"No es una buena señal, definitivamente", fue la conclusión que hizo el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, respecto de la decisión del gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras, y que flexibiliza los límites que regían desde 2011 para las personas (físicas o jurídicas) no argentinas para comprar tierras en el país.
A través del decreto 820/2016, la administración nacional introdujo una serie de cambios en la normativa que regula la propiedad de las tierras rurales (Ley 26.737). El primero, y más cuestionado por el funcionario santafesino, es la modificación al artículo que imponía un límite del 25% a la participación de extranjeros en aquellas sociedades que quieran invertir en el negocio inmobiliario rural, que a partir de ahora quedó fijado en el 51%.
Contigiani aseguró, en diálogo con El Cronista, que no "ve bien" esta modificación, porque la tierra es un "recurso estratégico" para el país, y que debería regularse la "extranjerización" de su propiedad. "Es una señal en favor de que crezca la participación de la compra extranjera de la tierra con un bien que es estratégico. Esto es negativo", enfatizó.
"Argentina sigue siendo productora de alimentos en el tablero mundial. Actualmente, la frontera agrícola global llegó a su techo y, para producir más alimentos, será necesario un crecimiento vertical y no horizontal", señaló Contigiani. "Por eso hay que regular la participación externa", aseguró.
A la flexibilización de los límites a la propiedad de los terrenos rurales, el ministro santafesino agregó una preocupación extra, relacionada con una mayor laxitud respecto de la protección de los cursos de agua en las tierras que puedan adquirirse.
"Es muy preocupante lo de los cursos de agua. Es una normativa hecha a la medida de los empresarios como Joe Lewis. Seguís convalidando ese tipo de situaciones", señaló.
Joe Lewis es el magnate británico que compró una enorme extensión de tierras en el que quedó encerrado el Lago Escondido, en el sur del país. En marzo de este año, el presidente Mauricio Macri se hospedó unos días en la estancia patagónica del británico.
De acuerdo con la modificación que introduce el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, las provincias deberán confeccionar un mapa que contenga todos los cursos de agua y que servirá como registro para inhabilitar la compra de aquellas tierras que cuenten con estos recursos hídricos. Pero, hasta tanto ese mapa no esté terminado, permite a los compradores presentar una nota confeccionada por un "profesional idoneo en la materia" y obliga a las autoridades provinciales a emitir un dictamen dentro de los diez días hábiles siguientes, caso contrario, la compra queda "autorizada".
"Todavía no analizamos en profundidad qué pasos seguiremos, pero la semana próxima nos reuniremos para ver qué hacemos con este decreto", se sinceró Contigiani.
En la provincia de Córdoba, en tanto, también están analizando los impactos del decreto publicado hoy. Según informaron fuentes del Ministerio de Agricultura provincial, las autoridades provinciales no fueron consultados para modificar esta normativa.
"Macri impulsa la extranjerización de nuestras tierras rurales".
Por su parte, la diputada provincial Verónica Benas informó que "la norma publicada en el Boletín Oficial del 1° de Julio, define en sus fundamentos que "resulta necesario efectuar algunas modificaciones adicionales (...) que faciliten y posibiliten las inversiones en el país, se contemplen cuestiones no reguladas, y se aclaren otras que han traído dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial".
Frente a esta decisión gubernamental, la diputada no dudó en denunciar que "Macri impulsa la extranjerización de nuestras tierras rurales".
La legisladora de PARES recordó que "cuando abordamos este problema en el Congreso Nacional dijimos que la extranjerización de las tierras es una amenaza a la seguridad nacional y nuestra soberanía alimentaria y energética". En 2011, Verónica Benas fue autora de uno de los proyectos que luego se transformó en la Ley 26.737 de Protección de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 establece que los titulares extranjeros, sean personas o empresas, no podrán ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales en el territorio nacional, de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural.
Por ello, para lograr sus propósitos, el gobierno Macri cambia la definición de propietario extranjero para el caso de una empresa. Hasta ahora esa condición se cumplía cuando el titular extranjero poseía un porcentaje superior al 25% del capital social. Pero a partir del Decreto 820, dicha condición recién existe cuando el titular extranjero tenga más del 51% del capital social de la firma.
De esta manera, muchas empresas extranjeras propietarias de tierras dejarán de estar alcanzadas por el límite fijado por la ley para la adquisición de tierras.
Otro cambio importante, que tendrá impacto en nuestra provincia, es la flexibilización de la prohibición que tienen los titulares extranjeros para adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, en la zona núcleo de nuestro país, delimitada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
El decreto de Macri establece que las provincias deberán definir en los próximos 30 días las superficies "equivalentes" que en cada distrito podrá adquirir un extranjero. Caso contrario, el gobierno nacional determinará dichas equivalencias a través del Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
"Hemos solicitado una audiencia con el Ministro de la Producción de la provincia, para analizar a fondo esta situación y defender los intereses de los productores santafesinos, que durante años, y principalmente desde la Federación Agraria, lucharon para ponerle un freno a la extranjerización de los campos", agregó la diputada.
