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El Juez Martelossi dio 5 días de plazo a los usurpadores para que desalojen, caso contrario autorizó el uso de la fuerza.

También puso condiciones: que el Estado se ocupe de ayudar a esas familias. Te contamos lo que sucedió en la audiencia oral y pública de este viernes.

Juez Mauricio Martelossi
Mauricio Martelossi.  

Audiencia realizada el viernes 19 de octubre de 2018 en los Tribunales de Reconquista.

Juez: Mauricio Martelossi.

Fiscal: Rubén Martínez, en reemplazo de Aldo Gerosa.

Defensa: defensora Pública Norma Senn.

Damnificado: Eduardo Trosch, quien asistió a la audiencia junto a su abogado, Ricardo Degoumois.

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En primera fila, Eduardo Trosch, Ricardo Degoumois y Rubén Martínez, en la sala de la audiencia.

QUÉ DIJO EL FISCAL

Comenzó la audiencia el Fiscal Martínez, quien solicitó "el cese de los efectos antijurídicos, referidos a un delito de Usurpación denunciado por Eduardo Antonio Trosch, a quien el 09 de octubre de 2018 le usurparon la propiedad ubicada en calle 101 y pasaje Los Robles, en Barrio La Roseta" de la Ciudad de Avellaneda.

Reveló que "teníamos algunas sospechas de que se iban a usurpar algunos terrenos. Ese día, el jefe de la Comisaria Tercera, Cesar Moreyra, logró desbaratar dos de los lugares que se iban a usurpar, y en horas de la siesta del 09 de octubre de 2018, no se pudo evitar que aproximadamente 50 personas, en su mayoría mujeres acompañadas por niños, se instalaran en el terreno de Trosch. Cuando la policía intervino para tratar de disuadirlos y que se retiren del lugar, fueron violentamente agredidos por las personas que allí se encontraban, con amenazas verbales y físicas, y lo que este fiscal ordenó, que no se produjera ningún tipo de agresión y que se quedaran en el lugar a los efectos de que no siga aumentado la usurpación. Pasaron los días y -por el contrario- la usurpación fue aumentando y se realizaron las constataciones de las personas que allí estaban".

Continuó diciendo el Fiscal que los usurpadores manifestaron que hace tiempo tienen problemas con la Municipalidad y que no encuentran satisfacción a sus necesidades, y decidieron tomar un terreno privado, "el cual Trosch lo tenía destinado a otros fines".

"Lo que solicitamos es que se ordene el desalojo de esta usurpación, de forma pacífica, y si es que luego se resisten, utilizar los medios legales que la ley nos permite para restituir el inmueble en las mismas condiciones que se encontraba al momento de iniciarse la usurpación", expresó el representante del Ministerio Público de la Acusación, agregando que no se ha imputado ningún delito todavía a los usurpadores ya que se negaron a presentarse a la citación, y deberían recurrir a la fuerza. "Entendemos que se dan por satisfechos todos los requisitos que exige la ley para que nuestra señoría dicte el desalojo, instándolo que se haga en forma pacífica, y en caso de que eso no suceda, utilizar la fuerza pública".

 

EL PROPIETARIO SOLICITÓ LA INMEDIATA POSESIÓN DEL TERRENO

“Solicíto la restitución inmediata del terreno, este ha sido adquirido para hacer importantes inversiones y es un derecho que me asiste”, le dijo Eduardo Trosch al magistrado en la misma audiencia pública, en presencia de todas las partes.

 

EL ABOGADO DEL DAMNIFICADO PIDIÓ QUE SEAN DESALOJADOS SI NO SE VAN EN 72 HORAS

Ricardo Degoumois sostuvo que "no quedan dudas de que estamos hablando de una ocupación que constituye un ilícito", y recordó que la Municipalidad trató de lograr una conciliación, y que el propietario también fue a intentar convencerlos que desistan que esos terrenos son de su propiedad, pero no hicieron caso; por eso pidió al magistrado que ordene el desalojo en un plazo "no más allá de 72 horas, ya que están afectando el derecho de un privado. Urge que se tome la decisión", reclamó.

