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Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
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Abogado denunció penalmente a un fiscal

Como lo había anticipado, ahora hizo pública la denuncia presentada en el Ministerio Público de la Acusación pidiendo que se abra una investigación. Qué delito le imputa. Texto completo de la denuncia. El fiscal se rió de la acusación.

El abogado Lucio Vallejos acusa al fiscal Aldo Gerosa por los delitos de violación a los deberes de funcionario público y/o incumplimiento de los deberes de funcionario publico, previsto y penado por los arts. 248 y 249 del Código Penal Argentino.

FORMULA DENUNCIA.

SR. FISCAL REGIONAL:

                                                   LUCIO ALCIDES VALLEJOS, abogado, debidamente inscripto en la Matricula respectiva, con fianza vigente para el ejercicio de la procuración, con domicilio real en Calle 13 Nº 934, de Avellaneda, Santa Fe y constituyendo domicilio a los efectos legales en Calle Freyre 1.303, de esta ciudad, me presento ante el Sr. Fiscal Regional y respetuosamente digo:                                                                   

                                                  I  )  

                                                  Que vengo por este acto, en tiempo y forma de ley;  y en ejercicio de las facultades conferidas por el Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia y Leyes sancionadas al efecto a formular FORMAL DENUNCIA PENAL  contra el Sr. Fiscal de Distrito en funciones, Dr. ALDO GEROSA , cuyos demás datos filiatorios desconozco, por la Comisión del Presunto delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS Y/O INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO , previsto y penado por los arts. 248 y 249 del Código Penal Argentino y/o de los delitos que puedan surgir del curso de la investigación,  conforme a los hechos y probanzas que se adjuntan en este acto y las que se arrimarán oportunamente a esta causa en el curso de la Investigación. Todo ello en base a los siguientes hechos:

                                                  II ) HECHOS : 

                                                   En fecha 23 de Marzo de 2.017, a las 9:47 hs.,  presento un escrito ante el M.P.A., Seccional Reconquista por el cual el Sr. NICOLAS PANIAGUA , DNI Nº 35.294.784, con domicilio real en Bº El Paraisal, Comunidad Aborigen Cacique Colashi, de la localidad de Los Laureles, provincia de Santa Fe, me designa como nuevo Abogado Querellante en la Causa: FUMO, ROBERTO Y OTRO S. DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS” , CUIJ  Nº 21 – 06427132 – 3 , que se tramita ante la Unidad Fiscal de la localidad de Reconquista, Santa Fe y cuyo Fiscal a cargo de la investigación es precisamente el Dr. Aldo Gerosa.

                                                    Ante la falta de respuesta por parte de ese Ministerio, más precisamente, de quien tiene a su cargo la investigación, presento un nuevo escrito en fecha 27 de Marzo de 2.017, a las 12:16 hs., por el cual solicito la incorporación de un CD donde se podía observar en las placas fotográficas contenidas en él, las funciones que se le asignaba al UNIMOG  adquirido por la Comunidad Cacique Colashi en el Establecimiento LAS GAMAS , Jurisdicción del Departamento Vera, de la provincia de Santa Fe, a la par que solicito se  cite a entrevista al Sr. ENZO ADELQUI VALLEJOS , quien ostentaba el cargo del Servicio de Emergencias ( 107 ) en ese momento. En ese mismo escrito, solicito que las notificaciones se realicen en forma electrónica al Correo: lucioalcides_v hotmail.com , donde serían validas todas las notificaciones que emanaran de esa Unidad Fiscal y que estén relacionadas con la causa que se investiga.

                                                     No obstante ello, y ante la falta de notificación por parte de la fiscalía sobre la determinación que ha tomado, en fecha 29 de Marzo de 2.017, presento un nuevo escrito denunciando un nuevo domicilio procesal en Calle Freyre 1.303, circunstancia ésta que solo vendría a complementar la probable notificación por Cédula o u otro medio, menos el electrónico, ya que el mismo ha sido solicitado con el escrito de fecha 27 de Marzo y donde serían validas todas las notificaciones, conforme obra agregado en escrito original con firma y sello de mi patrocinado, que por este acto adjunto. Solicito nuevamente en ese escrito, se me corra vista de estas actuaciones a fines de imponerme del contenido del mismo, a los fines de peticionar lo que en derecho correspondía. Ese escrito, lo presento “ motu propio  ”, atento a que, consideraba que ya se me había otorgado la calidad de Abogado Querellante en esta causa.

