Secuestraron cuantiosos juegos de casinos, armas de fuego y un auto. Hay un detenido.

Varias camionetas de la policía salieron repletas de ruletas, mesas de juego, computadoras y máquinas de casinos, fichas, armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación secuestrados en la propiedad ubicada en calle 26 al 542 de la Ciudad de Avellaneda.

Fue el fiscal Aldo Gerosa quien pidió la orden de allanamiento que firmó el juez Mauricio Martelossi, ejecutada este sábado 27 de abril de 2019.

El representante del Ministerio Público de la Acusación informó a ReconquistaHOY que también dispuso la detención de José Luis Mariani Pietropaolo, 60, alias "Chupete" por los delitos de juegos ilegales y resistencia a la autoridad; y el secuestro del automóvil Peugeot color bordó, patente EHG210 en el que se movilizaba, que está a nombre de otra persona que no es de aquí.

Añadió que el allanamiento surgió a partir de un llamado anónimo al 911 dando cuenta que en esa propiedad había elementos vinculados con los juegos ilegales. A partir de allí trabajó la PDI bajo la dirección del fiscal de turno, Aldo Gerosa, quien estima que el martes sería la audiencia imputativa para Mariani.

Esa propiedad está a nombre de Gustavo Nardellil, suegro de Axel Schlíe, uno de los imputados como integrante de una asociación ilícita de nivel provincial vinculada a los juegos ilegales, junto a "Macho" Pérez, que está en igual situación de imputado, ambos reconquistenses en libertad con restricciones, a disposición de un juez penal de Venado Tuerto.

En principio surge que esta propiedad en calle 26 del Barrio Port Arthur de Avellaneda era utilizada como depósito de los elementos con los que se arman los casinos ilegales que pululan por la región.

Lo que se incautó: 

1 automóvil marca Peugeot 206 color bordó patente EHG210.

1 escopeta desarmada doble caño yuxtapuesta Spezial Gewehrlaufstahl.

1 carabina calibre 22 LR marca Zbrojovka.

37 monitores Led.

41 gabinetes de computadoras.

51 teclados para computadoras.

5 mesas (consola) de juego electrónico digital.

3 paños de juegos sin inscripción.

1 mesa de madera de Black Jack.

1 ruleta de madera dentro de una caja.

2 mesas redondas para juegos de madera con paño verde.

3 mesas de maderas para apuestas de ruleta; y cuantiosas cajas y bolsas conteniendo cables y fichas de casino, celulares, municiones, estabilizadores de tensión, módem y mouses.

Apostilla 

Cuando llegó la policía a cumplir con la orden del juez, Chupete Mariani atendió el llamado a la puerta sin abrir, y cuando le expresaron que era la policía, que tenían la orden de allanamiento, se negó a abrir, por lo que -previa advertencia- se ingresó por la fuerza.

Pedido de captura 

Al ser identificado Mariani como el morador de la vivienda allanada, consultaron la base de datos y saltó que tenía un pedido de captura emanado del Juzgado Penal de Sentencia de Vera por el delito de "estafa". Tras detenerlo lo llevaron a examinar al hospital y luego a una celda de la U.R.IX. El abogado Julio Pagano se presentó interesado en su situación. Mientras allanaban la vivienda, también se lo vio a Macho Pérez en casa de quien es presidente del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial.

La sospecha es que el negocio es global en la provincia, armado como una asociación ilícita liderada por un empresario que está imputado y en libertad con restricciones, quien tendría cierta protección política de nivel provincial y en esferas del Poder Judicial.  De hecho que llamó la atención que a los pocos días de estar en prisión preventiva consiguió que un juez lo deje en libertad con restricciones, cuando aún había mucho por seguir investigando, pues la red no está desarmada. Tampoco hubo prisión preventiva para quienes están imputados de ser parte de esa asociación ilícita. Se puede suponer que estando en libertad los actores del negocio ilícito se podría complicar más alcanzar las pruebas, lo cual haría lógica una medida de ese tipo. Olor a corrupción, quebrantamiento que explica claramente por qué se expandió tan fuertemente este negocio millonario e ilícito, reprochado con prisión en el Código Penal Argentino, y que nada tiene de clandestino como algunos lo llaman; pues moviliza muchas personas y en cada barrio, en cada pueblo y ciudad la gente sabe donde están ya que se nutren del público; cómo no saberlo entonces la policía, los fiscales, jueces y el poder político. Y si dicen que no lo saben, lástima daría ser gobernado por gente tan inútil o tan desinteresada o tan desconectada.

