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Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
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AMRA pide que restituyan al médico echado

El sindicato de los médicos AMRA, le pidió formalmente y por escrito al gobernador de Santa Fe que restituya en el cargo al Dr. Jorge Correa, echado como médico comunitario de La Sarita y zonas rurales, para evitar así una "innecesaria confrontación político gremial". Sostiene que le negaron el derecho a la defensa, que usaron de testigos en su contra a quienes fueron "sus adversarios en la contienda política", cuando Correa fue candidato a presidente de esa comuna por el Pro, y plantean "irrazonabilidad" y "persecución político gremial".

Sr. Gobernador

Provincia de Santa Fe

Dr. Antonio Bonfatti

          EDUARDO MANUEL TABOADA, en mi carácter de Secretario General de la SECCIONAL SANTA FE de la ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA REPÚ-BLICA ARGENTINA (AMRA), entidad sindical con personería gremial N° 1585 Res. MTESS N° 920/06, con domicilio en calle San Luis N° 508 de Rosario, ante Ud. formal-mente decimos:

          Que, habiendo tomado conocimiento del Decreto Nº 3218 de fe-cha 22 de Septiembre de 2015 relacionado con el Expediente Administrativo Nº 0051-0127551-7 caratulado: "CORREA ALEGRE JORGE ANTONIO REF; EJECUTIVAS DE LOS SAMCOS DE SAN MANUEL Y LA SARITA E/ DENUNCIAS IRREGULARIDADES REITERADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS C/ DIRECTOR MÉDICO ADJ. ANTECEDENTES” del MINISTERIO DE SALUD y MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SANTE FE, mediante el cual se dispusiera la cesantía del trabajador Dr. Jorge Antonio Correa Alegre, venimos por intermedio del presente a denunciar una seria PERSE-CUCIÓN POLÍTICO GREMIAL en la tramitación de dichas actuaciones y, principalmente, en el acto administrativo de cesantía del trabajador médico.

          Que, en efecto, el Dr. Correa Alegre, como era de público conocimiento en la localidad de La Sarita, fue candidato a Miembro Comunal de dicha comuna por el Partido PRO, amén de su vinculación gremial a la entidad SIPRUS.

          Surge del expediente administrativo la clara y flagrante violación al derecho de defensa por cuanto se ha denegado la producción de una serie de pruebas (testimoniales, instrumentales, informativas, etc. etc.) dentro de las actuaciones administrativas: recordamos que el derecho de defensa en juicio tiene garantía constitucional y supra constitucional (luego de la reforma del año 1.994).

          La Administración intenta, mediante el decreto de referencia, al dejar cesante a un profesional médico, que jamás fue objeto de sumario administrativo ni sanción disciplinaria alguna, muchos menos de procesos civiles por praxis médica, con cuarenta y cuatro horas a la semana, con plena disposición laboral hacia la Comunidad de la Provincia de Santa Fe.

          Tan grave resulta la situación que, según surge de las constancias administrativas, los testigos ofrecidos por la Administración (testimonios claramente en contra del Dr. Correa Alegre) fueron sus adversarios en la contienda política de la participara el trabajador médico en cuestión!!!

          Lo grave y perjudicial de la situación que afronta el Dr. Correa Alegre, es que la Administración Pública se basó -decíamos- en las declaraciones de los Sres. Leandro Picech y Claudia Pereyra chofer de ambulancia y enfermera respectivamente, para dejarlo cesante, sin considerar que de dichas personas mediante nota suscrita de puño y letra por ellos mismos, consignaron en el expediente administrativo que el Dr. Correa Alegre cumplía fiel y cabalmente su labor.

          “…el Dr. Correa Alegre siempre cumplió fielmente sus horarios de trabajo de manera puntual, asimismo la atención para con los pacientes es de manera adecuada, brin-dando trato profesional, amable y respetuoso, y nunca delegó su trabajo ni dejó paciente sin atender…”

          El Decreto 3218 careció de la debida Razonabilidad, entendida como aquella resolución ilegítima que a pesar de no transgredir ninguna norma concreta y expresa, si es “irrazonable”, lo cual ocurrió cuando: a) No expresó en los fundamentos de hecho o de derecho que la sustentan; b) No tenga en cuenta los hechos acreditados en el expediente, o públicos y notorios; o se funde en hechos o pruebas inexistentes; y c) no guarde una proporción adecuada entre los medios que emplea y el fin que la ley desea lograr, o sea, que se trate de una medida desproporcionada, excesiva en relación con lo que se quiere lograr.

          Todas estas irregularidades responden, sin dudas, a una sola causa: la persecución político gremial del Dr. Jorge Antonio Correa Alegre ante su “libre” ejercicio de derechos políticos y gremiales.

          La Seccional Santa Fe de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) llama, una vez más, al gobierno de esta Provincia de Santa Fe al diálogo y a rever lo dispuesto mediante decreto N° 3218 de fecha 22 de Septiembre de 2015 evitando, de esta manera una innecesaria confrontación político gremial.

          A estos fines, no obstante no resultar afiliado a esta entidad el trabajador, la AMRA en su carácter de gremio representativo de los Profesionales Ley N° 9282 de la Provincia, solicita una urgente reunión con el objeto de tratar este eventual conflicto.

          La presente se remite con copia a los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.

          Sin otro particular, a la espera de una pronta y favorable respuesta, saludamos atte.

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