El juez de primera instancia José María Zarza no había dado lugar a la pretensión del demandante, pero al revisar la sentencia, ningún camarista dudó que hubo un perjuicio que debía reprocharse.
María Eugenia Chapero escribió la sentencia a la que se sumaron con sus votos sus colegas camaristas Aldo Pedro Casella y Santiago Dalla Fontana en la causa caratulada “Eleonori, Gerónimo Miguel C/ Estado Provincial Provincia De Santa Fe S/ J. Ordinario, Daños Y Perjuicios -Lucro Cesante Daño Moral” Expte. N° 156/2015.
La sentencia del juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por Gerónimo Miguel Eleonori contra la Provincia de Santa Fe tendiente al cobro de una indemnización de daños y perjuicios derivada de haber estado privado de su libertad ambulatoria como consecuencia de droga obtenida en un procedimiento de allanamiento efectuado por personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a la postre anulado por irregularidad por parte del entonces Juez Federal de Reconquista, Eduardo Luis María Fariz.
Para decidir el rechazo de la acción, Zarza consideró que las pruebas existentes no eran suficientes para provocar certeza de la existencia de una conducta injusta, puesto que el anterior señala que a pesar de la voluminosidad del expediente, las pruebas que adquieren importancia para resolver el litigio son las declaraciones de tres testigos que afirman que mientras era allanada por la fuerza policial la vivienda en la cual habitaba Eleonori, uno u algunos de los integrantes del operativo policial saltaron un tapial existente en un inmueble vecino para salir de ese predio con una bolsa que luego pusieron en el interior de la vivienda allanada y que tal bolsa contenía drogas, y esa fue la prueba que complicó al actor.
El juez de 1ª instancia valoró los testimonios de Ester Lutz, Amelia Feresin y Danilo Pitteri, concluyendo que “no lucen poseedores de una especial contextura de veracidad, puesto que existen contradicciones en el horario del incidente relatado del “salto al tapial” por parte del personal policial, como también en si fueron dos policías o sólo uno, y aparte porque no aportan detalle alguno de la vestimenta, para luego en la rueda de reconocimiento sólo la testigo Lutz reconoció a un sólo policía, mientras que los demás testigos Pitteri y Feressin no reconocieron a ninguno de los que actuaron en el procedimiento. El magistrado sostuvo que todo el relato incorporado por estos testigos -poco claros, imprecisos y plenos de contradicciones- es muy difícil de concebir, ya que considera que escapa a toda lógica que en una tarde de verano a plena luz se haya cometido una maniobra tan absurda y comprometedora. Razona el anterior que el sumario penal sustanciado para determinar si los policías han efectivamente plantado la droga en la casa del actor no al alcanzó más que a procesar a un solo policía, por lo cual sostiene que se está frente a un panorama turbio, que deja más dudas que certezas no se puede afirmar que Eleonori resultó perjudicado por el accionar policial o si existió una verdadera confabulación para beneficiarlo, ya que al poco tiempo recuperó la libertad y fue sobreseído. En suma considera que no corresponde acoger la demanda por no darse los presupuestos necesarios para una indemnización por daño ya que para condenar al Estado Provincial hace falta la certeza de que el imputado fue víctima de una maniobra para perjudicarlo y la prueba incorporada en el juicio no permite llegar a tal certidumbre”.
Para mayor abundamiento el magistrado sostuvo en su sentencia de 1ª instancia que en relación al daño reclamado por el actor, que “bajo ningún punto de vista atendible puede sostener que la imagen pública del actor Eleonori o su estado emocional se haya visto mancillado por este asunto, puesto que este caso no es el único problema que el actor ha tenido con la ley penal, ya que sus antecedentes revelan la existencia de otras causas criminales, incluso con condena efectiva, por lo que la indemnización debiera tener en cuenta tales antecedentes y que se trata de una persona sin empleo conocido ni ninguna preparación especial profesión u oficio demostrable”.
