La baja pronunciada de la población rural en los años 80 y en los 90, en busca de estar más cerca de los servicios, beneficios y comodidades brindadas por los conglomerados que conforman las ciudades, provocó la aparición de barrios nuevos en las periferias de los centros históricos.
Al mismo tiempo, el ascenso de un “…neoliberalismo dominante, apoyado en criterios de individualismo extremo y en la reducción y hasta desaparición del Estado como regulador del acceso a la ciudad a partir de políticas públicas (suplantadas por el capital inmobiliario como planificador del territorio)…”[1], ha provocado que el mercado inmobiliario haga inaccesible el acceso a la vivienda. El programa nacional PROCREAR, ha intentado de alguna manera intentar sanear algún aspecto de esta cuestión, sirviendo a aquel asalariado que ha podido acceder al crédito, pero no dando solución y dejando un vacío para la clase media baja y baja. Por otra vertiente y como contracara a sus beneficios, indirectamente, ha provocado –como reacción indeseada- la especulación de grandes tenedores de terrenos que han elevado notoriamente los precios de los mismos. Todo esto ha degenerado en que el acceso a la vivienda sea un problema mayor, que la “…solución clásica, la compra de una casa o un departamento, está más allá de los ingresos…”[2] y es por ello que actualmente un sesenta por ciento (60 %) de los nuevos habitantes –anteriormente rurales- (que arriban a las ciudades) se asienten de manera informal.
El derecho a la vivienda
La carencia de viviendas, la falta de respuesta a la problemática (a lo largo del tiempo), así como también el aprovechamiento y uso político -por algunos- de las necesidades ajenas, terminó desembocando en tomas, usurpaciones o asentamientos ilegales en distintos puntos de la ciudad, lo que configura claramente un delito tipificado por el Código Penal[3]. Por otro lado, La vivienda digna es un derecho reconocido por nuestra sociedad como derecho constitucional, y reconocido por diversos tratados internacionales de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN). Aunque en la práctica se observe “…cuan tibio y abstracto es el sacrosanto derecho a la vivienda digna para los ciudadanos reales...”[4] es, la jurisprudencia ha ido progresivamente reconociendo principios de operatividad en este derecho, considerando la Corte Suprema que el Estado debe fijar programas y condiciones de acceso a la vivienda, dentro de las posibilidades que sus capacidades económicas le permitan, imponiendo la obligación de la progresividad, demostrando avances e impidiendo que el derecho sea ilusorio[5]. Planteadas las normas en coalición, reconocida la problemática, nadie niega que muchas de las personas que realizaron estos movimientos tienen problemas habitacionales, a su vez derivados de varias causales; pero no por ello se debe avalar el accionar ilegal y por fuera de las instituciones (más aún cuando hoy vemos claramente que existen canales institucional que se preocupan de la problemática, con dificultades pero avanzando).
El Estado municipal en este contexto
Con esta perspectiva delante, y aclarando que no es el Estado Municipal -en principio- quien tiene a su cargo la solución a la problemática del acceso a la tierra y la vivienda, el mismo se cargó la mochila y actualmente ha asumido tal responsabilidad, intentando (dentro de sus posibilidades y con la articulación con otros actores) traer algún tipo de solución. Es que hoy “…ya no es suficiente que el municipio se ocupe de los servicios públicos esenciales, sino que se espera de él que contribuya mejorar la calidad de vida de la gente…” [6] Es así que el municipio ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado un plan de generación de lotes sociales, adquiriéndose aproximadamente setecientos noventa (790) lotes -distribuidos en distintos barrios de la ciudad-, y se ha conformado un ente autárquico con la finalidad de la administración y posterior adjudicación de los mismos. Este ente, denominado “Instituto Municipal de Tierra y Vivienda”[7], fue autorizado a realizar la adjudicación de cuatrocientos veintisiete (427) de los mencionados lotes[8], conforme los estudios socioeconómicos que vienen realizando y el ranking de necesidades, dando el primer y más importante paso en busca de solucionar el problema habitacional: la tierra “…urbanistas y sociólogos coinciden en que, en Argentina, el problema fundamental es el suelo y el hábitat, no la vivienda…”[9]. Tampoco podemos olvidar que en relación al segundo paso –la construcción- existe el denominado banco de materiales municipal (que otorga materiales con devoluciones en amplios plazos e intereses muy bajos), y el trabajo en conjunto con el Centro Experimental de la Vivienda Económica y otras organizaciones. Otras medidas tendientes a contrarrestar e intervenir en el mercado y sus desbalances, han sido políticas como la de la “plusvalía urbana”, que pretende recuperar las transferencias de recursos (y mayor valor) a propietarios de tierras especulativas (cuando se estaba buscando mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados). Asimismo, la “sobretasa por baldío” está motivada en la persecución de desalentar la especulación a través de la tenencia de tierra improductiva en detrimento de la necesidad de suelo de muchas familias.
Es un camino arduo y difícil, en búsqueda de ingresar al mercado herramientas que logren llevar un contrapeso necesario para impedir excesos, sin convertirse, a su vez, en un Estado totalitario. Estas, o cualquier otra herramienta, deben estar acompañadas de un pensamiento global, y una concepción de comunidad.
[1] Jaime Sorin, “Las mil caras de un problema complejo”, Le Monde, Julio 2011
[2] Alejandro Sehtman, “Innovar el hábitat”, en Le Monde, Julio 2011
[3] art. 181 del CP
[4] Alejandro Sehtman, “Innovar el hábitat”, en Le Monde, Julio 2011
[5] Daniel Sabsay, “El acceso a la vivienda digna en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (análisis al fallo Q.C.,S.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”).
[6] Juan Carlos CARDONA, EL NUEVO MUNICIPIO, p. 157
[7] Creado por Ordenanza 5.101
[8] Ordenanza 7.540/14
[9] Lucía Alvarez, “El drama del hábitat” en Le Monde de noviembre 2014
