Rodrigo Villalba García, 28; y Matías Jesús Cordovés, 32; son los imputados para quienes el fiscal Leandro Mai adelantó que solicitará penas de ocho años de prisión como coautores de una extorsión telefónica cometida en la ciudad de Avellaneda. Ya lo escribió en la acusación que presentó ante la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista donde espera fijen fecha para la realización de la audiencia preliminar al juicio oral y público, si es que antes no llegan a un acuerdo de condena en procedimiento abreviado.
El fiscal adelantó que también solicitará la declaración de reincidencia para ambos debido a que tienen antecedentes penales condenatorios.
El fiscal informó que el 01 de Marzo de 2019 a las 02:00 de la madrugada, los delincuentes llamaron a una señora mayor de la Ciudad de Avellaneda haciéndole creer que tenían secuestrado a su hijo. Mediante actuaciones alguien fingió del otro lado del teléfono ser el hijo, quien decía: "Mamá, estoy todo golpeado, me reventaron la cabeza”, y le imploraba llorando de dolor que busque los dólares porque sino lo iban a matar, y que a la nuera ya la habían violado y que le cortaron los brazos, mientras le insistían para que busque los dólares, convencidos que los tenía. También le exigían que los deje entrar a la vivienda para buscar los dólares, y que no llame a la policía, que la tenían apuntada y los iban a matar a todos.
Bajo semejante extorsión, la señora les avisó en esta interminable e ininterrumpida comunicación telefónica que encontró el dinero, que tenía 8.556 dólares, y si bien exigían más, y que también entregue Euros (suponiendo todo lo que tenía en su casa) hasta que frente a la negativa de la víctima, aceptaron negociar por esa cifra, que la víctima debía poner en una bolsa negra y arrojarlo a la calle para que ellos lo recojan. Logrado ese objetivo, Villalba y Cordovés pasaron a retirar la bolsa con el dinero en un automóvil Ford Fiesta color negro, patente JPH 581, con el que luego se dirigieron al hotel donde se hospedaban, Hotel Center, frente a la rotonda acceso Sur a Reconquista.
La colaboración de la víctima que logró tomar nota del vehículo, la patente y de los delincuentes, más el buen trabajo de la PDI permitió determinar quiénes eran los extorsionadores y el vehículo que utilizaron. Consiguieron imágenes captadas por diferentes sistemas de videovigilancia tanto en Reconquista como en Avellaneda, para sumar pruebas.
El fiscal calificó el hecho como "extorsión", artículo 188 del Código Penal, que contempla una pena de 5 a 10 años de prisión; y consideró justo pedir 8 años de condena.
El dinero nunca fue recuperado.
Se supo que Villalba y Cordovés también eran investigados por hechos similares cometidos en Santa Teresa (departamento Constitución) y en Chañar Ladeado (departamento Caseros), respectivamente.
Mai hizo hincapié en que "fue fundamental para la investigación la existencia de cámaras de seguridad, tanto de vecinos de la zona como del Centro de Monitoreo de la municipalidad de Reconquista. Los registros fílmicos que obtuvimos fueron cotejados por el personal policial que, a través de estas evidencias, pudo identificar el vehículo en el que se movilizaron los acusados".
Pena solicitada
Acerca de la pena solicitada, Mai indicó que "contempla que los acusados afectaron significativamente el patrimonio de la víctima y que lograron su objetivo mediante intimidación. La hicieron pasar por una situación traumática y violenta, haciéndole creer que todos sus seres queridos estaban siendo torturados, mutilados y corrían peligro de muerte".
El fiscal también hizo hincapié en que "debe tenerse presente la impulsividad que evidencian las circunstancias del hecho, lo que lo hace merecedor de un reproche penal de efectivo cumplimiento".
Audiencia preliminar
Luego de la presentación realizada por el fiscal Mai, ahora la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista deberá establecer una fecha para la realización de la audiencia preliminar. En ella, las partes debatirán la acusación presentada y las evidencias que las fundan ante el juez. Una vez concluida la audiencia preliminar, el magistrado deberá resolver las cuestiones planteadas y en caso de que entienda que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se realice el debate oral y público. Por su parte, la OGJ deberá establecer la fecha de inicio del debate y tendrá que sortear el juez que tendrá a cargo.