En su primer agravio, la parte recurrente criticó que el juez de 1ª instancia haya sostenido que no se encuentra demostrado el accionar ilegítimo del personal policial, cuando ello ha sido -según su postura- atestiguado no sólo por periodistas que estaban en la vereda, sino también por los testigos del procedimiento y ha sido convalidado por una resolución judicial que ordenó el sobreseimiento del imputado, resolución que está firme, considerando el quejoso que con estos elementos no se puede sostener lo fundamentado por el juez sin violar el derecho. En su segundo agravio reitera la crítica porque el juez consideró no probado el ilícito de la policía a la vez que señala que lo lastima que la justicia no le de reparo dado que ha mantenido sin resolver la causa penal contra el policía y que el juez anterior entienda que todo es muy inverosímil y hasta dudar si no ha sido una “confabulación para beneficiarlo”. Dijo que lo ofende sin medidas leer un fallo ordenado por un juez, que a un ciudadano que se lo privó de su libertad por cinco meses dado que se acreditó que un policía le “metió droga” en su caso (todo esto por una resolución firme de la justicia federal) le deja dudas si efectivamente se lo perjudicó. En su tercer agravio reiteró la queja de los anteriores, transcribiendo la resolución del juez federal que sobreseyó y liberó al actor que sostuvo que “la bolsa que contenía estupefacientes no fue hallada en el domicilio del encartado, sino en un terreno baldío lindante y posteriormente trasladada a su domicilio por parte del personal actuante”; para así interrogarse que más prueba necesitaba el juez para tener por demostrado que el actor ha sido víctima de un accionar ilegítimo e ilegal del personal policial. En su cuarto agravio se muestra disconforme con el razonamiento del juez en torno al menoscabo alegado por el actor, el cual muestra subjetividad por parte del juzgador con pérdida de imparcialidad en contra del actor al sostener que sus antecedentes revelan la existencia de otras causas criminales, cuando lo único que surge es que Eleonori tiene una condena vencida y conmutada por el ejecutivo provincial (fs. 1193) y siendo que todos los testigos manifestaron que el señor Eleonori ha visto mansillado su honor, afectada su estadía diaria en la ciudad, y ha sufrido un estado de depresión que ha llevado a romper con su novia. Agrega el recurrente que además de los testigos, obra en la causa el informe brindado por la psicóloga Mildred Ricca Berton que asistió psicológicamente a Eleonori entre junio y octubre del año 2000 en que sufrió la detención. En su quinto agravio se quejó de que el juez haya omitido considerar que está afectando un derecho de raigambre constitucional, el art. 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica que -según el recurrente- no constituye una facultad la reparación sino una obligación. Manifiesta que el daño no deriva de un error judicial sino del “dolo” del personal policial que profesamente “le puso” la droga en su domicilio. En el sexto agravio reitera los conceptos vertidos en el anterior, manifestando que el juez se equivocó al sostener que se trata de un reclamo indemnizatorio por un error judicial o del funcionario policial, ya que se trata de un reclamo indemnizatorio por “un acto ilícito del Estado en el ejercicio del ius puniendi”, ya que un agente público le puso droga a un ciudadano y existe una relación de causalidad entre la “droga puesta” y la detención de Eleonori. En el último agravio, la acción de Eleonori se quejó por la imposición de las costas, sin dejar de llamarle la atención la actualización oficiosa realizada por el juez del monto reclamado a los fines del cálculo de la regulación de honorarios.
La Provincia de Santa Fe, contestó dichos agravios abogando por la confirmación en su totalidad de la sentencia en crisis. Señaló en primer término que según su postura el recurrente incurre en una insuficiencia técnica de agravios que lo debiera conducir a la deserción recursiva (art. 365 C.P.C.C.), ya que considera que la pieza de agravios es reiterativa y una reiteración del alegato. Luego y sin perjuicio de lo anterior, considera que la impugnación es improcedente, puesto que no necesariamente la anulación del acta prevencional ha de tener por resultado la responsabilidad del Estado Provincial, y que es contradictorio que el recurrente haya insistido en la innecesariedad de aguardar la resolución de la causa penal seguida contra el policía Peña y concomitantemente pretenda como verdad absoluta que el actuar delictual del mismo es la exclusiva causa de los padecimientos que motivan la acción entablada. En suma, sostuvo que no existe prueba suficiente que demuestre la participación criminal del agente Peña, es decir no existió hecho ilícito lesivo imputable y culpable al dependiente como tampoco una falta de servicio capaz de comprometer la responsabilidad del Estado. En relación a los agravios referidos a lo sostenido por el juez de 1ª instancia en relación al menoscabo al honor y material del actor, el recurrido sostiene que el juez discurrió “a mayor abundamiento” y sólo pretendía referenciar cuestiones probadas en la causa que demuestran la falta de daño moral -por ataque al honor de Eleonori - y daño material cuando ninguna prueba de ingresos surgió en la causa.
