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La jueza Claudia Bressán ordenó que ya quede preso un condenado en primera instancia por haber corrompido y prostituido a una menor de edad.

Antonio Romero quedó preso dos meses después de ser condenado en primera instancia a 10 años de prisión por corromper y prostituir a una menor desde los 11 años.

Antonio Ramón Romero, 33, DNI 32.140.765, nacido el 17 de diciembre de 1985, había sido condenado a la pena de 10 años de prisión de efectivo cumplimiento como autor material y penalmente responsable de los delitos de facilitamiento de la prostitución y corrupción agravada por la situación de convivencia, la minoría de edad, violencia y amenazas. Arts. 125 y 126, incisos 1°, 2° y último párrafo, Art. 45 y 12 y concordantes del Código Penal y 331 concordantes y siguientes del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe.

La condena fue anunciada por la jueza Claudia Bressán el 15 de Mayo de 2019 en los tribunales de Reconquista, pero tras escuchar el veredicto, Romero se fue a su casa.

Qué pasó ahora 

Este 30 de Julio de 2019 se realizó una audiencia a pedido del fiscal Rubén Martínez quien pidió a la misma jueza que disponga la inmediata detención para evitar el riesgo de fuga, lo que la Dra. Bressán concedió, a pesar de la oposición del defensor público José Luis Estévez.

Comenzó el fiscal manifestando que la víctima no pudo ser citada a la audiencia porque no la localizaron en la dirección que dejó asentada. La abuela informó que la joven -que ahora tiene 19 años de edad- hace dos meses se fue a vivir a Rosario con dos de sus hijas y una amiga, y que no tiene ni dirección ni número de teléfono para comunicarse con ella, que un día regresó a Reconquista para cobrar un dinero al Banco y luego regreso a Rosario. El defensor no objetó su ausencia. La jueza expresó que la audiencia se podía realizar igual, y así continuó.

El fiscal procedió luego a fundamentar el por qué quería que la jueza ordene la inmediata detención de Romero. Argumentó el riesgo de fuga ya que no tiene arraigo, ni trabajo.

Remarcó que "existe una condena de 10 años, condena grave que amerita una prisión preventiva".

Encima echó en cara que el 07 de julio de 2019 envió a personal policial al domicilio declarado por Romero en la Manzana 5 del Barrio Virgen de Guadalupe a los fines de realizar un informe socio-ambiental y su madre declaró que "no vive ahí desde hace 4 años, que no tiene contacto con él, que desconoce si trabaja y que viviría en el Asentamiento del Barrio Guadalupe con su actual pareja". Allá fueron a buscarlo y corroboraron que había cambiado de domicilio sin avisar. Encima su cuñado, quien le prestó ese lugar, dijo que le prestó "hasta que consiga otro lugar".

Para el fiscal no había duda que "se dan los extremos para la solicitud de la prisión preventiva. Primero la existencia de una condena, hay una certeza y autoría del delito; la pena es de 10 años de cumplimiento efectivo, es una pena grave". Invocó el "peligro de fuga que se acrecienta primero por el monto de la condena y su falta de arraigo, está claro que no tiene domicilio fijo, no tiene trabajo, no tiene una familia constituida, vive sin trabajar, todo acrecienta el peligro de fuga".

El defensor José Luis Estévez manifestó que iba a resistir la pretensión del fiscal. Remarcó que ni siquiera se conocen los fundamentos de la condena de primera instancia, tal como también lo había mencionado el fiscal.

Añadió que "Romero esta acá, eso demuestra que está a derecho, lamentablemente la situación es casi de indigencia". 

Reprochó al fiscal porque "se ha ocupado de (averiguar) donde vive, pero no se ha ocupado de saber qué es lo que hace"; y ahí nomás le dijo que Romero "es cartonero, ésa es su suerte, lamentablemente, no la de otros ciudadanos, pero eso no hace a su falta de arraigo".

Sostuvo Estévez que para él "no existe sentencia, la sentencia está escrita en el 333 del Código Procesal y el veredicto no cumple con la sentencia. Existen otras normas que deben respetarse, el artículo 5, del Código Procesal, nos habla del estado de inocencia. Dice: “Nadie es considerado y tratado como culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal”; y reprochó al fiscal por considerarlo "autor del hecho" siendo que "primero porque no existe sentencia; y segundo porque no está firme". Remarcó que Romero siempre supo que el fiscal pedía 10 años de prisión y siempre estuvo a derecho, que si bien "no tiene domicilio pero siempre fue hallado mi defendido; es decir la conducta concreta es estar a derecho. No se puede asegurar de que el peligro vaya a ocurrir".

Pidió a la magistrada que Romero continúe en libertad y que se presente "una o dos veces por semana en la fiscalía para dar su comparendo en la ciudad, me parece que ello es suficiente".

La decisión 

Luego de escuchar a las partes la jueza Claudia Bressán encontró que se cumplían los requisitos del artículo 220 del Código Procesal Penal que dice cuándo corresponde la prisión preventiva, que en este caso ya hay un veredicto de condena a 10 años de prisión; y "en virtud de ello tenemos por cubierto lo que se entiende en el inciso 1° respecto a la verosimilitud de la autoría y participación que ha sido indilgado por el fiscal, lo mismo pasa con el inciso 2°, con respecto a la pena que en este caso serían 10 años, una pena que lejos esta de ser de ejecución condicional, por el contrario es de cumplimiento efectivo. Y finalmente ve que también se cumple con el inciso 3° que refiere al peligro de fuga, lo que cree un riesgo por la gravedad de la pena (10 años), la falta de arraigo o la inconsistencia del domicilio otorgado por el imputado, domicilio que debía cambiar en el proceso, es decir el domicilio no coincide con el que ocupa, no se ha acreditado la existencia de un trabajo firme ni tampoco si tiene familiares a cargo". Por todo eso, resolvió disponer la prisión preventiva hasta tanto la sentencia se encuentre firme.

Ahí mismo Antonio Romero fue detenido y trasladado a una celda de la U.R.IX.

Así sacaban ya detenido a Antonio Romero rumbo a una celda de la U.R.IX. Había concurrido a la audiencia por sus propios medios y allí la jueza Claudia Bressán puso fin a su libertad, tal como lo pidió el fiscal Rubén Martínez
Claudia Bressán, jueza.
Rubén Martínez, fiscal.
Antonio Ramón Romero firmando la notificación que iba a quedar preso.
Antonio Romero, condenado a 10 años de prisión por corromper y prostituir a una menor desde los 11 años.