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Santa Fe también aprobó la ley Micaela y habrá capacitación en temáticas de género. La letra de la Ley sancionada.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó la Ley Micaela.

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio sanción definitiva a la Ley Micaela. La norma impulsada por la diputada Silvia Augsburger y el diputado Rubén Giustiniani –que lleva ese nombre en recuerdo de la joven violada y asesinada en Gualeguaychú, en 2017– establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres de los y las agentes del Estado provincial.

Esta ley busca producir un impacto a corto plazo hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de un cambio para empezar a revertir esta realidad que la ciudadanía no tolera más. “Por Micaela y por todas las víctimas de la violencia femicida, van estas leyes e iniciativas, que tienen como finalidad cumplir con el masivo reclamo del Ni Una Menos, que desde 2015 a esta parte no ha dejado de crecer”, finalizó Augsburger.

El texto de la Ley.

LEY MICAELA EN SANTA FE: Capacitación en perspectiva de género a agentes del estado provincial
Artículo 1: Dispónese que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección - cualquiera sea la forma de designación- en el Poder Ejecutivo; cargos de representación en el Poder Legislativo o desempeñen tareas de asesoramiento técnico en ese ámbito; cargos a partir del rango de secretario en el Poder Judicial; cargos a partir de Defensor Adjunto en el Servicio Público de la Defensa Penal ; o cargos a partir de Fiscal Adjunto en el Ministerio Público de la Acusación deberán acreditar formación en perspectiva de género.

Artículo 2: La formación en perspectiva de género, referida en el artículo precedente, incluye como contenido mínimo la legislación provincial, nacional y las convenciones internacionales en las que Argentina sea parte que guarden relación con la temática. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género, por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en su área específica de actuación.

Artículo 3: La acreditación de este requisito es obligatoria para la designación en los cargos enunciados. Quienes ya se encuentren designados/as al momento de la sanción de esta ley deberán acreditarlo en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigencia.

Artículo 4: Las máximas autoridades de cada estamento del Estado serán responsables de garantizar la capacitación en género para todas las personas alcanzadas por la presente ley, dictándola por sí mismo o por convenio con instituciones gubernamentales, académicas o sociales con reconocida trayectoria en la materia.

Artículo 5: La Dirección Provincial de Políticas de Género o el organismo que en el futuro la reemplace será la autoridad de aplicación de esta ley. En tal carácter establecerá los criterios de acreditación de la formación en perspectiva de género, supervisará los contenidos y modalidades de los cursos de capacitación y pondrá a disposición de todos los estamentos del estado involucrados materiales y personal especializado para asesorar en lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, pudiendo realizar convenios con instituciones especializadas para tal fin.

Artículo 6: Autorízanse la reasignación de las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.

Artículo 7: lnvítase a Municipios y Comunas a adherir a la presente ley. Artículo 8: De forma.

FUNDAMENTOS

Sr Presidente:

   En el día de ayer martes 18 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", luego de que el gobierno decidió incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias. Se prevé que el Senado le de su sanción definitiva hoy miércoles. El proyecto que aquí se presenta adelanta la decisión de adherir a la que esperamos se convierta en Ley Micaela.

   Puede decirse que el 2018 ha sido el año de la rebelión de las mujeres. Claramente la agenda política y el espacio público fue ocupado por los debates respecto a la legalización del aborto, por la efectiva implementación de la educación sexual, por la paridad y por la denuncia- permanente, sostenida y creciente desde el 3 de junio de 2015 hasta hoy- contra la violencia sexista.

   En particular las últimas semanas del año han transcurrido en medio de las denuncias por abusos sexuales y distintas formas de agresión a la integridad sexual cometidas por personajes famosos, funcionarios de distintos poderes y niveles del Estado y el escandaloso fallo absolutorio por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Un aluvión de movilizaciones masivas que se organizan en horas y ganan las calles y las plazas de todo el país, mensajes que circulan por las redes multiplicando sin cesar el mensaje de hartazgo de mujeres de todos los sectores sociales, de jóvenes, adolescentes y niñas especialmente, que manifiestan lo insostenible de este estado de cosas.

   Superar la desigualdad y la violencia sexista que las mujeres han sufrido históricamente ha sido la causa del feminismo en todas sus épocas, ese largo camino recorrido muestra en la Argentina de hoy un movimiento de mujeres de bordes abiertos, difusos, que se integra y permea la sociedad toda con reclamos a los que ya nadie puede quedar ajeno.

