Según veredicto de primera instancia, Pablo Zancada y Roberto Fumo deben pagar a los abogados querellantes en nombre de la comunidad aborigen de Los Laureles, $38.000.-. Esa imposición está en el mismo fallo donde el Juez Basualdo decidió elevar a juicio al ex funcionario del Gobierno de la Provincia y a quien fuera su colaborador en la administración pública, quienes por medio de los abogados Roberto Salum y Raúl Elías apelaron y se aguarda el pronunciamiento del Juez de Cámara.
Elías entiende que esta pretención de Ramseyer y Ghio no tiene otro sentido que agregar padecimiento a los acusados, quienes ya hace mas de un año y medio tienen trabado embargo sobre sus bienes por el monto del subsidio, mas $30.000.- para cubrir eventuales honorarios.
Los abogados particulares Ramseyer y Ghio, en representación de la Comunidad Aborígen de Los Laureles y el Fiscal Aldo Gerosa persiguen penalmente a Zancada y Fumo.
Las imputaciones:
Defraudación al Estado provincial; peculado; abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso, son los delitos imputados a Zancada desde el 02 de noviembre de 2016.
Mientras que a su ex colaborador, el contador Roberto Fumo, le atribuyeron los delitos de Defraudación a la Administración Pública y partícipe secundario en los delitos de Peculado, Malversación de Fondos Públicos y Uso de Documento Privado Falso, está imputado desde el 26 de octubre de 2016.
Ambos irán a juicio oral y público si el Juez de Cámara confirma lo resuelto por el Juez de Primera Instancia Gonzalo Basualdo.
Pedidos de condena:
Para Pablo Ventura Zancada la pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.
Para Roberto Carlos Fumo la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas, e inhabilitacion perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.
Para la fijación de la misma, son circunstancias de interés: siguiendo el art. 451 del CP pueden distinguirse en esta acusación y con relación a ambos acusados, circunstancias que aumentan la culpabilidad y el reproche penal, por ende la respuesta punitiva, y otras que obran en sentido inverso. De su ponderación conjunta resulta la pena en concreto peticionada. Dichas circunstancias son:
Circunstancias agravantes de la culpabilidad y el reproche:
“Art. 41.- … 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla...” La repetición y serie de ardides y zancadillas; para defraudar al Estado provincial, del cual eran funcionarios públicos, pero lo más grave S.S. es que en ello se llevaron puesta nuestra dignidad como pueble originario; ultilizándonos (como antaño) de la manera más vil y repugnante.- Se han aprovechado de nuestra condición de personas vulnerables y victimizándonos de diversas maneras y nó es sólo ello sino que aún luego de la denuncia y la promoción de la acción penal; intentan hacer aparecer que la comunidad lucró con venta del camión, más artero aún.-
“Art. 41º: … 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, ...” El Sr. FUMO es contador público nacional, desempeñando en la administración pública funciones inherentes a la misma que requieren de dicho título habilitante. El Sr. ZANCADA es una persona de larga trayectoria en la actividad comercial, como en la función pública, habiendo sido diputado nacional por el distrito electoral Santa Fe y funcionario del Poder ejecutivo Provincial en varias oportunidades. Éstos antecedentes, niveles de educación, edades, actividades anteriores hacen que la conducta desplegada sea más reprochable aún.-
“Art. 41º: … 2º... la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir...”: Debe considerarse en este sentido que no fueron necesidades básicas insatisfechas suyas o de personas por las que debieran especialmente velar las que determinaron la conducta, por el contrario, se trató de una estafa en un año electoral con destino incierto del dinero, con compras de bienes a sí mismo (ZANCADA a su comercio, o mejor dicho, de la SRL que él gerentea). Infame y deleznable. Mayor culpabilidad, mayor pena.
“Art. 41º: … 2º ...la participación que haya tomado en el hecho,...”: Ambos son autores o partícipes necesarios de los hechos más graves, por ende su determinación por el incumplimiento voluntario y consciente de la norma jurídica es merecedor de mayores reproches.
“Art. 41º: … 2º... y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y ... modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad...” Las víctimas y/u ofendidos por los delitos es la comunidad de etnia mocoví, particularmente pobre y necesitada, a cuyos dirigentes, valiéndose del peso de la amistad, autoridad y de reiterados engaños e insistencias se vulneró en sus derechos más esenciales: no ser víctimas de un ilícito, no ser ofendidos en su dignidad y consideración moral. Ahora la comunidad tiene una deuda por la mala inversión del subsidio y la imposibilidad de rendir cuentas en legal forma, y si el estado provincial condonara dicha deuda, sería una pérdida sensible para éste, o sea para toda la comunidad santafesina. Todo ello demuestra la falta de escrúpulos que les permitió, para fines ilegítimos o inconfesables, utilizar a personas vulnerables sin miramientos de ningún tipo. Dicen que tienen en cuenta que ambos no tienen condena previa.
La defensa sostiene la inocencia de ambos acusados y destacan que finalmente el Gobierno de la Provincia aprobó la rendición del subsidio.
Fotos: 1) Juez Gonzalo Basualdo. 2) Abogado Raúl Elías.
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