En contra: 

 

Comunicado de la UAA por el anuncio de la intervención a la empresa Vicentin.

La Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. Expresa su profunda preocupación, por la conmoción que han causado los anuncios del Gobierno Nacional, relacionados a la Intervención, y posible Expropiación de la empresa Vicentin S.A.I.C.

Nuestra cooperativa es una entidad centenaria, habiendo transitado los últimos 90 años relacionados con la empresa Vicentin, aportando desde la idiosincrasia de cada empresa para el desarrollo de la región.

Conocemos las dificultades financieras que está atravesando dicha empresa, pero defendemos enfáticamente la propiedad privada, que es el eje indiscutido de nuestro sistema de vida, de desarrollo en la región y el país.

Afirmamos nuestra convicción del respeto a la división de poderes, y a la Constitución Nacional; en la seguridad que con ello y el dialogo constructivo, crearemos como país las mejores condiciones de convivencia en paz y armonía.

La superación de la situación actual que atraviesa nuestra Nación, será revertida con el compromiso de todos, la búsqueda de consenso, el incentivo de la actividad privada, previsibilidad y seguridad jurídica.

Consejo de Administración Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

PRODUCTOS AGRICOLAS. CONSIGNATARIA DE HACIENDA. CORRALON FERRETERIA. SUPERMERCADOS. INTEGRACION AVICOLA. SEMILLERIA. YPF. OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. AGROVETERINARIA. SEGUR OS Y SERVICIOS SOCIALES. JUVENTUD AGRARIA COOPERATIVISTA.

Centro Industrial y Comercial Avellaneda 

Comunicado por intervención al Grupo Vicentín

Tras el anuncio de este lunes 8 de junio del Gobierno Nacional sobre la intervención por DNU e intento de expropiación a través  de un proyecto de ley al Grupo Vicentín, en un proceso preventivo de crisis, el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda expresa su preocupaci6n, y deja en claro que defiende fervientemente las empresas locales privadas, convencido de que estas son el motor productivo y econ6mico de la regi6n y el mundo.

Desde la institución, se considera que se trata de una medida arbitraria, puesto que se debería  continuar las instancias de convocatoria de acreedores.

Centro Industrial y Comercial de Avellaneda

 

Comunicado de la Sociedad Rural de Reconquista 

No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción.

Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia.

Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos.

Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón.

No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia.

Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público.

Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República.

Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación.

¡Hoy sentimos dolor de País !

Con nuestra República.

Sociedad Rural de Reconquista

 

Comunicado de legisladores nacionales Radicales y Pro. 

El anuncio sobre Vicentín es ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos.

La intervención del Grupo Vicentín, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista.

En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia.

1. El anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial.

Solo el Poder Judicial puede intervenir empresas. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentín, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa.

2. Es el primer paso para romper el mercado de granos. Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentín puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista.
 
3. Usa un modelo que ya fracasó y que nos costó carísimo. El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentín va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos.

4. Empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo. Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio? Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano.
 
5. Lo que nos venían adelantando  algunas “mentes avezadas” kirchneristas hoy es una realidad  y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos  estar en pie de alerta.

Firmantes: 
Alfredo Cornejo (Presidente UCR)
Patricia Bullrich (Presidente PRO) 
Maximiliano Ferraro (Presidente CC- Ari y bloque de Diputados) Luis Naidenoff (Pte Bloque Senadores UCR)
Mario Negri (Pte Bloque Diputados UCR)
Humberto Schiavoni (Pte Bloque Senadores PRO)
Cristian Ritondo (Pte Diputados PRO)
Juan Carlos Romero Bloque Federal

 

Comunicado del Bloque de Concejales UCR Ateneo Arturo Illia, Reconquista 

Manifestamos nuestro rechazo a la intervención de la Empresa VICENTIN SAIC y al Proyecto de expropiación que anunciara el Presidente Alberto Fernández. Esta decisión del gobierno nacional es totalmente inconstitucional e Ilegal, desconoce al Congreso y al Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, y repite
experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone). -

Con la expropiación, la deuda millonaria de la empresa pasara a ser una deuda de todos los argentinos, como paso con YPF, que nos costó USD 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios.

La expropiación de Vicentin es una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía del país necesita certeza y credibilidad frente al mundo.

Ante la situación económica que estamos viviendo necesitamos garantías para recuperar la economía, “CUIDAR LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA ES ESENCIAL PARA QUE EL PAÍS SE RECUPERE Y SALGA ADELANTE”.