   Y por ello es hoy que el presidente de la Nación se ve en la necesidad de habilitar para el tratamiento en sesiones extraordinarias la iniciativa conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García joven violada y asesinada en Gualeguaychú en 2017, que establece "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación". Y por ello es hoy que retomamos, como un imperativo, una necesidad expresada en múltiples iniciativas del Bloque Igualdad y Participación y de la mayoría de los bloques políticos de esta Cámara: la necesidad de que quienes desempeñan cargos con algún nivel de decisión en la estructura del Estado incorporen la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones.

¿Porqué es necesario capacitar en perspectiva de género al personal del Estado? Porque si se sigue actuando del mismo modo no van a obtenerse resultados diferentes. Hasta aquí no se ha logrado detener la epidemia de violencia contra las mujeres y las identidades femeninas en general. No se ha logrado revertir las causas estructurales profundas de la desigualdad entre varones y mujeres que es el origen primero de la violencia de género. Sí es cierto, por supuesto, que han habido enormes avances en la condición de las mujeres fruto de las luchas y la movilización social. Pero la lectura de las páginas policiales de los diarios en todo el país nos sigue mostrando la incapacidad del Estado para frenar la violencia, expresión más extrema de la desigualdad. Entonces hay que transformar el Estado, hacerlo eficaz, y la capacitación de las personas que actúan en su nombre es imprescindible para ello.

   Es necesario que las personas que toman decisiones y aplican políticas públicas en los tres poderes del Estado puedan comprender que el modo en que varones y mujeres somos socializados determina roles diferenciados jerárquicamente, en el cual el rol femenino se entiende subordinado al rol masculino y por lo tanto inferiorizado. Y así, desde esta compresión, analizar las propias concepciones subjetivas, los estereotipos que obstaculizan la aplicación correcta de las leyes y en definitiva impiden la construcción de una nueva sociedad en donde el sexo no sea un criterio determinante para el acceso a los derechos y a los bienes y a las oportunidades en la vida.

   Quienes se oponen a una inexistente "ideología de género" que promovería supuestamente comportamientos perversos se oponen en realidad a los principios fundantes de nuestra república la igualdad y la libertad. Igualdad y libertad leída en términos del siglo XXI.

   Libertad para las mujeres, como dice el Preámbulo, "asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad", las mujeres invisibilizadas por el lenguaje son parte de ese nosotros. Las mujeres son libres para ejercer los derechos "de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender"(artículo 14 CN). Sin embargo, cuando peticionan a las autoridades son "locas", cuando transitan por el territorio son "busconas o provocadoras" y cuando se asocian son "feminazis".

   Igualdad para las mujeres sin que haya "prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en la Nación Argentina fueros personales ni títulos de nobleza"( art 16 CN}. Ni de sexo, ni de orientación sexual, ni de identidad de género; traduciendo: no debe haber prerrogativas por ser varón y heterosexual. Esto también está dicho en la Constitución Argentina, aunque no todos lo acepten. "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.". Las habitantes, entonces, deberían acceder a los cargos en la misma medida que los habitantes pero ya se sabe sobradamente que esto no es así. Contra toda razón lógica el sexo sigue siendo un criterio gravitante para acceder a cargos de decisión en cualquier ámbito, en cualquier punto de nuestra extensa geografía.

   Estudiar los mecanismos de producción y reproducción de la desigualdad entre varones y mujeres, eso, es formarse en perspectiva de género, si hay una ideología que se promueve desde esta perspectiva es la de la igualdad y la libertad de todas las personas.

   La capacitación de funcionarias y funcionarios es, como se ha dicho, necesaria pero además es una obligación legal pues está enunciada en la normativa nacional y provincial, también en las recomendaciones específicas para Argentina de los diferentes comités de seguimiento de Convenciones Internacionales de las que nuestro país es parte. Este sustento jurídico está contenido en los fundamentos de la ley debatida en el Congreso Nacional que reproducimos parcialmente aquí.

   La Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- conocida como Convención de "Belém do Pará"- establece en su artículo 8c que los Estados parte fomentarán "la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer".