El juego ilegal "mueve mucho dinero y perjudica al Estado que es quien lo regula". 

“El dinero ilegal corrompe, es así de claro, el dinero ilegal corrompe en los distintos niveles”.

“El juego trae dinero clandestino y el dinero clandestino corrompe, así de claro”.

Son algunas definiciones del Fiscal Regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, en declaraciones a ReconquistaHOY el 04 de febrero de 2019.

Sinópoli es visto como uno de los que no se rindió ni se sumó al negocio, sino que lo combate, como el senador de ese departamento Lisandro Enrico, cuyas denuncias públicas pusieron a trabajar a los haraganes del sistema, y también a los cómplices, ya que varios allanamientos se vieron frustrados allá y acá porque cuando llegaba la comisión policial ya habían sacado todas las pruebas. Algunos directamente no se concretaron porque a la hora de mandar la policía en fiscalía ya sabían que no iban a encontrar nada. Pasó incluso en Reconquista, puntualmente el 20 de diciembre de 2018. El juego ilegal tiene empleados y/o socios en todos los niveles, inclusive en el gobierno y en el Poder Judicial, es evidente. Si los inquieta la afirmación, que busquen ellos las pruebas que para eso cobran.

El fiscal regional de Venado Tuerto dirige una investigación de nivel provincial que incluye Reconquista. El interrogante es si con tantos estorbos y obstáculos podrá poner fin a la histórica protección estatal que aquí gozó el negocio de los juegos ilegales y sus principales actores, a tal punto que no existen condenas para los que se enriquecieron con este dinero que el mismo investigador califica como corruptor: “El juego trae dinero clandestino y el dinero clandestino corrompe, así de claro”,  sentenció en la entrevista que dio a ReconquistaHOY.

Y aquí se tocan dos puntos: el fiscal adjunto en uso de licencia psiquiátrica, Rodrigo González y su superior, el fiscal Regional Rubén Martínez. González porque es sindicado como amigo de uno de los ahora imputados, Pérez (hay fotos hasta de vacaciones compartidas y mesas de café a la vista de todos, incluso con otros amigos influyentes en los círculos del poder). Y Martínez porque "los ilícitos" lo ven como uno de los que impulsa la investigación que pone en riesgo la continuidad del negocio ilegal. Martínez y González que ya vienen enfrentados por sendas denuncias penales, y González ya imputado por "amenazas coactivas" hacia Martínez. Y de las escuchas telefónicas que tienen en el Ministerio Público de la Acusación surgió que Martínez podría estar en peligro, por eso su par Sinópoli le puso custodia permanente desde hace un par de meses.

En cuanto a la histórica protección política a los actores del juego ilegal decían que el pacto nunca escrito terminaba cuando el presidente de la Nación promulgó la ley aprobada en noviembre de 2017 que convirtió al juego ilegal en delito, lo que antes era una falta, incluso desde la provincia se les dio un ultimátum a los ilegales para que desarmen sus negocios porque se acababa la protección. La cosa al menos viene demorada, si es que no se les renovó "el permitido". Los quineleros oficiales viven quejándose porque persiste la competencia ilegal a la vista de las autoridades. "Los que pagamos impuestos no somos protegidos, si los ilegales", reprochan.

Qué dice el artículo 301 bis del Código Penal Argentino: Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

Video desde el lugar del allanamiento.