Asimismo, ante este total avasallamiento de las instituciones y el ataque a la propiedad privada por parte del gobierno nacional requerimos al Intendente de nuestra ciudad AMADEO ENRIQUE VALLEJOS a que se exprese sobre esta situación, defendiendo el imperio de la ley, de la constitución y la continuidad de una de las empresas más importantes de la región y de la provincia.

No desconocemos la complicada situación financiera de Vicentin, ni la preocupación de los trabajadores, ni la incertidumbre de los productores con los que tiene deudas, pero la intervención del Estado debía darse en buscar y encontrar salidas y soluciones normales, legales y constitucionales, no como la que se anunció, descabellada y a contra mano del mundo desarrollado.

Bregamos para que las autoridades nacionales recapaciten y trabajen en forma urgente para generar un ámbito de trabajo con la Empresa, el Banco Nación y los otros acreedores y los trabajadores para encontrar soluciones racionales como la esperamos la mayoría de los argentino. 

Natalia Capparelli --Hugo Firman

 

Comunicado de CRA. 

Cuidemos las formas republicanas y división de poderes

Con sorpresa, hemos asistido en el día de ayer al anuncio del Sr. Presidente del decreto de intervención de la empresa Vicentín y el próximo envío del proyecto de expropiación de dicha empresa, como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuando, cómo y por qué monto?

¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada?

El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?

¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?

¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno Nacional?

¿Quién responde a estas preguntas? El Sr. Presidente, el Ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?

Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes.

La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos.

Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta.

Solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos. 

 

Amalia Granata: la intervención de Vicentín es un abuso de poder y otra muestra de la deriva populista del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. 

La Diputada Provincial Amalia Granata se pronunció respecto de la intervención y potencial expropiación a la empresa Vicentin S.A.I.C, e instó al Gobernador Perotti a que fije una posición sólida para así defender los intereses de la Provincia de Santa Fe como acreedora. 

“Las determinaciones tomadas por el Ejecutivo Nacional llevarán a que indirectamente, los argentinos terminen pagando la millonaria deuda. La decisión del Presidente Alberto Fernández, de intervenir de manera transitoria la firma VICENTIN S.A.I.C., una de las principales empresas del país y que da empleo a casi 5.000 trabajadores de manera directa en Santa Fe, es lisa y llanamente un ejercicio abusivo del poder político y una extralimitación de las facultades del presidente. No corresponde al Poder Ejecutivo tomar intervención en un concurso preventivo que tramita por los carriles judiciales habituales”, disparó la Presidenta del Bloque SOMOS VIDA.

“Está claro que  nadie puede oponerse al concepto de soberanía y aún menos si se trata de asegurar un derecho como el alimentario”, sentenció Amalia Granata, y agregó, “utilizar esto como slogan significará que todos los argentinos  que abonamos  los impuestos vamos a tener que  responder por  una deuda millonaria de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES o más, dado que hay un Juez de Concurso  trabajando en la causa”.

Si la intención del ejecutivo es velar por los puestos de trabajo y por el patrimonio de la empresa, la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, y un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores. Por lo que no existe justificativo para que el Presidente decida nombrar un interventor del estado, siquiera de manera transitoria”, explicó la legisladora santafesina. 

AMALIA GRANATA Diputada Provincial Santa Fe

 

La diputada provincial Betina Florito respecto a la intervención manifiestamente inconstitucional del poder Ejecutivo Nacional 

 Ante la decisión tomada por el Gobierno Nacional respecto al futuro de la Empresa Vicentin, la diputada provincial Betina Florito expresó su desconcierto ante el silencio del Ejecutivo provincial.

"El gobernador de la provincia siempre estuvo al margen de la situación desde el primer momento; nunca lo escuchamos ni a él ni a sus funcionarios hablar sobre el tema. Es muy grave que nuestro Gobernador y nuestros Senadores y Diputados Nacionales no hayan tomado posición y lo que es peor, no conozcamos sus posturas frente a éste caso emblemático", expresó la legisladora.

Siendo parte de la comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentin, creada en la Camara de Diputados, en representación del bloque Somos Vida que preside Amalia Granata,  a los efectos de saber que pasó y que va a pasar con la empresa, la decisión del Ejecutivo Nacional me parece un atropello a las instituciones de la democracia”, aseguró Florito.

Para terminar, la diputada señaló que la decisión "incluso generó una contradicción entre la postura nacional y uno de los miembros del Gabinete provincial ya que el ministro de la Producción de Santa Fe dijo públicamente que no está de acuerdo con lo decidido por Alberto Fernández".

