Miguel Angel Roda, es un personaje repetido del delito en la Región Reconquista, y ya tiene condena.
Sus datos: DNI Nº 23.895.715, domiciliado en la manzana 18 casa 19 del Barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad de Reconquista, nacido el 08 de marzo de 1974 de la localidad de Lanteri, hijo de Pedro Roda y Alejandrina Romero, ambos ya fallecidos.
Ahora cayó preso por una acción que siempre lo tuvo como un referente: la colocación de dinero falso. Fue en un procedimiento llevado a cabo por personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Avellaneda, el sábado 16 de mayo de 2020, oportunidad en la que fue sorprendido por policías a raíz de que minutos antes había recibido una denuncia telefónica al 911 que daba cuenta de que estaba en calle 24 de la Ciudad de Avellaneda en una moto de color roja, con dólares estadounidenses apócrifos. Al advertir la presencia policial y haciendo caso omiso a la voz de alto, Roda intentó fugar y a pocas cuadras intentó descartar un envoltorio blanco y una billetera, lo que fue secuestrado y él detenido. Portaba veinte billetes de cien dólares estadounidenses apócrifos, varios con la misma numeración.
Tres personas lo habían denunciado por entregarles dólares falsos.
El 19 de mayo de 2020 fue indagado en el Juzgado Federal de Reconquista y ahora procesado por los delitos de expendio de moneda extranjera falsificada (art. 282 en función del 285 del Código Penal); violación al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020 como medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia (art. 205 del Código Penal) y resistencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal).
Además el juez federal Aldo Alurralde dispuso trabarle embargo sobre los bienes libres hasta cubrir la suma de $500.000.-, y mantener secuestrada la moto que utilizó en la comisión delictiva, una Corven Energy patente A00QVH, sujeta a decomiso.
En los considerandos del procesamiento, el juez federeal menciona que el titular del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe remitió al juzgado actuaciones mediante las cuales puso en conocimiento que la policía de la provincia de Santa Fe desde el mes de enero de 2020 había recibido denuncias que vinculaban a Roda con la compraventa de dólares falsos; y que en el caso de un tal Delbón -cuya autoría RODA no ha negado-, no identificó al encausado, pero el modus operandi y ardid empleado en enero de 2018 -época del suceso que denuncia- resulta ser una maquinación idéntica a la desplegada en mayo de 2020. Nótese que habla de una operación de compraventa de rodados para incluir en ella los dólares falsos. Además, Roda mencionó "sus antecedentes desfavorables"; y precisamente el 12 de enero de 2018 venció por cumplimiento de sentencia la pena que se le impusiera por éste mismo delito y fue precisamente en esos momentos en que realizaba otra maniobra idéntica.
En su declaración indagatoria, Roda sostuvo que "Yo siempre me siento perseguido por los antecedentes que tengo, y por gente que quizás no me quiere a mí. Y los dólares que yo tenía en mi poder son porque vendí un vehículo en Corrientes y me pagaron una parte con dos mil dólares. Y después de ahí trato de ubicar a la persona que me compró el vehículo y no puedo dar con él. Cuando usted dice que di a la fuga de la policía es porque este señor de Avellaneda me había dicho que le de los dólares, que él hacía muchos negocios y que él quería hacerlos pasar junto con los dólares que él tenía, yo le dije que tenía muchos problemas con la justicia y que no quería hacer eso, entonces cuando veo la policía me voy del domicilio porque yo estaba en falta, yo me di cuenta que estaba en falta, él me insistía que le dejara los dólares, que eso podía andar para los negocios de él, y ahí cuando vi la policía me dí a la fuga, y quiero decir que nunca tuve intención de estafar a nadie, y entiendo que por mis antecedentes todo me juega en contra… estoy arrepentido por todo esto, y quiero que sepan que siempre estuve a disposición de la Justicia federal".
En su resolución el juez federal sostien que Roda reconoció la tenencia de los dólares apócrifos intentando justificar su portación con una supuesta compraventa de un vehículo, sin dar precisiones del objeto de la transacción, de la fecha, de la persona a quien le habría vendido y de quien supuestamente habría recibido ese dinero extranjero. Es más, dice que no lo puede ubicar omitiendo cualquier dato filiatorio que pudiera identificarlo. Tras lo cual reconoce que "estaba en falta" y que "huía de la policía"; dejando en claro que "está arrepentido de todo esto".