                                                    En el primer escrito de fecha 23 de Marzo mi patrocinado había solicitado que se suspendieran todos los plazos procesales que estuvieran corriendo y se dejaran sin efecto todas las audiencias fijadas , hasta tanto me impusiera del contenido de las actuaciones, atento a que, los Requisitos de la Instancia de Constitución de Querellante ya había sido presentada por los abogados a los cuales por ese mismo escrito revocaba todo otro poder o participación que ha sido otorgado con anterioridad.

                                                    Para mi sorpresa y ante la incertidumbre de saber que es lo que había pasado con mi presentación como patrocinante, concurro igualmente a la Audiencia que, según mi potencial cliente, debía celebrarse en fecha 31 de Marzo a las 10 hs. Me presento a las Oficinas de la Gestión Judicial a averiguar si de la Fiscalía habían mandado mis presentaciones para constituirme como Querellante, manifestándome que no había ninguna presentación por parte de la Fiscalía en esa Oficina, por lo tanto, no me había constituido como Querellante en la causa.

                                                    Ante esta situación, no me quedo otra alternativa que alejarme de la Sala de Audiencia atento a que, no se me había tenido como nuevo Abogado Querellante en la causa.

                                         Posteriormente, me entero por los medios de comunicación que, el Sr. Nicolás Paniagua había negado que la firma inserta al pie de mis escritos, no habían sido puestas por él, quizás, aconsejados por sus abogados querellantes, quienes pretendían, pretendieron y pretenderán continuar como abogados querellantes y/o tal vez por el propio Fiscal.

                                         Esto es, en prieta síntesis, los hechos tal como ocurrieron.

                                         III ) LA CONDUCTA. DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y DEL CODIGO PENAL ARGENTINO. ASPECTO LEGAL. EL DELITO: 

                                        El art. 96 del nuevo Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia expresamente establece que: “ La instancia será presentada con copia para cada querellado ante el Fiscal de Distrito interviniente, quien expresando si acepta o rechaza el pedido, lo remitirá sin demoras al Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria. El Tribunal convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo de cinco días, y decidirá de inmediato. Si admite la Constitución de Querellante, le ordenará al Fiscal que le acuerdo la intervención legal correspondiente  ”.

                                        Ahora bien, hay que diferenciar debidamente lo que es el Acto de Constitución de Querellante en una causa, de lo que es el “ cambio  ” de Abogado Querellante en una Querella ya Constituida. El querellante es, en el caso de autos, el Sr. NICOLAS PANIAGUA , quien actúa como miembro y como Coordinador de la Comunidad Aborigen Cacique Colashi y los abogados querellantes serían Ghio y Ramseyer. Es una sensible y a la vez categórica diferencia entre un Instituto Procesal y quien la ejerce.

                                        Obviamente, el procedimiento establecido por el mencionado articulado debe necesariamente aplicarse al momento en que, el Querellante, pretenda cambiar de abogado Querellante , lo que pretendió deducirse en autos.  

                                         Ergo, lo que debió hacer el Sr. Fiscal interviniente en la causa, Sr. Aldo Gerosa, es remitir a la Oficina de Gestión Judicial la solicitud presentada por el Querellante solicitando el cambio de profesional interviniente y el Juez de la I.P.P., era quien debía decidir si admitía o no, al nuevo Abogado Querellante, debiendo notificar a esta parte, mi comparecencia a los efectos de la toma DE POSESION DEL CARGO , obviando la celebración de la Audiencia de Constitución que ya había sido realizada oportunamente. También el Juez de la I.P.P., debía notificar a la defensa del nuevo Nombramiento a los efectos de oponerse o no al mismo.

                                                  Pese a los reiterados escritos presentados por mi parte solicitando notificación de lo que había decidido respecto a la presentación efectuada por el Querellante, solicitando el cambio del profesional, el Sr. Fiscal ha obviado e incumplido un elemental requisito exigido por la ley procedimental “ de anoticiarme ”  de lo resuelto a los fines de cumplimentar con los recaudos exigidos por el titular de la Acción Publica para constituirme como abogado querellante del Sr. NICOLAS PANIAGUA .  

                                                 a )  En ningún momento desde la presentación del primer escrito fechado el 23 de Marzo de 2.017 hasta la celebración de la Audiencia fijada para el 31 de Marzo de ese mismo mes y año, el Sr. Fiscal se expidió sobre mi presentación patrocinando al Querellante. No existe ninguna constancia en la causa donde se prueba que me ha notificado de lo resuelto en su oportunidad . Es más, hasta hoy día, desconozco lo que ha resuelto respecto a mi presentación ya que no he tenido acceso al Legajo, lógicamente por no ser parte del mismo  y por no haber sido tenido como nuevo Abogado Querellante.