   En igual sentido, la Recomendación General Nº19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala que "es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención". Las recomendaciones a los Estados han continuado en esta línea. El informe particular para Argentina Nº 6 de la CEDAW (201 O) en el párrafo 16, insta: "al Estado parte a que vele por que la judicatura, incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, y alienta a este a que imparta capacitación sobre cuestiones de género a todos los miembros del sistema de justicia, entre ellos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que vigile los resultados de esa labor."

   Por su parte el MESECVI, en el Informe final de Argentina (2012) recomienda al Estado el desarrollo de planes de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará, destinados a legisladores/as, operadores/as de justicia Uueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales, comisarios/as de familia) y otros/as funcionarios/as públicos/as, operadores/as de salud, educadores/as, fuerzas militares y policiales, organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, centros de atención especializados en violencia y otras públicos similares.

   Finalmente, el Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI (2014) insta a los Estados Partes a implementar capacitación permanente con contenidos educativos en violencia contra las mujeres dentro de los planes de formación de servidores públicos. En este punto el reto radica en que "esta capacitación no se limite a talleres o actividades esporádicos que no responden a un programa permanente, o que sean proyectos cuya vigencia es temporal o parcial".

   En el ámbito provincial el decreto 4028 de 2013 que reglamenta la ley de adhesión a la ley nacional 26485 establece en su artículo 9 inciso j que la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres "podrá efectuarse, en forma directa por la Dirección Provincial de Políticas de Género a través del área específica de capacitación o, por los Colegios y/o Asociaciones Profesionales, debiendo la Dirección Provincial de Políticas de Género DPPG, en este último caso, articular y/o monitorear los programas de capacitación, a fin de que se contemple en los mismos, como mínimo, los contenidos de los instrumentos nacionales e internacionales en la materia, a fin de evitar la revictimización. - "

   En el artículo 10 del citado Decreto se establece que "Inciso 1: La Dirección Provincial de Políticas de Género coordinadamente con el Ministerio de Educación, desarrollarán las medidas que fueren menester para incorporar en los programas curriculares de todos los niveles y modalidades educativas y en todas las instituciones, ya sean de gestión estatal, privada o cooperativa, la perspectiva de género y contenidos curriculares específicos de sensibilización frente a la violencia de género y de fomento de la igualdad real de varones y mujeres."

   Es decir, el mandato legal de capacitar al personal del Estado y de incorporar en la formación de estudiantes y docentes la perspectiva de género ya existe. Pero, más allá, de capacitaciones esporádicas, de algún módulo incorporado en un curso particular, o de la formación ofrecida por ejemplo desde el Centro de Capacitación Judicial a quienes se interesen o inscriban voluntariamente, no se ha logrado incorporar masivamente la formación requerida, con la continuidad en el tiempo que permita producir una transformación mensurable en los abordajes que desde el Estado se brinda a las diferentes problemáticas en donde las diferencias entre varones y mujeres se constituyen en injustas desigualdades.

   En prueba de esta afirmación se puede citar, por ejemplo, el caso C.E.R. el Argentina presentado y admitido por el Comité de la CEDAW bajo el número 63/2013 que fuera resuelto mediante un ACTA COMPROMISO DE SOL UCION AMISTOSA" entre la víctima, las peticionarias (CLADEM Argentina e INSGENAR) y el Gobierno de la Provincia de Santa fe, refrendada por el decreto 2234 del Gobernador de la Provincia de fecha 2 de septiembre de 2016.- Entre las medidas llamadas "garantías de no repetición" el estado santafesino se comprometió a la capacitación en igualdad de género y violencia al poder judicial en su conjunto.

    Resulta importante citar, también, el petitorio ingresado por Mesa de Entradas de los Tribunales de Rosario con fecha 25 de noviembre de 2016 dirigido a la Corte Suprema de Justicia por el amplísimo movimiento de mujeres de la ciudad. Entre los puntos demandados consta " Formación obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género,de quienes integran el poder judicial: camaristas, jueces, fiscales, defensores/as y empleados/as judiciales. Es recomendable establecer un puntaje para evaluar dicha formación en los concursos para el ingreso o el acceso a cualquier cargo de funcionario/a dentro del Poder Judicial."

   Es necesario dar respuesta ya al reclamo social expresado en #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #MiracomoNosPonemos, la iniciativa que aquí se presenta busca producir un impacto a corto plazo hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de cambio para empezar a revertir esta realidad que ya no se tolera más.