En la asamblea que sesionó en Charleston, EEUU, se resaltó que la ley solo permite su uso "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional", y que además del uso excesivo de las cadenas nacionales, "en reiteradas ocasiones han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa", tal como sostuvo el titular de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Carlos Jornet.
El informe incluyó una serie de "obstáculos" con los que se encontró el periodismo en los últimos 12 años que son, "con matices, los mismos que se registraron en esta etapa en otros países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes respecto de las voces críticas".
En ese aspecto, el detalle precisó los siguientes:
- "Uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición;
- Partidización de los medios públicos;
- Distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos;
- Aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia;
- Arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta;
- Sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas;
- Presión a los anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas;
- Utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar;
- Negativa a brindar información a periodistas críticos;
- Destierro de las conferencias de prensa presidenciales;
- Empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; y
- Discurso oficial estigmatizante para los periodistas".
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