El fiscal Juan Marichal explicó que si bien el delito tiene una pena privativa de la libertad, las pruebas están aseguradas a partir del secuestro de las computadoras y el celular donde funcionaba el casino ilegal, además tuvo en cuenta que Andrea Moreyra no tiene antecedentes penales.
La próxima medida judicial será que los expertos en informática de la PDI de Recreo revisen la información disponible en las siete computadoras y el celular secuestrados en el allanamiento realizado en la noche del jueves 04 de abril de 2019 donde funcionaba el casino ilegal, en calle 9 de julio 2580, Barrio General Obligado, Reconquista. El fiscal quiere saber si las computadoras tienen cargados programas de juegos en modo local o red, si las computadoras tienen registros digitales, archivos de apuestas, también archivos borrados o eliminados, constar el registro de navegación de internet, contraseña de usuarios, apostadores, cuantas bancarias y todo tipo de información que sea de interés.
Marichal cree que Moreyra "podría ser la autora de un delito con pena privativa de la libertad, hay elementos, que podría ser la autora, como dije en la audiencia imputativa que al momento del allanamiento manifestó a los presentes que ella era la encargada del lugar".
Sobre la decisión de no pedir la prisión preventiva, explicó que "en estos momentos el riesgo procesal se puede resguardar con una medida alternativa y consiste sujetarla al proceso con las medidas restrictivas como la obligación de fijar domicilio donde pueda ser localizada, presentarse cada 15 días en la Comisaría más cercana para dar su comparendo y la abstención de acercarse a los lugares donde hay juegos de azar, de apuestas o eventos de similares características". El defensor no se opuso a las pretensiones del fiscal y el juez Mauricio Martelossi dio lugar a sus pretenciones.
La imputada Andrea Isabel Moreyra tiene 36 años y vive en calle Iriondo 1240 de la Ciudad de Reconquista, pero atendía el casino en la propiedad de un familiar en el Barrio General Obligado, donde fue el allanamiento. Es defendida por el abogado particular Bruno Zanel.
Cambió la ley y ahora el juego ilegal es delito
Desde el 27 de diciembre de 2016, el juego ilegal es delito. Ese día fue publicado en el Boletín Oficial y entró en vigencia el artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que establece pena de 3 a 6 años de prisión para el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
