RECONQUISTA (S. Fe), 22 DE JUNIO DE 2016.-
AUTOS Y VISTOS: Este legajo de la Oficina de Gestión Judicial identificado como CUIJ: 21 – 06373170 - 3 año 2016 “MONZON, Nestor Fabián S/ Abuso sexual gravemente ultrajante, etc.” de trámite por ante este Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria, Distrito Judicial 4 (Reconquista, Santa Fe) y;
RESULTA: Que el representante del Ministerio Público de la Acusación solicita la presente audiencia para tratar la Medida Cautelar Personal del sometido a proceso NESTOR FABIAN MONZON, quien comparece cumpliendo cautelar personal de Prisión Preventiva Domiciliaria fuera de la jurisdicción territorial del Tribunal y se encuentra asistido con patrocinio letrado del Dr. Ricardo Ceferino Degoumois que oportunamente aceptara dicho cargo con las formalidades de ley.
En primer lugar le fue concedida la palabra a los Fiscales intervinientes, Dres. Rubén Martínez y Alejandro Rodríguez. Recuerdan la imputación oportunamente formulada y calificación legal seleccionada, agrega que en la fecha se cumple el plazo a la hora 12:00 de la cautelar oportunamente ordenada. Solicitan prórroga de dicha cautelar por 60 días más en la modalidad que el Tribunal disponga. Fundamentan y consideran que así se debe disponer por las razones que exponen: aducen que sigue peligro de entorpecimiento probatorio por su condición de sacerdote, por ser reconocidas sus luchas sociales en la zona; que en razón de ello les resulta difícil obtener datos de interés con respecto a la vida privada del encausado en los más de 20 testimonios colectados hasta la fecha, que sin dudas hay un respeto a su figura; que no se puede obviar lo ocurrido cuando se realizó la audiencia imputativa y el Fiscal Martínez fue abordado en el exterior de la sala por Monseñor Martínez quien fuera con anterioridad Obispo de esta Diócesis y que debe interpretar dicha actitud como de entorpecimiento de su trabajo investigativo. A continuación expresan que en fecha 8 de junio de 2016 han recibido el resultado de las escuchas telefónicas oportunamente ordenadas al teléfono de Monzón donde claramente se advierte que la Asesora Legal del Obispado de Reconquista, Dra. Gabriela Contempomi le dice que borre todos los mensajes y contactos que tenga, así como también que busque un abogado penalista, que el Dr. Ghío no conviene porque es reconocido como defensor de abusadores, y en otra comunicación le hace saber que el Dr. Degoumois será su abogado y que el Obispado se hará cargo de los honorarios, que no conviene un abogado de Santa Fe porque resultaría muy oneroso. Ante cuestionamientos de la Defensa que no tenía conocimiento de la existencia de dichas escuchas, las que no se encontraban agregadas al legajo Fiscal, contestan y aclaran que las mismas fueron recibidas en la fecha antes dicha, que se agregó al legajo y que están a disposición de la Defensa y para ser escuchados cuando el Tribunal así lo disponga tanto los Cds que contienen los audios, como las transcripciones de las mismas. A solicitud del Tribunal leen las partes pertinentes de dichas escuchas que consideran de interés al objeto de la audiencia y agregan que según su interpretación dichas escuchas demuestran que la Iglesia puso en marcha todo su aparato para protegerlo. Que sin dudas es una investigación polémica y que hay otra denuncia que van a tener que investigar. Que a la fecha han tenido dificultades para establecer el estudio del Papiloma Humano en la persona del sometido a proceso, ya que según averiguaciones realizadas en la provincia de Santa Fe no hay un establecimiento público que lo realice y que le fueron indicados que ocurran a Buenos Aires o Córdoba, por lo que a la fecha se deberán ocupar de encontrar el laboratorio judicial apto que pueda realizar dichos estudios. Ante el pedido concreto de la Defensa sobre qué pruebas están pendientes que pueda entorpecer su defendido, responden que hay en trámite otra denuncia de la que aún no se formuló acusación ya que está en investigación, el estudio del Papiloma Humano una vez que se obtenga el lugar para realizarlo y los testimonios u otras pruebas que puedan surgir como necesarias al esclarecimiento de la verdad. Oportunamente, fue solicitado que el imputado concurra a la OGJ a registrar su asistencia y no a las dependencias del MPA en razón que la presencia de periodistas sería motivo de molestias en el lugar. A su turno la Defensa se resiste a lo peticionado por los Fiscales. Cuestiona las escuchas, que no ha sido debidamente informado, que no se mencionaron en ocasión de formular la Imputación, ni que se encontraran agregadas al legajo fiscal en la fecha que mencionan los representantes del MPA ya que él o un integrante de su Estudio Jurídico concurren todos los días a verificar las novedades incorporadas al legajo; que esa Defensa ha colaborado en todo con los Fiscales, hasta les ha aportado los datos de identidad de personas que los Fiscales le habían indicado como que no los podían identificar para citarlos a fin de entrevistarlos.
