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Con los alegatos terminó este martes el juicio contra un joven acusado de corromper y prostituir a una adolescente.

El fracaso del Estado, el fracaso de todos: una niña prostituída durante años a la vista de todos, en una "zona roja" perfectamente reconocida como sitio de prostitución.

Con los alegatos terminó este martes el juicio contra un joven acusado de corromper y prostituir a una adolescente.
Romero, junto a su defensor Jose Luis Estevez, esperando escuchar los alegatos de clausura

Antonio Ramón Romero, 34, vecino del Barrio Virgen de Guadalupe de Reconquista, fue acusado por el fiscal Rubén Martínez por ser autor de los delitos de “promoción y facilitamiento de la prostitución y corrupción de menores agravadapor la situación de convivencia”. Solicitó la pena de 10 años de prisión conforme a los artículos 125, 125 bis primer párrafo y 126 inciso primero y segundo y último párrafo.

Los agravantes de la convivencia, la menoridad de la víctima y las amenazas justifican la pena de 10 años de prisión. Es adecuada porque Romero desde antes del año 2014 ya sabía que cometía delito con la menor; y el reproche penal debe tener ese agravante del conocimiento claro y preciso de él tenía del delito y lo siguió cometiendo, sostuvo el representante del Ministerio Público de la Acusación.

El Dr. Martínez le dijo a la Jueza Claudia Bressán que ha aprobado los delitos de que "Romero facilitaba la prostitución de su concubina menor de edad, quien por entonces tenía 14 años, convivía con ella y además se aprovechaba de la vulnerabilidad que tenía, imposibilitando que se alejara de esa profesión, si es que se la puede llamar de esa forma y la explotaba económicamente ya que su único medio de vida era el trabajo de la menor para que mantenga a la familia y a él. Y tengo que empezar hablando de la menor, así como lo hice en los alegatos de apertura, no queda duda alguna a esta altura que se trataba por entonces de una niña con vulnerabilidad dado la circunstancia que le toco vivir por su mamá y sus hermanitos que fallecieron en un incendio y ella quedó prácticamente en situación de calle viviendo con su abuela primero, luego en distintos lugares y por supuesto eligiendo su forma de vida con una rispidez propia que le tocó vivir".

Reconoció "una debilidad que tenía esta acusación ya que justamente la joven víctima estaba a favor del imputado y no quería que se tome ninguna medida contra él". Además remarcó que la víctima confesó "estar enamorada" de su victimario; en fin, "nos ha demostrado que la une un vínculo afectivo con Romero".

Sostuvo que Romero "se interesó por ella, lástima que se haya interesado con fines ilícitos y que hicieron continuar a la misma en la prostitución. Tenía dos hijos cuando tenía quince años, y Romero lo reconoció. Lo que llevo que la Subsecretaria de la Niñez tuviera que intervenir sacándole a uno de sus hijos y poniéndolo en adopción, de tal manera que ha quedado comprobado que la joven creció en la prostitución".

Reiteró lo que dijo en el alegato de apertura, que "este caso materializa el fracaso de las políticas públicas... debió haber tenido una vida propia de una niña y luego de una adolescente, disfrutar de los juegos, de sus amigos, pero nada de eso ha pasado". 

Le pidió a la jueza que a la hora del veredicto tenga en cuenta entre otras cosas aportadas en el juicio, a dos testigos que el fiscal consideró fundamentales porque "claramente dijeron que Romero la llevaba al lugar donde ejercía la prostitución y permanecía en el lugar mientras ella ofrecía sus servicios sexuales en la zona roja detrás de la YPF", una cuadra al Oeste de Ruta 11, en la esquina de calles 47 y 36. Los testimonios son de personas mayores que manifestaron en el juicio que se veían afectadas por la presencia de la menor.

