Los jueces de cámara Alejandro A. Román, Beatriz A. Abele y Lorenzo J. M. Macagno, resolvieron revocar la sentencia que había sido materia de revisión y dispusieron el rechazo de la demanda en su totalidad, e impuso pagar las costas de ambas instancias al Dr. Fáriz.
Antecedentes
El 06 de marzo de 2006, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que presidió la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, lo había destituido a Eduardo José María Fáriz del cargo de Juez Federal de Reconquista en decisión unánime, teniendo en cuenta entre otras cosas que "la actividad del juez se desarrolló fuera del cauce ético y legítimo" y que con su accionar a favor de narcotraficantes, en connivencia con abogados, "menoscabó el prestigio del Poder Judicial".
Echado como juez, Fáriz quiso retomar el trabajo de abogado y el 20 de marzo de 2006 pidió al Colegio que le rehabilite la matrícula, lo que le fue denegado basándose en la falta de idoneidad ética requerida, utilizando argumentos de la sentencia que lo había destituído. Eso ocurrió el 11 de abril del mismo año, cuando era presidente de la institución el Dr. Elvio Dalla Fontana.
Fariz recurrió al Poder Judicial y consiguió que la Cámara Penal de Vera lo habilite a trabajar como abogado. Con ese éxito, en el año 2010 inició una demanda por daños y perjuicios contra el Colegio de Abogados de Reconquista que lo privó de trabajar.
Pidió ser resarcido económicamente por daño moral y lucro cesante durante 14 meses.
En fallo de primera instancia, la jueza Margarita Cismondi dispuso que debían resarcirlo con $10.000.- por daño moral y $56.000.- por lucro cesante, más intereses y costas correspondiente. Apelaron y la Cámara volvió a darle la razón en fallo dividido. A favor de Fariz habían votado Aldo Pedro Casella e Ignacio Torterola (quien actuó como conjuez), y en disidencia, María Eugenia Chapero.
El Colegio de Abogados recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que anuló el fallo y dispuso que otro tribunal vuelva a ocuparse del caso y dicte sentencia, que es lo que ocurrió ahora: en fallo unánime, los jueces de cámara Alejandro Román, Beatriz Abele y Lorenzo Macagno, resolvieron revocar la sentencia que había sido materia de revisión y dispusieron el rechazo de la demanda en su totalidad, e impuso pagar las costas de ambas instancias al Dr. Fáriz.
Los magistrados recuerdan que "el ejercicio de la profesión está especialmente regulado y fiscalizado por el Estado, a cuyo fin instituyó colegios de abogados en los que delegó el gobierno de la matrícula con la obligación de cuidar el decoro del foro y de la magistratura" (art. 297 L.O.P.J.) y que en su demanda, Fáriz "omitió considerar que "la resolución denegatoria fue dictada por el Colegio en cumplimiento de una carga-deber (arts. 293, 291 y 297 L.O.P.J.) dentro del margen de lo jurídicamente opinable y que por lo mismo su revocación o anulación no genera responsabilidad civil, ya que la vida en comunidad institucionalmente organizada necesariamente genera molestias y limitaciones a los derechos, que se deben soportar sin resarcimiento alguno en pro de los valores de convivencia, en tanto no se padezcan abusos o arbitrariedades" y "que se presenta como razonable que quien fue tan severamente descalificado por el Tribunal de Enjuiciamiento en base a conducta escandalosa en la función judicial, no sea admitido en el ejercicio de la abogacía y que por el contrario lo irrazonable es que no se tenga en cuenta su deshonestidad y su inhabilidad de cumplir con las cargas funcionales anexas a la habilitación profesional".
Recuerda también el tribunal la opinión de la Dra. María Eugenia Chapero, que Fáriz no tenía razón porque habla de daño moral siendo que "fue su misma conducta carente de ética la que generó el daño que ahora reclama", lo que comparten plenamente los tres jueces de cámara.
Los camaristas dan gran importancia al rol de los Colegios de Abogados, lo que observan "magníficamente reflejado en un párrafo de la Declaración de la Coadem (Consejo de Ordenes y Colegios de Abogados del Mercosur) con relación a un Decreto del Supremo de Bolivia (N.0100 10 del 29.04.2009) que afectaba la abogacía boliviana “…Que, los Colegios de Abogados se sitúan como instituciones de la sociedad civil del Estado Democrático y de Derecho de carácter social que tienen como principal función la protección de la independencia y libertad del abogado garantizando así los derechos de los usuarios de los servicios profesionales a través de la representación y ordenación del ejercicio profesional, a través del control de acceso profesional y el ejercicio de la deontología y disciplina conectándolos con las potestades públicas que tienen atribuida, diferenciándose de otras organizaciones de base privada…”.