Agrega que realizada la Cámara Gesell a la menor víctima en ningún momento la Defensa entorpeció la prueba, por el contrario la instó para que se realice en el menor tiempo posible ya que le interesa demostrar la verdad de lo que se investiga. Que la Fiscalía a la fecha ha producido todas las pruebas más importantes y que las que aún faltan no podrán ser entorpecidas en modo alguno por su defendido estando en libertad. Al observar el legajo Fiscal aduce que en los testimonios referidos por el Fiscal en ningún caso les fue preguntado sobre la vida privada de su asistido, sino que solamente fueron requeridos sobre el conocimiento que tuvieran de los hechos. Agrega que el Dr. Pimpinella, médico forense de la Corte en Santa Fe en el informe realizado hace un (01) mes atrás propone que se efectúe un nuevo estudio [se anonimizan los datos brindados a fin de proteger la honra e intimidad de menores víctimas]. Concluye sosteniendo que la Fiscalía no ha demostrado que estén pendientes pruebas de importancia, ni que las mismas puedan ser entorpecidas por su defendido. Que la Cámara de Apelación Penal días pasados ha resuelto la apelación oportunamente interpuesta por la Fiscalía donde se confirmó el fallo de este Tribunal, entre otras consideraciones en dicho resolución se concluye que el hecho de la condición de sacerdote del imputado no ha afectado a los testigos, que no se ha acreditado causal de entorpecimiento probatorio y que en cuanto a lo ocurrido con el Obispo Martínez dicho comportamiento no pude atribuírsele al imputado. Que lo expuesto en esta Audiencia por los Fiscales es una réplica con los mismos argumentos sostenidos la semana pasada en ocasión de celebrar la Audiencia ante la Cámara de Apelaciones, lo que ya fue resuelto por el Tribunal de Alzada. Que el pedido de Prisión Preventiva de los Fiscales aparece más como un capricho que como una necesidad procesal. Solicita en definitiva se conceda la libertad de su asistido con las restricciones que disponga el Tribunal.
Cumplimentados los requisitos de ley y oídas que fueran las partes, así como mencionadas y en su caso exhibidas las probanzas relacionadas con los hechos y el derecho invocados, todo lo cual se encuentra registrado en soporte magnético, al que me remito, confeccionados y obrantes en la oficina de gestión judicial, así como también en poder de las partes. Y,
CONSIDERANDO: respecto a lo solicitado y expuesto en esta Audiencia, se dictó la parte resolutiva y quedaron pendientes los fundamentos que se expresan a continuación en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 224 del CPP.
