La Cámara Federal resolvió confirmar el procesamiento de Alberto Ángel Padoan en orden al delito de dación de dádivas en dos hechos, en calidad de autor, en concurso real (arts. 45, 55 y 259, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación); y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer por el delito de asociación ilícita (arts. 210, primer párrafo, del Código Penal y 309 del Código Procesal Penal de la Nación); y bajó de 2.000 a 80 millones de pesos el embargo ordenado sobre los bienes libres del empresario de la Ciudad de Avellaneda, quien espera el juicio en libertad.
El juez de primera instancia Claudio Bonadío lo había procesado por el pago de coimas y también lo consideraba miembro de la Asociación Ilícita liderada por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero la Cámara dejó firme el primer delito (por el cohecho activo), ordenó que se haga pronto el juicio oral teniendo en cuenta que en esta causa son varios los procesados en prisión preventiva, y dejó contrareloj a Bonadío para que presente más pruebas de la Asociación Ilícita que reprocha, caso contrario, deberá dictar el sobreseimiento por ese delito.
Padoan seguirá el proceso en libertad.
En su resolución firmada el lunes 15 de abril de 2019, la Cámara Federal además formula consideraciones sobre cuestiones pendientes.
Dicen los camaristas Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi: “Estamos culminando ya una tercera etapa de esta conocida causa denominada *cuadernos*, mapa significativo y sin precedentes de corrupción estructural que atravesara la administración del estado nacional con acuerdos espurios con importantes sectores de empresarios, durante un considerable lapso de años y lamentablemente no detectado por ninguno de los mecanismos de control institucional del estado. Paradójicamente fue por una casualidad encarnada en un obsesivo detalle de un simple empleado/chofer que llegó a manos de un periodista y de ahí a la judicialización. Esto es por lo menos lo que se ha tenido por provisionalmente acreditado en una primera resolución dictada por esta instancia revisora hace ya casi cuatro meses”.
“Dos etapas más hemos resuelto con posterioridad y observamos que son numerosos los legajos que por separado se siguen abriendo comenzando nuevas investigaciones sectoriales con numerosos nuevos hechos y personas individualizadas con reproche. Los imputados con situación procesal ya resuelta en ambas instancias se pueden contar por decenas, así como los hechos que se han tenido por acreditados, en ambos casos con el grado de provisionalidad correspondiente a estas etapas. Es también muy significativa la cantidad de imputados que permanecen en estado de detención, situación ésta que amerita una rápida elevación a debate”.
“Además, no puede desestimarse que los procesos judiciales donde, como en el presente, se investigan delitos relacionados con la posible corrupción cometida por agentes públicos del Estado revisten un matiz diferencial, ya que sus consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio relacionado con el quebrantamiento de sus derechos y la confianza depositada en el funcionario público. La República Argentina se ha obligado internacionalmente suscribiendo instrumentos sobre “delitos de corrupción” (Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobadas por las leyes 24.759 y 26.096, respectivamente). Estas obligaciones convencionales asumidas por el Estado implican que éste debe investigar, juzgar y sancionar a los culpables de tales delitos, conforme señala el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
“Estos sucesos integran un fenómeno social y político que trasciende la cuestión penal y producen serias consecuencias para la sociedad en su conjunto. Repercuten negativamente en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, y debe remarcarse los efectos negativos que la impunidad de estas conductas produce sobre el tejido social. Todo ello, obliga a dar una pronta respuesta jurisdiccional que permita la concreta aplicación del derecho y la cesación del estado de incertidumbre que impacta de manera perjudicial tanto a los imputados como a la sociedad en general. Es por ello que advertimos que resulta indispensable proceder cuanto antes a la elevación a juicio oral de la totalidad de las etapas/tramos que ya se encuentran concluidas en estas instancias, sin perjuicio de continuar con las investigaciones instruidas en los otros legajos. Sobre esto último, advertimos también que el aquo ha hecho caso omiso a exhortaciones de este tribunal en cuanto a atender determinadas situaciones procesales. Entendemos el extraordinario cúmulo de trabajo que pesa sobre el magistrado que puede haber provocado que estas cuestiones hayan quedado relegadas. Razón por la cual le recordamos algunas que aún se encuentran pendientes, tales como: el pedido de sobreseimiento efectuado por la defensa de Máximo Kirchner con relación a la imputación del delito de asociación ilícita...; profundizar las líneas de investigación relacionadas con diversas firmas, cuyos representantes aún no han sido convocados, tales como Perales Aguiar S.A., Cartellone S.A., Juan Carlos Relats S.A. (JCR S.A.) o el grupo, entre otras; no dudamos situaciones todas estas que serán prontamente atendidas por el magistrado de grado”.