El Dr. Alurralde señala que le "resulta poco creíble para el suscripto la hipótesis sostenida por Roda en el sentido que la persona que le compraría los dólares, le exigía que fueran falsos para hacerlos “pasar” con los verdaderos y que él al advertir que estaría “en falta” se negó a hacerlo por lo que ante la presencia policial se dio a la fuga atento a que si no nunca fue su intención expender dólares falsos, no se explica porque los llevaba en su poder e inclusive se descartó de los mismos al emprender la fuga. En este sentido el descarte demuestra el conocimiento de Roda de que portaba dólares falsos ...en general las propias expresiones de Roda dan cuenta del reconocimiento de la materialidad de los hechos, a pesar de intentar negar que intentó entregar los dólares falsos".
La resolución del magistrado federal además dice:
"Que RODA no ofrece ninguna explicación para la conducta de violar la norma que dispone el distanciamiento social; paralelamente reconoce expresamente haberse dado a la fuga cuando los preventores le ordenaron que se detenga y asimismo dice estar arrepentido de todo esto, admitiendo que sus antecedentes penales le son desfavorables y que ha tenido muchos problemas con la justicia. Insisto, todo según sus dichos".
"Que, en otros términos, no solo no se ha redargüido de falsedad el acta cabeza de sumario, sino que ha reconocido la materialidad de los hechos que se le imputaran; por lo que adelanto que el grado hipotético de convicción que exige la instancia de rito se encuentra alcanzado con suficiencia para someter a proceso al imputado".
"Que, a riesgo de resultar reiterativo, tengo por acreditado que MIGUEL ANGEL RODA el sábado 16 de mayo de 2020, fue sorprendido por la prevención, que minutos antes había recibido una denuncia proveniente del “911”, el que diera cuenta de que el nombrado se encontraba en el domicilio de calle 24 Nº 526 de la Ciudad de Avellaneda (Provincia de Santa Fe), a bordo de una moto de color roja, con dólares estadounidenses apócrifos. En ese momento, al advertir la presencia policial y haciendo caso omiso a la “voz de alto”, RODA comienza a realizar maniobras tendientes a lograr la fuga; unas cuadras más tarde, se descarta de un envoltorio blanco y una billetera, e inmediatamente después el personal policial logra frustrar la fuga, quedando aprehendido; y en presencia de testigos se recoge del piso el envoltorio y la billetera antes arrojadas por él, conteniendo diez billetes de cien dólares estadounidenses la billetera; y diez billetes de cien dólares estadounidenses el envoltorio, advirtiendo que algunos de ellos tenían la misma numeración. Una vez elevadas las actuaciones al Juzgado, el Ministerio Público Fiscal, ha elevado actuaciones preventivas en las que se lo ha venido investigando por la comisión del mismo delito, constando tres denuncias en su contra de los ciudadanos: Julio Cesar Nardín quien recibió de RODA diez (10) billetes de cien dólares presuntamente falsos; Hugo Alberto Delbon, que recibió del encausado cinco (5) billetes de cien dólares presuntamente falsos; y Juan Rolando Bunchich, que recibió del nombrado tres (3) billetes de cien dólares presuntamente falsos, conforme actas cuya lectura le fuera leída en audiencia indagatoria. Una vez más resalto que por tal conducta será sometido a proceso".
Expendio de moneda extranjera falsificada:
El art. 285 del Código Penal equipara a la moneda extranjera a los efectos del art. 282, 283 y 284 del mismo cuerpo legal, otorgando la misma protección legal que a la moneda nacional, otras que si bien son físicamente distintas y tienen otra regulación jurídica poseen idéntica función. Señala Andrés José D`alessio en su obra “CODIGO PENAL, Comentado y Anotado”, Parte Especial, Edit. La Ley, que además de la fe pública aquí se tutela el crédito de las naciones extranjeras; y la protección dada por el derecho interno responde al ejercicio de las facultades de legislar sobre lo concerniente a las relaciones internacionales. Comprende toda clase de moneda extranjera sin distinción alguna e incluye la metálica y el papel moneda.
