Video con la lectura del veredicto.
El Juez Penal Gustavo Adrian Gon condenó a Héctor Daniel Barrios a la pena de 6 años de prisión de efectivo cumplimiento como autor penalmente responsable de los delitos de “explotación económica de la prostitución de personas mayores de edad agravada por la situación de indefensión y sometimiento psicológico ocasionado por el uso de violencia, amenaza intimidación y coerción”, artículos 45 y 127 segundo párrafo inciso primero del Código Penal.
Su mujer, Claudia Argentina Pereyra, fue condenada a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo como participe necesaria del mismo delito.
En la misma sentencia el magistrado rechazó la petición del la fiscalía que había solicitado el decomiso definitivo de una flamante camioneta VW Amarok patente PQW 002 con 1.000 Km de uso; y tampoco hizo lugar a la detención inmediata de los condenados, quienes se fueron caminando, como llegaron, a la espera de que el fallo adquiera firmeza si es que antes un juez no decide privarlos de la libertad en forma preventiva para evitar que fuguen, lo que intentará el fiscal, quien ya anticipó a ReconquistaHOY que pedirá la realización de una audiencia con ese fin.
El representante del Ministerio Público de la Acusación también anticipó a ReconquistaHOY que espera los fundamentos del juez porque quiere apelar insistiendo en que la camioneta debe ser decomisada definitivamente porque fue adquirida con dineros del ilícito por el que fue condenado. Insistió durante el juicio que Barrios nunca tuvo un trabajo lícito que le permita justificar la compra de ese vehículo 0 Km, vivía del dinero que conseguía de explotar económicamente a personas que ejercían la prostitución, aprovechándose de la situación de indefensión en la que estaban para someterlas psicológicamente y usando la violencia, amenaza, intimidación y coerción.
Barrios y su mujer Pereyra manejaban el negocio. Era él quien las ofrecía y controlaba. Les exigía que le envíen fotos hasta indicando las poses y videos para ofrecerle a sus clientes. También les indicaba cómo debían vestirse para la prostitución. Usaba un Fiat patente TNA 459 para trasladarlas. Era violento y exigente. Eso surge de las escuchas y mensajes de su teléfono intervenido por orden de un juez. Mencionó una orden concreta hacia una de sus víctimas para que vaya a "trabajar" porque él tenía que pagar la cuota de la camioneta Amarok 0 Km que había comprado.
Barrios y Pereyra compraron la Amarok, quedó también acreditado. Ni Barrios ni Pereyra tenían ninguna actividad rentable para justificar la compra del vehículo, es claro que solo con la prostitución ajena pudieron compra la camioneta. Hay evidencias directas, precisas y concordantes de la autoria punible de Barrios y Pereyra sobre los hechos imputados, expresó el fiscal ante el juez.
Barrios constituyó un fondo común para los gastos con su mujer y juntos participaban del negocio ilícito. "Barrios y Pereyra crearon situaciones de vulnerabildad y sometimiento psicológico y económico de las víctimas, aprovechándose dolosamente de las circunstancias", remarcó el fiscal ante el juez pidiendo condena para ambos, lo que sucedió.
Una conducta típica de quien somete se daba en este caso, remarcó el fiscal, que es aislar a la víctima de sus afectos y de las redes sociales "para que dependan de ellos". Tanto que hay una comunicación donde una de las víctimas le pedía permiso a Barrios para ir a comprar un juguito para la hija en común, eso muestra el sometimiento. No le dejaba ni dinero para la nena en común, reprochó. Pero aún así se vio a una de las víctimas (Gisela) salir al aire en ReconquistaHOY y asistir al juicio para declarar a favor del ahora condenado, diciendo que él no la explotaba, que ella lo hacía y hace porque quiere. El fiscal mencionó al respecto la declaración de la psicóloga y asistente del poder judicial que declaró que la reticencia de Gisela es un signo claro de la explotación sexual por la coacción que ejerce su explotador, evidencia el temor propio del sometimiento. Personas en esa situacion disocian la realidad y terminan protegiendo, amparando o justificando a su agresor.
Gisela culpó a "Cape", como ella llamaba a Roberto Capeletti, dijo que era él quien le sacaba la mitad de lo que ella cobraba a los clientes y que además les cobraba el acceso a la pieza donde tenían sexo. Capeletti era dueño de un albergue transitorio que funcionaba sin habilitación sobre calle 36, entre 45 y 47, detrás de la YPF Reconquista El Cruce, histórica zona roja de la ciudad. Si bien Capeletti también estaba imputado en esta causa, no llegó al juicio porque falleció durante el proceso. La víctima en su afán de defender al ahora condenado culpó al muerto, quien no tendrá posibilidad de defenderse.