 

Lucas Incicco: “La intervención de Vicentin constituye una intromisión arbitraria, ilegal e inconstitucional”. 

Desde Cambiemos en Santa Fe calificaron a la medida de intervencion impulsada por el presidente Fernández como “una violación de nuestro sistema constitucional que solo genera desconfianza e incertidumbre.

Provincia de Santa Fe, 10 de junio de 2020.

“Estamos muy preocupados por el avance del gobierno sobre la propiedad privada. Queremos que se respeten los derechos y garantías esenciales que consagran nuestra Constitución y los tratados internacionales. La intervención de una empresa privada solo puede ser dispuesta por un juez, en una causa judicial y de manera fundada”, sostuvo el diputado nacional MC Lucas Incicco, quien explicó que “el presidente no tiene atribuciones para remover el directorio elegido por los socios de una compañía privada. La intervención de Vicentin constituye una intromisión arbitraria, ilegal e inconstitucional”.

Desde Cambiemos en Santa Fe, aclararon, asimismo, que “No podemos ni queremos desconocer la compleja situación en la que se encuentra inmerso el Grupo Vicentin. Tampoco nos hacemos los desentendidos respecto a la actuación de los funcionarios del Banco Nación y la asistencia financiera que han brindado al grupo empresario en los últimos tiempos. Pero destacamos que, en un país normal, eso debe ser planteado y resuelto en sede judicial y hay, a la fecha, varios procesos judiciales en curso, desde causas penales donde se investiga la posible comisión de delitos hasta el concurso preventivo de la empresa. La solución pasa por que funcionen las instituciones de la República y que cada uno de los poderes que conforman el Estado cumpla acabadamente con sus atribuciones en el marco de la Constitución y las leyes”

“En una país con una severa crisis económica y que además padece enormes problemas  sanitarios, educativos, de Justicia, de inseguridad, narcocriminalidad e infraestructura; no podemos aceptar que el Estado descuide las funciones que hacen a su razón de ser, y se ponga a jugar al empresario, entrometiendose en el comercio, la industria y la exportación, cuando, además, ello no le está permitido en nuestro diseño constitucional” argumentó Incicco.

En ese sentido, desde el sector opositor de la provincia de Santa Fe destacaron que “Lo que quieren hacer con Vicentin nos va a costar muchísimo dinero a todos los argentinos, como nos está costando YPF”, y añadieron “la intromisión del Estado en una de las principales empresas agroalimentarias y agroexportadora del país produce desconfianza y siembra incertidumbre en todos los sectores de la economía”.

“Este ilegal intervencionismo estatal que atenta contra la seguridad jurídica en nombre de una abstracta e indefinida ¨soberania alimentaria¨, es un pésimo mensaje para atraer las tan necesarias inversiones - de capitales argentinos e internacionales - que el país necesita para crecer y para que se generen nuevas fuentes de trabajo”, finalizaron.  

 

Opinión del abogado Eduardo Paoletti, Presidente del Concejo Municipal de Reconquista. 

¿INTERVENCIÓN O INTROMISIÓN?

Crisis empresarial

La crisis de una empresa genera el incumplimiento en el pago de sus créditos, lo que a su vez provoca un impacto negativo en el patrimonio de sus acreedores, propagándose así el problema a toda la cadena de pagos.

Cuando el incumplimiento es general y no se puede hacer frente a una gran cantidad de deudas, pagarle a uno provoca una injusticia para con el resto. Es por eso que la legislación aparece intentando generar justicia social, a través de un proceso universal en el cual se reúne a todos los acreedores (Ley 24.522 Régimen de concursos y quiebras).

El concurso es un proceso en el que se pretende que el concursado renegocie su deuda, que no cese la marcha de la empresa y que se vaya haciendo frente a lo adeudado con los beneficio que se vayan generando. Se busca, así también, evitar la pérdida de puestos de trabajo y la continuidad de la empresa.

Limitación a la propiedad

Por otro lado, la propiedad privada puede ser limitada (artículo 14 de la Constitución Nacional). Es así que, cuando existe una utilidad pública, el Estado puede apropiarse del bien de un particular con una finalidad colectiva, a cambio de una indemnización (artículo 17 C.N.).

La mencionada utilidad pública es requisito esencial para la procedencia de la “expropiación” (Ley 21.499) y ello implica que el interés general esté en juego y la finalidad sea el bien común.

Intervención

Ahora, cuando tenemos una empresa que se encuentra en estado de cesación de pagos, y se abre un proceso concursal para que la misma pueda negociar con sus acreedores y reestructurar su deuda para continuar con su giro comercial, satisfacer a quien le debe, y no romper la cadena de pagos: ¿por qué el Estado Nacional decide intervenir la misma?