El art. 282 del Código Penal de la Nación, con la finalidad de proteger la moneda como instrumento de cambio, reprime la conducta de quien falsificare moneda que tenga curso legal en la Republica y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación. Expender implica dar la moneda a quien la acepte como verdadera, a diferencia de la puesta en circulación que puede tener lugar cuando la misma es introducida en el tráfico cambiario por cualquier medio a excepción de la expedición (v.gr. colocarla en un aparato telefónico o en una máquina expendedor a de bebidas). Requiere además en el ánimo de su autor, el conocimiento de la falsedad del dinero y la idoneidad de la moneda o los billetes para inducir a engaño. “El dolo requiere el conocimiento del carácter de la moneda que se imita (que sea de curso legal) y la voluntad de crear la pieza imitadora en la falsificación. En cuanto a las demás acciones, suponen en el agente el conocimiento de que las que realiza constituyen el agotamiento de la acción de falsificar, si es que la falsificación fue realizada por un tercero” Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, T. 2, Editorial Astrea, Bs.AS. 1997, pág. 366.
Que las constancias incorporadas a autos, demuestran -con el grado de probabilidad que la altura del proceso requiere- que Miguel Ángel Roda habría incurrido en la comisión del delito de expendio de moneda extrajera falsa, consistente en la entrega de diez (10) billetes de cien dólares falsos a Julio Cesar Nardín; cinco (5) billetes de cien dólares falsos a Hugo Alberto Delbon; y tres (3) billetes de cien dólares falsos a Juan Rolando Bunchich, todo ello conforme se desprende de las evidencias de autos y en especial de las periciales realizadas a fs. 102/129 de autos.
Resistencia o desobediencia a la autoridad:
Que cuando RODA reconoce su escape y por ende la fuga que logran frustrar los funcionarios policiales actuantes, también admite haber recibido la orden de alto que desobedece.
Respecto de la figura penal de desobediencia contemplada en el art. 239 CP, “...si bien la norma no hace mención expresa a la necesaria existencia de una orden, lo cierto es que sin ésta no puede configurarse la conducta típica, puesto que “(...)sólo puede desobedecer quien es destinatario de una orden (...)” (Creus, Carlos; Buompadre, Jorge Eduardo; “Derecho Penal - Parte Especial-, Tomo 2°, 7ma. edición ampliada y actualizada, Editorial Astrea, ciudad de Buenos Aires, año 2007, pág. 238). A través de distintos precedentes jurisprudenciales que recogieron la discusión doctrinaria sobre el punto, se ha dado contenido conceptual al término orden, afirmándose que “(...)es un mandamiento, escrito u oral, que se da directamente a una persona, aunque no necesariamente en persona, por parte de un funcionario público, para que se haga algo o se deje de hacer algo. Por ende, serán órdenes las que lleven a efectivizar la disposición de una autoridad. No debe ser considerada una orden la resolución judicial, cualquiera fuere la forma, esto es auto, decreto o sentencia, aunque sí lo deben ser los mandamientos que tienen como fin el cumplimiento de la sentencia (...)” (de esta Sala, C/N°34.570 “Datwiler, Guillermo O. s/procesamiento”, rta: 20/11/02, reg: 1218; C/N° 35.579 “Di Credico, Rolando P. s/sobreseimiento”, rta: 21/10/03, reg: 934; y en similar sentido, CNCP, Sala III, “Godoy, Heriberto Silvano s/recurso de casación”, rta: 15/08/02, reg: 410.02.3, entre muchas otras)”. Por otra parte, desde una óptica meramente formal, los parámetros que delimitan la conceptualización del término orden son aquellos expuestos en el párrafo anterior. Constituye una cuestión zanjada tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Sin embargo, el contenido o naturaleza de la manda que se reputa desobedecida merece también ser considerada al encararse el juicio de adecuación con respecto al tipo penal contenido en el art. 239 CP. Distintos Tribunales y, en especial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 306:1570, 313:824, 315:1693, entre otros) han considerado que el término orden no debe reputarse comprendido entre aquellas mandas vinculadas con intereses personales de partes, o en otras palabras, que se encuentren relacionadas con obligaciones privadas de carácter patrimonial, con repercusiones de estricto derecho civil”. (C.C.C. Fed. Sala I Ballestero - Freiler – Farah - 5.2.2009 “Vigo” - Causa 42.332 Reg. 52 J. 9 - S. 17-En Boletín de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, edición 2009).
Queda en claro que en autos la orden de la autoridad que se resistía era de carácter penal y que el mismo imputado la desobedece en pleno conocimiento de “sus antecedentes desfavorables”, según sus dichos.
