Los procesadoscon prisión preventiva  por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado  por la participación de tres o más personas, Art. 5º inc. c) en función del Art. 11 inc. c) de la Ley 23.737, son:

Esteban Miguel Reynoso, alias "El Gringo", D.N.I N° 23.813.588.

Raúl Ezequiel Coronel, alias "Ese" o "Bebé", DNI N° 35.250.454.

Lionel Ezequiel Tininini, DNI N° 34.528.317.

René Delfino Rodríguez, alias "Pipi", DNI N° 40.054.155.

Ramón Ariel Villalba, alias "Monchi", DNI 31.087.937.

Patricia Perezlindo, alias "Acho", DNI N° 24.143.706.

Hernán Alfredo González, DNI N° 26.152.315.

Lucas Sebastián Perez Lugo, DNI N°32.902.932.

EMBARGOS 

En la misma resolución, el juez federal de Reconquista dispuso trabar embargo sobre los bienes libres de los 8 procesados "hasta cubrir cada uno de ellos la suma de $50.000.-

Los ahora procesados fueron detenidos luego de una investigación de varios meses a cargo de personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la Unidad Regional XIX de Vera, bajo el control del Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien ahora avanzó dictando el procesamiento con prisión preventiva y embargo para todos los encausados.

Todos permanecen privados de libertad, la mayoría desde el viernes 02 de noviembre de 2018 cuando se realizaron 13 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Calchaquí, 100 Km al sur de Reconquista que es la cabecera regional.

De acuerdo a la investigación policial, “se trata de una organización narco-criminal compuesta por hombres y mujeres de la localidad de Calchaquí”. 

INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS

En el dictado del procesamiento, el magistrado menciona las tareas de investigación que consistieron en "discretas vigilancias en los domicilios en los que presuntamente se vendían drogas, la individualización e identificación de las personas involucradas, vistas fotográficas, filmaciones y escuchas telefónicas".

"También los resultados de los allanamientos y detenciones practicados en los lugares sospechados permitieron corroborar las hipótesis delictivas manejadas en autos, surgidas, en un primer momento, a partir de los testimonios prestados por personas cuya identidad se preservó en los términos del artículo 34 bis de la Ley de Estupefacientes. Como consecuencia de todo ello, se pudo determinar que los encartados participaban de una cadena de tráfico la que se dedicaba al almacenamiento o guarda, preparación, transporte y comercialización de estupefacientes".

 

Se pudo determinar que los encartados participaban de una cadena de tráfico la que se dedicaba al almacenamiento o guarda, preparación, transporte y comercialización de estupefacientes.

 

"Resulta evidente la vinculación existente entre la información recabada en las tareas de investigación, así como a través de las escuchas telefónicas, con el importante hallazgo de material estupefaciente. Tales pruebas sumadas a las declaraciones brindadas por los testigos de identidad reservada permiten, a su vez, vincular el material bélico incautado en autos -arma y municiones- con la utilización que se haría de ellos para resguardar a los miembros de la organización y al estupefaciente que comercializaban".

CÓMO JUSTIFICA EL JUEZ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS SOSPECHOSOS

El juez Aldo Alurralde señala que la prisión preventiva nace de la pena impuesta para el delito endilgado en autos, puesto que su frecuencia mínima supera los tres años de prisión, y a “prima facie” no correspondería la condena de ejecución condicional. (Artículo 26 del CPA).

Señala el Profesor Julio B.J. Maier en este aspecto que: Históricamente la llamada «presunción de inocencia» no ha tenido como fin impedir el uso de la coerción estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba de ello es el texto de la regla que introdujo claramente el principio el art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: «...presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley» [...] Nuestra ley fundamental sigue esos pasos: pese a impedir la aplicación de una medida de coerción del Derecho material (la pena) hasta la sentencia firme de condena, tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente, durante el procedimiento penal”. (Derecho Procesal Penal- Parte General, Ed. Del Puerto, Bs. As. Tomo I, 2003 pág. 511).

Por su parte Alberto Bovino, explica las condiciones sustantivas que deben ser verificadas para autorizar el uso legítimo de la privación de la libertad procesal. Su línea de pensamiento fue seguida por Natalia Sergi en su trabajo (cfr. Bovino Alberto “El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos" en “Problemas del derecho procesal penal contemporánea”. Ed. Del puerto Bs. As. 1998 pág. 121/163 y Sergi Natalia “Límites temporales de la prisión preventiva” en Nueva Doctrina Penal 2001/A Ed. Del Puerto Bs. As. Pág. 113/142). En esta última obra, se afirma, que: “El riesgo que corre el proceso no es único presupuesto para legitimar el encarcelamiento preventivo [...] La CIDH en dos informes sobre el tema (Informes 12/96 y 2/97) enfatizó los requisitos materiales para privar a una persona de la libertad durante el proceso, estableciéndolos como obligaciones ineludibles de las autoridades nacionales. Estos requisitos, en realidad, no surgen más que de las normas básicas que regulan el estado de derecho...”.

De esta manera, una de las exigencias ineludibles que permiten mantener a una persona en prisión preventiva lo da la sospecha sustantiva de responsabilidad del imputado por el hecho delictivo que se le atribuye.

Así, los autores citados, siguiendo a Maier explican que la prisión preventiva presupone, por tratarse de la medida de coerción más grave en el marco del proceso penal, un cierto grado de desarrollo de la imputación que permite determinar su mérito sustantivo a través de los elementos de prueba recolectados al momento de tomar la decisión.

Bovino expone que: “El Tribunal sólo podrá aplicar la medida privativa de la libertad, cuando la investigación haya alcanzado resultados que permitan afirmar, luego de oír al imputado, que existe una gran probabilidad de que se haya cometido un hecho punible y de que el imputado haya sido autor. No se trata solamente que el procedimiento haya alcanzado cierto grado de desarrollo, sino de que este desarrollo haya sido acompañado, de resultado concreto respecto de la verificación de la participación del imputado en el hecho investigado” (ob. cit. pág. 158). Por su parte Cafferata Nores, señala que: “…la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tiene naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva” (Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación Ed. Del Puerto Bs. As. 1992 pág. 3).

Sostiene Maier, que el peligro de fuga “...es racional porque, no concibiéndose el proceso penal contumacial (en ausencia del imputado o en rebeldía), por razones que derivan del principio de inviolabilidad de su defensa, su presencia es necesaria para poder conducir el procedimiento hasta la decisión final e, incluso, para ejecutar la condena eventual que se le imponga, especialmente la privativa de libertad, y su ausencia (fuga) impide el procedimiento de persecución penal, al menos en su momento decisivo (juicio plenario), y el cumplimiento de la eventual condena…” (op. cit., T. I, págs. 516/7).

Que atento al Plenario de la Excma. Cámara de Casación Penal, en el Acuerdo 01/08, Plenario N° 13: “Díaz Bessone, Ramón Genaro S/Recurso de inaplicabilidad de ley”, en fecha 30 de Octubre de 2008, resolviendo: “…I. DECLARAR como doctrina plenaria que no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del CPPN), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal…”.-

Lo expuesto precedentemente, me lleva a sostener que: “ex ante”, corresponde analizar, independientemente del delito atribuido, con su correspondiente conminación penal a los endilgados, si, de acuerdo a las normas constitucionales puede restringirse la libertad del mismo, lo que sólo es probable cuando dicha situación -de libertad- conlleve que los imputados obstaculicen el trámite del proceso, o bien a sustraerse del mismo", cita el magistrado.