Fariz, Eduardo Luis María C/ Colegio de Abogados de la 4ta. Circunscripción Judicial
Juicio Ordinario - Daños y Perjuicios - (Expte 242/13) S/ Recurso de Inconstitucionalidad (Concedido por la Cámara) 21-00510028-0
En la ciudad de Santa Fe, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos “FARIZ, EDUARDO LUIS MARÍA contra COLEGIO DE ABOGADOS DE LA 4TA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL JUICIO ORDINARIO -DAÑOS Y PERJUICIOS- (EXPTE. 242/13) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CÁMARA)” (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510028-0). Se decidió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Gastaldi, Gutiérrez, Spuler y Netri.
A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. Estos caratulados se iniciaron con motivo de la demanda civil por indemnización de daños y perjuicios promovida por Eduardo Luis María Fáriz contra el Colegio de Abogados de la 4a Circunscripción Judicial enderezada -en esencia- a que se lo condene al pago de la suma de $152.000 en concepto de daño moral y lucro cesante por rechazarle -a través de su Directorio- el pedido de rehabilitación de la matrícula, decisión que -a posteriori- fue declarada nula por la Cámara de Apelación en lo Penal de Vera.
El demandado se opuso al progreso de la acción por entender -básicamente- que su decisión de rechazar el pedido de matriculación -con fundamento en la remoción del accionante como Juez Federal de Reconquista por sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debido a una escandalosa conducta contraria a la ética- tenía base en el imperativo funcional que impone el artículo 297, inc. 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ratifica el Estatuto Social de “velar por el decoro del foro y de la magistratura”, no limitándose su función tan sólo a la verificación del cumplimiento de los presupuestos formales habilitantes para el ejercicio de la función (art. 295, L.O.T.), sino también de la idoneidad ética.
El Juez de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de la ciudad de Reconquista, por decisorio de fecha 22.06.2010, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, con fundamento en la extralimitación de las funciones del Directorio del Colegio de abogados, que no ostenta potestad disciplinaria para juzgar faltas éticas, configurando un ejercicio abusivo de sus funciones y la obligación de responder de conformidad con el artículo 1071 del Código Civil (fs. 482/486).
Impugnado que fue dicho pronunciamiento por la vencida, los autos arribaron al Tribunal de Alzada, donde la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, por acuerdo del 27.08.2013, confirmó -por mayoría- el fallo alzado rechazando -en lo que aquí interesa destacar- el agravio relativo a que el fallo le adjudica responsabilidad resarcitoria con prescindencia de toda consideración de culpa, con fundamento en que dicha cuestión ya quedó zanjada por la Cámara Penal de Vera y consentida por el demandado que tampoco introdujo la defensa al contestar la demanda. En tal sentido, añadió que el juez de grado también fundó su fallo en el artículo 902 del Código Civil, norma que refleja la interrelación entre causalidad y culpabilidad (fs. 536/549).
2. Contra dicho resolutorio, el perdidoso interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), ley 7055.
Tras recordar los antecedentes relevantes de la causa y apoyándose en los fundamentos vertidos por la vocal que votó en disidencia, expresa que la Cámara incurre en una interpretación arbitraria al desconocer la obligación legal del Directorio del Colegio de “velar por el decoro del foro y de la magistratura” (art. 297, inc. 4, L.O.T.), por cuanto -dice- la ética es “integridad de la conducta” y reducirla a los condenados por delitos dolosos (art. 295, L.O.T.) configura una limitación disvaliosa basada en la sola voluntad del magistrado. Refiere que el Tribunal de Disciplina carece de competencia para juzgar el comportamiento ético de los no matriculados, por lo que -aduce- la afirmación del juez de grado confirmada por la Cámara de que el control ético queda reducido a los casos en que deba intervenir el Tribunal de Disciplina conduce al absurdo de tener que admitir a un abogado descalificado por graves faltas éticas por un Jurado de Enjuiciamiento, presidido por la presidenta de la Corte nacional.