Con relación a la Medida Cautelar Personal, se otorgó la libertad de NESTOR FABIAN MONZON con las siguientes restricciones:
a) Constituir domicilio en la ciudad de Reconquista (S. Fe), del cual no se podrá ausentar, salvo situaciones extraordinarias o debidamente justificadas, las que deberán ser comunicadas a este Tribunal;
b) Se establece la obligación de presentar una vez por semana, fijándose los días martes en horario de la mañana, en la OGJ de esta ciudad, donde hará saber sobre sus actividades y el cumplimiento de las restricciones que se impongan;
c) Se impone la prohibición de salir de la ciudad de Reconquista sin comunicación previa a este Tribunal;
d) Se impone la prohibición de acercarse a una distancia de 200 metros tanto de la menor víctima como de los familiares directos de ella y de las personas que la Fiscalía identifique como testigos necesarios al proceso;
e) Deberá prestar promesa jurada de someterse al proceso, comparecer cuantas veces fuera requerido por este Tribunal o por la Fiscalía en el caso de necesitar alguna medida o diligencia necesarias en la investigación;
f) El tiempo de las restricciones es mientras tramite el presente proceso.
Cuadra evaluar su despacho sobre la base que la prisión preventiva constituye una Medida Cautelar no punitiva, que busca asegurar la eficacia práctica de la sentencia conjurando el peligro de fuga u ocultación y el entorpecimiento investigativo, de carácter excepcional, proporcional, subsidiaria, de aplicación restrictiva y limitación temporal, provisional y mutable.
Sobre esos parámetros se erigen los cánones de los arts. 219 y ccdtes. del Código Procesal Penal, concurriendo al sub-examen las razones de la probable autoría y comisión punible del agente responsable y la severidad de la pena en expectativa y demás reglas de aplicación que se mencionan.
Es entonces que la posibilidad de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, son condiciones desfavorables para otorgar la libertad (Art. 219/220 ccdtes. del C.P.P.), las que derivan de: a) la seriedad del delito y severidad de la eventual pena de cumplimiento efectivo, que en inteligencia del Informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justifica su encierro durante un plazo razonable en los inicios de la investigación y la b) posibilidad de obstaculizar las investigaciones -razones que llevaron a los Fiscales a disponer su detención, en especial la cuestión de la pena en expectativa con condena de cumplimiento efectivo, y a solicitar oportunamente cautelar personal que fue dispuesta en la modalidad de prisión preventiva domiciliaria cuando aún restaban medidas investigativas por producirse, encontrándonos además a la espera de los resultados de medidas ya ordenadas. Cautelar que vence en la fecha.
De allí que, en el presente caso, la Fiscalía –como titular de la acción pública- ha peticionado en forma concreta la prórroga de la cautelar personal oportunamente dispuesta por el plazo de 60 (sesenta) días, sin justificar la supuesta peligrosidad procesal sólo mencionada por motivos de entorpecimiento probatorio (art. 219 C.P.P.). Lo que fuera resistido por la Defensa, habiendo ambas partes argumentado según lo antes expuesto.
Que, sin dudas la orfandad de argumentos de los Fiscales intervinientes para demostrar dicho entorpecimiento probatorio por parte del encausado -según lo antes consignado-, quien además ha cumplido sin objeciones ni observaciones la medida cautelar que hay fenece, me llevan a la convicción que si transita el proceso en libertad con restricciones, no habrá obstáculos que impidan el avance de la investigación en autos.
“En punto a la obstaculización de la investigación ha dicho la Comisión que en situaciones en que la investigación se hace difícil por tener que afrontarse interrogatorios complejos, o porque el acusado ha impedido, demorado o conspirado con otros que están siendo investigados, la prisión preventiva será legítima mitras tales dificultades se mantengan, pero dejará de serlo una vez que se completen la medidas complejas. Es decir que, tal como se afirma en el fallo ´Barbará', la mera invocación de la necesidad de continuar investigando no alcanza por si sola para justificar una privación de libertad. En definitiva, entiende la Comisión que no pueden mencionarse las necesidades de la investigación de manera general y abstracta sino que debe demostrarse un efectivo peligro generado por la liberación del acusado. Del mismo modo, si la privación de libertad se sustenta en la necesidad de evitar la presión sobre testigos o coimputados, ella no será válida si tales personas ya han sido suficientemente interrogadas. Antes de que ello ocurra la prisión preventiva puede ser legítima según la Comisión, sobre todo en los comienzos de la investigación”. (en “Revista de Derecho Procesal Penal – Excarcelación, Libertad Provisional o Derecho a la Libertad ?”, pág. 421, Rubinzal-Culzoni Editores).