                                                  Me entero a través de los medios  que no había hecho lugar a mi presentación por falta de pago de aportes legales ( Boleta de Iniciación de Juicios – Sede Penal ) y que me faltaba el poder que me había otorgado el Sr. NICOLAS PANIAGUA  para que fuera procedente mi presentación, manifestando en algunos medios radiales que mi presentación era un “ mamarracho  ” ( sic ), expresiones éstas que, no condicen con la categoría de funcionario que es y a la Institución que representa.

                                                  El Fiscal Gerosa no distingue debidamente un Acta de Constitución de Querellante a un cambio de profesional que represente al Querellante. En el 1º caso se debe abonar Boleta de Iniciación en Sede Penal en el segundo caso, no lo debe hacer porque la Boleta de Iniciación seguramente ha sido abonada por los “ abogados ”querellantes a los cuales debía remover por pedido expreso del Querellante. 

                                                  En el peor de los escenarios, si realmente se debía abonar la Boleta de Iniciación de Juicios en sede Penal, el Sr. Fiscal hubiera comunicado esa decisión por los medios que establece el Código de Procedimientos Penal de nuestra provincia.

                                          El art. 147 expresamente establece: “ Las Resoluciones, citaciones, emplazamientos, vistas y traslados se comunicarán por medios electrónicos de conformidad con las normas prácticas que disponga la Corte Suprema de Justicia ”. Las normas prácticas deberán asegurar que las comunicaciones se hagan a la brevedad, sin excesos formales y ajustadas a los siguientes principios :

1º ) Que transmitan con claridad y precisión y en forma completa el contenido de la Resolución o de la actividad requerida  y las condiciones o plazos para su cumplimiento.

2º ) Que contengan los elementos necesarios para asegurar su defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes .

3º ) Que adviertan suficientemente al imputado o a la víctima cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto a un plazo o condición.

No obstante las normas prácticas dictadas, las partes podrán acodar expresamente en cada caso una modalidad de comunicación efectiva de acuerdo con las posibilidades técnicas a las que ellas tengan acceso  y el Juez o Tribunal ( Según Texto Ley 13.405, B.O. 13/02/2014 ).

                                                Este articulado prevé expresamente la “ forma  ” en que debía notificar la resolución recaída en el Legajo. Es más, en el escrito fechado en 27 de Marzo a las 12:16 hs, se solicita expresamente que las notificaciones se me realicen en forma electrónica, conforme lo establece el Código de Procedimientos.  Lo que, tiene un exacto correlato con la última parte del art. 147, cuando dice “… de acuerdo a las posibilidades técnicas a las que ellas   ( las partes ) tengan acceso ..”

                                                Llamativamente, y ante un desesperado intento de justificar su anómalo proceder, manifiesta en la Resolución Fiscal enviada al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial que se me ha notificado verbalmente, no existiendo norma alguna dentro del Código de Procedimientos esa modalidad de notificación . Ello contraría las más elementales normas procesales. No existen resoluciones, citaciones, vistas o emplazamientos de ninguna naturaleza que puedan o deban ser notificadas verbalmente, menos aún, como el manifiesta, dejando constancia en Secretaría.

                                               Los modos o formas de notificaciones están expresamente establecidos en el Código de procedimiento Penal  en su art. 147 y no es necesario recurrir al Código de Procedimientos Civil de ninguna manera y bajo ningún punto de vista, ya que éste es aplicable solamente en caso de silencio u obscuridad , o cuando exista un vacío o laguna  dentro del mismo Código de Procedimiento Penal.

                                                  Por lo tanto, jamás fui notificado de ninguna Resolución emanada del Fiscal que interviene en la causa por los medios que, de acuerdo a las normas procedimentales, debía hacerlo, constituyendo éste un obrar típico, antijurídico y culpable por parte de este funcionario, subsumiendo esa conducta en las previsiones del tipo Penal, contenidas en el art. 249 del Código Penal Argentino. 

                                                 b ) También afirma el Dr. Gerosa que no se ha presentado el Poder por el cual se me enviste en la calidad de Querellante . Esta afirmación rayana con la ignorancia, deja entrever el desconocimiento por parte del Sr. Fiscal de las normas que regulan el Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia.

                                                 El art. 94 del Código de Procedimiento Penal expresamente determina: “ …La instancia deberá formularse personalmente  “o” por representante con poder especial, y en su caso con patrocinio letrado …”.

                                                 Llama poderosamente la atención que el Sr. Fiscal no haya dado curso a la solicitud de cambio de abogado representante de la querella, aduciendo que debía acompañar el respectivo poder para representar. Es algo que escapa a todo lo que pueda ser razonable.

