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Violó a su hijastra, lo confesó, aceptó condena sin juicio y cumplirá prisión en su casa de la ciudad de Vera. El por qué.

El examen de la niña determinó que ya tenía desfloración de vieja data. 

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Gustavo Gon, juez.

El juez penal Gustavo Gon condenó a Alejandro Juan Carlos Aguirre, DNI 31.384.251, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, artículos 45, 119, tercer y cuarto párrafo inciso "b" del Código Penal, a cumplir la pena de 8 años de prisión de efectivo cumplimiento bajo la modalidad de prisión domiciliaria, artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24660, con más accesorias legales.

El cumplimiento de la pena se llevará a cabo en el domicilio de calle Catamarca al 1951 de la ciudad de Vera, el cual no podrá variar ni modificar sin previa comunicación y autorización que brinda el tribunal de ejecución pertinente debiendo estar bajo la tuición y responsabilidad de su madre, María del Carmen Sandoval.

Autorizó el magistrado al condenado que pueda concurrir al Centro de Día Joaquín Paz, debiendo acreditar posteriormente con el certificado respectivo en forma trimestral.

Alejandro Aguirre nació en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, el 22 de marzo de 1985. Es hijo de Mario Juan Carlos Aguirre y de María del Carmen Sandoval. Vive en calle Catamarca al 1951 de la ciudad de Vera donde cumplirá la prisión domiciliaria por 8 años.

La condena firmada por el juez Gustavo Gon este martes 03 de marzo de 2020 fue acordada por el fiscal Gustavo Latorre con Aguirre y su abogado defensor, Marcelo Banegas.

Alejandro Aguirre, en el mes de enero de 2018, abusó sexualmente de quien entonces era su hijastra de 13 años de edad, penetrándola sin protección y eyaculando bajo amenaza que no se lo cuente a nadie. Para eso la llevó por un camino pasando el cementerio de la ciudad de Vera, entraron a un campo y la sometió sobre el piso. Cuando la examinó el médico policial Juan Pablo Serrano constató que la niña tenía desfloración de larga data.

 

Fundamentos para que Aguirre cumpla los 8 años de prisión en su casa 

Las partes acordaron la prisión domiciliaria y para eso aportaron al juez información documental y dictámenes de la junta de salud mental y psicológica psiquiátrica.

Según se dejó constancia en el acta, el Fiscal Regional autorizó el acuerdo y también un familiar de la víctima.

En su fallo, el juez sostiene que la prisión domiciliaria es para garantizar su trato humanitario y evitar la restricción de derechos fundamentales no afectados por la pena impuesta. Resulta ilegítimo que el estado al aplicar una pena que en principio sea solo privativa de la libertad, vulnere otros derechos como la salud y para resguardar este derecho es justificable aplicar una medida coercitiva de menor intensidad sobre el individuo sacrificando los fines de la pena. Además la prisión domiciliaria resguarda la afectación al derecho de la vida, se encuentra el deber de trato humanitario que también se ve garantizado por el Instituto de la prisión domiciliaria. Este derecho se encuentra reconocido expresamente en las normas internacionales de derechos humanos.

Añade que debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de la pena privativa de la libertad debe como ideal implicar únicamente privar de un derecho al sujeto condenado, del derecho a la libertad. Cuando esta privación implica un grave cercenamiento de otros derechos que se ven afectados por la privación de la libertad está debe ser morigerada a través de su cumplimiento domiciliario.

Al respecto conforme pusieron las partes en la audiencia y documental acompañada, el certificado de discapacidad con retraso mental moderado, el informe de la Junta de Salud Mental en cuanto que Aguirre se encuentra en condiciones de comprender y dirigir sus actos con las limitaciones dadas por la debilidad mental que padece. Afección que lo condiciona para discernir manejos que se alejen de su lógica, de pensamiento caracterizado por la ingenuidad y la simpleza de su razonamiento. Por ello puede ser objeto de manipulaciones con objetivos que no puede calcular ni tomar por tanto medidas en su propia protección. Así también el informe elaborado por la junta psiquiátrica y psicológica señala que el condenado se encuentra vigil, desorientado en tiempo, no se detectan alteraciones sensoperceptivas. Se evidencia labilidad emocional, excesivo temor y capacidad intelectual inferior al promedio con moderada limitación a la capacidad adaptativa (comunicación, habilidades sociales e interpersonales, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo ocio, salud y seguridad) requiriendo supervisión constante para las actividades de la vida cotidiana, lo que cumple con los extremos del primer inciso del artículo 10 del Código Penal e inciso "a" del artículo 32 de la ley  24360.

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Fiscal del caso, Gustavo Latorre.