A la hora de dictar sentencia, el tribunal de alzada tiene en cuenta que concluido el proceso judicial (el 21 de febrero de 2017), el policía José Luis peña quedó definitivamente condenado como consecuencia de su accionar en el allanamiento realizado el 05 de enero del año 2.000 en la vivienda de Eleonori.
La jueza de Cámara que emitió el primer voto –al que se sumaron sus colegas Dalla Fontana y Casella- hizo el siguiente análisis.
EL ANALISIS DE LA CÁMARA
“Por cuestiones metodológicas, he de analizar en primer término si se configura en la presente causa los presupuestos para activar la responsabilidad del Estado Provincial y en caso que tal respuesta sea afirmativa, recién corresponderá abordar la cuestión de los “daños resarcibles”.
1°) No caben dudas a esta altura del proceso y pasados tantos años del inicio del mismo que lo que en la jerga policial se denomina “plantar prueba” -es decir los manejos tendientes a incriminar a una persona a quien se sospecha culpable (o peor aún se la quiere establecer culpable) mediante mecanismos destinados a obtener la comprobación de eventuales ilícitos cometidos por aquella- es el hecho ilícito cuyo efectivo acaecimiento resulta imprescindible tener por acreditado para poder activar la responsabilidad del Estado Provincial por el accionar de su fuerza policial. Y en rigor de verdad la decisión del colega de grado de rechazar la acción de resarcimiento incoada por considerar dubitable, o controvertida la prueba destinada a probar el hecho ilícito reseñado aparecía técnicamente correcta y ajustada -según un razonable margen de razonabilidad en la apreciación de la prueba de todo juez ius privatista- a los elementos probatorios colectados hasta el momento del dictado de la decisión; puesto que tal como lo merituó el anterior, sólo se contaba como prueba para acreditar el hecho policial irregular, tres testigos, -valorados por el juez aquo (Zarza) contradictorios en parte entre sí- de los cuales sólo una de ellos (Lutz) permitía individualizar a la persona que habría cometido el ilícito. Es por ello que la decisión en sede penal en la cual se persigue la punición del hecho contra la única persona imputada por el mismo, en la medida que se expida sobre la existencia o no del hecho delictivo reviste fundamental trascendencia en esta causa tal como se merituara para ordenar la medida para mejor proveer de fs. 1351. Y por el contrario, -tal como rectamente se valoró en la instancia de grado- la decisión de anulación del procedimiento e inmediata puesta en libertad y sobreseimiento del detenido, en la medida que se limitó a otorgar absoluta veracidad a los citados tres testimonios sin profundizar en otras pruebas complementarias que permitan despejar las dudas sobre el hecho tan grave y burdo como el relatado por los mismos (no sin contradicciones entre ellos) no resultaba vinculante para la resolución de esta causa. En tal sentido se puede considerar que el celo y prurito del juez federal por el respeto a las garantías constitucionales de Eleonori evitó la alongación y/o agravamiento de los perjuicios en su persona, más no permitía en ese estadio del proceso determinar con la mínima certeza exigible el acaecimiento del hecho ilícito por parte del personal policial”.