Indica que la afirmación de la Cámara -por mayoría- de que la oposición a la responsabilidad sin culpa no forma parte de la litis se aparta de las constancias de la causa y configura una cuestión de derecho que no limita al Tribunal.
Le endilga arbitrariedad a las afirmaciones de la Alzada relativas a que al decidir no rematricular al actor se incurrió en un abuso de derecho, imprudencia y ligereza, por cuanto desconoce las circunstancias expuestas (contexto social convulsionado y apremiante en que se tomó la decisión) y el propio reconocimiento del accionante de la preocupación del Directorio de salvaguardar la reputación y honor de los colegiados.
Califica, asimismo, de arbitraria a la sentencia en cuanto: afirma que no es aplicable al caso la doctrina de las molestias que deben soportar los ciudadanos por decisiones de organismos estatales; le atribuye responsabilidad al Colegio por la demora de la propia Cámara Penal en dictar el pronunciamiento; desconoce la descalificación moral de Fariz que surge de las constancias actuadas; y le otorga daño lucro cesante prescindiendo de la condición tributaria del actor y basándose en testimonios de favor.
Finalmente, sostiene que se trata de un caso que encuadra dentro del concepto de “gravedad institucional”, por tratarse de un pronunciamiento rayano en el escándalo que admite una solución disvaliosa, que provoca que la percepción en todo el ámbito institucional vinculado a la abogacía, el Poder Judicial y a la sociedad en general es que no se hace justicia y que es imposible enfrentar al poder del narcotráfico y que es ilusorio defender la ética.
3. Por auto de fecha 09.03.2015, la Alzada -por mayoríaconcedió el recurso de inconstitucionalidad (fs. 16/19).
A su turno, el señor Procurador General juzgó admisible y procedente el presente remedio de excepción (fs. 25/29).
4. Entrando al examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a declarar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General al evacuar la vista que se le corriera- la admisibilidad del remedio intentado, por lo que cabe entrar a evaluar la procedencia de la misma.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta, la señora Ministra Doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Netri, expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. Liminarmente y habiendo efectuado un detenido estudio de los antecedentes del caso, corresponde declarar procedente el recurso intentado, en tanto el pronunciamiento atacado se aparta de los cánones de motivación y fundamentación exigibles, con afectación de los principios y garantías constitucionales invocados, resultando tales deficiencias decisivas para la suerte de lo decidido en el “sub lite”.
2. En primer lugar, cabe poner de resalto el grado de imprecisión de la pretensión actoral en cuanto a la imputación normativa. En efecto, en el escrito de demanda, luego de referir a los hechos –básicamente hace especial hincapié en la sentencia de la Cámara Penal de Vera- se mencionan los artículos 14 y 14 bis de la Constitución nacional y los artículos 1071, 1077, 1078, 1096, 1109 del Código Civil. Es decir, la denegatoria del Colegio de Abogados de rematricular al accionante es el “factum” de la demanda pero en el terreno del derecho fundante la generalidad propuesta impide establecer la fuente normativa de la reparación. Incluso y más allá de las negativas puntuales en el responde, el Colegio demandado hubiera podido acudir al oscuro libelo atento al grado de indefensión que produce una pretensión de reparación civil sin precisar el sustento normativo que escapa –en estos casos- al “iura novit curia” por la diversidad de defensas y planteos que pueden oponerse según el precepto jurídico propuesto. Y, en rigor de verdad, esta hermenéusis difusa y que carece de toda técnica se proyecta decididamente tanto a la sentencia de primera instancia como a la de la instancia revisora -con excepción del voto en disencia-, conforme se expondrá seguidamente.
