María Valeria Lapissonde visitó de sorpresa la UR IX junto a Defensora General, Jaquelina Balangione, para verificar su funcionamiento. Tras esta recorrida, dialogó con ReconquistaHOY y detalló qué hace falta para que sea un alojamiento como corresponde.
Dijo que lo positivo es la comida que brindan a los detenidos y la posibilidad de tener tres visitas por semana. Sin embargo remarcó varias deficiencias.
Cuestionó el poco personal, ya que al momento de visitar la celaduría solo había un solo policía, así como también la falta de preparación de los efectivos para hacerse cargo de detenidos ya con condena que continúan allí en lugar de ser trasladados al servicio penitenciario. “La celaduría cumple el fin de una privación muy restringida, no debería pasar de días. Hoy como está el sistema, audiencia imputativa y cautelar, nos tenemos que imaginar no un plazo mayor 5 y 7 días. La mayoría del personal no está preparado para lo que es la atención y debería cumplir el rol que tienen las celadurías y alcaidías, estar en un plazo breve de tiempo y después pasar al servicio penitenciario porque hay un personal capacitado”, dijo.
En cuanto al número de alojados, manifestó que solo debería haber 30 detenidos y hoy cuenta con 49, con seis mujeres y un menor. Criticó que el sobrepasar los cupos afectan al normal funcionamiento. “Nos preocupó el alojamiento de la mujer, dentro de todo era lindo pero falta luz natural. A uno le llama la atención que no haya un espacio para lo que es la atención de los profesionales pero también hay un único espacio de visitas que es compartido por menores, mujeres y hombres. Es un patio al aire libre. Si llueve se restringe ese derecho a la visita, no hay lugar para hacer la custodia”, expresó en diálogo con Gustavo Raffin.
Por otro lado, Lapissonde se refirió a la tardanza en los procesos judiciales y sostuvo que la flagrancia no ayuda ni a los fiscales, ni a la defensa ni a los imputados. “Consideramos que es inconstitucional como está planteado la cuestión de flagrancia, así y todo cada defensor tiene su autonomía de ver en el caso la vigencia de los derechos y qué vulneración hay y en eso tendrá que ir respondiendo. Creo que la flagrancia no ayuda ni a los fiscales, ni a los defensores, ni al imputado ni al sistema. Ahora, eso es una evolución en general en el caso concreto cada uno tendrá la decisión”, dijo.
En este sentido, se preguntó: “¿En qué favorece tener una condena rápida si no es segura y no ratificando los derechos?”. Y agregó: “El paradigma del proceso penal hoy no es simplemente el tema de condena, a veces un informe de antecedentes no demora menos de 24 a veces 72 horas. Ojala en 4 días uno pueda decir esta prueba se realizó bien, hubo una orden allanamiento correcta de fiscalía…”.
Lapissonde recriminó al Estado la falta de un perito entrevistador oficial que esté a cargo de las cámaras gesell ya que la falta de este recurso retrasa el proceso tardando alrededor de 5 meses, poder concretarla. “Hay muchos procesos que a veces la investigación termina muy pronto. Hay pruebas donde se necesita la declaración de una persona menor de edad, se necesita un plazo, análisis periciales. El ADN tarda 6 meses, una cámara gesell tarda fácil 5 meses”, expresó y resaltó que el pedido del perito no solo es un pedido suyo sino también de la fiscalía.
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