Violación al DNU 297/2020 – Aislamiento social preventivo y obligatorio como medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia: Conforme lo señala Creus, “el bien jurídico protegido por el artículo 205 del Código Penal no ofrece aquí duda alguna: directamente se protege la salud pública, que es a la que ataca la epidemia”. Se sanciona aquellas acciones u omisiones dolosas mediante las cuales se puedan producir la introducción o propagación de una epidemia exclusivamente, a través de la violación de las normas impuestas por la autoridad competente. De allí, puede advertirse que estamos en presencia de una de las denominadas leyes penales en blanco, las cuales, para verificar el quebrantamiento de las normas impuestas, deben ser completadas con una disposición que establezca la prohibición o mandato, conforme lo demanda el principio constitucional de legalidad.
Corresponde aclarar que las leyes penales en blanco, son aquellas que necesitan ser complementadas por cualquier otro tipo de disposiciones normativas, generalmente emanadas del Poder Ejecutivo, que pueden revestir o no el carácter de excepcionales o transitorias, permanentes o de emergencia y que, al servir de complemento, su infracción es la que constituye delito.
La Corte Suprema de Justicia, confirió validez a este tipo de técnica legislativa y afirmó que la Constitución permite -bajo ciertos requisitos- las leyes penales en blanco; luego, el P.E.N. reglamenta la ley y llena el contenido de la infracción. Nótese, que la ley se refiere expresamente a las medidas adoptadas por las autoridades competentes facultadas para dictar normas generales o particulares tendientes a evitar la introducción o propagación de una epidemia. Esas disposiciones generales, pueden originarse en cualquier acto emanado por la autoridad que corresponda (ya sea por el Poder Legislativo o Ejecutivo), por lo cual se estaría configurando el tipo cuando estas sean exigibles, jurídicamente hablando, es decir cuando las mismas sean válidas encontrándose vigentes (ya sea al sancionarse o publicarse, según corresponda).
Entonces es claro que, para no resultar inoperante, el tipo penal reclama la existencia de una normativa de complemento que la integre.
Que ante ello y para mayor abundamiento procederemos a un breve análisis de la caracterización del tipo penal de conformidad con los DNU 260 y 297 del 2020, analizando al sujeto activo del delito en cuestión que puede ser cometido por cualquier persona. Se trata de un delito común (delicta comunia). Por lo tanto, podrá revestir el carácter de sujeto activo, cualquier persona que realice la acción u omisión prevista en la normativa que complemente el tipo penal en blanco. Dicho esto, se puede afirmar que desde la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 el pasado 11 de marzo, todas aquellas personas incluidas en los supuestos enumerados en el art. 7 del mismo que no respeten el aislamiento obligatorio por el lapso de catorce (14) días, podrían ser considerados como sujetos activos de la figura penal aquí analizada. Ahora bien, debe dejarse en claro, que a partir de la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, cualquier persona puede ser autor del delito descripto en el art. 205 del Código Penal.
Que, por otra parte, la acción típica consiste en violar las medidas adoptadas por la autoridad competente tendientes a evitar la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa; por ello, es dable entender que el comportamiento penado puede consistir tanto en una acción como en una omisión. Desde el punto de vista del tipo subjetivo, se trata de un delito doloso, por lo que el autor debe conocer la medida y la obligatoriedad de su cumplimiento y obrar con voluntad de no acatarla. En este sentido, Fontán Balestra ha dicho: “el dolo abarca el conocimiento de la existencia de una norma válida por la que se adoptan medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia y la voluntad de incumplirlas mediante acción u omisión”. Son aplicables para el caso, las reglas del error de tipo, respecto de lo cual cabe destacar que la exclusión del dolo deja atípica la conducta por no encontrarse contemplada la figura culposa. Creus, ha referido al respecto: “El error acerca de la existencia del mandato, de su alcance o de la competencia de la autoridad, puede llegar a excluir la culpabilidad, pero para ello -repetimos- no basta la duda”. El delito analizado, desde el punto de vista de la consumación debe considerarse que es un delito de peligro abstracto, ya que no solo que no exige resultado alguno, sino que ni siquiera se requiere que haya existido el peligro de la introducción o propagación de la epidemia, ni que ello afecte a alguna persona. En definitiva, es suficiente con que se viole (quebrante) la prohibición para que se configure el delito. (Extracto de la publicación de: El rol del Derecho Penal y la aplicación del art. 205 del Código Penal en tiempos de Covid-19, por Raúl Alejandro Roust en: http://www.amfjn.org.ar/2020/04/17/el-rol-del-derecho-penal-y-la-aplicacion-del-art-205-del-codigo-penal-en-tiempos-de-covid-19/ )