                                                 Es más, en el escrito de iniciación de constitución de la Instancia el Sr. NICOLAS PANIAGUA  ha solicitado ser tenido como Querellante con un escrito “con patrocinio letrado”  de los Dres. ANDRES ATILIO RAMSEYER y ANDRES SANTOS GHIO , según constancias que obran en el respectivo legajo y que fueron proporcionadas por el mismo Querellante al suscripto. Obviamente, el Sr. Fiscal ha omitido realizar UNA ACTO PROPIO DE SUS FUNCIONES  a sabiendas, ya que de lo contrario hubiera dado lugar a la petición de cambio de Abogado solicitado por Paniagua.

                                              El Sr. Fiscal desconoce los más elementales principios del Nuevo Código de Procedimientos, no entendiendo que, una persona ofendida por un Delito puede presentarse personalmente con Patrocinio Letrado, tal como expresamente lo establece el nuevo Código de Procedimientos en su art. 94 cuando dice: “… La instancia deberá formularse personalmente …. Y en su caso, con patrocinio letrado… ”. ( …El modo como debe ser introducida la solicitud de Instancia puede ser por el propio ofendido – o quien pueda constituirse como tal – o por Mandatario munido del respectivo poder para tal acto, indicando en el mismo la/s persona/s y delito/sa denunciar y/o a querellar…) ( Tribunal de Casación Penal, Sala III 15/10/2002, L.L 2003, pagina 586, fallo citado en Bertolino, cit. Pag 132 ) Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado, Ley 12.734: Daniel Erbetta – Tomas Orso – Gustavo Franceschetti – Carlos Chiara Diaz, comentario art. 94 del C.P.P. de Santa Fe, Pgs. 242-243. EDITORIAL ZEUS – ROSARIO – Abril 2.008. 

                                                          Independientemente del error conceptual en que incurre el Fiscal al no diferenciar una cosa de la otra, en todo momento debió notificarme de la Resolución que ha tomado ante mis reiteradas presentaciones .

                                                          Si el Sr. Fiscal hubiera tomado la decisión de no dar curso a mi petición de designación como nuevo abogado de la Querella aduciendo que, previo a la nueva designación, debía cumplimentar con el pago de la Boleta de Iniciación de Juicios en Sede Penal, así lo hubiera notificado formalmente o por algunos de los medios establecidos por el Código de Procedimientos , de acuerdo a lo que expuse anteriormente.

                                                         c ) En la Resolución Fiscal de fecha 19 de junio de 2.017 el Sr. Fiscal expresamente afirma: “ Que, por otro lado, notificado verbalmente el día 27 de marzo de lo ordenado por este fiscal, previo a la presentación del escrito de ese día y según consta en informe de la Secretaría de la Unidad Fiscal anticipado al suscripto por dicha funcionaria, nunca concurrió a cumplir con las disposiciones que se le hicieron, ni a notificarse del avance de la IPP, no concurrió a ninguna audiencia, no reclamó frente a lo ordenado por el fiscal (consintiéndolo así), no realizó ningún acto de ejercicio profesional ni de asistencia a la parte que él mismo decía representar ”.

                                                           Es llamativa las afirmaciones del Sr. Agente Fiscal en primer lugar cuando afirma que me ha “notificado verbalmente de lo ordenado por este fiscal ” . No existe en ninguna disposición del Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia que las notificaciones puedan ser hechas en forma verbal. Es increíble que un funcionario que ocupe ese tan importante cargo quiera esgrimir como defensa o acusación, manifestar que ha notificado “ verbalmente  ”. En mis casi 30 años de profesión jamás he escuchado ni leído en ningún Código de Procedimiento del país, que las resoluciones de un Fiscal sean notificadas en forma verbal. Salvo, los informes “in voce ”, de los antiguos Procedimientos civiles. 

                                                            ….y según consta en informe de la Secretaría de la Unidad Fiscal anticipado al suscripto por dicha funcionaria… 

                                                            Realmente esta afirmación es un intento desesperado de salvar el grosero error, cuya intencionalidad es más que manifiesta. Quién sabe con que supuestas y oscuras intenciones no ha permitido mi participación como nuevo abogado de la querella. Tal vez unido a un firme propósito de buscar una pena que deje bien parado a los imputados para reflejar una imagen política del gobierno de turno de permanecer indemne a los ya imparables hechos de corrupción.

