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El ex jefe de Vialidad en Reconquista desistió de seguir la batalla judicial y se entregó para empezar a cumplir la condena.

Texto del escrito que presentó antes de entregarse para que lo lleven a la cárcel.

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Osvaldo Sánchez siempre aseguró a los jueces del caso que es inocente. Fue exonerado por el entonces gobernador Antonio Bonfatti que ni esperó la condena de primera instancia.

Osvaldo Sanchez, DNI 13.328.337, ya empezó a cumplir la condena de tres años de prisión este viernes 27 de septiembre de 2019.

"A pesar de no renunciar nunca a mi convicción de inocencia respecto del hecho por el que fuera condenado, y ya habiéndose expedido la Cámara de Apelaciones respecto a la apelación que hiciera el suscripto ante la condena de primera instancia, y respetuoso del sistema republicano de gobierno y la decisión de la justicia, vengo por el presente a manifestar lo siguiente: Que vengo a desistir expresamente de interponer recurso de inconstitucionalidad y/o extraordinario contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones, por lo que una vez proveído el presente la misma quedaría firme. A los efectos que correspondan, el suscripto estará en condiciones de presentarme ante esa Oficina de Gestión Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y/o la alcaldía de la Unidad Regional IX de Reconquista cuando me sea indicado", dice el escrito que presentó Sánchez antes de entregarse para comenzar a cumplir la condena de prisión que ya tiene doble conforme por un juez de primera instancia (Mauricio Martelossi) y la Cámara de Apelaciones integrada al efecto por los jueces José Antonio Mántaras, Eduardo Bernacchia y Roberto Reyes.

El ex Jefe de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más accesorias y costas, por darse probado que cometió fraude a la administración pública, uso de documento falso adulterado, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso ideal de delitos.

Sanchez ya había sido exonerado por el anterior gobernador Antonio Bonfatti, sin esperar la condena judicial.

 

En esta causa penal también está condenado con doble conforme Delfino Scarel.

El ex jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial, Delfino Scarel, fue condenado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias y costas, por los delitos de fraude a la administración pública, falsificación ideológica de documento y uso de documento falso adulterado, todo en concurso ideal de delitos. Scarel también ya había sido exonerado por el entonces Gobernador Bonfatti.

El ex empleado de Vialidad aún no fue detenido porque presentó un recurso de inconstitucionalidad; de todas maneras el fiscal pedirá una audiencia en los próximos días para que ya sea detenido debido a que la Cámara Penal de Apelaciones ya confirmó la condena de primera instancia.

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Delfino Scarel reconoció sus actos de corrupción, pidió discupas mostrándose "muy arrepentido, una y mil veces", aconsejó que "nunca hagan lo que yo hice porque es muy feo", agradeció que su familia no lo abandonó, "gracias a Dios", y respondió que no tenía miedo de ir a la cárcel. Eso le dijo a ReconquistaHOY en un reportaje tras recibir la condena de primera instancia. Sigue en libertad y probablemente comenzó la cuenta regresiva para ser enviado a la cárcel.

 

Un repaso del fallo de Cámara

Roberto Reyes, José Mántaras y Eduardo Bernacchia, integrantes del Tribunal que escuchó la apelación del Fiscal y los defensores, confirmó todo lo que dispuso el juez de primera instancia Mauricio Martelossi.

Para los tres camaristas que revisaron el fallo de primera instancia, “el proceso ha transitado de conformidad con las normas del ritual”, por lo tanto descartaron la nulidad del fallo.

Sostienen que “crucial para la causa es el reconocimiento que hace el chofer (Javier) Ruíz Díaz de los tres vales de combustible que contenían su firma adulterada”.

Destacan también el testimonio de otra empleada del área contable, Romina Aldana González, quien hizo un aporte fundamental para probar la corrupción. Consideran los jueces que la decisión de Sánchez de “sacarla” de su oficina es “por haberle perdido la confianza al mostrarle a Ruíz Díaz los vales” en los que le habían adulterado la firma. Entienden los magistrados que “evidentemente, la decisión del Jefe de Área Osvaldo Sánchez se orienta a ocultar el ilícito en el cual había intervenido, tarea que pretende consolidar con el traslado de la agente González por resultarle, a su criterio, poco confiable a los fines perseguidos. Asimismo, la falsedad del documento, tanto en su faces objetiva e ideológica queda plasmado por el expreso reconocimiento de Ruíz Díaz, circunstancia que alcanza para tener por acreditado, en este segmento de la investigación, la autoría conjunta por distribución de roles de Sánchez y Scarel con respecto a los hechos imputados. Sánchez la saca de la oficina y la manda a la de los choferes, lo cual podríamos calificar como una sanción encubierta por haber dado a conocer estas anormalidades administrativas”.