Que es de destacar que tanto el Decreto 260/20 como el 297/20, hicieron remisión a las consecuencias penales que podría conllevar la violación del aislamiento dispuesto, ya que, según la literalidad de aquellos, tal infracción podría encontrar adecuación típica en los delitos previstos y reprimidos en los arts. 205, 239 y concordantes del Código Penal. Nótese, que lo que comenzó como una conducta meramente cívica o un aislamiento voluntario a fin de resguardar la salud individual como así también la de otros, luego de la publicación de los Decretos previamente mencionados, se ha convertido en una exigencia estatal, que por ende impulsan a la justicia, para que de manera coordinada se pueda hacer frente a una situación alarmante. Puede afirmarse que todo aquél que incumpla con las obligaciones puestas en análisis, en principio, encuentra su encuadre típico en la figura prevista en el art. 205 del
Código penal, que consiste en: “…el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
A su vez, sin perjuicio de la remisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia mencionados al art. 239 del Código Penal de la Nación, como posible sanción penal contra los infractores de las obligaciones allí impuestas, lo cierto es, que para este tipo de casos no resulta adecuada. Ello así, toda vez que dicha figura típica, a diferencia de los delitos enmarcados dentro del título de delitos contra “Seguridad Pública” y en consecuencia dentro del capítulo de delitos contra la “Salud Pública” establece la pena para “…el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Observemos, que la letra establece que dicha acción tiene un sujeto pasivo, (titular del bien jurídico tutelado penalmente), concreto y determinado, es decir, a una persona que sea el singular destinatario de la orden emanada por una autoridad. En el caso de estudio, se advierte fácilmente que estamos en presencia de una disposición dirigida al público en general, o sea, indeterminado.
Que por lo expuesto entiendo que Roda debe ser sometido a proceso atento a que la conducta desplegada encuadra prima facie en el tipo previsto y reprimido por el art. 282 en función del 285 del Código Penal (expendio de moneda extranjera falsificada); art. 205 del Código Penal (violación al DNU 297/2020 – aislamiento social preventivo y obligatorio como medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia); y art. 239 del Código Penal (resistencia o desobediencia a la autoridad); siendo estas dos últimas figuras aplicables respecto del procedimiento de fecha 16 de mayo de 2020.
4.- De la Prisión Preventiva:
Que, al momento de analizar la prisión preventiva en el supuesto de autos, debe tenerse especialmente en consideración los antecedentes penales de MIGUEL ANGEL RODA -remarco, por él reconocido- y la reiteración de actos, tanto los oportunamente juzgados y verificados desde 2010 (fs. 141vta.) como los que se investigan en el presente y que sin solución de continuidad marcan un constante accionar delictivo.
Señala el Profesor Julio B.J. Maier en este aspecto que: “Históricamente la llamada «presunción de inocencia» no ha tenido como fin impedir el uso de la coerción estatal durante el procedimiento de manera absoluta. Prueba de ello es el texto de la regla que introdujo claramente el principio el art. 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano: «...presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley» [...] Nuestra ley fundamental sigue esos pasos: pese a impedir la aplicación de una medida de coerción del Derecho material (la pena) hasta la sentencia firme de condena, tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente, durante el procedimiento penal”. (Derecho Procesal Penal- Parte General, Ed. Del Puerto, Bs. As. Tomo I, 2003 pág. 511).
Por su parte Alberto Bovino, explica las condiciones sustantivas que deben ser verificadas para autorizar el uso legítimo de la privación de la libertad procesal. Su línea de pensamiento fue seguida por Natalia Sergi en su trabajo (cfr. Bovino Alberto“El encarcelamiento preventivo en los Tratados de Derechos Humanos” en “Problemas del derecho procesal penal contemporánea”. Ed. Del puerto Bs. As. 1998 pág. 121/163 y Sergi Natalia“Límites temporales de la prisión preventiva” en Nueva Doctrina Penal 2001/A Ed. Del Puerto Bs. As. Pág. 113/142). En esta última obra, se afirma, que: “El riesgo que corre el proceso no es único presupuesto para legitimar el encarcelamiento preventivo [...] La CIDH en dos informes sobre el tema (Informes 12/96 y 2/97) enfatizó los requisitos materiales para privar a una persona de la libertad durante el proceso, estableciéndolos como obligaciones ineludibles de las autoridades nacionales. Estos requisitos, en realidad, no surgen más que de las normas básicas que regulan el estado de derecho...”.