También resaltó la importancia de otra declaración, de un testigo que contó que "Romero obligaba a la joven, aun cuando ella no quisiera, cuando no quería trabajar, que eso sucedió cuando tenía su primer hijo, y justamente estamos hablando cuando se realizó el allanamiento, porque cuando se detuvo a Romero en el colectivo, llevaba al menor sabiendo que existía una orden contra él y al advertir a los efectivos se lo dio a otra pasajera al bebé para tratar de pasar desapercibido. Eso demuestra que Romero sabía que no estaba haciendo lo correcto. Todos los testigos manifestaron que Romero no trabajaba y que sabía que su concubina se dedicaba a la prostitución, y algunos manifestaron que la acercaba al lugar y la cuidaba, surge mas que evidente entonces aunque no esté claramente identificado el momento exacto en que la menor le daba el dinero, es evidente que el dinero producido era lo que facilitaba la manutención de Romero y la mantención de la familia, ella misma lo dijo y se lo dijo a la policía. Romero sabía de la conducta de su pareja, se aprovechaba de la misma, se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad y llegó a amenazarla cuando dijo que no quería volver a ese trabajo, sin embargo la insistencia del mismo lograba que volviera y hoy la han podido ver en la audiencia, tenemos una señorita completamente enojada con el sistema, yo diría que excluida del sistema por propia voluntad y por voluntad de Romero que ayudaba para que esta situación se mantuviera".

Remarcó que "la conducta de Romero encuadra en el facilitamiento y promoción de la prostitución agravado por la situación de convivencia (la menoridad de la víctima) en concurso ideal con corrupción de menores de 18 años.  Y me parece importante remarcar que Romero eligió una forma de vida ilícita, cuando conoció a la menor ella tenía entre 11 y 12 años, cuando la embarazó de su primer hijo podía tener todas las oportunidades y aun dentro de la situación de pobreza tratar de elegir una forma diferente o normal de desarrollar la vida de la menor y de su desarrollo sexual sin embargo no lo hizo, siguió en su postura de que la misma siga con su trabajo, seguramente le habrá dicho es lo único que sabes hacer, lo que llevaba a que siga en esa actitud.  A mi criterio Romero también incurría en la corrupción de menores en concurso ideal con el facilitamiento de la prostitución porque evidentemente a los 14 años, esa chica conocía todos los hechos que podían contribuir en su desarrollo sexual".

Los 10 años de prisión que pidió el fiscal corresponde al mínimo previsto por la ley.

 

El defensor público José Luis Estévez pidió la absolución de Romero. Remarcó que la jueza al dictar el veredicto deberá tener en cuenta solamente lo que pasó después de la vigencia del nuevo sistema penal (10 de febrero de 2014). Juzgó que la acusación del fiscal "fue en forma genérica y que todos los hechos que habían sido referenciados en esa imputación pertenecían a hechos anteriores o denunciados anteriormente al 10 de febrero de 2014, en la imputación no se hace referencia a fechas o días así que eso fue un poco lo determinado a partir de los testimonios, pero que en definitiva eso afecta el derecho de defensa, si a mi cliente le dice que estaba ahí, bueno que día estaba, yo tengo que saber para poder decir no, no estaba ahí estaba en otro lado, es decir eso es la afectación al derecho de defensa, pero avanzando un poco en lo que se probó, ninguno de los testigos pudo acreditar la fecha en que han sucedido los hechos, y los policías para mí no son testigos de nada porque son parte del órgano persecutor del estado, están subordinados a la investigación del Fiscal, es mas, tiene en el Art. 271 el poder disciplinario por el que puede sancionar a los policías, además hay una práctica que nosotros hemos denunciado constantemente: que la policía no documenta sus investigaciones, es decir, toda actividad que hace la policía sea fructosa o no fructosa o sea prueba de cargo o de defensa tiene que ponerla en un legajo, la defensa y la fiscalía tienen que saber qué es lo que hizo la policía. Hoy nos encontramos con un testimonio donde dice que tomaron testimoniales o declaraciones previas a una gente que trabaja en la zona roja, pero eso no está documentado, entonces, cómo sabia la defensa y que es lo que dijeron?; es decir nosotros no podemos venir a un debate a reafirmar lo que hizo o no hizo la policía, es una investigación de la cual no es testigo ella misma, sino estamos frente a una contradicción, estamos ante un sistema donde como se llama comúnmente, un derecho penal policial, es decir lo que hace la policía prueba, entonces eso acredita los hechos, eso es básicamente lo que se ha dicho".

Luego de escuchar a las partes, la jueza se tomará unos días para reflexionar y dar a conocer su veredicto. La lectura de la sentencia será el miércoles 15 de mayo de 2019 a las 12:00 horas en los mismos tribunales de Reconquista, San Martín 1153.

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Jueza Claudia Bressan
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Fiscal Ruben Martinez
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Romero, junto a su defensor Jose Luis Estevez, esperando escuchar los alegatos de clausura

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