DECISIONES
En resúmen, la Cámara Federal confirmó parcialmente el procesamiento de Juan Manuel Abal Medina y Hugo Martín Larraburu, modificando la calificación legal atribuida por la de cohecho pasivo, en calidad de partícipe ssecundarios, ampliando esa medida a dieciocho (18) hechos, los cuales concurren en forma real; y decretar la falta de merito para procesar o sobreseer a los nombrados por el delito de asociación ilícita.
Confirmar el procesamiento de Alberto Ángel Padoan en orden al delito de dación de dádivas –dos (2) hechos-, en calidad de autor, en concurso real (arts. 45, 55 y 259,segundo párrafo, del Código Penal de la Nación), encomendando al Juez de Grado la realización de la medida indicada en los considerandos; y decretar la falta de merito para procesar o sobreseer por el delito de asociación ilícita.
Confirmar parcialmente el procesamiento de Rubén David Aranda, modificando la calificación legal atribuida por la de cohecho activo -un (1) hecho- en calidad de autor (arts. 45 y 258, primer párrafo, del Código Penal de la Nación); y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer por el delito de asociación ilícita.
Confirmar la ampliación del procesamiento de Julio Miguel De Vido, José María Olazagasti y Hernán Diego Del Río, en orden al delito de admisión de dádivas -un (1) hecho-, en calidad de coautor el primero y de partícipes necesarios los dos últimos (arts. 45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal de la Nación), conducta que concurre realmente con los sucesos por los que fueron anteriormente procesados -puntos XIII, XV y XVII del decisorio apelado-.
Confirmar parcialmente la ampliación del procesamiento de Roberto Baratta, modificando la calificación legal atribuida por la de cohecho pasivo -cuatro (4) hechos- y admisión de dádivas -un (1) hecho-, en calidad de coautor, los cuales concurren en forma real entre sí y respecto de los sucesos por los que fuera anteriormente procesado(arts. 45, 55, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de la Nación); y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer en orden a los supuestos pagos provenientes de Claudio Alberto De Lassaletta -tres (3) hechos prima facie calificados como admisión de dádivas- (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación) -punto XXI del decisorio recurrido-.
Confirmar parcialmente la ampliación del procesamiento de Nelson Javier Lazarte, modificando la calificación legal atribuida por la de cohecho pasivo -cuatro (4) hechos- y admisión de dádivas -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren deforma real entre sí y respecto de los sucesos por los que fuera anteriormente procesado (arts. 45, 55, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de la Nación) -punto XXIII del decisorio recurrido-.
Revocar la falta de mérito dispuesta y decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Miguel Ángel Marconi en orden al delito de cohecho activo -tres (3) hechos-, en calidad de partícipe necesario(arts. 45, 55 y 258, primera parte, del Código Penal de la Nación),debiendo el a quo precisar el monto de la medida cautelar pecuniaria que escolta el referido auto de mérito, en función de los parámetros expuestos en los considerandos (arts. 306, 310 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación) -punto XXVI del decisorio apelado-.
Revocar el procesamiento decretado y disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a Paolo Rocca en orden a los hechos que se le imputan (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación) -punto V del decisorio recurrido-.
Revocar el procesamiento decretado y disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a Claudio Alberto De Las Saletta en orden a los hechos que se le imputan (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación)-punto XI del decisorio recurrido-.
Revocar la ampliación del procesamiento decretado y disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a Hernán Camilo Gómez en orden a los hechos que se le imputan (art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación) -punto XXI del decisorio apelado-.
Mantener el embargo oportunamente ordenado sobre los bienes de Julio Miguel De Vido, José María Lazagasti, Hernán Diego Del Río, Roberto Baratta y Nelson Javier LAZARTE.
