Textual el comunicado:
PIDEN QUE SE ESTUDIE POSIBLE NULIDAD DE UN DECRETO QUE TRAERÍA PERJUICIOS ECONÓMICOS A LOS CONTRIBUYENTES
A raíz del Decreto 100 del 2017 del Ejecutivo, el Bloque de concejales del FPCyS(Eduardo Paoletti, Emilio Adobato y Alicia Perna) había presentado el jueves 16 de marzo, una Minuta de Recomendación al Ejecutivo Municipal a los fines de que evaluara la decisión de licitar la “…contratación de servicios de relevamiento, detección, liquidación, confección de actas, seguimiento y control de pago, de los derechos de publicidad y propaganda…”, dada su dudosa legalidad.
Luego del trámite en Comisión, fue aprobada la solicitud para que el Municipio de Reconquista analice la decisión de delegar potestades tributarias, dado que ello violenta principios tales como el de competencia en materia administrativa y de legalidad en materia tributaria, lo que ya ha sido resuelto y declarado nulo numerosos fallos como en “Neumáticos Goodyear S.R.L c/ Municipalidad de las Rosas s/ Recurso Contencioso Administrativo” (Cámara Contencioso Administrativa Nº 2). Conforme explica el autor Rodolfo R. Spisso, el cometido de fiscalizar, verificar y recaudar la renta fiscal no pareciera susceptible de delegarse en personas ajenas a la Administración, en tanto la gestión perceptora de tributos constituye una responsabilidad indeclinable del Estado para satisfacer la exigencia constitucional de que todas las personas, en proporción a su capacidad económica, contribuyan al sostenimiento del Estado.
Asimismo, integrantes del Bloque del FPCyS se reunieron con funcionarios del Ejecutivo a fin de acercarles los antecedentes para el estudio del caso, dejando en claro que no se realiza una crítica, sino que se pretende observar potenciales futuros problemas que hoy son subsanables pero que en un futuro podrían costar a los contribuyentes.
Fallo como antecendente
"Cabe poner de resalto que esta misma situación ha sido resuelta por la Cámara Contencioso Administrativa Nº 2 en el fallo “Neumáticos Goodyear S.R.L c/ Municipalidad de las Rosas s/ Recurso Contencioso Administrativo” Expte Nº190/10 de fecha 07/05/15. Dentro de los considerandos se consiga lo siguiente “Precisamente la ley 8.173, en el Capítulo VI, De los Órganos de la Administración Fiscal – Organismo Fiscal, art. 24 prescribe: “Se entiende por Organismo Fiscal o Fisco al Departamento Ejecutivo o al Ente u Organismo que en virtud de facultades expresamente delegadas por aquél, tienen competencia para hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Código y las Ordenanzas Fiscales complementarias”. Surge así, sin duda alguna, que el legislador local ha consagrado -con el apoyo y favor de la mejor doctrina- la regla y/o principio general de indelegabilidad de la función pública esencial de recaudación tributaria que le compete al Departamento Ejecutivo Municipal, en su carácter de Organismo Fiscal o Fisco, para hacer cumplir el Código Tributario Municipal y las Ordenanzas Fiscales Complementarias a favor de sociedades y/o empresas privadas absolutamente ajenas a la Administración Pública Municipal, habida cuenta que entre las atribuciones del Intendente Municipal se encuentra la de recaudar las tasas ,derechos, contribuciones y rentas municipales y decretar su inversión con sujeción estricta al presupuesto y ordenanzas vigente (art. 41, inc. 15 de la ley 2.756).El art. 24 precisa que las facultades de los Órganos de la Administración Fiscal comprenden las funciones de determinación, fiscalización, recaudación, devolución y cobro judicial de los gravámenes sujetos a su competencia, prescribiendo que, para ello podrá: a) Determinar y fiscalizar los tributos municipales, d) Percibir deudas fiscales, c) Aplicar sanciones por infracción a normas fiscales, etc. A dichos efectos, corresponde tener presente que la facultad de recaudación tributaria abarca la gestión, verificación, actas de relevamiento, fiscalización, inspección, liquidación, determinación y recaudación de tributos”.
"El mencionado fallo hace una interesante recopilación de la mejor doctrina, coincidiendo todos los autores citados en que el cobro de los tributos y todo el procedimiento que este comprende, es una facultad indelegable e inherente al principio de legalidad tributaria, “con exclusión absoluta de toda discrecionalidad” (ver Villegas, Héctor B., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Edit. Depalma, Bs.As. 1.992, 5ta. Edi., págs. 325 y ss.). Y citando a Spisso enseña: el cometido de fiscalizar, verificar y recaudar la renta fiscal no pareciera susceptible de delegarse en personas ajenas a la Administración, en tanto la gestión perceptora de tributos constituye una responsabilidad indeclinable del Estado para satisfacer la exigencia constitucional de que todas las personas, en proporción a su capacidad económica, contribuyan al sostenimiento del Estado".
"Ello hace -asevera- que se vea con disfavor la delegación de funciones de control y fiscalización de las obligaciones tributarias que se identifican con la función pública, ya que solo la actuación indeclinable del Estado, por medio de sus órganos gestores, con capacitación técnica, estructuración jerárquica, pautas uniformes y control de legalidad puede construir y afianzar la certeza, la seguridad jurídica y la previsibilidad de una acción estatal unívoca y transparente, sin ánimo de persecución ni privilegios y respetando los derechos fundamentales de los obligados a contribuir".
"Manifiesta que, por otra parte, la privatización de las funciones de determinación y fiscalización del Crédito fiscal entra en conflicto con el secreto fiscal que consagran las leyes respecto de las informaciones brindadas por los contribuyentes en cumplimiento de obligaciones fiscales. (Spisso, Rodolfo R., “Acciones y Recursos en materia Tributaria”, Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 2.005, págs.369/370)".
"Por todo lo expuesto lo decretado por nuestro Departamento Ejecutivo se encuentra viciado de una absoluta nulidad, lo que inevitablemente traerá aparejado sendos perjuicios al Municipio en caso de que se lleve adelante. En consecuencia, es nuestro deber como legisladores, poner en conocimiento a aquel de esta situación a los fines de que deje sin efecto el decreto que nos ocupa", concluyen los radicales Adobato, Perna y Paoletti.
El decreto
Lectura completa del Decreto 100/2017
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