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Al final tenía razón el Fiscal Leandro Mai.

Importante fallo a favor del poder de los fiscales para disponer detenciones. 

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Leandro Mai.    

El Juez de Cámara José Mántaras declaró legal las detenciones de Jonatan Raúl “Tatú” Cardozo, 26; domiciliado en barrio Luján; y Facundo Omar “Toro”García, 19, de Barrio Virgen de Guadalupe.

Ambos actores que son un dolor de cabeza para la sociedad porque repiten en la comisión de delitos, habían sido beneficiados con la inmediata libertad que dispuso la Jueza Claudia Bressán, al sostener que al detenerlos el fiscal no mencionó peligros procesales y no pidió en el momento oportuno la audiencia para establecer medidas cautelares, tal como lo explicó la jueza en declaraciones a ReconquistaHOY en ese momento, lo que aquí podés volver a escuchar.

El fiscal sostuvo su posición de que ambas detenciones fueron legales y recurrió a un juez superior, quien finalmente le dio la razón. A este fallo lo firmó el Juez de Cámara José Mántaras, el 21 de junio de 2019, señalando que la orden del fiscal Mai “goza de indiscutible legalidad” y “de razonabilidad para asegurar los fines del proceso”.

El 02 de enero de 2019, el Fiscal Mai había ordenado las detenciones.

A Jonatán Raúl Cardozo le achacó haber cometido hechos que penalmente se encuadran en los tipos de amenazas agravadas, violación de domicilio, resistencia y desobediencia a la autoridad en concurso real, mientras que a Facundo Omar García, amenazas agravadas, resistencia y desobediencia a la autoridad, en concurso real. Ambos imputados tienen causas en trámite, y encima Cardozo estaba beneficiado en ese momento por la libertad condicional y García registraba una medida cautelar de prisión preventiva.

Al defender su posición ante el Juez de Cámara, el Fiscal Mai sostuvo que la resolución de la Jueza Bressán "ha causado estupor y un gravamen irreparable al Ministerio Público de la Acusación, no solo de la Unidad Fiscal que representa, sino en el Ministerio Público ya que va de contramano con todas sus similares dispuestas en su oportunidad en el ámbito de la Provincia y que han cumplido no solo con los recaudos de los arts., 214, sino también con las instrucciones del órgano acusador y que no han sido cuestionadas por el servicio de la defensa penal".

El camarista Mántaras expresó en su fallo a favor del Fiscal que también entiende que “en cuanto a las formas, el control jurisdiccional debe verificar ‘que haya existido orden escrita del fiscal –en los casos pertinentes–; que al momento de ordenar la detención estuvieran configurados los requisitos legales de la misma; que en caso de flagrancia no se haya hecho uso abusivo de la fuerza física; que se hayan respetado los plazos legales; eventualmente, en caso de prórroga, que la misma haya sido motivada, y que se haya consignado el lugar de detención’, circunstancias todas estas, que examinadas por este Tribunal en mérito a la documental aportada, no evidencian –prima facie– transgresión alguna de los imperativos regulados por el procedimiento”.

Mántaras también tiene en cuenta que "sin dudas estamos en presencia de sujetos que han amenazado la vida de sus víctimas, uno de ellos con armas de fuego, y que en todo momento resistieron su aprehensión intentando sustraerse frente al accionar preventor". También tiene en cuenta "los antecedentes de los imputados, no obviando que uno se encontraba bajo las condiciones del art. 13 del C. Penal y que asimismo existían otras causas en trámite, tal cual se lo hizo saber, sumado a la gravedad de la modalidad ejecutiva del quehacer delictivo reiterado, su activa y refractaria resistencia evasiva frente al accionar policial, son elementos que sin dudas deben ser considerados como serios y responsables para validar la decisión del Fiscal del caso".

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José Mántaras, juez de cámara.
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Claudia Bressán, jueza.

Comunicado de prensa

Así difundió la noticia el Ministerio Público de la Acusación:

La Cámara Penal de Vera declaró la legalidad de una detención que había sido cuestionada porque el fiscal no invocó los peligros procesales

La resolución de segunda instancia hace lugar a una apelación presentada por el fiscal Leandro Mai. También afirma que la orden del funcionario del MPA “goza de indiscutible legalidad” y “de razonabilidad para asegurar los fines del proceso”.

La Cámara Penal de Vera declaró la legalidad de dos detenciones dispuestas por el fiscal Leandro Mai y que habían sido rechazadas en primera instancia por no invocar los peligros procesales. La resolución del tribunal de Alzada fue emitida a raíz de un recurso de apelación presentado por el propio Mai.

“No corresponde, bajo esas circunstancias y etapa procesal, calificarla de arbitraria”, sostiene la Cámara en relación a la orden del fiscal Mai. En tal sentido, agrega que no hay “margen de dudas para declarar que la medida dispuesta (…) goza en el caso que nos ocupa, no sólo de indiscutible legalidad, sino también, frente a las especiales circunstancias, de razonabilidad para asegurar los fines del proceso”.

La Alzada también entiende que “en cuanto a las formas, el control jurisdiccional debe verificar ‘que haya existido orden escrita del fiscal –en los casos pertinentes–; que al momento de ordenar la detención estuvieran configurados los requisitos legales de la misma; que en caso de flagrancia no se haya hecho uso abusivo de la fuerza física; que se hayan respetado los plazos legales; eventualmente, en caso de prórroga, que la misma haya sido motivada, y que se haya consignado el lugar de detención’, circunstancias todas estas, que examinadas por este Tribunal en mérito a la documental aportada, no evidencian –prima facie– transgresión alguna de los imperativos regulados por el procedimiento”.

Facultades

“Cuando presentamos la apelación sostuvimos que el MPA posee facultades para ordenar detenciones y trajimos a colación el fallo “Ezequiel Ramírez” de nuestra Corte Suprema de Justicia Provincial”, sostuvo Mai. El funcionario del MPA recordó “la vigencia del artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Constitución de Santa Fe” y agregó que “en su rol de principal actor de la acción penal preparatoria, el MPA tiene facultades para disponer de esas medidas de coerción personal”.

Mai también argumentó que “el artículo 217 del Código Procesal Penal de nuestra provincia es muy claro y no refiere a la invocación de los riesgos procesales, los cuales deben plantearse en otra instancia procesal”. También hizo hincapié en la resolución de la Cámara y destacó que “es importante para la actividad de los fiscales en toda la provincia y sienta un precedente para que no se afecte el debido proceso”.

El caso

Mai libró la orden de detención –que ahora la Cámara Penal concluye que fue legal– el miércoles 2 de enero de este año en perjuicio de dos hombres mayores de edad cuyas iniciales son FOG y JRC, respectivamente. FOG es investigado como autor de los delitos de amenazas agravadas en concurso real con resistencia y desobediencia a la autoridad. Por su parte, JRC es investigado como autor de amenazas agravadas, violación de domicilio, resistencia y desobediencia a la autoridad, en concurso real.

Oficina de Prensa y Difusión MPA

 

Frente a la polémica decisión de la Jueza Claudia Bressán, ReconquistaHOY había consultado la opinión de ella, de la defensora pública y del fiscal, el mismo día de la audiencia y aquí podés volver a escucharlas.

 

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