Confirmar parcialmente los puntos dispositivos II, IV, VIII y X del resolutorio apelado, por los cuales se trabó embargo sobre los bienes de Juan Manuel Abal MEDINA, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda, modificando el monto hasta cubrir la suma de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos), $40.000.000 (cuarenta millones de pesos), $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos) y $60.000.000 (sesenta millones de pesos), respectivamente.
Revocar los puntos dispositivos VI, XII y XX del resolutorio apelado, referentes a los embargos sobre los bienes de Paolo Rocca, Claudio Alberto De Lassaletta y Hernán Camilo Gómez.
Confirmar parcialmente el punto XXV en cuanto dispuso estar a la prisión preventiva dispuesta en relación a Julio Miguel De Vido y Roberto Baratta; y estar a lo resuelto por este Tribunal en el decisorio del 20 de diciembre de 2018 -punto 44- y a lo dispuesto por el aquo en el respectivo incidente de excarcelación, respecto de la libertad de Hernán Diego Del Río, Hernán Camilo Gómez y José María Olazagasti, respectivamente.
Revocar el punto XXV en cuanto dispuso estar a la prisión preventiva dispuesta respecto de Nelson Javier Lazarte, ordenándose la libertad del encartado de no mediar otro impedimento, encomendándose al Juez de Grado que fije las reglas establecidas en el art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación que estime pertinente aplicar.
Encomendar al sr. juez de grado que proceda a la inmediata elevación a juicio de los tramos ya concluidos y a resolver las cuestiones pendientes que ha dispuesto llevar a cabo esta Alzada, todo de conformidad con los señalado en el punto VII de los considerandos.
La jefa de la Asociación Ilícita
Vale recordar que en diciembre de 2018 la Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner imputada de ser jefa de la asociación ilícita que operó en el país entre 2003 y 2015 para enriquecerse indebidamente con las obras públicas. A la ex presidenta de la Nación, además, la Cámara Federal le trabó embargo hasta cubrir la suma de 1500 millones de pesos. A pesar de la ratificación de la prisión preventiva, la senadora nacional no está en prisión gracias a sus fueros legislativos.
La responsabilidad de Alberto Padoán
El Juez Claudio Bonadío sostiene que de las constancias incorporadas se desprende que Alberto Padoan ordenó pagos por la empresa Grupo Agroindustrial Vicentín, los cuales se llevaron a cabo en el domicilio de la calle presidente Luis Sáenz Peña 1074 de la ciudad de Buenos Aires, los días 16 de septiembre de 2013 y 16 de junio de 2015.
"En la anotación de fecha 16 de septiembre de 2013 surge que lo llevó a Nelson a L. S. Peña 1074 a retirar 500.000 dólares “y regresamos a Minplan”, mientras que en la anotación del 16 de junio de 2015, surge que “lo llevé a Nelson a Presidente Luis Sáenz Peña N° 1074 donde retiró 1.000.000 de dólares en una caja de cartón, luego recibió la orden por teléfono de que se lo tenía que dar a Hernán “el pelado” (Del Río), secretario de José M. Olazagasti, y se lo alcanzamos en el sótano del Ministerio, que luego éste se lo pasaría al Ministro De Vido en mano".
"Con respecto a las tareas de inteligencia llevadas a cabo en estas actuaciones, se pudo determinar que en el domicilio citado, desde el año 2000 solo funcionan empresas del Grupo Vicentín saic, siendo éstas Algodonera Avellaneda, Buyanor, Estrella y Friar".
"Otro elemento que debe mencionarse es que en su presentación agregada surge que utilizaba el abonado telefónico 3482-630222, el cuál registra 42 comunicaciones con la línea 11-57983375 utilizada por Roberto Baratta, y una comunicación con la línea 11-43442600, instalado en el despacho presidencial de la Casa Rosada".
"Estas comunicaciones fueron realizadas entre el mes de diciembre de 2013 y noviembre de 2015, debiendo destacar que una de ellas fue realizada el día 15 de junio de 2015, es decir un día antes de materializarse una de las entregas de dinero imputadas a Padoán".
"Con respecto a este abonado telefónico, debe destacarse que se corresponde con el que se encuentra en una de las agendas secuestradas en el domicilio de Oscar Centeno, donde surge Vicentín Aceites, Señor Alberto Padoan, C. Pelegrini 1.147, Capital, y el número telefónico de él".