También resaltan el testimonio del testigo “Delfino Enrique Ruíz Díaz , chofer de la repartición con más de 30 años de servicios, padre del denunciante Javier Ruíz Díaz, con actual desempeño como encargado de control de balanza en la ruta, dice que es anoticiado por su hijo que le habían falsificado la firma y que al otro día, en circunstancias que era trasladado a Vialidad, el jefe Sánchez le comenta que el flaco Scarel había hecho un desastre con el combustible, y que en la conversación telefónica interviene García que es Secretario Gremial y pide hablar con él, recomendándole que traten de arreglar las cosas que había hecho Scarel. De los contactos, destaca que Chapero lo convocó a una reunión en la que intervino Mian manifestándoles que Scarel hizo un desastre y que no hagan la denuncia por que los iban a terminar liquidando y que eso se lo había dicho Cantarutti y Osvaldo Sanchez, asimismo para con su hijo respecto al cual le dijeron que no tendría futuro”.

Además el tribunal considera que “gravitante para el esclarecimiento del hecho son las diligencias llevadas a cabo en dependencias del organismo en Villa Guillermina, destacándose en dicha labor la tarea de los controladores y/o verificadores Colombini y Costa detectando una cantidad aproximada a los 22.300 litros de gas oil, cifra que pone de menor consumo y con un sistema de contralor absolutamente vulnerable por la sistemática de las maniobras. Los registros y sus verificaciones, arrojaron que los niveles de consumo de combustible para la única maquinaria identificada en Villa Guillermina, eran realmente exagerados, o mejor dicho, consumos “dibujados” y ajustados a la cifra dineraria ambicionada por los infieles funcionarios del área”.

Mencionan también el testimonio de Walter Roberto Schneider , afectado a tareas en el Campamento de Villa Guillermina en el sector mantenimiento de rutas de calzado natural y  tiene a su cargo una máquina, quien a la fecha de los hechos era el único que realizaba esos trabajos con una motoniveladora marca Carterpiller y que el gasoil le era proporcionado por la repartición a su pedido, aclarando que el consumo diario por ocho horas de trabajo alcanza los 120 litros y que algunas veces se lo llevaba Sacarel, pero aclara que no había una forma de control sobre las cantidades que recibía. Seguidamente reconoce el cuaderno de anotaciones que solo era conformado por él, y con respecto a la nafta, solo se ocupaba para las motoguadañas de cortar pasto, agregando que como lo declaró ante el auditor Colombini, le proveían 10 litros por año en botellas de gaseosa, rara vez en bidones de 5 litros. Con respecto al uso de la maquinaria, manifiesta que él era el único que manejaba, no había otro chofer, por eso cuando gozó de licencia la misma no fue ocupada, y que como se lo dijo a Colombini, en esa oportunidad en que la máquina no fue ocupada, gasto el doble de combustible que normalmente consumía, recordando que cuando fallece su padre, y en uso de licencia se llevó combustible a Guillermina cuando la máquina no se utilizaba. Informó que “Scarel fue dos o tres veces a Villa Guillermina a proveerle combustible en el período 2013/15 y que dichas remesas no se acreditaban, “nunca nada”, para luego decir que muy pocas veces se lo habrán mostrado al ticket, pero la mayoría de las veces no, consignando que nunca Scarel pidió rendición de cuentas del combustible que se gastaba en la única máquina que había. Para el tribunal, el análisis de este testimonio no hace más que validar la justa ponderación del juez de primera instancia, toda vez que la cantidad de combustible asignado para el uso de la única máquina y que por cierto conducía su único operario – Schneider – “sin dudas es exorbitante y por ende injustificada ”.