La citada Ley de Concursos y Quiebras 24.522 –LCQ- prevé la figura del “síndico”, un auxiliar del juez. El concursado conserva la administración de sus bienes pero bajo la vigilancia de este (artículo 15 LCQ), no pudiéndose realizar actos que modifiquen la situación de los acreedores.

El concursado pasa a un estado de capacidad controlada, con restricciones a su disponibilidad.

El caso en cuestión

En el caso que nos atañe se abrió el concurso y hoy se encuentra en el período de verificación de créditos (artículo 32 LCQ), y el plazo final para verificar está fijado recién para el día 25 de agosto de 2020 (concursopreventivovicentin.com.ar), o sea recién dentro de dos meses.

Como dijimos ya existe síndico, que en este caso -por la magnitud- es un cuerpo colegiado que auxilia al juez que se encuentra interviniendo en el proceso.

Entonces, ¿no son estos actores institucionales suficientes para el control del funcionamiento de la concursada?

Considero innecesaria y excesiva la intervención de la empresa dispuesta por Poder Ejecutivo Nacional a VICENTIN S.A.I.C. Además de ello, esta intervención provoca una intromisión en el Poder Judicial, lo que está vedado por el principio de división de poderes.

Asimismo, no se observa hoy utilidad pública que otorgue razonabilidad a la potencial expropiación de la empresa, siendo la misma poco razonable y excesiva. Es la expropiación la última instancia a recurrir en estos casos, más aún cuando los demás caminos institucionales se están transitando.

 

Núñez sobre intervención de Vicentin: "Esto marca un precedente de cómo el gobierno buscará estatizar a las empresas"  

Rosario (9 de Junio 2020) Ante la intervención por parte del Ejecutivo a la empresa santafesina Vicentín, el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio José Núñez afirmó que “esta medida marca un precedente de cómo el Gobierno actuará cuando una empresa se encuentre en situación de quiebra, buscando estatizar para tener mayor control sobre la industria de alimentos en el país”.

Por otro lado, el Diputado comentó que esta “medida también implica estatizar una deuda privada y hacerla pública, lo que significaría que todos los argentinos deberemos pagarla”.

Las acciones del presidente Fernández en cuanto a Vicentín fueron catalogadas como innecesarias por parte del legislador de JXC.

“Sabemos que la empresa estaba en un proceso de concurso de acreedores. El caso estaba en mano de las justicia, aún no estaban agotadas todas las instancias para declararla insalvable y el Gobierno de manera arbitraria salió a expropiar”

Núñez también señaló que el argumento de proteger en la Argentina “la soberanía alimentaria” es una falacia por parte del presidente. “Para que los alimentos sean más accesibles deberíamos tener definido un horizonte estratégico, reglas de juego claras y menos impuestos sobre este rubro”

El Diputado por Santa Fe afirmó también que la intervención genera en el sector privado una sensación de alarma, angustia e incertidumbre que aleja las futuras inversiones y que por tanto limita las oportunidades de generar empleo en la Argentina

“¿Quién quiere invertir en un país donde las reglas de juego no son claras, la presión impositiva insostenible y encima se atenta contra la propiedad privada? Ya conocemos esta historia la vivimos en los 12 años que gobernó el Kirchnerismo. Expropiaron Ciccone, Aerolíneas Argentinas e YPF y ¿como terminó?”, sostuvo.

En cuanto a la situación legal de Vicentín, Núñez destacó que quien se debe hacer cargo es la Justicia, no el Ejecutivo “Se adelantaron a un proceso judicial, pasaron por encima de la ley de quiebras, y a través de un DNU se tomaron atribuciones que no correspondían. 

No solo atentan contra la propiedad, sino que también contra la democracia”, apuntó. 

 

Comunicado inter institucional de las entidades productivas del Norte Santafesino:   Corenosa, Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, Ex Ente Parque Industrial de Reconquista, Sociedad Rural de Reconquista, Centro Industrial y Comercial de Reconquista, Centro de Empresarios de Romang.  

¡Vicentín podemos ser todos!

Como sociedad no podemos permitir que el gobierno se olvide de las herramientas democráticas que tenemos como república para solucionar nuestros problemas como sociedad.

Una empresa con problemas es un ejemplo. Para estas situaciones existe la ley de Concursos y Quiebras. Que reglamenta todos los pasos que deben seguir las empresas y sus acreedores con la debida intervención del poder judicial.