"A raíz de ello -dice el magistrado en su resolución de primera instancia- considero que los dichos del nombrado (en el escrito que presentó en la indagatoria del 18 de octubre de 2018 y que a continuación transcribimos) son un mero argumento defensista ya que no guarda relación con las constancias incorporadas. En este sentido, resultan elocuentes la cantidad de llamadas telefónicas realizadas al teléfono celular utilizado por Roberto Baratta y la cercanía con una de las entregas de dinero imputadas; por ello, el argumento utilizado en relación a que al momento de los sucesos se encontraba en la ciudad de Rosario, carece de sustento para desvincularla de los eventos investigados, toda vez que pudo haber ordenado por cualquier medio que se realizarán los pagos imputados". Por todo ello, el juez Claudio Bonadío dispuso oportunamente decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Ángel Padoán en orden de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y dación de dádivas en 2 hechos en calidad de autor. Ahora la Cámara Federal confirmó solo el delito de cohecho activo (dar coimas). Además en su resolución, Bonadío había ordenado "trabar formal embargo sobre los bienes y dineros de Alberto Ángel Padoán, suficientes hasta cubrir la suma de $4.000.000.000.- cuatro mil millones de pesos, lo que la Cámara Federal bajó a $800.000.000.- ochocientos millones de pesos.
Sostiene el Juez Bonadío que "la asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, quienes detentaron el cargo de presidente de la República Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, lo que la Cámara ya confirmó en diciembre de 2018.
Sostiene el magistrado que “los cobros fueron realizados principalmente por Roberto Baratta y Nelson Javier Lazarte, secretario privado de Baratta. También menciona que participaron otros.
El juez refiere a los cuadernos de Centeno como “una verdadera bitácora del delito” escrito entre 2005 y 2015.
La defensa de Beto Padoan
Alberto Padoan ejerció su primera defensa en la declaración indagatoria que fue el 18 de octubre de 2018, donde presentó un escrito y no respondió preguntas. Sostuvo: “Niego terminantemente haber tenido alguna vinculación con aquellas supuestas entregas de dinero, incluso me atrevo a decir que las mismas jamás existieron, pues mi pasado en Vicentín me permite asegurar que no es ni ha sido jamás una política de la empresa hacer semejantes entregas dinerarias con ninguna finalidad en aquellos registros de Centeno, ni siquiera se me nombra".
Añadió que "en ese edificio trabajaban cerca de 120 personas en distintas empresas y si bien a mi se me vincula con la firma Vicentín, la realidad es que estoy desvinculado del directorio de la misma desde el 2003; es decir desde hace más de 15 años". Asimismo sostuvo Padoan que he dejado de integrar el directorio de Vicentín saic y de desempeñar cualquier actividad directiva dentro de esta empresa hace más de 15 años. Mi última actuación como director de la referida sociedad fue el marzo del año 2003".
Por otra parte respecto a los días que surgen de las anotaciones, Padoan manifestó: “Mediante la copia certificada del acta de la reunión de Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio de Rosario de aquel día, acredito fiel a incontrastablemente que el 16 de junio de 2015 yo no estuve en la ciudad de Buenos Aires sino en la ciudad de Rosario; y el 16 de septiembre de 2013, por haber sido día lunes, casi puedo asegurar que tampoco estuve en Buenos Aires aquel día, pues muy rara vez he venido todo a esta ciudad un día lunes”. Además sostuvo que “ninguna de las firmas con las que estuve laboral y comercialmente vinculado fue jamás contratista del Estado, ni tuvo ni tiene la más mínima relación con el rubro Obra Pública, el que entiendo que es el objeto central de esta investigación”.
"¡Que me muestren el cuaderno!. ¡Yo no figuro en ningún cuaderno, no se de dónde salió eso, es todo lo que tengo que decir!”, respondió Padoan el 14 de agosto de 2018 ante el llamado de ReconquistaHOY, cuando comenzó a correr la información que figuraba en el pago de coimas. La intención era entrevistarlo en ReconquistaHOY, pero no aceptó la invitación para salir al aire. Explicó que en Reconquista no va a salir al aire "con nadie, porque después se dice cualquier cosa, como ya estuvieron diciendo a la mañana", sin mencionar más detalles. Dijo que prefiere hacer las declaraciones en Rosario. Y todas las otras llamadas no fueron ni atendidas ni devueltas, tampoco los mensajes de WhatsApp.
