DR. LUCIANO AGUSTÍN LEIVA
defensor del pueblo adjunto Provincia de Santa Fe:
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, quienes suscriben al pie, con el patrocinio letrado de la Dra. María Cecilia Sotelo, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Alvear 1801 de Reconquista, nos dirigimos a Ud. con distinguido respeto, a los fines de ingresar para su conocimiento formal queja y solicitar, consecuentemente, su intervención al respecto, todo ello de acuerdo a las consideraciones que infra expondremos.
Como es de público conocimiento, en los últimos años, todos aquellos que habitamos la provincia de Santa Fe, nos vimos envueltos en subas indiscriminadas, arbitrarias e injustas de las tarifas del servicio de luz eléctrica por parte de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.
Sin embargo, tenemos la fuerte convicción que las impuestas este año, no sólo lucen desproporcionadas desde el sector que se analice, sino que además el procedimiento por el cual se materializaron fue producto de un avasallamiento del marco legal que lo regula. Dos circunstancias que haremos alusión a lo largo de estas líneas.
Los abajo firmantes, somos apenas un puñado de ciudadanos del norte de la provincia, con una profunda preocupación por la grave situación que nos rodea y de la que exigiremos una acción rápida, concreta y circunstancial sobre lo enunciado. Es que éste pueblo ha levantado firmemente su voz y ha decidido poner fin a la voluminosa y espesa corriente de atropellos de los que somos víctimas.
Si lo observamos desde el punto de vista de Usuarios Particulares, debemos ahondar en la cruda realidad de la falta de ingresos económicos suficientes para sostener el tren de vida que quizás veníamos sobrellevando. El imparable proceso inflacionario, junto a la pérdida del poder adquisitivo de las clases trabajadoras, nos está condenando a vivir en las renuncias cotidianas y bastas miserias. En este marco, no podemos dejar de aludir como corolario el aumento de la energía eléctrica en forma intempestiva, cuyo acceso es una necesidad de corte básico para el sustento de nuestras vidas, en los más diversos aspectos.
Como familia, los efectos adversos se profundizan aún más si se trae a colación aquellos que han apostado en sus hijos la educación universitaria. Debemos tener en cuenta las escasas propuestas educativas superiores con la que contamos quienes habitamos la región norte, cuya aspiración hacia un “futuro mejor” implica la migración a las grandes ciudades.
Este detalle no es menor. No sólo enfrentamos los gastos de un hogar, sino de dos en forma conjunta. Acaso el aumento del servicio eléctrico: ¿No implica que nuestros estudiantes corran el serio riesgo de abandonar su proyecto de vida? ¿No estamos, en éste ritmo ininterrumpido, condenando a poblaciones enteras a renunciar a sus sueños, a su progreso personal?.
Creemos en la urgencia con la cual debe ser atendida la cuestión, cuyo tratamiento lo seguiremos y culminaremos hasta las últimas consecuencias. Es realmente absurdo que la mitad de nuestros ingresos sólo lo destinemos a pagar el servicio de luz eléctrica. Pensemos en empleados de comercio, maestros, agentes públicos, jubilados.
Pero lo dicho hasta aquí no lo es todo. En otro sentido, y desde un punto de vista como Usuarios del sector comercial, industrial y productivo, el panorama se complica con mayor fuerza.
Los emprendimientos comerciales, se encuentran en una inédita encrucijada, donde sus ganancias disminuyeron drásticamente luego de hacer frente a su obligación de abonar los altos montos facturados por el uso de energía eléctrica, todo ello sin previo aviso ni con información certera a la que tenemos derecho.
El sector industrial, no causa menor preocupación. En forma intempestiva, sorpresiva y sin la debida anticipación, tuvo que costear los exagerados incrementos. ¿Esto no significa poner en juego numerosos puestos de trabajo?.
Por último y no por ello menos importante, traemos a éste extracto el sector productivo. Pequeños y medianos trabajadores de la tierra, especialmente los arroceros que encontraron en la electricidad oportunidades hacia una interesante apertura al mercado. Hoy sus aspiraciones a un producto competitivo parecen ver sólo puertas cerradas.
¿Cómo podrían amortizar los precios irrisorios impuestos por la E.P.E. que atenta hasta en un sentido caprichoso los bolsillos de cada emprendedor?.
Este camino, no nos lleva a otro lugar distinto al ya cansador olvido de la región más postergada de la provincia. Al llamamiento de enormes fracasos y frustraciones de economías regionales enteras, que engloban a localidades como Romang, Alejandra, San Javier y las colonias rurales del departamento San Javier y Garay.
Causa una enorme tristeza analizar la cadena de resultados. Generadores de empleos que no pueden enfrentar los elevados costos de su comercio, industria o actividad, lo que desemboca en una inevitable succión de su capacidad de producción con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, directamente trasladable a cada hogar, a cada familia, que a su vez también enfrenta altísimos costos de vida, como ya abordamos.
¿No estaríamos marcando un fatal destino de grandes mayorías que con tanto esfuerzo han conseguido mínimas conquistas, luego de la profunda crisis padecida por todos los argentinos en el recordado año 2001?.
Sostenemos que en el caso de marras, se han vulnerado los derechos que como usuarios y consumidores nos corresponden, según las disposiciones de la Carta Magna. Entre ellos, el art. 42, en cuanto a la protección de nuestros intereses económicos, a obtener información adecuada y veraz y a condiciones de trato equitativo y digno, además de considerar que el cuadro tarifario que imponen resulta confiscatorio y por ende violatorio al derecho de propiedad, a su vez que impide el derecho al ejercicio de industrias lícitas, reconocido por el art. 14.