De esta manera, una de las exigencias ineludibles que permiten mantener a una persona en prisión preventiva lo da la sospecha sustantiva de responsabilidad del imputado por el hecho delictivo que se le atribuye.
Así, los autores citados, siguiendo a Maier explican que la prisión preventiva presupone, por tratarse de la medida de coerción más grave en el marco del proceso penal, un cierto grado de desarrollo de la imputación que permite determinar su mérito sustantivo a través de los elementos de prueba recolectados al momento de tomar la decisión.
Bovino expone que: “El Tribunal sólo podrá aplicar la medida privativa de la libertad, cuando la investigación haya alcanzado resultados que permitan afirmar, luego de oír al imputado, que existe una gran probabilidad de que se haya cometido un hecho punible y de que el imputado haya sido autor. No se trata solamente que el procedimiento haya alcanzado cierto grado de desarrollo, sino de que este desarrollo haya sido acompañado, de resultado concreto respecto de la verificación de la participación del imputado en el hecho investigado” (ob. cit. pág. 158).
Por su parte Cafferata Nores, señala que: “…la característica principal de la coerción procesal es la de no tener un fin en sí misma. Es siempre un medio para asegurar el logro de otros fines: los del proceso. Las medidas que la integran no tiene naturaleza sancionatoria (no son penas) sino instrumental y cautelar; sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva” (Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación Ed. Del Puerto Bs. As. 1992 pág. 3).
Sostiene Maier, que el peligro de fuga “...es racional porque, no concibiéndose el proceso penal contumacial (en ausencia del imputado o en rebeldía), por razones que derivan del principio de inviolabilidad de su defensa, su presencia es necesaria para poder conducir el procedimiento hasta la decisión final e, incluso, para ejecutar la condena eventual que se le imponga, especialmente la privativa de libertad, y su ausencia (fuga) impide el procedimiento de persecución penal, al menos en su momento decisivo (juicio plenario), y el cumplimiento de la eventual condena…” (op. cit., T. I, págs.516/7).
Que atento al Plenario de la Excma. Cámara de Casación Penal, en el Acuerdo 01/08, Plenario N° 13: “Díaz Bessone, Ramón Genaro S/Recurso de inaplicabilidad de ley”, en fecha 30 de Octubre de 2008, resolviendo: “…I. DECLARAR como doctrina plenaria que no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del CPPN), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal…”.-
Lo expuesto precedentemente, me lleva a sostener que: “ex ante”, corresponde analizar, independientemente del delito atribuido, con su correspondiente conminación penal, si, de acuerdo con las normas constitucionales puede restringirse la libertad del mismo, lo que sólo es probable cuando dicha situación -de libertad- conlleve que al imputado obstaculice el trámite del proceso, o bien a sustraerse del mismo.
Que asimismo y como vengo sosteniendo en mis resoluciones la implementación de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal dispuesto mediante la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal reflejan un cambio de paradigmas hacia un sistema acusatorio pleno pero dado en forma parcial atento a que los mismos coexisten en un sistema judicial federal en donde aún se aplica en la mayoría de las jurisdicciones un Código Procesal Penal mixto (entre acusatorio e inquisitivo). No obstante ello, dichas normas no desvirtúan ni mucho menos dejan de lado lo ya establecido en el plenario Diaz Bessone por lo que la tarea del juzgador al ponderar los riesgos procesales en materia excarcelatoria no debería variar en el sentido en la actualidad lo venía realizando.
Que en virtud de lo expuesto en el presente caso entiendo que debe convertirse en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo el imputado MIGUEL ÁNGEL RODA, DNI Nº 23.895.715.
Que todo lo dispuesto es en virtud de que el sometimiento del encartado al presente proceso es de reciente data y existen al presente trascendentes medidas de investigación a realizarse, las que de producirse la eventual soltura del encausado podrían verse perjudicadas, ya que este podría ocasionar la obstrucción y/o frustración de las mismas.