En línea con esta preocupación, Benas señaló que el gobierno nacional también quitó las restricciones para que los extranjeros compren tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Además advirtió que se eliminan las sanciones contempladas para los profesionales y propietarios que realicen o participen en transacciones contrarias a la ley.
Por último, denunció que "con la excusa de favorecer las inversiones, el gobierno de Macri quito los controles que la AFIP y la UIF debían realizar para prevenir maniobras de lavado de dinero sucio. Con este esquema, no solo impulsan la extranjerización de nuestras tierras, sino que están ofreciendo nuestro territorio como refugio para los delincuentes internacionales de guante blanco", concluyó Verónica Benas.
Comunicado de prensa de la Diputada Provincial Mercedes Meier.
"Vemos con gran preocupación la publicación esta semana del decreto Nº 820/216 con el cual el macrismo flexibilizó la Ley Nº 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales que restringía la compra de tierras rurales por parte de extranjeros
En lo central de las modificaciones que introduce se avanza hacia la profundización de la extranjerización de nuestras tierras, así como a la posibilidad de enajenar territorios con recursos fundamentales como el agua.
En un país como el nuestro, disputado por las potencias extranjeras y con enclaves coloniales ocupados por las grandes potencias como los ingleses en Malvinas, las bases de inteligencia norteamericanas o los chinos en Neuquen, la apertura en la venta de un bien estratégico como la tierra es alarmante.
Estas modificaciones incluso flexibilizan aún más los pocos reparos que la ley sancionada por el kirchnerismo ponía a la extranjerización. De avanzar esta política el área que con la anterior ley dejaba disponibles de 24 millones de has para ser compradas por extranjeros podrá extenderse aún más, pero además avanzamos hacia una flexibilización de lo que la anterior ley consideraba “sociedades extranjeras”.
En la ley de 2012 se consideraba sociedades extranjeras las que tuviesen "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%) de las acciones en manos de extranjeros", ese porcentaje se elevó ahora a "más del 51% del capital social de una persona jurídica”.
Este cambio habilitará a una gran cantidad de empresas y sociedades controladas por extranjeros a poder participar del negocio de la tierra.
Creemos que estas modificaciones favorecen una política de concentración y extranjerización de la tierra, empujando fuera del sistema productivo a miles de pequeños y medianos productores y campesinos que irán quedando aún más fuera de juego ante el avance de la especulación inmobiliaria que empujará el aumento de los precios de la tierra.
En nuestra provincia según el relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales se declararon 136.862,17 hectáreas extranjerizadas, tierras en manos de grandes propietarios que en su mayoría fugan lo ganado en nuestras tierras al exterior, golpeando a las economías locales e impidiendo la reinversión de esas ganancias en nuestros pueblos.
La tierra es un bien social que no puede solo depender de los vaivenes del mercado, o las necesidades de los grupos económicos concentrados, es urgente regular su uso y tenencia, así como avanzar en la regulación de los arrendamientos que permita el acceso a la tierra a los miles de compatriotas que hoy se ven imposibilitados de tenerla y trabajarla.
Creemos que es urgente que ante este nuevo ataque a nuestra soberanía el gobierno provincial arbitre las medidas necesarias para impedir que los perjuicios ocasionados por estas políticas avancen sobre Santa Fe. Nos ponemos a disposición para librar en todos los terrenos necesarios, la batalla por proteger los intereses nacionales.
A pocos días de conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia, vemos una vez más como el gobierno de Mauricio Macri avanza en profundizar las cadenas que nos atan a los intereses y necesidades de las grandes potencias, relegando las necesidades de las grandes mayorías.
Ya Manuel Belgrano, en la semana de la Revolución de Mayo advertía, en un artículo en la publicación Correo de Comercio, la importancia de la tenencia de la tierra en la conformación de una patria más justa al sostener que era urgente su reparto.
“Remediemos en tiempo la falta de propiedad, convencidos de lo perjudicial que nos es: es preciso atender a los progresos de la patria, y esos no los obtendremos sin que nuestros labradores sean propietarios, o casi propietarios: esto interesa a la Nación, al Gobierno, y aun a los mismos particulares: en una palabra es un beneficio general que nunca sabremos agradecer bastante a cuantos cooperen a la realización de los pensamientos apuntados, u otros que discurran los sabios, para evitar la falta de propiedades, que tienen nuestros labradores”, explicaba el padre de la bandera patria.
Hoy más que nunca reafirmamos la necesidad de avanzar, unidos, hacia una segunda y definitiva independencia que concluya las tareas que los patriotas de hace 200 años dejaron planteadas", concluye la legisladora del Frente Social y Popular, compañera de bloque de Carlos Del Frade.
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