3. Ante todo, se impone recordar el razonamiento efectuado por el A quo. En esencia, la Cámara razonó que no corresponde debatir acerca de la “ilegitimidad” de la resolución denegatoria de la matriculación del actor, por estar firme y consentida la sentencia de la Cámara Penal que -a su hora- la declaró nula por haberse apartado de las previsiones legales (art. 295, L.O.T.). Destacó que el Juez de baja instancia había considerado de nuevo la cuestión llegando a similares conclusiones a las de la Cámara Penal y al evaluar el accionar del Directorio del Colegio de Abogados había efectuado un análisis del caso a la luz no sólo del artículo 1071 sino también del 902 del Código Civil. Descartó que el caso encuandre dentro de un supuesto de actividad lícita del Estado, aunque mencionando que en todo caso también generaría responsabilidad y el deber de resarcir.
4. Esta respuesta jurisdiccional -como ya se adelantó- deja un vacío ostensible de fundamentación.
4.1. En primer lugar, por cuanto no se advierte ningún orden argumentativo que permita asimilar por vía del recurso a la analogía al Colegio de Abogados con el Estado, presupuesto necesario para luego adentrarse en el examen del marco normativo aplicable y, finalmente, analizar la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad o ilicitud, daño, relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño y el factor de imputabilidad). Es que, en rigor de verdad, la equiparación “tout court” del ente demandado con el Estado imponía una fundamentación acerca de la naturaleza jurídica y de la actividad realizada por los Colegios de Abogados a los efectos de su encuadramiento normativo. En ese orden, se pueden hallar una serie de argumentos que avalan esta interpretación analógica. Por ejemplo, esta Corte ha sostenido que la regulación del desempeño de las distintas actividades profesionales es una manifestación del poder de policía que se reconoce, en principio, reservado a las provincias, pero que, en el caso de Santa Fe, esa potestad se ha ejercido a través de la creación de Colegios Profesionales, con la consecuente reglamentación y fijación de condiciones de admisibilidad de los colegiados. Se ha reconocido legislativamente, en consecuencia, las potestades oportunamente conferidas por el ordenamiento jurídico provincial a los Colegios y Consejos profesionales creados por ley a fin de proveer al poder de policía en cuanto al control de la matrícula y ejercicio del poder disciplinario (Vid. C.S.J.S.F., “Brusco”, A. y S. T. 231, págs. 12/21).
El Cimero Tribunal nacional, por su parte, destacó que el Colegio Público de Abogados es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste, por delegación circunstanciada normativamente, “transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la administración de justicia” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Capital Federal “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ Martínez Echenique, Benjamín s/ cobro de sumas de dinero” – sumario, de fecha 1 de septiembre de 1992). En este orden de consideraciones se inserta el voto minoritario que equipara al ente demandado con una persona de derecho público, para luego aplicar las pautas que rigen la responsabilidad del Estado (fs. 536/545). Adviértase, en tal sentido, que la vocal disidente, tras destacar la centralidad del “interés público” de la existencia del Colegio de Abogados, concluyó que no procedía la reparación civil ya sea que se considere responsabilidad por actividad lícita o ilícita del Estado. Para así decidir y en lo que toca a la responsabilidad por actividad ilícita, dijo que le asistía razón al ente demandado habida cuenta que juzgó que en el caso se acreditaron factores que suprimen el nexo causal, a saber la culpa de la víctima respecto al daño moral que exige, ya que fue su misma conducta carente de ética la que generó el daño que ahora reclama, y el hecho de un tercero en lo relativo al daño lucro cesante, ya que el lapso que estuvo el actor sin trabajar pudo ser mitigado por recursos que tenía a su disposición y de los cuales no se valió (medida cautelar innovativa, pronto despacho). En ese mismo temperamento de asimilar el Colegio con el Estado, arguyó la vocal que si se optaba por ubicar la decisión administrativa del Colegio de Abogados en el marco de un acto administrativo derivado de la actividad lícita de un ente público o paraestatal, tampoco procedía el resarcimiento por daño moral o lucro cesante por no ser rubros indemnizables en este ámbito específico, agregando que, también, la responsabilidad debe ser examinada a la luz de la doctrina jurisprudencial del error judicial, y dentro de este, en el supuesto de responsabilidad de los agentes en ejercicio de potestades públicas, donde entra a jugar los factores de atribución para responsabilizar civilmente a los jueces, a saber un dolo o culpa grave, que en el caso -adujono fue acreditado. Y bien, más allá de compartirse o no la analogía trazada por la vocal disidente, lo cierto es que representa una de las exégesis posibles para resolver el caso, toda vez que justifica abundantemente el encuadramiento de la cuestión dentro del derecho público y a partir de ello examina detalladamente la acreditación de los presupuestos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil por daños causados por el Estado ya sea en su actividad lícita o ilícita.