“Ahora bien, una vez conocida y agregada a esta causa la sentencia penal recaída en fecha 21.02.2017 en los autos “PEÑA, JOSE LUIS s/ INFRACCIÓN ARTS. 248, 275 segundo párrafo y 293 del Codigo Penal” Expte. N°68/2008”, en el cual en el marco de un juicio abreviado se concluye que ha sido falsa la declaración de José Luis Peña, en su carácter de agente policial, realizada en la instrucción de la causa “Eleonori, Gerónimo Miguel s/ Presunta inf. Ley” Expte. N° 03/2000 en relación a las circunstancias en que fue hallada la sustancia estupefaciente secuestrada en el allanamiento de la vivienda del actor, no cabe margen alguno en esta sede civil para cuestionar la existencia de la irregularidad o falta de servicio en el personal policial de la Provincia de Santa Fe. En efecto, y a los fines de ilustrar la contundencia de lo resuelto en sede federal penal en relación al ilícito generador de responsabilidad que se debate en este proceso me permito transcribir textualmente la sentencia referida: “... Así mientras el nombrado refirió que cuando se encontraba controlando el pasillo y la parte de atrás de la casa: “...en un momento dado luego de quince minutos en una esquina de la casa veo una bolsita media entreabierta, agarro un palito, la abro y veo algo que me pareció medio raro, envuelto en una cinta, entonces lo llamo al oficial Leguiza, que a su vez viene con Eleonori...”; los testigos Ester Raquel Lutz, Amelia Cristina Feresín y Danilo José Piterri pusieron de resalto que una persona de sexo masculino había traspuesto el tapial del terreno lindante con el allanado para luego ingresar nuevamente a la finca en la que se llevaba adelante el procedimiento con una bolsa blanca en sus manos. En ese sentido, indicó la testigo Lutz (periodista que cubría el suceso) que José Luis Peña -a quien pudo identificar luego del reconocimiento en rueda de personas que a su respecto se realizó-, fue quien saltó el tapial hacia la finca lindante con aquella donde se efectuaba el allanamiento para luego de unos minutos volver a trasponerlo e ingresar por el patio de la finca que se registraba, con una bolsita blanca en sus manos, abriéndola allí ante la presencia de los demás agentes policiales. Sus declaraciones resultan coincidentes con lo manifestado en su oportunidad por Feresín, quien afirmó haber visto a un policía saltar el tapial del terreno lindante de la casa de Eleonori y que luego volvió mostrándole a otro una bolsita “tipo supermercado” con la que ambos ingresaron a la vivienda allanada; relato similar al del testigo Danilo Pitteri. Estos testimonios contestes permiten afirmar que el imputado declaró con falsedad en el marco de la referida causa criminal, lo que otorga fuerza probatoria eficaz a la plataforma fáctica enunciada y conduce a tener por probada la materialidad del hecho imputado al encausado Peña”. Tal como lo adelanté, la incontrovertida existencia de una irregularidad en el accionar de un dependiente de la Policía de Santa Fe, en el marco de una actuación funcional -en el allanamiento a la vivienda del actor ordenada por un juez provincial- activa la responsabilidad objetiva, directa y extracontractual del Estado Provincial. Esta responsabilidad es “objetiva” basada en la falta de servicio y definida como una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, la cual entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño; dicho con otras palabras, no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación del servicio y por ello la responsabilidad involucrada no es subjetiva sino objetiva. Es “directa” por la teoría del órgano y no indirecta o refleja, ya que el agente público no es un dependiente sino un órgano de la persona jurídica Estado conforme doctrina de la Corte en la causa “Vadell””.
“Sentado entonces que en el caso de marras no está en juego la responsabilidad del Estado derivada de actos jurisdiccionales, sino aquella engendrada a partir de actuaciones de índole administrativa, puesto que la actuación irregular de los funcionarios policiales se enmarca en una actuación encuadrada en la noción moderna de “falta de servicio”, expresión que viene de la “faute de service” del derecho francés; tal como lo ha sido la conducta irregular del agente policial José Luis Peña en la medida de allanamiento realizada en el vivienda el actor el 05.01.00 ordenada por un juez provincial, se puede concluir sin hesitación alguna que en el sub-exámine se encuentran acreditados los presupuestos para que se configure la responsabilidad extracontractual por actuación ilegítima del Estado, a saber: 1°) Imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones. 2°) Imputación objetiva que prescinde de la voluntariedad, o falta de servicio derivada de incumplir en el caso la Constitución Nacional (art. 18) las leyes procesales y la ley provincial 12.521 que regula la actividad policial (arts. 41, 43)”.