Esto es así, ya que numerosos testigos ya han sido entrevistados por la Fiscalía -más de 20 según sus dichos- no habiendo identificado a nuevos y necesarios testigos de interés, la Cámara Gesell a la menor ya se efectuó estando pendiente a la fecha las conclusiones de la Perito designada, los estudios médicos no se han realizado por problemas ajenos a la actividad del imputado, también se han realizado allanamientos y escuchas telefónicas. Si bien los Fiscales anunciaron que están investigando una nueva denuncia, no han referido en concreto cuál sería el entorpecimiento probatorio para esta nueva acción.
“Que, debe tenerse como argumento central las normas fundamentales que rigen en el proceso penal como son el estado de inocencia por el cual nadie puede ser tratado como culpable hasta que una sentencia firme no lo declare tal (art. 5 CPP). Que la libertad personal puede ser restringida en los límites absolutamente indispensables para evitar el entorpecimiento probatorio, circunstancia que no se observa ni se desprende con asidero jurídico y fáctico de la exposición recursiva que se haya alterado debiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 10 CPP. Que toda disposición legal que coarte la libertad personal será interpretada restrictivamente por el Tribunal (art. 11 CPPP).” (Fallo Col. de Cám. Ap. Penal Circ. 4, en: “MONZON . . ., CUIJ 21-06373170-3).
Por lo expuesto, corresponde otorgar la libertad con restricciones en razón que de lo debatido en audiencia no se vislumbra la existencia de suficientes elementos de juicio para sostener que si el reo transitase el proceso en libertad, pueda intentar eludir la acción de la justicia o perturbar las investigaciones, resultando viable la pretensión de soltura en esta liminar fase de la investigación penal preparatoria, pudiendo así transitar el proceso en libertad con restricciones.-
“Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, pudiera razonablemente evitarse con otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal impondrá éste en lugar de la prisión. Entre otras alternativas aún de oficio y con fundamento suficiente, podrá disponerse la libertad del imputado sujeta a una o a varias de las condiciones siguientes de acuerdo a la circunstancias del caso . . .” (Alternativas a la Prisión Preventiva - art. 221 C.P.P.).
Por todo ello, normativa de aplicación y lo consignado en Audiencia según registro magnetofónico, es que
RESUELVO: DISPONER LA INMEDIATA LIBERTAD DE NESTOR FABIAN MONZON -demás datos de identidad de figuración en autos-, salvo que estuviere a disposición de otra autoridad judicial, con las siguientes restricciones:
a) Constituir domicilio en la ciudad de Reconquista (S. Fe), del cual no se podrá ausentar, salvo situaciones extraordinarias o debidamente justificadas, las que deberán ser comunicadas a este Tribunal;
b) Se establece la obligación de presentar una vez por semana, fijándose los días martes en horario de la mañana, en la OGJ de esta ciudad, donde hará saber sobre sus actividades y el cumplimiento de las restricciones que se impongan;
c) Se impone la prohibición de salir de la ciudad de Reconquista sin comunicación previa a este Tribunal;
d) Se impone la prohibición de acercarse a una distancia de 200 metros tanto de la menor víctima como de los familiares directos de ella y de las personas que la Fiscalía identifique como testigos necesarios al proceso;
e) Deberá prestar promesa jurada de someterse al proceso, comparecer cuantas veces fuera requerido por este Tribunal o por la Fiscalía en el caso de necesitar alguna medida o diligencia necesarias en la investigación;
f) El tiempo de las restricciones es mientras tramite el presente proceso. (arts. 221 y ccdtes. C.P.P.).
Insértese y agréguese copia. Notifíquese, comuníquese, confeccione actas y ofíciese a quienes corresponde, todo por parte de la oficina de gestión judicial de esta sede.
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