecha 27 de febrero de 2015 dispuso entonces la prisión preventiva de Díaz por el término de 70 días, que, en consecuencia, se cumplían el 05/05/15. Apelada por la defensa junto a otros varios aspectos de lo resuelto por el Juez en la oportunidad, en la audiencia de trámite del recurso la defensa pretendía la libertad del imputado, con o sin restricciones alternativas, o incluso prisión morigerada que estimaba suficiente para garantizar el riesgo procesal en juego, mientras el Sr. Fiscal pretendía la continuación de la prisión preventiva como único medio de garantizar la frescura de la declaración de la menor en cámara Gesell solicitada como anticipo jurisdiccional de prueba.

Al tratar este punto, casi al finalizar la audiencia -hora 2:14:30- al solicitarse al Sr. Fiscal que precise el objeto de la cautela -que pruebas pretendía proteger con la preventiva- fue categórico en afirmar que le interesaba resguardar solo la declaración de la menor en cámara Gesell, que a su criterio seria inminente, ya que la defensa también colaboraba para la urgente producción de la medida. Lo expuesto se reflejó en la resolución de la Cámara de fecha 08/04/15 que en lo pertinente desestimó el recurso de la defensa, confirmando la prisión preventiva dispuesta en primera instancia contra Díaz. Una vez recibida la declaración de la menor en cámara Gesell, la defensa pide la revisión de la cautelar que pesa sobre su defendido y en la audiencia del 18/04/15 sostiene que la cautelar ya carece de objeto, no existe riesgo probatorio y pide su libertad. El Sr. Fiscal entonces se opone por cuestiones formales -por no haber transcurrido los 60 días exigidos por el 225 CPP- y nuevamente por peligro procesal de obstrucción probatoria porque dice, de la declaración de la menor surge la necesidad de nuevas pruebas a cautelar -menciona testimonios del médico Dr, Olmedo y la madre de su novio Juan Andrés Santos Díaz- pidiendo se mantengan los setenta días de prisión preventiva. El Dr. Gon en fecha 18/04/15, considerando básicamente que ya el objeto de la cautela se había agotado, o sea la declaración de la menor se había producido, no había razón para mantener una cautelar tan gravosa como la prisión preventiva y la revoca, otorgando la libertad al imputado con restricciones alternativas menores hasta el juicio, resolución que es impugnada por el Fiscal mediante el presente recurso de apelación.

Quiero decir entonces que para evaluar la decisión del Dr. Gon habrá que posicionarse en ese contexto. y no luego de ocurridos los últimos hechos que son de dominio público, el más grave de fecha 24/06/15 por presunto abuso sexual con acceso carnal agravado. por un ataque perpetrado en la vía pública del imputado hacia su hija. que ninguna vinculación tienen con la decisión tomada por el a-quo, salvo por la circunstancia que fue el Dr. Gon quien revocando la preventiva que vencía el 05/05/15, lo puso en libertad. Libertad que, como se viera, igualmente habría estado gozando a partir de ésta última fecha. En aquel contexto. la resolución impugnada no luce arbitraría y ni siquiera podemos afirmar que fuera equivocada, porque, hasta aquí no se supo de actividad del imputado dirigida a perjudicar la prueba que se pretendía proteger con la cautelar revocada (léase testimonios del Dr. Olmedo y de la madre del novio de la joven. Respecto a la pericial psicológica el Dr. Estevez en audiencia manifestó que él la solicitó al Fiscal inmediatamente de la cámara Gesell y éste se la negó, y debió requerirla al Sr. Fiscal Regional, sin recibir respuesta aún, todo lo cual no fue contradicho por el Fiscal Benegas). 

Resulta entonces tan grosero como injusto echar culpas sobre el Juez Gustavo Gon vinculando su resolución revocatoria de la prisión preventiva y consecuente libertad restringida del imputado, con los nuevos hechos presuntamente cometidos por Díaz los días 20 y 24 de junio, cuando evidentemente no tienen nada que ver con lo resuelto ni con el objeto de la cautela que pretendía el Fiscal. El Dr. Gon, cumpliendo su rol de Juez de la Investigación Penal Preparatoria del nuevo proceso penal, se limitó a resolver según lo planteado por las partes, como corresponde, y no podía incursionar sobre algo que nunca le fue solicitado. Más allá que nuestro ordenamiento solo prevee la prisión preventiva por peligrosidad procesal -y no delictual- lo cierto es que el Juez ni siquiera tuvo la oportunidad de opinar sobre ésto porque directamente no le fue planteado. Así como los Fiscales no pidieron al Juez la prisión preventiva de Díaz por peligro de fuga, tampoco se la pidieron por sospecha sobre posible ataque sexual a su hija, ni por la posible comisión de otros delitos por parte del imputado, por lo que mal puede vincularse la libertad otorgada por el Juez en aquella causa, con éstos nuevos hechos. Con tal razonamiento, producto cuanto menos del desconocimiento, podríamos decir entonces que si Díaz se fuga, o peor, se lo acusa de haber robado un banco (disculpas por el ejemplo) también vamos a achacarle al Dr. Gon la fuga o el robo por haberle dado la libertad en aquella causa. Y de paso a ésta Cámara por demorar el recurso. En todo caso, más preocupación debería acarrear el hecho que los fiscales no actuaran con prontitud deteniendo al imputado por violación a las restricciones impuestas cuando el día lunes 22 de junio toman conocimiento de los hechos supuestamente cometidos por el imputado el sábado 20/6/15 por la tarde, cuando se dice interceptó en la calle a su hija requiriéndole u ordenándole que levante la denuncia, o que se mate, intentándose luego comunicar con ella vía facebook. Y al día siguiente la joven ingiere medicación presuntamente intentando suicidarse. 

Ante estos hechos graves -que pueden constituir no solo la violación a las restricciones a la libertad impuestas por los jueces sino delitos como el de desobediencia a la orden judicial, o incluso instigación al suicidio, todo indica que lo razonable era la actuación inmediata de la Fiscalía y la detención de Díaz, y sin embargo solo se acumularon luego al hecho posterior del día 24/6 para atribuirlos en la audiencia imputativa del día 25/6/15 (se atribuyeron los hechos configurativos de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo -art. 119, 3° Y 4° párrafo del C.P.- y también la desobediencia a una orden judicial del art. 239 C.P., pero no se atribuyó la posible instigación al suicidio reprimida por el art. 83 del C.P.). Sin dudas que éstos hechos guardan más vinculación, al menos en el tiempo, con el abuso sexual del día 24/6/15 que aquellos de la primer causa; y con similar criterio al reprochado podría entonces decirse que de haber actuado los Fiscales con prontitud se habría evitado éste último hecho. 

Creo por último que estamos errando el camino, que los juicios deben dirimirse en los tribunales y no en los medios de comunicación los que bien podrían aprovecharse para hacer docencia y no para buscar culpables, y que el fortalecimiento de éste nuevo proceso penal, dependerá del respeto entre todos los actores del sistema, cada cual siendo responsable y haciéndose cargo de su rol en el proceso. 

Por lo expuesto. en definitiva éste Tribunal Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelación de la Cuarta Circunscripción Judicial 

RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal contra la resolución de fecha 18/04/2015 por ausencia de interés directo y por carecer de objeto actual conforme lo expuesto en los considerandos (arts. 380 y 229 del CPP.). 

Regístrese y hágase saber a las partes. 

Carlos Andrés Corti, Juez de Cámara Penal.

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