                                                           Seguimos analizando lo vertido por el funcionario en su escrito de Resolución Fiscal: 

                                                            “ …nunca concurrió a cumplir con las disposiciones que se le hicieron, ni a notificarse del avance de la IPP, no concurrió a ninguna audiencia, no reclamó frente a lo ordenado por el fiscal (consintiéndolo así), no realizó ningún acto de ejercicio profesional ni de asistencia a la parte que él mismo decía representar ”.

                                                             Analicemos punto por punto: nunca concurrió a cumplir con las disposiciones que se le hicieron, ni a notificarse del avance de la IPP. 

                                                 Con esta afirmación, el fiscal pretendía que, me presente a notificarme del avance de la I.P.P. Es llamativamente increíble que quien se considera fiscal desconozca que las Actuaciones son secretas para quienes no son parte en el proceso. El art. 258 del C.P.P. de nuestra provincia es claro cuando expresa taxativamente que: “… Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tengan expresa autorización para conocerlo …”.

                                                     Obviamente, se deduce que, hasta que no sea tenido por Abogado Querellante, no soy parte del proceso y, por ende, me estaba totalmente vedado la posibilidad de tener acceso a las actuaciones. El llamativo el desconocimiento de la ley procedimental por parte del Sr. Fiscal.

                                                        “… no concurrió a ninguna audiencia, no reclamó frente a lo ordenado por el fiscal (consintiéndolo así)…”

                                                        Mi parte no entiende a que audiencia tenía concurrir si no era parte en el proceso. Realmente y, pese a los reiterados reclamos de ser tenido por parte, intencionalmente, no ha remitido el escrito de solicitud de cambio de profesional, tal como lo solicitaba el querellante en los varios escritos presentados.

                                                     Por último: “…no realizó ningún acto de ejercicio profesional ni de asistencia a la parte que él mismo decía representar... ”.

                                                     Jamás pude ejercer ningún acto de ejercicio profesional ni de asistencia a mi pretenso representado, sino tenía la intervención legal que me correspondía, ya que, para ello, debía remitir el escrito a la Oficina de Gestión Judicial y el Juez de la I.P.P debía otorgármela conforme a derecho.

                                                      A partir de ese momento y de acuerdo a lo expresado por el art. 96, el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, debía ordenarle al Fiscal se me otorgue la participación como querellante. ( ult. Párrafo art. 96 del c.p.p. ).

                                                       Es decir, Sr. Fiscal Regional, el Agente Fiscal interviniente en la causa mencionada obvió e incumplió, ilegalmente omitió, rehusó hacer y retardó intencionalmente un acto cuyo cumplimiento le correspondía realizar , encuadrando esa conducta en las previsiones del art. 248 y 249 del C.P.A.

ASPECTO LEGAL. EL DELITO. APLICACIÓN DEL ART. 248 DEL C.P.A. SUBSIDIARIAMENTE SOLICITA APLICACIÓN DEL ART. 249 DEL MISMO CUERPO LEGAL  

                                                    La conducta anteriormente descripta, encuadra en las previsiones legales de los arts. 248 y 249 en concurso ideal, subsumiendo el mismo en los elementos objetivos y subjetivos de ambos tipos penales mencionados.

                                                    Para una mejor armonización de los conceptos que se vertiran en el presente, es necesario aclarar los lineamiento claros y precisos de ambas figuras delictuales. Para ello es necesario distinguir los elementos constitutivos y distintivos de cada figura penal, a los efectos de conocer si la conducta desplegada por el Fiscal Aldo Gerosa se subsumen en uno u otro delito y, si por el contrario se pueden aplicar ambos, en concurso ideal, debido a las características de la conducta en análisis.

                                                    A simple vista podría endilgársele al denunciado en autos la no ejecución  de leyes cuyo cumplimiento les incumbe, que consiste en omitir cumplir con la  ley,  infringiendo  de  esta  manera  con  su deber  de  funcionario  público  y afectando  el  funcionamiento  de  la  Administración  Pública,  a  la  sazón  bien jurídico  enunciado  en  la  norma.    Dicha  conducta  desplegada  debe  ser dolosa,  de  manera  que  quede  de  lado  toda  conducta  negligente,  ya  que  el tipo penal contenido en el art. 248 del código de fondo, exige la presencia de ese   tipo   subjetivo ,  es   decir,   que   el   funcionario   público   haya   tenido conocimiento  de  estar    realizando  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  del tipo objetivo , por lo que esto no radica en la simple extralimitación objetiva sino en el conocimiento de esa extralimitación lo que configuraría entonces el aspecto subjetivo , que es precisamente el límite demarcatorio que separa el  abuso  de  autoridad  e  incumplimiento  de  los  deberes  de  funcionario público,   de   la   simple   irregularidad   funcional. 

