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Condenaron a las acusadas por la supresión de la identidad de un recién nacido en la dictadura

8 años de prisión para la madre apropiadora; y 6 años de prisión para la médica que le dio el certificado falso que permitió la configuración del delito. José podrá tener su verdadero apellido. Aquí lo resuelto por el Tribunal, que incluye abrir otra investigación.

Cecilia Góngora fue condenada a 8 años de prisión como autora penalmente responsable de los delitos de retención y ocultamiento de un menor previamente sustraido, falsificación ideológica de instrumento público y adulteración de estado civil de un menor, en concurso ideal.

Elsa Gladis Nasatsky de Martino fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta, como autora penalmente responsable como autora y partícipe necesaria, de los delitos de falsificación ideológica de documento público y adulteración de estado civil de un menor, en concurso ideal. Fue absuelta de otro delito que le imputaron la querella y el fiscal, que es la co-responsabilidad en la retención y ocultamiento del menor previamente sustraído, delito que solamente cometió Cecilia Góngora, según sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Las costas del juicio fueron impuestas a cargo de las condenadas.

El Tribunal declaró la falsedad del certificado de nacido vivo, del acta de nacimiento y del DNI que figura a nombre de José Luis Segretín, y ordenó al Registro Civil de Reconquista que efectúe las rectificaciones correspondientes y que expida la nueva documentación que acredite la verdadera identidad con el apellido de sus verdaderos padres: Maulín Pratto. José ya avisó que quiere mantener solamente sus nombres y pasará a figurar José Maulín Pratto, hijo de Rubén Maulín y Luisa Pratto.

El Tribunal no hizo lugar al pedido de detención inmediata de las condenadas, quienes continuarán en libertad con restricciones hasta tanto cobre firmeza este decisorio. Aquí hubo una disidencia que manifestó el Juez Lauría, quien entendía que ambas condenadas deberían quedar en el acto detenidas y trasladadas al instituto carcelario que corresponda.

El delito no prescribió "por tratarse de un delito de lesa humanidad", resolvió el Tribunal Oral Federal.

Se difirió fijar los honorarios que corresponden percibir a los profesionales particulares actuantes.

El 6 de octubre de 2016, a las 12:00, el Tribunal dará lectura a los fundamentos de su sentencia.

Se viene otra investigación

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe también dispuso darle intervención al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia para que investigue "la posible comisión de ilícito por parte de funcionarios y/o magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, con jurisdicción en las ciudades de Vera y Reconquista". Durante el juicio, el denunciante Rubén Maulín, padre del menor ocultado, reveló que en su momento habló con tres jueces quienes le dijeron que "no podían hacer nada" frente a tamaño delito por el que ellos querían que se haga justicia para poder recuperar a su hijo. Puntualmente nombró a Jorge Fernández, Jorge Galbusera y a Carlos Corti. Actualmente Galbusera es Juez Penal de Primera Instancia abocado a viejas causas y a menores de edad; Corti integra la Cámara Penal; y Fernández ya se jubiló.

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