“2°). Establecida la responsabilidad estatal corresponde abocarme al tratamiento de los daños reclamados por el actor bajo los rubros daño moral, daño material, daño emergente, y lucro cesante y pérdida de chance en la suma total de $ 350.000 sin discriminar en modo alguno entre los mismos. En tal faena advierto que la indeterminación de la pretensión resarcitoria esgrimida por Eleonori debe ser suplida en esta instancia, puesto que no es dable desde lo jurisdiccional acoger rubros “al tuntún” (permítaseme la expresión coloquial) sin la debida fundamentación y prueba de la procedencia de cada uno de ellos. Y así, en primer término y en el abordaje del rubro daño material, pretendido bajo los sub-rubros de lucro cesante, daño emergente, pérdida de chance, he de señalar que tal como obiter dicta ya lo señalaba el juez de grado, en el caso de marras el actor no ha demostrado contar con ningún empleo formal, ni fuente de ingresos determinada, lo cual atenta contra la procedencia de este rubro en la extensión dineraria pretendida por el accioante. Sin perjuicio de lo cual, y atento a que no obstante tal orfandad probatoria referida a la fuente generadora de sus ingresos, la circunstancia de que Eleonori habite una vivienda en el casco urbano de la ciudad de Avellaneda, alquilada (fs. 25 mandamiento de constatación judicial en el marco del juicio de declaratoria de pobreza, expte. N° 510/2001, que corre por cuerda) permite inferir que algunos mínimos ingresos de fuentes informales el actor contaba, los cuales naturalmente durante el lapso que duró la detención arbitraria -25 días del mes de enero, los meses completos de febrero, marzo y abril y 25 días del mes de mayo- se han visto truncados, y a los fines de justipreciar el rubro daño material por lucro cesante he de tomar como base de cálculo a la fecha de este pronunciamiento un ingreso mínimo vital y móvil - $ 9.500 según Res. 3-E/ 2017 CNEPSMVM-; por lo cual justiprecio este rubro en la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Ocho ($ 44.338,00 ). Y en lo que respecta al daño moral o extrapatrimonial reclamado sin ninguna duda se puede aseverar que la privación de libertad implica un daño indemnizable en sí mismo, puesto que se trata del bien -junto a la vida- más preciado de todo ser humano y por ello constituye un daño in re ipsa que no requiere prueba del sufrimiento y dolor padecidos, por ello considero que corresponde reparar el daño moral sufrido a valores actuales en la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000.-). Ambos rubros, debido a que se han fijado a valores actuales, devengarán intereses desde el hecho a una tasa del 6% anual y a partir de la notificación del presente hasta su efectivo pago a la tasa efectiva anual vencida del Banco de la Nación Argentina. En consecuencia y por las razones expuestas, de compartir el voto mis colegas, he de proponer al Acuerdo que se revoque el resolutorio aquo y en su lugar que se haga lugar a la demanda conforme Considerando. Las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada vencida. A la misma cuestión, los Dres. Casella y Dalla Fontana votan en igual sentido”, expresa el veredicto de la Cámara Penal de Apelaciones de Reconquista, firmado el 13 de marzo de 2018, que en su parte resolutiva, dice:
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial
Resuelve:
1) Desestimar el Recurso de Nulidad.
2) Receptar el recurso de apelación interpuesto por el actor, revocar el fallo alzado y en su lugar hacer lugar a la demanda por los rubros daño material -lucro cesante- en la suma de $ 44.338 y daño moral en la suma de $ 60.000, con más los intereses en la forma fijada en el Considerando.
3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida. 4) Regular los honorarios profesionales de Segunda Instancia de los letrados actuantes en el 50% de la regulación firme de Primera Instancia. Regístrese, notifíquese y bajen”.
Firman: Maria Eugenia Chapero, Dalla Fontana, Aldo Pedro Casella.
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