Le asigna el tribunal “igual valía probatoria” al testimonio de Cesar Rodríguez , quien precisó que existieron compras de combustible para Villa Guillermina cuando el único operador de la máquina – Schneider – se encontraba de vacaciones, “burda maniobra que también tiene sorprendente entidad para dimensionar el grado de extrema impunidad que les generaba la falta de un efectivo contralor, el que por cierto, dependía en forma directa de Sánchez y Scarel como responsables del área, lo cual de manera alguna condiciona a investigar eventuales conductas de funcionarios del organismo, que conociendo los hechos y/o debiendo supervisarlos,  por acción u omisión no cumplieron con los deberes de que les impone su condición de funcionarios públicos".

El maquinista del campamento de Villa Ana, Cesar Rodríguez, empleado de la repartición desde el año 1979, informó que tiene “una sola máquina” y que solo lo reemplazan cuando goza de licencia por Felipe Lugo; que el combustible lo pedía y se lo mandaban de la Zona, pero que ahora se cambió la modalidad, que antes de ésto, no había una forma de control respecto de las remesas, solo él llevaba una libreta de parte diario que mandaba la zona una por mes”.

Mencionan también la prueba de la pericia documental  que realizó la licenciada en Criminalística María Betsabé Vivas Ocampo, que quien falsificó la firma a Javier Ruiz Díaz fue Delfino Scarel.

El tribunal de cámara se pronunció por unanimidad “por la justicia” de la sentencia dictada por el juez de primera instancia Mauricio Martelossi, ya que está “debidamente acreditada la responsabilidad penal de Osvaldo Sánchez y Delfino Scarel en perjuicio de la administración pública”.

En cuanto al pedido del fiscal para que sea mayor el reproche penal para el jefe de la repartición, Osvaldo Sánchez, ya que era jefe y además Scarel colaboró con su confesión, el tribunal no le dio lugar y confirmó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos ya que no fue el aporte de Scarel el que facilitó el esclarecimiento del caso “sino el celo y responsabilidad funcional de los empleados González y Ruíz Díaz. Ambos, con digna, elogiable y decidida actitud, enfrentaron a sus superiores, y también al “sistema”, y munidos de los elementos probatorios informaron las irregularidades detectadas. Por ello, conmueve a este magistrado (lo escribió Mántaras y lo ratificaron sus colegas) que agentes del Organismo, prácticamente sin mayores rangos y/o jerarquías, con escasa antigüedad y magros salarios asumieran tan digna actitud, sin dejar de mencionar la noble decisión de un chofer, como es Ruíz Díaz al denunciar ante el Ministerio Público de la Acusación, MPA, estas ilícitas maniobras de sus superiores”.

Añaden que “si bien Scarel confiesa y colabora, como señala el Fiscal Martínez, lo ha hecho porque la contundencia probatoria en su contra no le dejó otra opción, tomando en cuenta que más allá del resultado de la causa, obtendría de todos modos su beneficio jubilatorio, más eso no lo exime ni mejora su reproche penal”.

Remarca el tribunal en la confirmación de la condena igual para ambos, que Sánchez y Scarel “eran un tandem necesario e inescindible para ejecutar la maniobra defraudatoria, o sea, Scarel era el encargado de la administración del combustible, tenía a su cargo los vales y registros de expendio, receptaba los comprobantes y una vez que se conformaban los remitía al área de Sánchez, que con el conocimiento de que algunos de esos vales eran de naturaleza apócrifa, autorizaba su pago y rendía cuentas de las partidas contables confiadas a su administración. Los antecedentes que se han ventilado en la causa, me permiten concluir en que ambos eslabones de la cadena funcional permitieron llevar a cabo la maniobra de la forma que se ha probado con respecto a los imputados, todo ello, como lo tengo dicho, sin perjuicio de que se investiguen eventuales responsabilidades en el marco de la estructura piramidal con que cuenta la administración de  Vialidad Provincial”, tarea que la ley exige al fiscal, quien deberá actuar de oficio para profundizar la investigación sobre otros sospechosos en el accionar corrupto dentro de la repartición.