Vicentín es una empresa que está atravesando una crisis y como tal se adhirió al régimen de concursos establecido en la ley.

Cómo instituciones no podemos permitir que el gobierno salga a expropiar empresas por ninguna razón. Porque está avasallando la propiedad privada y respeto a los procedimientos de la justicia, a las reglas de nuestra sociedad, a las leyes, a los mecanismos institucionales y finalmente nuestros valores.

La intervención es el principio de un mecanismo que va en contra de nuestra democracia. Hoy enarbolando la bandera de la soberanía alimentaria mañana bajó otra bandera será otra empresa.

Si no decimos basta AHORA, mañana, Vicentín podemos ser TODOS!!!

 

Comunicado de La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe. 

Un atropello institucional

Santa Fe, 10 de junio de 2020.

Desde Carsfe queremos expresar nuestra profunda preocupación por el anuncio presidencial de intervenir y/o expropiar a Vicentín. La empresa está atravesando un proceso preventivo de crisis y en medio de un concurso que lleva adelante el Poder Judicial. Claramente, el Ejecutivo se está llevando por delante al Poder Legislativo y a la Justicia, lo que es muy grave.

En tanto, durante estos tres meses de cuarentena la economía quedó totalmente relegada a un segundo plano, y el único anuncio que hizo el Presidente para la producción fue la expropiación de una empresa privada.

La propiedad privada es un bien sagrado para nuestra Constitución Nacional, por lo que lo de Vicentín es un golpe muy fuerte para toda la cadena productiva.

La historia nos enseña hacia dónde condujeron las decisiones similares, por las cuales esta y futuras generaciones de argentinos deberán seguir pagando con más deuda e inflación este tipo de arrebatos que se hacen en nombre del pueblo.

Por último, le pedimos a nuestro gobernador que revierta el apoyo a la medida del gobierno nacional y que se sume a la defensa del federalismo, el que cumple un rol fundamental en nuestra República; y repudiamos cualquier intento de avasallamiento en este sentido.

Sobre CARSFE

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe fue fundada el 20 de Mayo 1938 bajo el nombre de Fundación de la Confederación de Sociedades Rurales y Afines del Centro y Norte del País. En el año 2001 se fusionan CARCLO y CARZOR, dando origen a CARSFE. La entidad hoy nuclea a 30 Sociedades Rurales de toda la geografía provincial, y desde entonces trabaja en defensa de los intereses del sector.

 

A favor:

Marcos Cleri expresó su respaldo a la intervención de Vicentín:“Garantiza fuentes de trabajo y da previsibilidad a productores y proveedores” 

“Es una medida muy importante para la provincia de Santa Fe porque garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo y da previsibilidad a los productores y a los proveedores”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín y enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y rescate de la firma.

“Se está poniendo al Estado en el lugar de acompañamiento al sector productivo que hace falta, en este caso con el rescate de una empresa que está al borde de la quiebra y es un actor muy importante de un sector estratégico de nuestra economía. Se trata de contar con una empresa fuerte, con un papel de testigo en ese sector, para avanzar hacia la soberanía alimentaria y en el camino de erradicar el hambre y la pobreza”, sostuvo el diputado nacional santafesino.

“La situación de Vicentín se fue complicando entre denuncias muy serias de un proceso de vaciamiento durante el período de gobierno macrista; y la decisión del gobierno nacional es poner a disposición de la Justicia toda la información necesaria para que siga su curso el proceso de convocatoria de acreedores en el que el Banco de la Nación Argentina es el principal acreedor, y en el marco de un proyecto general de desarrollo”, resaltó Marcos Cleri.

“De este modo, se revierten las dudas y la incertidumbre que había en torno al futuro de la empresa y las economías regionales en las que tiene instalaciones y sedes”, subrayó después el integrante del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. “Nuestra provincia va a tener una participación muy importante tanto en la discusión de la ley como en la definición de políticas públicas a favor de un sector muy dinámico y de mucho peso en nuestra economía. Es fundamental privilegiar los intereses de los santafesinos y santafesinas y los argentinos y las argentinas ante decisiones tan trascendentes para reactivar el sector productivo en momentos de tanta complejidad como el que estamos viviendo”, concluyó el legislador nacional.

