Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó el 10 de mayo de 2017 el dictamen de mayoría sobre el proyecto para crear el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese), que busca brindar información pública sobre los condenados por este tipo de delitos.
La iniciativa impulsada por Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos) busca complementar la ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual y que el Gobierno Nacional reglamentó días atrás, ya que esa norma incluye sólo la información genética de los violadores que, hasta el momento, no es pública.
Al defender el dictamen, Burgos destacó la importancia de avanzar en el proyecto, al sostener que la finalidad “es crear un sistema de alertas a la población para los condenados por este tipo de delitos” y planteó que en el recinto se podrán incorporar más cambios, a la vez que sostuvo: “No es la herramienta para erradicar este tipo de delitos pero es una herramienta más para seguir luchando contra este flagelo”.
Mestre, por su parte, sostuvo que el objetivo “es que los habitantes de todo el país puedan acceder y ver la información sobre condenados por delitos de abuso sexual con o sin acceso carnal”, al advertir que se trata de un delito “que tiene alto índice de reincidencias” y rechazó incluir en el texto sanciones al incumplimiento de la ley, como proponía la iniciativa impulsada por el cordobés aliado del Frente Renovador, Juan Brügge.
Para la diputada del FPV-PJ, Diana Conti, “hay consenso para tratar de disminuir este flagelo” y adelantó su respaldo al dictamen, aunque admitió que ese bloque dejó en libertad de acción a sus integrantes, tras manifestar su compromiso con las víctimas de este tipo de delitos.
Si bien Brügge adelantó su respaldo al proyecto, había pedido complementar el dictamen con el de su autoría, que establece, entre otras cuestiones, que el condenado por este tipo de delitos que logre la libertad se presente cada 30 días ante la justicia y dispone sanciones para los que no cumplan con esa disposición, cuestión que fue finalmente desechada por el oficialismo.
La discusión sobre la creación de un registro de violadores cobró un fuerte impulso tras la muerte de la joven entrerriana Micaela García, violada y asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay por un convicto que ya había sido condenado por este delito y estaba en libertad sin haber cumplido su pena.
El proyecto propone que se publique la información básica de los condenados por delitos sexuales, como el nombre, una foto actualizada, el domicilio, la carátula de la causa por la que fue condenado, en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y en las páginas de las provincias" y establece que el Ministerio velará por la actualización de los datos contenidos en el registro.
Otra ley que fue un avance ...pero que aún no fue implementada
Es la ley que crea el Registro de ADN de los condenados por violación. Se aprobó en 2013 y aún se espera que el gobierno la ponga en práctica.
Mendoza y Buenos Aires son algunas de las provincias que también crearon registros, mientras que en Entre Ríos, donde murió Micaela, la ley que fijó una base de datos genéticos fue creada en 2006 pero nunca implementada.
La base más grande de criminales se encuentra en Gran Bretaña y contiene 38 millones de datos de violadores y asesinos. En Estados Unidos, el registro de violadores existe desde 1996 y fue creado luego del asesinato de Megan Kanka, una nena de 6 años. Desde 2003, sus datos son públicos.
En una entrevista con Télam, Isabel Yaconis (de Madres del Dolor) celebró la decisión de implementar el Registro de Violadores.
"Cuando murió mi hija obtuvimos una muestra de ADN que correspondía a un NN. Creí que era suficiente pero me di la nariz contra la pared. Ahí descubrí que otros países tenían un Banco de Datos Genéticos y fui al congreso con la iniciativa pero los legisladores se resistieron excusándose en las "garantías personalísimas de los condenados por delitos sexuales".
Yaconis recordó que la iniciativa llegó al Congreso gracias a la senadora pampeana Sonia Escudero y se aprobó pero no fue reglamentada. "La encontramos escondida adentro de un cajón en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se perdieron cuatro años valiosísimos de trabajo", relató Yaconis. "Celebro que ahora el Ministerio de Justicia tenga el control y se ponga a trabajar en el tema", finalizó.
Telam, La Prensa y ReconquistaHOY
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