 

LA VOZ MUNICIPAL

La Municipalidad de Avellaneda estuvo representada en la audiencia por la funcionaria Lelia Paulin, quien expreso “buscamos una solución pacifica, el desistimiento por parte de los usurpadores", pero que no lo consiguieron, pero que además recolectaron información y cruzaron datos que demuestran que de los 70 usurpadores, solo 20 están inscriptos en la Municipalidad para conseguir ayuda para acceder al hábitat, y que han "hemos corroborado que hay familias que tienen domicilio, familias que tienen viviendas". 

Reconoció que "hay familias que tienen una necesidad real, eso es cierto, pero desde el municipio hay una firme convicción de dar solución a esta problemática, se viene trabajando fuertemente en este sentido. Desde el año 2013 que hubo una gran revuelta por la emergencia habitacional, se creó una mesa que está trabajando permanentemente, que está formada por actores sociales e instituciones". Añadió que en el año 2015 se creó un equipo territorial que trabaja permanentemente y han encontrado más de "600 soluciones" al hábitat, y que "hay una voluntad del Estado Municipal para dar solución a este tipo de medidas". De todas maneras aclaró que "El estado Municipal no tiene la obligación primaria de garantizar el acceso a la vivienda, el acceso es una obligación del estado Nacional y Provincial, y con un esfuerzo enorme el Municipio de Avellaneda está intentando", mientras que "hay familias que no se han acercado de manera pacífica, primero a registrarse y hablar de su situación particular", siendo que "en toda la Provincia de Santa Fe trabajamos con un registro de demanda”.

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Vecinos del Barrio La Roseta en Tribunales. Algunos concurrieron a la audiencia para decir que estaban de casualidad en los terrenos usurpados. Nadie se hizo cargo de la acción.  

TODOS LOS QUE HABLARON ANTE EL JUEZ NEGARON SER USURPADORES

María Esla Benítez: “Yo tengo mi terreno, yo tengo mi casa, mi domicilio, ese día íbamos a caminar y vimos mucha gente... yo para que voy a ir a usurpar un terreno si nosotros somos tres”.

Lidia Carbajal: “Me paso lo mismo, por ir a curiosear estoy acá, yo tengo mi casa, vivo con mi hijo”.

Diana López: “Yo vivo en la casa de mis padres y ese día nos fuimos a curiosear, y no sé cómo dieron mis datos y me citaron acá, yo no tengo necesidad de usurpar”.

Silvana López: “También fui a mirar y me citaron”.

María Acosta: “Tengo mi casa, y también me citaron y no sé porque, no entiendo”.

Micaela Oviedo: “También fui a mirar y me llegó la citación”.

 

LA DEFENSORA FUE CON OBJETIVOS DE MÁXIMA Y MÍNIMA:

Norma Senn se opuso a la medida solicitada contra los usurpadores por considerar que "no concurren los requisitos de ley para la procedencia de esta medida ya que no han sido notificadas las personas". Además reprochó la "amenaza" de la Municipalidad y de otras instituciones de la ciudad" expresada mediante sendos comunicados de prensa la semana pasada, donde se llegó a avisar que conformarán una lista negra de los usurpadores para no darles trabajo en la ciudad.

Como objetivo de mínima, de dar lugar a la pretensión de los demandantes, la defensora solicitó al magistrado "que otorgue un plazo prudencial para que las personas puedan desalojar en forma pacífica", ya que consideró que "el termino solicitado es exiguo", y pidió que sean 10 días de plazo, y que la Municipalidad provea de alojamientos alternativos o provisorios para las personas y que se le dé intervenciones a las autoridades civiles.

 

LA DECISIÓN DEL JUEZ

Luego de escuchar a todas las partes en conflicto, el juez Mauricio Martelossi ordenó la restitución del inmueble a Eduardo Trosch en el termino de 5 días corridos a partir del día de la fecha (19 de octubre de 2018), bajo las siguientes condiciones: el desalojo deberá ser pacífico y en caso de cumplido el plazo (eso ocurrirá el miércoles 24 de octubre de 2018 al  mediodía) las medidas se tomarán utilizando la fuerza pública. Además, el magistrado ordenó a la Municipalidad de Avellaneda y al Gobierno de la Provincia que busquen solución al problema del hábitat, que intervenga la Subsecretaria de la niñez, Adolescencia y Familia en ayuda de los menores afectados,; y la Defensora General.

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