 

Comunicado del Consejo Ejecutivo Departamental General Obligado del Partido Justicialista: 

El CONSEJO EJECUTIVO DEPARTAMENTAL GENERAL OBLIGADO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA frente a los hechos de público conocimiento sobre la decisión del Gobierno Nacional de intervenir transitoriamente la Empresa VICENTIN S.A.I.C. manifiesta su ACOMPAÑAMIENTO a la decisión de RESCATAR la compañía para que siga siendo netamente de CAPITALES ARGENTINOS, ante la posibilidad de quiebra, desguace o extranjerización, después de haber sido irresponsablemente endeudada en los últimos años, poniendo en peligro su posición estratégica como referente del sector agroexportador.

Estamos convencidos de que se ha optado por resguardar los DERECHOS e INTERESES de los trabajadores y los acreedores, que son la base de la capacidad productiva de la compañía.

Queda demostrado en hechos concretos, que la decisión del Presidente Alberto Fernández, es la más adecuada, llamando al diálogo a sus directivos con la participación de nuestro Gobernador Omar Perotti, para trabajar en alternativas que logren el fin del rescate buscado, lo cual apoyamos plenamente.

Valoramos la Historia de esta empresa emblema en el desarrollo regional, y el esfuerzo de sus fundadores, por lo que instamos, a que como comunidad y dirigentes, nos aboquemos a trabajar en el mismo sentido, sosteniendo la paz social y evitando enfrentamientos innecesarios.

 

El decreto de necesidad y urgencia que dispuso la intervención: 

PODER EJECUTIVO NACIONAL

Decreto 522/2020

DECNU-2020-522-APN-PTE - Intervención transitoria.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2020

VISTO el expediente EX-2020-36947608- -APN-DGD#MPYT, la Ley N° 27.541, el Decreto N° 260/20 y sus normas complementarias y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 10 de febrero de 2020, la sociedad VICENTIN S.A.I.C. (CUIT 30-50095962-9) se presentó en concurso preventivo (autos “VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO” - Expte. N° 21-25023953-7) con una deuda denunciada de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 99.345.263.086,50), quedando dicho proceso radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

Que la cantidad de acreedores denunciados asciende a más de DOS MIL (2.000).

Que, en forma previa a dicha presentación, a partir del día 4 de diciembre de 2019, la sociedad VICENTIN S.A.I.C. se encuentra técnicamente en cesación de pagos.

Que, antes de entrar técnicamente en cesación de pagos, la sociedad cedió, para saldar deudas comerciales, UN TERCIO (1/3) de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo GLENCORE, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el SESENTA Y SEIS CON 67/100 POR CIENTO (66.67%) de las acciones, perdiendo de esta forma VICENTIN S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico.

Que, en forma contemporánea con el inicio del proceso concursal, se desencadenó la pandemia producida por el virus SARS-CoV2, la cual generó una crisis económica global, constituyéndose el supuesto que nos ocupa, en un serio escollo para el desarrollo del proceso concursal en los plazos previstos.

Que a ello debe añadirse el hecho de que algunas de las empresas en que tiene participación societaria, como es el caso de ALGODONERA AVELLANEDA S.A. comenzaron a evidenciar serias dificultades en el mes de marzo próximo pasado, licenciando a QUINIENTOS (500) empleados y paralizando su actividad.

Que las situaciones descriptas incrementaron el nivel de incertidumbre en el mercado agroindustrial, creando un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, los que, en muchos casos, tomaron la decisión de no vender sus existencias a esta sociedad, profundizando la crisis puertas adentro de la empresa.

Que la composición de la deuda de VICENTIN S.A.I.C, conforme surge de la nómina de acreedores acompañada por la sociedad en el expediente del concurso, establece que el endeudamiento financiero tanto local como internacional asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 63.961.563.645,69), encontrándose entre los principales acreedores financieros locales los BANCOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CIUDAD DE BUENOS AIRES, HIPOTECARIO, MACRO, NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS, ITAÚ y NUEVO BANCO DE SANTA FE.

Que, asimismo, entre los principales acreedores financieros internacionales, por una suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($30.153.285.892,26), se encuentran INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION; NETHERLANDESE FINANCERINGS y el ING BANK NV - TOKYO BRANCH.

Que, es del caso referir que, en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades de ese Banco actuaron en infracción a la normativa vigente cuando le permitieron a la empresa VICENTIN S.A.I.C asumir una deuda millonaria con esa entidad bancaria.

Que, por su parte, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramitan los autos caratulados: “Sandleris Guido y otros s/ defraudación” en los que se investigan también presuntos hechos delictivos vinculados con la empresa y el accionar de las autoridades del Banco de la Nación Argentina.

Que el día viernes 5 de junio de 2020, el juzgado interviniente en el proceso concursal estableció un nuevo
cronograma de fechas de dicho proceso, contemplando el volumen y la complejidad de este y considerando el contexto existente a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

Que las circunstancias descriptas han puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, la cual, al momento de la cesación de pagos, era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.