Por otra parte, no puedo dejar de valorar la pluralidad de delitos por el cual está siendo procesado que aumenta una prognosis de pena y los antecedentes penales que demuestran una reiterada inclinación al delito por parte de MIGUEL ANGEL RODA que aumenta la probabilidad de entorpecimiento probatorio y fuga. Nótese que en 2013 -fs. 143vta.- ya fue condenado por el Tribunal Oral de Santa Fe a tres años de prisión; luego en 2015 por el Colegio de Jueces de la 4ta Circunscripción Judicial por el delito de estafa a nueve meses de prisión efectiva -fs. 145vta.- Es dable entender que de recuperar la libertad podría intentar eludir el accionar de la justicia, o como he dicho en el párrafo anterior, entorpecer las investigaciones dirigidas a corroborar el grado de responsabilidad que le cabe en los hechos investigados.
Que asimismo este propio juzgado a mi cargo el 29/05/2020 remitió otra causa al Tribunal Oral caratulada “Roda, Miguel Ángel s/ Falsificación de Moneda Extranjera” FRE 417/2017.- en la que cual se lo procesó por idéntico hecho y ahora irá nuevamente a juicio.
Que por otra parte tengo en cuenta que al advertir la presencia policial y haciendo caso omiso a la “voz de alto”, RODA comenzó a realizar maniobras tendientes a lograr la fuga; unas cuadras más tarde, se descartó de su billetera e inmediatamente después el personal policial, logró su aprehensión. En este sentido interpreto por sentido común que, si el propio Roda intentó darse a la fuga frente a una orden impartida por personal uniformado y armado, cuanto más podría hacerlo en esta instancia si recuperase su libertad por disposición del suscripto, a escasos días de ser detenido, tornándose ineficaz a esta altura del proceso cualquier medida de seguimiento de conducta que se le pueda imponer.
Por último es dable señalar que a efectos de arribar a la conclusión de existencia de riesgo procesal, no debe requerirse en el juzgador la plena certeza de que el imputado fugará o entorpecerá la investigación, siendo menester la existencia de sospecha razonable, conforme se deduce de los instrumentos internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de sus órganos de aplicación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 12/96, párrafo 89, cit. por Ottaviano, Santiago: “Libertad Provisional o Derecho a la Libertad”, en Rev. de Derecho Procesal Penal, Doctrina, volumen año 2005, pág. 425/426, edit. Rubinzal Culzoni). Sospecha que entiendo razonablemente se da en autos, en virtud de los elementos de juicio del caso.
Que asimismo corresponde mantener el secuestro oportunamente dispuesto por este magistrado sobre la moto marca CORVEN ENERGY de color A00QVH atento a que la misma se encuentra vinculada, en cuanto a su utilización, con los delitos por los cuales se dicta el presente resolutorio y por lo tanto sujeta a decomiso (art . 231 CPPN).
Que, por último, como medida cautelar, he de disponer el embargo sobre bienes del encartado, en una estimación provisoria e idónea para cumplir la finalidad de que nadie se beneficie de sus actividades ilícitas, atento a que como ha sostenido la CSJN “…los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios” (Fallos 254:320; 275:389; 279:54, 279:138; 283:66 entre otros).
Por lo expuesto, y a tenor de lo dispuesto por los arts. 306, 312, subsgtes. y ccdtes. del C.P.P.N., es que
RESUELVO:
1. DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de MIGUEL ANGEL RODA, DNI N° 23.895.715, ya filiado en el exordio, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de expendio de moneda extranjera falsificada (art. 282 en función del 285 del Código Penal); violación al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020 como medida adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia (art. 205 del Código Penal) y resistencia o desobediencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal) siendo estas dos últimas figuras aplicables respecto del procedimiento de fecha 16 de mayo de 2020.
2. Trabar embargo sobre los bienes libres de MIGUEL ANGEL RODA, D.N.I. N° 23.895.715, hasta cubrir la suma de pesos Quinientos mil ($ 500.000.-).
3- Mantener el secuestro oportunamente dispuesto por este magistrado sobre la moto marca CORVEN ENERGY de color A00QVH atento a que la misma se encuentra vinculada, en cuanto a su utilización, con los delitos por los cuales se dicta el presente resolutorio y por lo tanto sujeta a decomiso (art. 231 CPPN).
4. Comuníquese lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal.
Insértese el original al expediente, protocolícese copia por Secretaría, hágase saber y cúmplase.
Dr. Aldo Mario Alurralde, juez federal de Reconquista.
