Según informa La Capital, el diputado del PRO López Molina, elaboró un proyecto para reformar las normas que regulan el procedimiento abreviado en el Código Procesal Penal de Santa Fe. La idea es limitar su aplicación a delitos cuyas penas no superen los seis años, no deben estar involucrados funcionarios públicos, ni la causa penal en cuestión tiene que ser considerada de interés general. Más allá de esas restricciones, siempre según la noticia periodística la propuesta considera "prudente afectar determinadas temáticas a la exigencia ineludible del juicio oral", entre ellas "narcotráfico, violencia de género o cuando la(s) víctima(s) fueran menores" de edad.
Contra el abuso. La razón que mueve al diputado del PRO a impulsar esa reforma que estaría a estudio en la Cámara de Diputados, es el abuso que se viene haciendo en nuestra provincia ya que según un informe oficial entre 2014 y 2015 hubo 1.442 acuerdos, contra tan sólo 26 procesos orales. La crítica es que los juicios orales sean excepcionales mientras que los abreviados sean tan numerosos, lo que según esta mirada constituye todo un abuso, que la ley debe proceder a limitar. A ello agrega como ejemplo del mal uso del abreviado lo ocurrido recientemente en la llamada causa de Los Monos, donde los jueces rechazaron un acuerdo sobre un homicidio ya que discreparon con la modificación que se había consensuado respecto de una participación secundaria, cuando venían procesados como autores de la muerte, lo que permitía una pena reducida.
El plano ideológico. La iniciativa del diputado Rodrigo López Molina, tiene dos niveles de análisis para la discusión. El nivel ideológico, donde el error es creer que los fiscales son funcionarios de menor importancia en el sistema penal y que por lo tanto deben limitar sus facultades. Todavía sigue vigente la concepción inquisitiva de ver a los jueces, como los únicos capaces de conocer la verdad, para hacer justicia. Hoy esa concepción se ha dejado de lado, ha desaparecido el juez de instrucción y los actuales nada pueden hacer de oficio, sino que están exclusivamente limitados a resolver los conflictos y pedidos que les formulen las partes.
Desde esta mirada, desde esta concepción ideológica, cualquier acuerdo es inadmisible, porque de alguna manera impide que el juez pueda investigar, llegar a la verdad y dictar su sentencia. Los acuerdos contienen la verdad consensuada por las partes, ello es lo que importa. Por lo que es absurdo que la ley debe limitar el funcionamiento de un instituto que es lógica consecuencia de la aceptación de parte del imputado y su defensa de la acusación que está dispuesto a sostener el fiscal. El procedimiento abreviado es el reconocimiento de que el juicio es innecesario, en realidad imposible. Claro hay que partir de entender que todo juicio supone una contradicción, un fiscal que acusa y un imputado que niega su responsabilidad en el hecho o su categoría de delito, o simplemente niega merecer ese monto de pena que se le pretende aplicar. Entonces la Constitución nacional pone a su disposición la posibilidad de contar con un "debido proceso", para que ejerciendo su derecho de defensa, pueda ser oído, pueda ofrecer toda la prueba que considere conveniente y además, controlar aquella que se produzca en su contra. Pero si conocida la acusación, el imputado la acepta sin ningún condicionamiento, si además está de acuerdo con el monto de la pena que le pide el fiscal, no se puede hacer el juicio, ya que sería una parodia sin sentido, y corresponde entonces suscribir un acuerdo, ratificarlo ante un tribunal, quien lo termina homologando en tanto y en cuanto respete la legalidad vigente.
Quiere decir que los acuerdos que abrevian el trámite, dependen del reconocimiento que se haga de la verdad que sostiene el acusador y del pronóstico de que logrará convencer al Tribunal para lograr la condena. Ningún defensor responsable le va a aconsejar firmar un acuerdo, si su cliente niega toda la autoría, o si considera que las afirmaciones del fiscal carecen de evidencia y por lo tanto no tendrán éxito en el debate. Pero se puede tratar de un delito con una pena menor, o el más grave de todos los contemplados en el Código Penal, ya que carece de sentido limitar el funcionamiento de los acuerdos por el monto de la pena como se pretende.
Tampoco parecen razonables las otras limitaciones como que no se le permita al funcionario público firmar un abreviado o que esté en juego el interés general. El derecho penal se aplica siempre porque hay en juego un interés general, y los casos de delitos cuya acción es exclusivamente de ejercicio privado, como la injuria o la calumnia, son desde siempre transables.
El plano patológico. Las críticas al supuesto abuso para justificar las limitaciones, parecieran obedecer a otro nivel de análisis, que ya no es el ideológico, sino el que nos gusta denominar patológico, porque en todo caso pueden obedecer a comportamientos irregulares de parte de los fiscales o incluso de los defensores y por qué no de los jueces. Si la propuesta de firmar el acuerdo resulta extorsiva, o si encubre un acto de corrupción, ello escapa a las previsiones legales. En ese terreno lo que corresponde es dentro del ámbito del Ministerio Público, examinar las conductas de los fiscales para ver si se ajustan a un comportamiento adecuado, si las evidencias se han valorado correctamente, si el encuadre penal es el que merece el caso y si la pena acordada es razonable teniendo en cuenta todos los elementos que permiten pautar su individualización. Además, los jueces escucharán personalmente en la audiencia, al propio imputado quien tendrá que expresar su total conformidad con el acuerdo que ha firmado.