4.2. Retomando y a fuerza de ser reiterativo, la hermenéutica recién expuesta, mostrada como una de las posibles soluciones al caso, luce ausente en el pronuciamiento atacado a pesar de su trascendencia para resolver la litis, habida cuenta que ese encuadramiento normativo primario era el paso obligado para recién luego adentrarse en el examen de las posibles fuentes de reparación civil. Esto es si el daño invocado había tenido origen en la actividad lícita o ilícita del ente demandado. Ambos ámbitos de responsabilidad estatal han sido abordados -a su hora- por esta Corte que -sin abrigar la intencionalidad de agotar toda la problemática involucrada- ha perfilado algunos parámetros a modo de guías para la decisión.
En efecto, se remarcó que tratándose de actividad lícita, se impone analizar la existencia del daño, la relación de causalidad, la posibilidad de su imputación al Estado así como la ausencia del deber jurídico de soportarlo por parte del administrado. En cambio, en caso de juzgarse que se está ante una actividad ilícita del Estado y por tanto, ante un supuesto de responsabilidad objetiva y directa, debe determinarse cuál es el factor de atribución aplicable -falta de servicio, omisión o error judicial- para entonces sí verificar la concurrencia de alguna de las eximentes que pueden darse en cada hipótesis (“Las Rosas Cablevisión S.R.L.”, A. y S. T. 257, págs. 34/47). En el “sub lite” -se insiste- a la causal de falta de fundamentación del fallo en torno a la equiparación del Colegio de Abogados y el Estado, se suma ahora la de no discurrir el razonamiento sentencial por ninguno de los ámbitos de responsabilidad estatal perfilados. En otros términos, no se sabe por qué el Colegio es condenado civilmente, ya sea por responsabilidad por actividad lícita o ilícita, por lo que queda vacío de todo contenido cualquier indagación que haya hecho el Tribunal respecto del nexo causal entre el daño y la conducta del Colegio de Abogados, que por otra parte aparece como el fruto de una reflexión genérica, al invocar el abuso del derecho y la culpa, y a su vez mecánica, al trasladar automáticamente el resultado de la sentencia de la Cámara Penal a los fines de la pretensión civil.
4.3. Desde luego que los caminos argumentativos no se agotaban en los ya propuestos, en tanto la Cámara podría haber seguido el adoptado por el Procurador General que ubica el caso -por analogía- en la frontera de la responsabilidad civil de los jueces por error judicial (fs. 25/29). En efecto: El Procurador, luego de trazar la naturaleza administrativo-jurisdiccional que ostenta el acto emanado por el Directorio del Colegio de Abogados, entendió que debía encuadrarse el caso -analógicamente- en la responsabilidad por error judicial, donde el factor de atribución exigible es una culpa grave o un dolo, por tratarse de un típico acto de órgano incompetente (exceso de poder). Sobre este punto, citó jurisprudencia de esta Corte -con diferente constitución- in re “GONZÁLEZ ECHENIQUE J.A.M.” (A. y S. T. 81, págs. 419/444) que, vale aclarar, ha proyectado las líneas directrices para la procedencia de la responsabilidad civil del juez por error judicial: “Es en este entendimiento que esta Corte debe manejar las situaciones que se planteen ante sus estrados y de hecho proceder al rechazo de todas aquellas pretensiones en que no se plantee un innegable daño injusto debido a un comportamiento, a un acto, etc., emitido por un juez con dolo o culpa grave, en el ejercicio de sus funciones. Debe tratarse, en suma, para que se dé esta responsabilidad, de una grave violación legal determinada por una negligencia inexcusable, excluyéndose necesariamente de este ámbito toda actividad de interpretación de las normas de derecho y las referidas a las de valoración de los hechos y de las pruebas”. Es decir, que de haberse optado por esta hermeneútica, debía verificarse en el caso la configuración del dolo o la culpa grave del ente demandado al dictar el acto.