                                                    Si   trasladamos   este razonamiento   al   accionar   de  Gerosa puede observarse que se le puede reprochar el perfecto conocimiento que no realizó ( dolo por omisión ) la conducta que describe la Ley que debía realizar en ese momento y ante el requerimiento de mi parte de ser tenido como nuevo Abogado Querellante del Sr. Nicolás Paniagua.

                                               Por otra parte, cabe traer al caso en análisis una distinción que hace Sebastián Soler entre dos tipos penales que permite comprender claramente la conducta reprochable del artículo 248, que prevé la   violación   o   el   incumplimiento   de  disposiciones  expresas   de   la  ley, mientras  que  el  artículo  249  contempla  el  incumplimiento  genérico  de funciones administrativas, agregando que, “en el primer caso el hecho debe siempre  revestir  los  caracteres  de  malicia  señalados  para  la  figura  general, mientras que para el otro parece bastar la incuria, el retardo, la negligencia en  el  desempeño  de  la  función ”. Asimismo, para  Molinario  y  Obarrio  en el artículo  249  se  omiten  actos  concretos,  por  eso  el  hecho  es  menos  grave, mientras que en el artículo 248 la negativa es global, en cuanto a su función, y por ello de mayor gravedad.

                                             Es mayoritaria la doctrina y jurisprudencia al sostener que: “el tipo penal está destinado a sancionar el dictado por parte de  funcionarios  de  relevancia  de  resoluciones  u  órdenes  contrarias  a  las constituciones  o  leyes  nacionales  o  provinciales,  o  a  la  inejecución  cuyo cumplimiento  les  incumbiera ,  y  no  el  mero  incumplimiento  de  funciones administrativas.

                                             Es por ello que, no se puede determinar en esta instancia “ a priori  ” la real malicia, dolo o intencionalidad en la Conducta de Gerosa y ello dependerá no solo de la actividad procesal del investigador y eventual querella, sino que también del dolo ( en cualquiera de sus formas ) debe ser necesariamente probados, so pena de resultar aplicable solamente la figura delictual prevista en el art. 249 del Código Penal.

                                             Pero, sigamos viendo las sensibles y a la vez trascendentes diferencias entre ambos tipos penales:

                                               “ El art. 248 del Código Penal Argentino reprime con Prisión de a 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare Resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes Nacionales o Provinciales o ejecutare las órdenes o Resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere…”

                                                  Las tres ( 3 ) conductas típicas a las que se refiere el art. 248 son: a ) Dictar órdenes o resoluciones contrarias a las constituciones, o a las leyes nacionales o provinciales; b ) ejecutar órdenes contrarias a dichas disposiciones y c ) no ejecutar leyes cuyo cumplimiento le incumbiere .

                                                  Obviamente, el último párrafo del art. 248 del C.P., consideramos aplicable a la conducta de Gerosa. Pero, como ya lo afirmáramos anteriormente, dependerá de las probanzas que se arrimen a la causa.

                                                   Conforme lo expresa Laje Anaya, para que el funcionario pueda cometer esta infracción debe obrar dentro del ámbito de sus funciones. ( Laje Anaya Comentarios al Código Penal, Tomo III, Pag. 77  ).

                                                     “ El delito de Violación de los deberes de funcionarios públicos supone en la conducta del incriminado – por acción u omisión – , la conciencia del fraudem legis, excluyente del error y de la culpa, el dolo es esencial en la configuración del delito  ” ( Cam. Fed. Córdoba, Sala “A” 28/11/95 LLCord, 1995/1996 , Cámara del Crimen Corrientes, Capital, CCrimCorrCap, Fallos II -467, También Fontán Balestra, Tratado, Tomo VII, pag. 233 ).

                                                      El Sujeto activo  debe ser un funcionario que, además, tiene que actuar en sus funciones. ( Debe ser un funcionario legalmente responsable de la resolución u orden : Oderigo, Código Penal Anotado, p. 322 y Moreno El Código Penal y sus antecedentes, T. VI, P. 177 ).

                                                      El sujeto Pasivo  es el Estado, pero sin que ello excluya la posibilidad de que el perjudicado resulte ser un particular ( Soler ).

                                                       Es un delito doloso que, en sus dos primeras formas, admite la tentativa, aunque Fontán Balestra opina que no ( Fontan Balestra Tratado, t. VII, pag. 232 ), pero tiene razón Núñez ( Núñez, Derecho Penal, Tomo VII, p.77 ). No se requiere Daño efectivo. El Dolo debe abarcar el conocimiento de la ilegalidad de la orden o resolución. ( Omar Breglia Arias – Omar R. Gauna, Código Penal y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado, Tomo II, 6º Edición actualizada y ampliada, pags. 693 y 694 ).