Bienvenidos los abreviados porque demuestran que los fiscales son eficaces. Desde estos conceptos que enseñamos en la cátedra de la Facultad de Derecho de la UNR, el procedimiento abreviado es el mejor reconocimiento a la eficaz tarea de los fiscales, y por supuesto que si los defensores advierten como ventajoso suscribir el acuerdo evitando un juicio que puede arrojar resultados más graves, lo aconsejarán para sus clientes.
De allí que la relación numérica lejos de alarmarnos nos llena de satisfacción. El mayor éxito es conseguir que no existan juicios, porque ellos nacen para intentar poner en crisis el discurso acusador, y como sabemos los procedimientos penales son tan estigmatizantes que solamente se justifican si al final se obtiene una condena. Cuando se absuelve al final de un juicio, en realidad se está reconociendo el fracaso de una persecución penal, que no debió iniciarse nunca, o que carecía de suficiente relevancia como para llegar a ese estadio.
Constitucionalidad del abreviado. El nuevo sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe, al regular un procedimiento donde las funciones de las partes y de los jueces están perfectamente diferenciadas, se ajusta al modelo que quiere nuestra Constitución nacional. El acuerdo de las partes, que permite abreviar, evita perder el tiempo y directamente se obtiene una sentencia condenatoria, que es la que reclama el artículo 18 de la Constitución nacional, cuando manda que nadie pueden ser considerado culpable sin una sentencia que así lo declare. Cuando el redactor Benjamín Gorostiaga escribiera en 1853 la palabra "juicio" la utilizaba como sinónimo de sentencia, de allí que reclama luego, que estuviera fundada en ley anterior al hecho que dio lugar al proceso. Son las sentencias, las que se fundan. Por lo que las sentencias penales, pueden ser consecuencia de un debate (juicio público y oral) o de un acuerdo firmado por las partes. Ello depende exclusivamente de las partes, si deciden la necesidad del debate para discutir acerca de la verosimilitud de la contradicción o si ella desaparece con el acuerdo.
La ley procesal no puede poner ningún límite a la voluntad de las partes para firmar acuerdos que eliminan el juicio.
La influencia mediática. Por supuesto, que esos acuerdos podrán o no gustarnos, y aquí viene la otra vertiente que pretende justificar la reforma cuando refiere a la trascendencia que tenga para la sociedad el hecho que constituye su objeto. Es lo más preocupante de cualquier línea argumental, ya que la trascendencia mediática que los casos penales tienen y que muchas veces obedecen a criterios comunicacionales que deberían ser ajenos al funcionamiento del Poder Judicial, de ninguna manera pueden indicar la conveniencia de la firma de un abreviado. Si se acepta esta causal, se está reconociendo la inmensa fuerza que los medios de comunicación provocan en los resultados judiciales y ello no sólo resulta contrario a la filosofía del funcionamiento republicano del gobierno, sino que implica el reconocimiento expreso de un poder legislativo que subestima a los jueces. Un buen magistrado debe ejercer su función como un tercero imparcial, sin importarle lo que publiquen los medios de comunicación, y ello vale también para los fiscales, que en el nuevo sistema son los titulares del poder penal.
Bienvenido el debate de ideas. Es de esperar que la iniciativa del PRO sea analizada prudentemente, y los demás diputados acepten el debate que va a permitir reforzar el sistema de enjuiciamiento penal que hoy orgullosamente exhibe Santa Fe y no se adopten modelos retrógrados que vuelven a instalar la inquisición. Estamos acostumbrados a debatir y lo seguiremos haciendo siempre que se nos permita. Claro que hay cosas que modificar en el nuevo Código Procesal Penal, en todo caso habría que aprovechar para impedir que los mismos jueces que homologan abreviados condenando a los imputados que los firmaron, sigan estando al frente de una causa para juzgar a los restantes imputados que decidieron no suscribirlo.
Habría que impedirle a los jueces oponerse a las decisiones del Ministerio Público de la Acusación, cuando se decide un acuerdo, ya que en el sistema que nos rige ellos solamente deben limitarse a homologar el acuerdo examinando que se encuentre legalmente cumplido.
En definitiva, si se quiere mejorar el funcionamiento del sistema penal en la provincia, hay mucho por hacer, pero no debemos retroceder, sino por el contrario fortalecer el cambio logrado.
Columna de opinión del Dr. Víctor R Corvalán, (foto), profesor de la Cátedra de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, publicada en el diario La Capital de Rosario) y sugerida a ReconquistaHOY por el Secretario del Ministerio Público de la Acusación en Reconquista, Dr. Elías Roberto Salum.
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