Respecto a la pretensión del fiscal de que los delitos cometidos por Sánchez y Scarel se consideren en “concurso real”, la cámara concluyó que “sin dudas estamos frente a un hecho que para su hechura ha necesitado el concurso de otros elementos para conformar el fin ilícito perseguido; defraudar a la administración pública mediante técnicas contables con soporte documental falso para justificar gastos y/o erogaciones en beneficio propio”, que si bien los 3 vales que fueron puestos como evidencia fueron pagados a “Servicentro El Cruce” de la firma Transfenor SRL el día 20 de marzo del 2015 por la suma de $62.464,60, individualizados al pie como remitos 1105, 3528 y 1154 bajo las firmas de Roque Nadalich (apoderado de Transfernor SRL),  Raúl F. Quevedo (Habilitado – Pagador) y sello del Tec. Osvaldo Sánchez (Jefe), “dicha prueba nos marca el momento ejecutivo de la maniobra compuesta, es decir, la oportunidad en que el acto defraudador se consuma con el concurso del aporte de los vales, o sea, de los elementos sin los cuales no tendríamos conformada la hechura fáctica como único acto, es decir, estamos frente a una unidad de hecho o unidad de actuación, al menos en lo que refiere a la pretensión fiscal. En tal sentido, mediando pluralidad de hechos típicos, se inclinaron por rechazar el concurso real de delitos al entender que hubo un concurso ideal. Mencionan –entre otros- un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 3 en el caso “Levy”,  que sostiene que “...cuando la conexión entre los diversos delitos es tan íntima que si faltase uno de ellos no se hubiese cometido el otro, se debe considerar a todo el complejo delictivo como una unidad, es decir como un concurso ideal...”

Sobre el cuánto de la pena, el tribunal confirmó los 3 años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos ya que entienden que el juez de primera instancia “ha realizado una correcta valoración de las circunstancias previstas como presupuestos de la individualización de la pena en el marco específico de las reglas concursales.  “Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor”, Art. 54 del Código Penal Argentino; y que “la pena será de efectivo cumplimiento”.

Ni a Scarel que aceptó su culpa y colaboró le aceptaron la pena de ejecución condicional ya que si bien valoran que fue “espontánea por cierto, de manera alguna se puede considerar que ha sido  determinante para esclarecer la modalidad de los hechos ilícitos”, ya que “bastaba para ello remitirse al contenido y aporte probatorio  de la denuncia de Javier Ruíz Díaz y el testimonio de Romina Gonzalez como factores desencadenantes y determinantes para el esclarecimiento de los hechos”.

Los empleados Romina Aldana González y Javier Ruíz Díaz, con digna, elogiable y decidida actitud, enfrentaron a sus superiores, y también al “sistema”. Munidos de los elementos probatorios informaron las irregularidades detectadas. Por ello, conmueve a este magistrado (lo escribió Mántaras y lo ratificaron sus colegas) que agentes del Organismo, prácticamente sin mayores rangos y/o jerarquías, con escasa antigüedad y magros salarios asumieran tan digna actitud, sin dejar de mencionar la noble decisión de un chofer, como es Ruíz Díaz al denunciar ante el Ministerio Público de la Acusación, MPA, estas ilícitas maniobras de sus superiores.

 

Aldo “Caño” Mian absuelto definitivamente.

La Cámara Penal no dio lugar a la apelación del fiscal, quien insistió para que revoquen la absolución que le otorgó el juez de primera instancia Mauricio Martelossi y también condenen al empleado y delegado gremial Aldo “Caño” Mian, convencido que había acreditado que “conocía la maniobra y que esto luce de las pruebas indiciaciales y testimoniales, sumado a que es un viejo empleado con contactos gremiales y que ha coaccionado al padre del denunciante – Pito Ruíz Díaz – para que no hiciera la denuncia”.

El fiscal se molestó porque el juez de primera instancia no permitió que en el juicio se valore como prueba contra Mian una grabación aportada por el denunciante, donde aseguró que se escucha cómo lo coaccionaba para que su hijo no denuncie la corrupción que había descubierto. Rubén Martínez acusó a Mian de cometer dos delitos: coaccionar a Ruiz Díaz y encubrir la defraudación contra el Estado que hacían Sánchez y Scarel.

Para el tribunal de cámara “más allá de las lógicas sospechas, estas por si solas no alcanzan para mantener incólume la pretensión acusatoria y la consecuente responsabilidad penal”, por lo tanto confirmaron la absolución de primera instancia. Mian quedó definitivamente absuelto de culpa y cargo.

La espina que le quedó al fiscal

El fiscal Rubén Martínez siempre dijo que estaba “convencido que Mian conocía la maniobra y que coaccionó para que la denuncia no se hiciera”, por eso apeló, aunque también sin éxito.