Que, en este sentido, resulta dable destacar que en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en vísperas del cierre de la campaña de soja 2018/19, VICENTIN S.A.I.C. se encontraba en el puesto número SEIS (6) en ventas, con OCHO MILLONES CUATROCIENTAS MIL (8.400.000) toneladas de productos embarcados, es decir, un NUEVE POR CIENTO (9%) del total de ventas externas agroindustriales.

Que en un mercado particularmente concentrado como el de granos y aceites, las principales DIEZ (10) mayores empresas representaron el NOVENTA Y UN POR CIENTO (91%) del total de las exportaciones de granos y productos derivados de origen nacional durante la campaña 2018/19.

Que, de dichas empresas, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales (ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., VICENTIN S.A.C.I., ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA, YPF S.A. Y MOLINOS AGRO S.A.) y el resto a capitales extranjeros.

Que, asimismo, la sociedad concursada, es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, lo cual resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de COVID-19.

Que, de esta forma, se encuentran en riesgo no sólo los DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2.195) puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de MIL (1.000) empleos de la empresa algodonera, TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) de la industria vitivinícola del grupo inversor y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE (2.057) de la planta frigorífica.

Que frente a la situación de falencia de VICENTIN S.A.I.C. y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa (10 millones de toneladas aproximadamente, 9% del total de la oferta exportable,) podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social.

Que es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior.

Que, ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno Nacional ha dispuesto la remisión al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de un proyecto de Ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad VICENTIN S.A.I.C.

Que, asimismo, en el mismo proyecto se propondrá la creación del FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, cuyo Fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el Fiduciario, YPF S.A., todo ello en los términos del artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que asimismo, para asegurar el total y absoluto cumplimiento de los objetivos y medidas que se proponen a través del referido Proyecto de Ley, resulta necesario adoptar las medidas que la urgencia requiere, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo cual se dispone la intervención transitoria de VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de SESENTA (60) días. Esta temporalidad resulta razonable y proporcionada a los objetivos buscados, en tanto se pretende asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, máxime en la situación de emergencia sanitaria que vive el país, ampliada por el Decreto N° 260/20 en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541.

Que asimismo se dispone la ocupación temporánea por SESENTA (60) DÍAS de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de utilidad pública y con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro, lo que se vuelve urgente en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que la citada ley determina, que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 20 de la Ley Nº 26.122 prevé incluso que, en el supuesto que la Comisión Bicameral Permanente no eleve el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Que, por su parte, el artículo 22 de la misma ley dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que otorga el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la intervención transitoria de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. (CUIT 30-50095962-9) por un plazo de SESENTA (60) días, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio.

ARTÍCULO 2º.- Desígnase en el cargo de Interventor de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. (CUIT 30-50095962-9) al señor Roberto Gabriel Delgado (D.N.I. 24.383.450) y en el cargo de Subinterventor al señor Luciano Zarich (D.N.I. 21.414.372).

ARTÍCULO 3º.- El Interventor tendrá las facultades que el Estatuto de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. (CUIT 30-50095962-9) confiere al Directorio y al Presidente de la empresa y en caso de ausencia del Interventor, dichas facultades serán ejercidas de pleno derecho por el Subinterventor.

ARTÍCULO 4º.- Dispónese la ocupación temporánea anormal de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499 por el plazo previsto en el artículo 1°.

ARTÍCULO 5º.- Al finalizar su cometido el Interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, interviniente en el concurso preventivo.

ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia en el momento de su dictado.

ARTÍCULO 7º.- Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, el contenido de la presente medida, agregándose copia certificada de la misma.

ARTÍCULO 8º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas - Claudio Omar Moroni - Martín Guzmán - Ginés Mario González García - María Eugenia Bielsa - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Nicolás A. Trotta - Felipe Carlos Solá - Juan Cabandie - Elizabeth Gómez Alcorta - Eduardo Enrique de Pedro - Luis Eugenio Basterra - Agustin Oscar Rossi - Sabina Andrea Frederic - Daniel Fernando Arroyo - Marcela Miriam Losardo - Matías Lammens.
e. 09/06/2020 N° 22766/20 v. 09/06/2020

 

Comunicado del Comité de Provincia de la UCR

Desde el Comité Provincia de la Provincia de Santa Fe, expresamos nuestro firme y contundente rechazo a la intervención efectuada mediante DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional a la empresa santafesina Vicentín; como asimismo adelantamos nuestro total desacuerdo con el proyecto de expropiación de dicha firma enviado al Congreso de la Nación.