                                                         Sin embargo,  “ …Para que se configure el Delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público contemplado en el art. 249 del Código Penal Argentino que reprime al Funcionario Público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto de su oficio, éste debió haber obrado con conocimiento de que retardaba un acto de su función pública… ” ( CNCrimCorrFed, Sala I, 12/06/00. LL,2001 – B- 552 ).                                      

                                                  Los precedentes legislativos marcan la diferencia entre esta conducta y la del art.  248. Mientras que los supuestos de este último se refieren a la violación o incumplimiento de disposiciones expresas de un texto legal, el art. 249 comprende el incumplimiento de las funciones administrativas del cargo.

                                                   En la figura específica del art. 249 las acciones son: omitir, rehusar y retardar .

                                                    La diferencia entre omitir y rehusar  está en que, quien rehúsa, se niega ante una interpelación legítima por parte interesada o por orden de autoridad. Se viola el mandato que impone la realización de una conducta. Sin embargo, el tipo no se dará si el autor se rehúsa al principio y realiza después el acto, dentro del término.

                                                    En cuanto a la omisión,  ésta ha de ser cometida ilegalmente, y con conocimiento de esa circunstancia.

                                                    En cambio, retardar  es no hacer a su debido tiempo. El acto debe ser competencia del funcionario.

                                                    Es un delito de propia mano; el autor debe ser funcionario público y se consuma aunque no se produzca un perjuicio a la Administración Pública ( Oderigo, Código Penal Anotado, pag. 304, Nota 1.256 ). Por eso puede considerarse que es un Delito de simple actividad y, en consecuencia, no admite tentativa. Es además un ilícito doloso ( En el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario Público se requiere por parte del sujeto activo una actitud dolosa en la omisión de un acto propio de sus funciones . ( Omar Breglia Arias – Omar R. Gauna, Código Penal y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado, Tomo II, 6º Edición actualizada y ampliada, pags.695, 696 y 697 ).

                                                       En síntesis, los autores han discutido acerca de la diferencia entre una y otra figura penal. Si se trata de un acto de autoridad, se dará el art. 248; sinó, el art. 249  del C.P.A.

                                                      Es por ello que, no se puede determinar “ a priori  ” y en esta instancia, si la conducta del Sr. Aldo Gerosa, se subsume en una u otra figura delictiva, ya que la aplicación de las mismas dependerá de lo que pueda probarse durante el curso de la investigación.

                                                   IV  ) OFRECE PRUEBAS :

                                                   El art. 159 del C.P.P. de nuestra provincia establece que : “todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso podrán ser acreditados por cualquier medio de pruebas, salvo las excepciones previstas por la ley. Todo medio de prueba, para ser admitido, deberá referir directa o indirectamente al objeto de la averiguación”. Es decir, existe una amplia libertad probatoria en el Nuevo sistema procesal vigente.

1.- ) DOCUMENTALES :

A ) Escrito presentado en fecha 23 de Marzo de 2.017, a las 9:47 hs, ante el M.P.A., por el cual se solicita se nombre nuevo Abogado Querellante. Suscribe dicha petición el Sr. NICOLAS PANIAGUA , DNI Nº 35.294.782, con patrocinio letrado del suscripto LUCIO ALCIDES VALLEJOS . En ese mismo escrito se solicita que se revoque todo otro poder o participación otorgado con anterioridad. También se peticiona que se suspendan todos los plazos procesales que estuvieren corriendo y se dejaran sin efecto todas las audiencias fijadas, hasta que se tomara conocimiento del contenido de la causa.

B ) Escrito presentado en fecha 27 de Marzo de 2.017, a las 12:16 hs. Por el cual se ofrece como prueba un CD y se solicita se cite a entrevista al Sr. ENZO ADELQUIS VALLEJOS . Se solicita, en ese mismo escrito que las notificaciones que deban realizarse al correo electrónico lucioalcides_vårrobahotmail.com , donde serían válidas todas las notificaciones.

C  ) Escrito presentado en fecha 29 de Marzo de 2.017 y por el cual se constituye nuevo domicilio legal y se solicita nuevamente vista de las actuaciones, a los efectos de peticionar lo que en derecho corresponda.

D  ) Fotocopia simple de Exposición realizada ante la sub comisaría II, de la localidad de Los Laureles de extravío de documentación, a los fines de realizar sobre original Pericial Caligráfica en subsidio.