La prueba no admitida 

ReconquistaHOY le preguntó al fiscal si entendió por qué el juez Martelossi no aceptó que ingrese como prueba el audio aportado por Ruiz Díaz, el empleado de Vialidad quien lo grabó a Mian apretándolo para que no radique la denuncia cuando descubrió que había vales en los que le habían falsificado la firma, a lo que Martínez contestó entonces que “en realidad no existen fundamentos para negarlo porque no es una prueba obtenida ilegalmente, es una conversación privada entre dos personas, puede ser materia de la apelación”. Explicó que la prueba ofrecida por la acusación ya había sido rechazada por el juez de la instancia preparatoria, Gonzalo Basualdo, argumentando que era una prueba obtenida mediante medios no autorizados, “lo cual para mi de ninguna manera es así”, remarcó el fiscal, convencido que esa prueba ofrecida debió haber ingresado al juicio. Intentó nuevamente ingresar la prueba en el desarrollo del juicio oral y público pero también se negó a escuchar ese audio el juez penal Mauricio Martelossi. Tampoco tuvo en cuenta la declaración de los testigos que en el juicio contaron cómo fueron las coacciones que le atribuyeron a Mian, quien era entonces el delegado gremial.

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Delfino Scarel y Aldo Mian en una de las audiencias judiciales por la corrupción en Vialidad Provincial.

 

La Cámara instruyó al fiscal que siga investigando otros posibles delincuentes dentro de Vialidad porque de la causa surgen otros sospechosos no imputados 

"Por lo hasta aquí colectado como prueba, existen sobrados elementos para que eventualmente los responsables de generar la acción penal propendan a agotar las acciones encomendadas, entre otras normas, previstas en el art. 16 del CPP”. Aquí los camaristas le recuerdan al fiscal que está obligado a promover la acción penal de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, como los que aquí señalan para que se investigue a otros empleados de Vialidad.

El Fiscal Rubén Martínez deberá seguir investigando la corrupción en la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial porque para la Cámara Penal hay otros sospechosos que no fueron imputados.  

Al fiscal sólo le importó perseguir el delito dentro del Estado, pero la acción se completaba con la participación de otros actores necesarios. 

Ante la consulta de ReconquistaHOY, el fiscal no admitió como un error haber dado el beneficio de la Probation a la parte privada involucrada en la corrupción, quienes actuaron en acuerdo con los empleados infieles de Vialidad y sin ambos lados hubiera sido imposible la comisión del delito reprochado. Puso como excusa que no imaginó que en el desarrollo del juicio iba a conseguir la confesión de uno de los acusados, Scarel, quien contó cómo era la maniobra delictiva en la que puso en evidencia la participación necesaria de los dos playeros de la Estación de Servicios Esso El Cruce, quienes fueron imputados en esta causa de la que el fiscal los dejó salir con el beneficio de la "Probation", que es la suspensión del juicio a prueba. Ellos son Hugo Gabriel Nardelli y Nicolás Ruiz, quienes quedaron sin el reproche penal por la controvertida decisión del representante del Ministerio Público de la Acusación que decidió perseguir penalmente solo a los empleados públicos.

Al respecto, el fiscal Martínez explicó a ReconquistaHOY que "yo los acusé también a los empleados de la Esso, pero el juez Basualdo en la audiencia preliminar resolvió a pedido de la defensa conceder el beneficio de la Probation. Yo me opuse en esa audiencia y frente a la resolución contraria no apelé...", Recordó además que para superar la Probation los empleados de la ESSO, Hugo Nardelli y Nicolás Ruiz, debieron cumplir normas de conducta y con un resarcimiento económico.

 

Bonfatti echó rápido a los empleados infieles, pero no colaboró con la acción penal

La ausencia del Estado como querellante fue otro hecho llamativo en este proceso penal.

El fiscal destacó que Vialidad colaboró en la investigación, pero reconoció que al Ministerio Público de la Acusación le viene bien la participación del querellante, “es lo ideal”, remarcó.

Pablo Seghezzo, quien asumió la dirección de Vialidad Provincial desde que Lifschitz es gobernador, reconoció a ReconquistaHOY que eso no estuvo bien.

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Osvaldo Sánchez al firmar su condena. Era jefe de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial y fue exonerado por el entonces gobernador Antonio Bonfatti que ni esperó la condena de primera instancia.