Barrios hasta medicaba a su víctima. El fiscal mencionó una prueba tomada del teléfono, cuando una de sus víctimas le contó "“Yo me muero de dolor" y le pregutnaba si podía tomar un Tafirol, a lo que él le contesto que podía tomar "dos".
Como otra muestra del mal trato mencionó otra prueba de la intervención de las comunicaciones, cuando él le expresó: "Sos puta y listo, yo lo que hice es sacarte plata para que no te cojan gratis”.
Barrios se ocupaba incluso de llevar a sus víctimas hasta la zona roja de la ciudad, ubicada en la manzada de Yrigoyen, 36, 45 y 47, donde también estaba el albergue ilegal de Capeletti y de allí también las retiraba en su vehículo.
“Barrios y la Pereyra eran socios”, sostuvo el fiscal. Claudia Pereyra llevaba las cuentas de la recaudación del trabajo de las prostitutas y tenían un pozo común, sostuvo el fiscal en el juicio. Si bien aseguró que “Barrios tenía varias mujeres trabajando, tenía un harem joven”, él se ocupó de juntar pruebas sobre dos víctimas: Dionisia y Gisela, y durante el lapso de unos pocos meses, desde enero a junio de 2016.
Llevaban las cuentas, por ejemplo, determinado día una de las mujeres hizo 8 pases y recaudó $1.400.-; y eran controladas a cada momento, por eso surje otra comunicación donde una de las víctimas informa que hasta ese momento llevaba 5 pases. Otra en la que informa que iban "3 pases, $700, anotá". "8 pases, $1.450.-". Son valores de inicios de 2016.
Barrios le decía cuánto tenían que cobrar y las tarifas variaban si era con o sin forro, si el cliente acababa adentro o afuera. También él pasaba el número de sus víctimas a potenciales clientes.
Y mientras los explotadores tenían "bienestar económico", las víctimas no tenían ni para comprar un juguito, como quedó registrado en una de las comunicaciones.
Barrios pedía a sus víctimas fotos desnudas y videos masturbándose.
Él advertía a sus víctimas que tengan cuidado cuando andaba la policía.
Mencionó el fiscal "el protocolo de Palermo" que dice que el consentimiento de la víctima de la trata de personas no se tendrá en cuenta y explica por qué.
Recordó que Barrios ya estuvo detenido antes por una causa similar.
El fiscal sumó pruebas de la vulnerabilidad de la víctima y del sometimiento económico al mencionar que Gisela vivía en una casa con chapas, lonas y piso natural con escombros, mientras que quien la explotaba compró una Amarok 0 Km que cuando fue secuestrada tenía 1.000 km de rodaje. Hay una foto que muestra ese contraste impactante de la camioneta estacionada frente a esa casa precaria de su víctima. Fue tomada el día del allanamiento, cuando detuvieron a la pareja Barrios-Pereyra, quienes estuvieron un tiempo en prisión preventiva y ahora llegaron al juicio en libertad, y así esperan que la sentencia de primera instancia adquiera firmeza.
La sentencia del juez Gustavo Gon fue leída el 13 de Junio de 2019 como cierre del juicio oral y público que se desarrolló en los últimos días en los tribunales de Reconquista, impulsado por el Fiscal Aldo Gerosa.
Mediante un comunicado del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Gerosa sostuvo que “es una condena muy importante para este tipo de delitos donde la víctima es aprovechada por su situación de vulnerabilidad en el máximo de los sentidos, igualmente esperaré los fundamentos del fallo para analizar algún recurso si corresponde, pero en principio, en cuanto a las penas aplicadas estoy conforme, no así en cuanto al rechazo del decomiso de los bienes y la detención de los condenados”.
El abogado defensor sostuvo que los hechos no fueron probados y apuntó a la flaqueza del trabajo del fiscal que no confirmó las supuestas pruebas durante el desarrollo del juicio, no habiendo confirmado siquiera que esas comunicaciones fueron realmente de Héctor Barrios. No le dieron siquiera la oportunidad que él reconozca si era su voz y ni el teléfono llevaron a la sala de audiencias, por lo tanto todo quedó en la etapa de los indicios. Anticipó que espera leer los fundamentos del juez para apelar. Algo más dijo el Dr. Ghio y lo podés escuchar en uno de los audios que se comparten en este mismo informe.
Los condenados:
Héctor Daniel Barrios, argentino, nacido en 6 de octubre de 1975, en la ciudad de Reconquista, domiciliado en Manzana 10 casa 124, del barrio 374, dijo que es albañil.
Claudia Argentina Pereyra, nacida el 24 de junio de 1979, en la cuidad de Reconquista, con mismo domicilio que su pareja Héctor Barrios, dijo ser empleada domestica.
Ambos fueron asistidos legalmente por el abogado particular Andrés Ghio.