E ) CD conteniendo grabaciones de lo expresado por el Dr. ALDO GEROSA  en los medios, en cantidad de DOS ( 2 )  grabaciones. El 1º de Ellos grabado en el Programa de Ester Lutz – GENTE DE DIEZ  – y, el segundo Grabado en el programa de Gustavo Raffin – RECONQUISTA HOY .  

F ) Solicito se remitan “ad effectum vivendi et probandi ” y si el estado de la causa lo permitiere, el legajo caratulado: FUMO, ROBERTO Y OTRO S. DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS” , CUIJ  Nº 21 – 06427132 – 3 , con el cargo de su oportuna  devolución.

2.- ) DE RECONOCIMIENTO : Cítese al Sr. NICOLAS PANIAGUA , DNI Nº 35.294.782, con domicilio real en Bº Paraisal, Comunidad Aborigen “Cacique Colashi”, de la localidad de Los Laureles, provincia de Santa Fe, a fin de que proceda a reconocer o desconocer los escritos nombrados en las pruebas Documentales anejadas en el punto A y B, del Punto anterior. En ese mismo Acto deberá proceder a reconocer o desconocer si la firma inserta al pie de los escritos mencionados le pertenecen.

3.- ) PERICIAL CALIGRÁFICA SUBSIDIARIA : Solicito que, en caso de desconocimiento de las firmas insertas al pie de los escritos mencionados en los puntos A y B, de las Documentales ofrecidas, se proceda a realizar una PERICIAL CALIGRAFICA  fin de determinar si las firmas insertas en los mencionados documentos le corresponden. Se tomará como prueba indubitable la Exposición por extravío de Documentos suscripto por el Sr. NICOLAS PANIAGUA , en la Comisaría de Los Laureles en fecha 22 de Febrero de 2.017, a las 10:00 hs, suscripta ante la Sub comisaría II, de la UNIDAD REGIONAL IX . Acompaño en fotocopia dicha documental, debiendo solicitar a la mencionada dependencia policial copia de la misma o solicitar la remisión del original obrante en el CUIJ  que diera lugar a estas actuaciones.

4.- ) TESTIMONIAL : Se cite al Sr. NICOLAS PANIAGUA , DNI Nº 35.294.782, con domicilio real en Bº Paraisal, Comunidad Aborigen “Cacique Colashi”, de la localidad de Los Laureles, provincia de Santa Fe, a fin de prestar Declaración Testimonial ( entrevista ), solicitando se otorgue plena participación al denunciante a intervenir en la audiencia a los fines de realizar las preguntas y aclaraciones correspondientes.

5.- ) DE INFORMES : a ) Líbrese oficio a Radio FM Ideal 94.9, a fin de que se sirvan remitir Audio del día Jueves 22 de Junio, donde el Fiscal Gerosa, se manifiesta sobre la participación del suscripto en el CUIJ  objeto de esta investigación. El programa referenciado es conducido por el Sr. LUCIANO MASCALI.  b ) Líbrese Oficio a la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, a fin de que informen si el Fiscal Aldo Gerosa, fiscal actuante en este CUIJ  ha enviado en alguna oportunidad los escritos que fueron presentados por el suscripto, patrocinando al Sr. NICOLAS PANIAGUA .

                                                  Me reservo el derecho de solicitar todas aquellas pruebas que sean conducentes a la investigación y que serán propuestas oportunamente por mi parte. 

                                                   V  ) PETITORIO :

                                                    Por lo anteriormente expuesto, al Sr. FISCAL REGIONAL MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION  solicito:

1.- ) Tenga por presentada Formal Denuncia Penal contra el Sr.  ALDO GEROSA , cuyos demás datos filiatorios desconozco, fiscal actuante en el legajo: FUMO, ROBERTO Y OTRO S. DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS” , CUIJ  Nº 21 – 06427132 – 3 , en trámite ante esta Unidad Fiscal  por la Presunta comisión de los Delitos de Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos y/o Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos y/o aquellos delitos que pudieran surgir del curso de la investigación, en base a los hechos narrados, legislación citada, Jurisprudencia y Doctrina expuestas.

2.- ) Tenga presente las pruebas ofrecidas en esta instancia las que serán ampliadas durante el curso del proceso.

3.- ) Elévese esta Denuncia ante la Auditoría de la Provincia de Santa Fe, a los efectos que ordene una investigación y/o determine el Fiscal que estará a cargo de la investigación.

4.- ) Solicito expresamente que las notificaciones, vistas, traslados y/o toda resolución tomada en la causa, se notifique a través de mi correo electrónico que ya figura ante esta Unidad Fiscal.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA

Abogado Lucio Vallejos

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