Remarca el tribunal a Fáriz que "ha sido su propia conducta carente de ética, decoro, probidad y honestidad la cual constituyó la causa generadora de la restricción de sus derechos subjetivos cuya reparación persigue, toda vez que es indiscutible que son las mismas virtudes éticas las exigibles tanto para abogados como para magistrados", y que las acciones de Fáriz como magistrado "revelan un intolerable apartamiento de la misión confiada, con daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura… El jurado valora debidamente la trascendencia y gravedad institucional de una medida que importa separar a un juez de sus funciones, pero adopta tal decisión en resguardo de la administración de justicia, en el convencimiento de que el Dr. Eduardo Luis María Fariz debe cesar en el cargo de juez federal y en la prestación de servicios a la Nación….”. Surge evidente que ha sido la propia conducta de Fáriz lo que a él le trajo la consecuencia de que el Colegio de Abogados le rechace el pedido de matrícula, "decisión denegatoria que lejos de constituir una discriminación prohibida o arbitraria, se sustentó en hechos objetivos de grave inconducta ética cometidos por el accionante sobradamente acreditados en el marco del juicio de enjuiciamiento de magistrados resuelto el 06.03.2006, es decir a escasos días antes de la petición de rehabilitación en la matrícula de abogado –20.03.2006– y posterior denegatoria a dicho pedido –11.04.2006–".
En cuanto al pedido de resarcimiento que hizo Fáriz por el lucro cesante en esos 14 meses que no pudo trabajar, el Tribunal sostiene en su veredicto que "no puede ser achacado al ente colegial" ya que no pidió ni medida cautelar ni pronto despacho, circunstancia que "viene a complementar la exoneración total de responsabilidad por conducta de la propia víctima".
Sostiene además el fallo que "en toda comunidad jurídicamente organizada todos sus componentes tienen el deber o carga genérica de someterse a las decisiones que se adopten en los procesos jurisdiccionales, lo cual lleva consigo la carga de soportar los daños ocasionados por una sentencia desfavorable. Este deber se concreta muchas veces, en el sacrificio que tiene que aceptar todo particular –sin indemnización- de soportar daños que le provoca el sometimiento al proceso, hasta tanto obtenga una sentencia que haga lugar a su pretensión; ello constituye un principio general del derecho cuyo fundamento reposa en la justicia legal o general que es la especie de justicia que establece los deberes de las partes con el todo social, y su límite está dado por la significación del daño, la cual debe exceder la normal tolerancia de lo que para el ciudadano común impone la vida en sociedad. Este sometimiento exige, en principio, soportar todas la consecuencias perjudiciales que ese proceso provoque en sus derechos de propiedad y libertad; más el carácter excepcional de esta responsabilidad no implica sostener la irresponsabilidad estatal".
Añade que "la remoción de un Juez por mal desempeño es un acto de tal gravedad institucional (como lo señala la sentencia del Tribunal de enjuicimiento), que conmociona de tal forma a la sociedad, conformada por ciudadanos, cuyos bienes más preciados debían ser custodiados por quien –como en el caso del destituído juez Fariz– demostró un claro desprecio y desdén por la vida, el honor, la libertad y/o el derecho de propiedad de ciudadanos sometidos a su jurisdicción que es impensable que tal acto institucional de reproche a la falta de idoneidad ética de un magistrado, carezca de efectos expansivos en otros ámbitos institucionales".
Los jueces recuerdan que los Colegios de Abogados deben velar por el “decoro” del foro y la magistratura, y en esta demanda de Fáriz, no cabe sanción ya que fue él quien "voluntariamente incurrió en conductas impuras, deshonestas, deshonradas, carentes de recato, y estima, en una actividad como la magistratura regida por los mismos patrones éticos que la abogacía", y le recuerdan a Fáriz una máxima jurídica que dice en latin: “Nemo auditur propiam turpitudinem alegans”; es decir que nadie puede alegar su propia torpeza".
Remarca el Tribunal que "la decisión denegatoria tomada por unanimidad de los integrantes del Directorio del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial debe ser ubicada en el marco de un acto administrativo derivado de la actividad lícita de un ente público o paraestatal, lo cual conlleva a la improcedencia del resarcimiento del daño moral y lucro cesante"
Con éstos argumentos, los jueces de cámara Román, Abele y Macagno, resolvieron revocar la sentencia que había sido materia de revisión y dispusieron el rechazo de la demanda de Fáriz en su totalidad, y le impuso a éste la obligación de pagar las costas de ambas instancias.
Memoria y opinión
Vale señalar que a pesar del contundente veredicto del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados que decidió la destitución de Fáriz (en un fallo histórico en el que se cita como uno de los testimonios de prueba la declaración del periodista Gustavo Raffin) el Poder Judicial nunca siguió la instancia penal ni contra Fáriz ni contra los abogados que actuaban en sintonía con él para favorecer a narcotraficantes con libertades y devolución de bienes, tal como lo sostuvo el tribunal.
Todo durmió en su expulsión y 14 meses sin poder ejercer la abogacía, como si eso fuera suficiente en medio de tanta corrupción develada en la investigación del Consejo de la Magistratura y luego en el juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados.
Solo la expulsión de un juez, sin consecuencias penales, nada mas.
Fue otro capítulo escandaloso del Poder Judicial de la Nación, sellado por el silencio cómplice de los políticos.
Así anda la República Argentina.
Gustavo Raffin - ReconquistaHOY
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