4.4. Y finalmente, el caso podía encuadrarse a la luz de la responsabilidad que le cabe al Estado en el ámbito de la función jurisdiccional, también haciendo uso de la analogía (no se me escapa que el Estado provincial en el caso no fue demandado). Sobre el particular, este Cuerpo in re “Aragón” (A. y S. T. 219, págs. 140/150) proyectó las líneas generales a los fines de la procedencia de la reparación en este supuesto. Allí se deslindaron dos supuestos: responsabilidad del Estado por “error judicial” y por “irregular o anormal funcionamiento de la administración de justicia”. Respecto del primero, se arguyó que estamos en presencia de error judicial susceptible de generar responsabilidad estatal cuando del examen efectuado en la sentencia en torno a los hechos y a la apreciación de la prueba en confrontación con la solución que jurídicamente correspondía dar al caso, resulte manifiesta la materialidad de la equivocación, destacando que sólo cabe considerar como error judicial aquel que ha sido provocado de modo irreparable por una decisión de los órganos de la administración de justicia y cuyas consecuencias perjudiciales no han logrado hacerse cesar por efecto de los medios procesales ordinariamente previstos a ese fin en el ordenamiento (Fallos:308:2095).
Y respecto a la prestación defectuosa o irregular del servicio se explicó que la clave del arco de dicha doctrina se asienta en la antijuridicidad del funcionamiento del servicio.
Y finalmente, se fundamentó la excepcionalidad de dicha responsabilidad estatal, que radica en que la paz social y la vida comunitaria exigen de los individuos el sacrificio de soportar la acción del Estado cuando éste actúa en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales, deber que se traduce y concreta, muchas veces, en el sacrificio que tiene que aceptar todo particular -sin indemnizaciónde soportar los daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una sentencia que haga lugar a su pretensión. Este cauce argumentativo, como se evidencia, constituía otro de los posibles a los fines de indagar y encorsetar la pretensión actoral.
5. Lejos está de estas reflexiones efectuar docencia sobre los distintos enfoques jurídicos que el caso podía tener, y si bien también es función de esta Corte ese cometido, el “sub judice” no exige ejercer dicha atribución. Simplemente, con el muestrario de posibles soluciones desplegadas se pretende revelar la ausencia de motivación del fallo al no adoptar ninguna de las hermenéuticas razonables para elucidar el caso. Por el contrario, del análisis de la resolución atacada se advierte una sentencia huérfana en fundamentos que en modo alguno puede suplirse con meras invocaciones de preceptos del derecho común y constitucional, por cierto inconexos y sin ser llenados con los presupuestos fácticos que determinen su aplicación.
