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Te contamos cómo es el acuerdo judicial firmado con Chupete Mariani y Gustavo Nardelli, quienes habían sido imputados por el delito de juegos ilegales.

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Chupete Mariani y Gustavo Nardelli.

José Luis Pascual Mariani Pietropaolo, más conocido como Chupete Mariani y Gustavo Gabriel Nardelli, tendrán que abonar $100.000.- en 5 cuotas de $20.000.- que serán destinadas a las siguientes instituciones de bien público: Asociación Infancia Robada, Rotary Club, Club de Leones, Protectora de Animales y Cáritas Parroquial y deberán prestar tareas comunitarias en el Club Racing. Las 43 computadoras secuestradas quedaron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD). El fiscal Leandro Mai dijo que serán gestionadas a favor de escuelas de acá y que las armas de fuego serán destruidas. Todo eso fue secuestrado el sábado 27 de abril de 2019 en una vivienda ubicada en calle 26 al 542 de la Ciudad de Avellaneda, que figura como propiedad de Gustavo Nardelli. 

Además, Mariani y Nardelli deberán abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas y no podrán acercarse a menos de 100 metros del Fiscal Regional Rubén Martínez ni de su domicilio. 

Si durante un año cumplen con estas obligaciones y reglas de conducta, el Poder Judicial dejará de perseguirlos penalmente y la acción quedará extinguida.

Mariani constituyó domicilio en calle Iturraspe 464 y Nardelli en la calle 85 N° 674, ambos en la Ciudad de Reconquista.

El origen del caso:

El Ministerio Público de la Acusación había dispuesto a fines de abril de 2019 la detención de Mariani y Nardelli y los imputó en sendas audiencias públicas por el delito de “explotación, administración, operación  y organización del sistema de captación de juegos de azar sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad competente", artículo 301 bis que el Código Penal Argentino reprocha con pena de 3 a 6 años de prisión. Además Mariani había sido imputado por otros dos delitos: Tenencia de dos armas de fuego de uso civil, Art. 189 bis 2° inciso, 1er párrafo (de 6 meses a 2 años de prisión y multa); y Resistencia a la autoridad, artículo 239 (de 15 días a un año de prisión).

El acuerdo fue firmado por el Fiscal Leandro Mai en representación del Ministerio Público de la Acusación; el abogado Julio Pagano en representación de los imputados; y el juez penal Mauricio Martelossi es quien lo avaló.

Tras firmar el acuerdo conocido popularmente como "Probation", en dialogo con ReconquistaHOY el fiscal manifestó: “Entendemos que es la primer respuesta que ha tenido el sistema con respecto a este fenómeno delictivo y en el día de hoy lo que se estableció es la suspensión de juicio a prueba, que para que se entienda es cuando el delito que se persigue en particular no va a tener una condena de cumplimiento efectivo, significa que la persona no va a estar en la cárcel y sobretodo con lo que se discutió hoy en la audiencia que tiene que ver que con las personas que estaban imputadas en la investigación no eran los autores de la administración, de la explotación del fenómeno delictivo e inclusive complejo del juego clandestino, sino que eran partícipes secundarios de esta conducta punible, esto en virtud que hay una investigación que se está llevando a cabo en la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, nosotros tuvimos contacto permanente con el fiscal Merlo, que es quien la lleva y pudimos establecer en base a la información que yo tengo colectada en mi investigación y en la investigación que él tiene colectada en la suya, en definitiva, ellos no son las personas sindicadas como los autores del delito, sin perjuicio que tienen un grado de participación como yo decía no necesario o secundario. En virtud de ello se avanza en la negociación o en la posibilidad de una Suspensión de Juicio a Prueba, que es la que la propia defensa nos ofrece, ofreciéndonos un monto de reparación que entendemos que es significativo y es la primera vez que se hace sin perjuicio que después pueda ir incrementándose, de $100.000.- que van a ser donados o dados a entidades de la comunidad de Reconquista que se dedican a hacer el bien común, como son la Asociación Infancia Robada, El Rotary Club, El Club de Leones, la Protectora de Animales y Caritas Parroquial, todas instituciones que tienen vocación de servicio y que en definitiva hacen bien a la comunidad; todas ellas se van a ver beneficiadas con cuotas consecutivas e iguales de $20.000.- cada una y también van a prestar tareas comunitarias en el Club Racing. Lo otro que también creemos que es muy bueno es que se decomisan aproximadamente entre 40 y 43 computadoras que van a ser para las escuelas de aquí, vamos a hablar con la APRAD para que esas computadoras vengan a instituciones de la ciudad, que vayan a las escuelas y también que beneficien en definitiva a la comunidad donde se generó el perjuicio. También hay un mensaje, de que estas cosas no pasan desapercibidas y se van a trabajar y se va a responder a cada uno teniendo la cuota de responsabilidad que se tiene, el que es participe deberá pagar de acuerdo a ese grado de participación, distinto va a ser el autor.  La decisión de hoy entiendo fue muy buena en este aspecto de que se vuelcan a la comunidad todo lo que se consigue en la negociación, deberán cumplir reglas de conductas mientras dure la suspensión la cual es por el termino de un año; incumpliendo las mismas el proceso seguirá”.

Mariani tiene 61 años y Nardelli 53.

Nardelli es empleado de la Cooperativa de Servicios Públicos de la Ciudad de Avellaneda y suegro de Axel Schllíe, quien está imputado bajo proceso judicial por juegos ilegales en la megacausa provincial que la maneja un fiscal de Venado Tuerto, quien busca llegar a los organizadores y partícipes necesarios de este negocio ilegal. Allí también está imputado otro reconquistense: Fernando "Macho" Pérez.

Con esta investigación se vinculan las amenazas contra el Fiscal Regional Rubén Martínez, para quien la policía mantiene vigilancia especial. Por eso en la "Probation" se les dejó expresamente prohibido a Mariani y Nardelli acercarse a él.

De falta a delito.

La explotación, administración, operación y organización de juegos ilegales sin habilitación oficial es reprochado como deliito desde hace dos años y medio (27 de diciembre de 2016), luego que se reformó el Código Penal Argentino en esta materia, porque antes era solo una infracción mencionada en el Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe, que si bien también podía imponer multas y arrestos, nunca se lo aplicó seriamente. Botón de muestra del "Estado Payaso que no hace reir" es que alguna vez condenaron a 5 días de arresto a un rengo que levantaba quinielas en una bicicleta y no tenía para pagar la multa, y nunca al banquero.

Mauricio Martelossi copy
Juez del caso, Mauricio Martelossi.  
Fiscal Leandro Mai
Leandro Mai, fiscal.
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Julio Pagano, abogado.

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