La postura de la Unión Civica Radical es de defensa del aparato productivo de la provincia de Santa Fe; orgullosa de su pasado, presente y futuro, el que pretendemos continuar cimentando en base a la pujanza de sus emprendedores, la laboriosidad de su gente, la articulación entre lo público-privado y un entendimiento del progreso asentado en el esfuerzo colectivo.

La posición del partido tiene sus fundamentos en base a las siguientes ideas de pensamiento:

-La intervención dispuesta por el Gobierno resulta un ataque al sistema republicano en tanto es una clara interferencia del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial. 

-Al mismo tiempo, tal medida implica un avasallamiento del régimen federal, atento a que el gobierno nacional está adoptando medidas que le competen a un juzgado ordinario de la justicia provincial.

·         La intervención dispuesta resulta un agravio al propio estado de derecho y una extralimitación de facultades por parte del Gobierno Nacional.

-Los intereses nacionales se defienden fijando reglas y ejerciendo firmeza para que se cumplan. Eso es lo esencial e imprescindible. La propiedad estatal no lo es. El propio Ministro de la Producción del Gobierno Provincial se ha manifestado en este mismo sentido.

-La soberanía alimentaria se construye con políticas de Estado que combinan múltiples instrumentos como el desarrollo de infraestructura, regulaciones eficientes del uso del suelo,  el fomento de una distribución más justa y eficiente del suelo productivo, financiamiento al pequeño productor y regulaciones eficaces. 

-Vemos con preocupación la continuidad y profundización de un estado de excepción, en cuyo contexto observamos la presente medida.

- La combinación de intervención societaria e iniciativa de un procedimiento expropiatorio no tiene nada de original en el pasado reciente y constituye una insistencia con modelos fallidos y costosos fiscal y socialmente.

·         Preservamos la defensa de los intereses locales que esta medida ha ignorado totalmente. El capital productivo local integra el patrimonio social de la región. Desarrollar capital productivo no se logra comprando una empresa ni poniendo al Estado a gestionar, sino con años de una continua construcción de tejido socio –productivo basado en vínculos de cercanía, compromiso, apuesta al crecimiento y responsabilidad social.

No nos escandaliza la participación del Estado en la economía cuando una intervención virtuosa en el mercado tiene como objetivo la generación de condiciones de igualdad, desarrollo de áreas estratégicas, apertura de oportunidades y defensa de los mas débiles en las cadenas de valor. No todo es asimilable a la experiencia de Venezuela. 

Sin embargo, no creemos que las medidas tomadas hagan un aporte para la solución de la problemática alimentaria de nuestro país cuando la empresa concursada es principalmente una agroexportadora de oleaginosas. De la misma manera, tampoco puede convertirse en un actor de relevancia para la formación de precios por la determinación externa de los mismos cuando se trata de commodities. No se puede subestimar la inteligencia de las y los  argentinos con argumentaciones forzadas.

Por último, pero no menos importante, nos preocupa enormemente la inaceptable inacción del Gobierno Provincial en la protección de los intereses de los santafesinos, esto no es la problemática de una sola empresa, sino que involucra a los trabajadores, productores, acopiadores, cooperativas, empresas tercerizadas, localidades enteras y todo un conglomerado económico provincial. Una vez más, observamos la falta de iniciativa y pasividad del Gobernador, aceptando los atropellos que el gobierno central hace a una provincia que debe defender con todas sus fuerzas el federalismo.

Desde la UCR de Santa Fe estamos convencidos que la solución de este conflicto viene de la mano del dialogo entre los actores afectados por esta problemática y es preciso que el Gobernador convoque a los mismos trabajadores, productores, acopiadores, cooperativas, empresas tercerizadas y tome la iniciativa para encontrar las respuestas que los santafesinos nos merecemos. 

Por todo lo manifestado en el presente documento solicitamos que el Sr. Gobernador asuma una rápida, clara y contundente defensa de los intereses provinciales y locales en este asunto. Así lo exige su deber constitucional de velar por los intereses de los santafesinos y la historia de la propia Provincia de Santa Fe.

CARLOS FASCENDINI- Presidente.

FEDERICO PEZZ- Vicepresidente.

LAURA UTRERA- Vicepresidenta.

VICTORIA CIVALERO- Vicepresidenta.

VICTORIA TEJEDA – Secretaria General.

MARIA PAULA SALARI- Tesorera.

JUAN SARASOLA- Protesorero.