6. Finalmente, el correcto discernimiento del caso no puede dejar de ponderar algunas pautas de vital trascendencia para la suerte de la pretensión actoral. En tal sentido, es dable dastacar que los colegios de abogados al otorgar o denegar matrículas emiten actos en ejercicio de funciones públicas como auxiliares de la justicia, y la decisión de denegar -como acaeció en el casoel levantamiento de la suspensión de la matrícula no deja de ser un acto de contenido sancionador, donde -al igual que la actividad judicial- el agraviado cuenta con la posibilidad de corregir dicha decisión a través de un recurso directo ante la Cámara Penal (art. 301 de la L.O.T.), que implica un verdadero proceso con la debida sustanciación, con la posibilidad de recurrir -ante la eventualidad de una decisión adversa- ante la Corte Suprema de Justicia provincial vía recurso extraordinario. Tan es así, que el actor consiguió la anulación -y corrección- del acto impugnado. Y en ese contexto, se debe ponderar -lo que omitió la Cámara- entre el derecho del actor a ejercer su profesión de abogado con posterioridad a su destitución como Juez Federal por el Consejo de la Magistratura y el derecho de la comunidad a que el ejercicio de dicha profesión sea llevado adelante por personas con la idoneidad suficiente para ello, cuestión que en nuestro ordenamiento jurídico está a cargo de los Colegios profesionales. Siendo ello así, el respeto al ejercicio de la profesión no puede excluir el deber que tiene el Colegio de Abogados -ejerciendo funciones de interés público- de adoptar todas las medidas que sean necesarias para impedir que personas no aptas para el ejercicio de la profesión la desarrollen; y en su caso, no se puede descartar sin más, que los sujetos sometidos a esa supremacía especial sean quienes, en principio, tenga que soportar el costo inevitable que en ciertas oportunidades tiene el ejercicio de determinadas funciones públicas -aunque las partes a quienes les afecten puedan considerarse perjudicadas y estimen arbitrarias esas medidas-; máxime en el caso, donde el ordenamiento jurídico le otorga una instancia superior a los efectos de corregir los errores que se pueden producir en la práctica de dichas funciones. Y bien, a la luz de estas directrices la sola anulación del acto dictado en ejercicio de una función pública, no era condición suficiente para responsabilizar civilmente al Colegio de Abogados, pues para que proceda la reparación se exigía un plus de análisis y fundamentación, ya que -se reitera- no podía obviarse el análisis de la naturaleza de la actividad realizada por el Colegio de Abogados a los fines de argumentar, luego, sobre el basamento de la imputación de responsabilidad, máxime cuando -como ya se señaló- el actor pudo corregir el acto.
7. Por todo lo expuesto, la conclusión a la que arribó la Cámara -por mayoría- no supera -como ya se adelantó- el test de constitucionalidad previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial, ya que no realizó el análisis pormenorizado que el tema exigía ni fundó adecuadamente el deber que impuso en cabeza del Colegio de Abogados de responder por los daños pretendidos, lo que conduce a una seria dificultad de intelección de la sentencia que deja a lo decidido huérfano de soporte jurídico.
Lo dicho en precedencia conduce a colegir que la respuesta jurisdiccional, en razón de las deficiencias de motivación apuntadas, no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente a los hechos comprobados de la causa y, por lo tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción del impugnante.
Las razones expuestas determinan la procedencia del recurso interpuesto, debiendo remitirse los autos al subrogante legal a fin de dar respuesta suficiente a las cuestiones referidas.
Así voto.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.
A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
Coincido sustancialmente con lo fundamentado y con la solución propuesta por el señor Ministro preopinante cuando se señala que la Cámara, al analizar el caso, omitió irrazonablemente la hermenéutica que rige la responsabilidad en supuestos como el presente. Ello así pues, en orden a la atribución de responsabilidad por daños, no pudo el Sentenciante desentenderse del consabido criterio según el cual, para el juzgamiento de la actuación de organismos que actúan en cumplimiento de funciones públicas y en el marco de competencias establecidas por ley, debe acreditarse que en forma manifiesta se actuó fuera de la respectiva competencia o con una extralimitación de las funciones normativamente asignadas.
Resulta, entonces, de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas por las partes y que pudieren resultar conducentes para la solución del litigio, resultan carentes de la fundamentación exigida para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y no pueden ser aceptadas como necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.
Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas (art. 12, ley 7055).
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Spuler y Netri, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
RESOLVIÓ:
Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada.
Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas. Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: GUTIÉRREZ (por su voto) – ERBETTA – FALISTOCCO – GASTALDI (por su voto) - NETRI – SPULER (por su voto) - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).
Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de la ciudad de Reconquista (Margarita Cismondi, jueza).
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