Ignacio Iturriz, Carlos Arce y Manuel Pereyra son los profesionales imputados del "delito de lesiones gravísimas culposas, causadas por negligencia o impericia en el tratamiento médico que se le dio a un paciente que ingresó en estado delicado a raíz de un accidente y que aparentemente por lo que dicen los denunciantes, la demora en la atención al comienzo por uno de los médicos y la equivocada asignación del tratamiento o si el tratamiento era correcto, la situación incorrecta del mismo por parte de los otros habría ocasionado que esta persona fuera trasladada de urgencia unos días después a Santa Fe al Hospital Iturraspe donde al ingresar fue necesario hacerles un par de cirugías de urgencia por la gravedad del estado que tenía", explicó el fiscal Gerosa.
Es decir que, según la denuncia, prosiguió el Fiscal, "ingresó en un estado delicado pero empeoró pese a estar en el hospital debido a la supuesta mala atención medica o al error en el diagnostico y el tratamiento de los médicos. Lo que tenemos por cierto es el estado grave en el que entró y una serie de acciones realizadas por el médico de guardia y una demora en la primera intervención quirúrgica, yo no soy médico, no puedo saber si esa fue la causa de las complicaciones que tuvo, a lo mejor eso no tuvo nada que ver pero se está investigando".
El paciente en cuestión es Marcelo Mussin y el accidente del cual fuera protagonista ocurrió en el mes de Abril del 2014 cuando recibió la patada de un caballo. Son querellantes en esta causa dos de las hermanas de Mussin y la propia víctima, representados por el abogado Oscar Vázquez.
Con respecto a los médicos, ninguno de ellos quiso decir algo en su defensa al momento de la imputación y acudieron con la representación legal de la abogada María Alejandra Ferullo.
Finalmente, Gerosa expresó que, de prosperar las acusaciones, "en lo que hace al delito de lesiones gravísimas les correspondería una pena de 2 a 6 años de prisión y al ser culposas se puede redimir mediante unaindemnización que la victima acepte porque en este caso resarciéndose los daños, la fiscalía no tiene interés de continuar la persecución de ese delito y podría aplicar un principio de oportunidad, en el caso del incumplimiento de los deberes de funcionario público, de existir elementos para acusarlos ya no podemos eximirlos de la correspondiente acusación y juicio y la pena es la aplicación de una multa y de un mes a un año de prisión de cumplimiento condicional".
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