"Hay un perjuicio y ya está hecho, pero la devaluación del dinero es la verdadera quita. Nosotros hemos tratado de cobrar lo que quedaba", sentenció el funcionario.
Y agregó que la responsabilidad de cobrar la deuda era del exministro de Planificación Julio De Vido.
Aguad reiteró que "nunca" habló con Mauricio Macri sobre el tema y afirmó que si lo hubiera hecho, el presidente lo habría "echado del despacho" y le habría dicho: "Andá a defender los intereses del Estado".
En declaraciones a radio La Red, el ministro sostuvo además que "no hay ningún perdón de deuda, [la empresa] va a pagar hasta el último peso pero de un crédito absolutamente devaluado".
El funcionario repasó que "en 2003 el kirchnerismo reconoció y verificó una deuda al Estado, en un concurso de acreedores, de $ 292 millones", pero "la ley de quiebras prohíbe cargar intereses a futuro" y "la ley de Convertibilidad prohíbe indexar esas deudas".
Según Aguad, el Gobierno fijó un pago en cuotas a 15 años con 7% de interés porque "está vigente la prohibición o la negación para actualizar los créditos en un proceso de concursos".
"Acá ha habido una acción del gobierno anterior de no cobrar la deuda, por lo que se han perdido más de $ 3.000 millones", sentenció.
También destacó que el acuerdo -que se selló en junio, pero todavía no está homologado- se hizo "en el marco de un proceso judicial, no en el escritorio o en la mesa de un bar".
El ministro también cuestionó que la fiscal Gabriela Boquín "dice que el deudor está abusando de su derecho, pero no dice qué hay que hacer".
Aguad reiteró que "el Estado ha perdido mucho capital y eso no es justo", aunque insistió en culpar al kirchnerismo y reclamó que "algún fiscal le achaque la responsabilidad al funcionario que tenía la obligación de cobrar la deuda", que "estaba en el ministerio de De Vido".
"Es terrible que se haya favorecido al deudor de esta manera sin que el Estado asuma su responsabilidad", cuestionó.
Fuente: Perfil.
Qué dice el dictamen de la fiscal que pide rechazar el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar por "abusivo" el acuerdo alcanzado en junio de 2015 entre Correo Argentino S.A. y el Estado nacional, en el marco de un concurso preventivo.
La fiscal emitió un dictamen en el que sostuvo que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva", según informó el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General.
Boquín sostuvo que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.
La fiscal agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
También remarcó que la familia Macri "detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.".
El Correo Argentino fue reestatizado en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner. Hasta ese momento la empresa fue controlada por las empresas de la familia Macri.
Boquín reseñó en el dictamen que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía y "que la empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A", informó Fiscales.
La empresa también respondió, según el escrito, que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.".
La propuesta a la que se se refirió la fiscal fue la realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del Estado Nacional que es titular de 32,65 por ciento del pasivo concursal, según se indicó en el dictamen.
Fuente: Telam
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