Cómo podemos permitir que a través de un acto todopoderoso, casi irrefutable e indiscutible, se fije un precio desproporcionado por un servicio público al cual tenemos derecho, en una clara violación al bloque constitucional, en plena vigencia de un régimen democrático bajo un Estado de Derecho.
Es por ello, que para este pueblo ha llegado la hora de solicitar a quienes tienen el deber de bregar por nuestros intereses, que asuman el rol por el cual han sido honrados.
Entendemos que ésta trama que causa terror en todos los sectores de la sociedad, debe ser abordada por el Defensor del Pueblo o quien en su lugar lo reemplace, figura bajo la cual se inmiscuye lo más preciado de la vida humana, cual es la defensa de los derechos fundamentales de raigambre constitucional.
Exhortamos a Ud. realice las gestiones necesarias en busca de la protección de nuestros derechos y garantías, de los individuos y de la comunidad por completo frente a los actos emanados por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y/o la Administración Pública Provincial y sus agentes, en cuanto a que implicó un claro ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones y con un irrefutable abuso de poder. Asimismo requerimos la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad, tal como ordena la Ley provincial Nº 10.396.
Entendemos que la legislación provincial debe adecuarse al marco de las prescripciones del ya enunciado art. 42 de la Constitución Nacional, como así también a las disposiciones de los arts. 4 y 25 de la Ley 24.240 y art. 1094 y conc. del C.C.C.N.
La legislación vigente en el orden nacional establece el procedimiento de Audiencias Públicas, actualmente violentado sin fundamento alguno, cuya metodología viene a materializar lo relacionado a la prevención y solución de conflictos, los marcos regulatorios de los servicios públicos y la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los respectivos organismos de control.
Sobre el particular, se han hecho oídos sordos. No hemos observado ninguna medida a favor y en beneficio de la comunidad. Los aumentos ordenados a nivel nacional, directamente fueron trasladados a la tarifa en el orden provincial bajo una jugada en perjuicio de todos; aunque no podemos negar que a quienes más golpea es a las grandes mayorías, aquellas que día a día luchan para subsistir y progresar en un sistema de capitalismo salvaje.
En la actualidad y bajo las especiales circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas en las que nos encontramos inmersos, no podemos hacer oídos sordos a lo implorado por las masas, ahogadas por el alto costo de vida.
La participación ciudadana en el ejercicio de la función administrativa, tiene raíz en la garantía constitucional del debido proceso adjetivo y le otorga a dicha actividad un sustento democrático.
Omitir este paso, implicó un avasallamiento a los derechos de los ciudadanos de esta provincia y de todo el país en general, consumando de este modo un perjuicio con efectos irreversibles, lo que exige una urgente intervención y toma de decisiones.
Notamos que en estas circunstancias, que los medios tradicionales de defensa de los intereses individuales son insuficientes para otorgar real protección al hombre común.
Por lo que decidimos acudir al Defensor del Pueblo, que como representante, le cabe en primera instancia asegurar el cumplimiento de la ley e impedir que en la aplicación de ella se acusen perjuicios a los particulares. Para ello Ud. es responsable de investigar, criticar y dar publicidad a las acciones del Estado que puedan afectar los derechos de los ciudadanos. Es un rol preponderante de control estatal, de fiscalización de la legalidad, del mérito y la eficacia del obrar administrativo.
También debe intervenir para abogar a favor de personas perjudicadas, con un rol pedagógico e informativo, a su vez de sugerir a las autoridades administrativas y al mismo Poder Legislativo la modificación de normas y procedimientos para evitar situaciones injustas o perjudiciales para los individuos o para el Estado.
Es por ello que el contexto está especialmente preparado para su intervención al respecto. Y hasta el día de la fecha no hemos tomado conocimiento de su obrar en beneficio de la comunidad. Pero hablamos de un rol protagónico, activo y de cambios concretos, que va más allá de un trámite colmado de burocracia.
De esta forma tomamos la iniciativa, y por todo lo ut supra mencionado y por así corresponder, requerimos:
- Admita la presente queja.
- Instruya el procedimiento adecuado a la naturaleza de la cuestión planteada, solicitando, en caso de ser necesario, informes, documental, antecedentes, opinión de los funcionarios actuantes y todo lo que considere importante para la resolución del conflicto.
- Sugiera a los responsables a llamar a una rápida, expedita y urgente Audiencia Pública a los usuarios y consumidores, representados por las asociaciones que los compongan y ampliamente a todo aquel interesado en discutir sobre el desajustado, desproporcionado e irrazonable aumento de la tarifa de provisión de luz eléctrica.
- Asuma un rol activo, real y contundente en obtener una solución a los problemas que nos aquejan y que de no ser abordados, inevitablemente desembocaremos en un profundo proceso de aumento de la pobreza y precarización.
- Impulse las modificaciones necesarias en el marco regulatorio específico para adecuar su tratamiento a las exigencias de corte constitucional y su adecuación en beneficio a la comunidad.
- Nos sea notificado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como las respuestas obtenidas.
Sin más, y a la espera de una respuesta satisfactoria, aprovechamos la circunstancia para enviar un cálido y afectuoso saludo.
...y acompañan más de 300 firmas, contó la abogada María Cecilia Sotelo a ReconquistaHOY.
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