El delito de Homicidio Culposo se consuma con las muertes, el paso del tiempo no cambia ni mengua lo sucedido sino multiplica su garantía de acceso a la justicia.
En la imagen superior vemos al juez Eduardo Bernacchia, quien presidió el tribunal de apelación que luego de escuchar al condenado, a su defensor y al fiscal, resolvió "rechazar el acuerdo planteado por las partes en relación a perforar el mínimo legal establecido con respecto a la pena de inhabilitación para conducir vehículos ...y confirmar la condena".
Sostiene el fallo de Cámara que "los daños causados con cuatro personas fallecidas y varias más lesionadas -entre ellas algunas con amputaciones- no son, precisamente, de escasa significación, sino todo lo contrario".
El fallo recuerda que la equidad es "compañera constante de la justicia"; y que el acuerdo alcanzado en la audiencia de apelación entre el fiscal Norberto Ríos y el abogado defensor particular del colectiver, Gabriel Baucero, "perfora el límite menor de la inhabilitación para conducir vehículos ya que justamente el previsto por la ley es de cinco años como lo determinara el Juez de baja instancia".
Añade que "en cuanto a las alternativas que podemos ver en su aplicabilidad tenemos por un lado una posición de la doctrina, que tiene influencia en el quehacer judicial argentino, donde el legislador al fijar un mínimo legal establece de antemano un piso a partir del cual ya se ha afectado el bien jurídico protegido -lo cual entiendo fundamental- y; si la afectación del bien no alcanza determinada intensidad, como son los que se han incluido en la teoría de la insignificancia o nimiedad de la ofensa, se considera que tal conducta sería atípica, posición que deja al juez en condiciones de condenar dentro de la conducta legalmente establecida o emitir un pronunciamiento liberatorio, pero en ningún caso podría sancionar por debajo del límite establecido por la ley, lo que guarda directamente relación y que constituye un obstáculo insalvable a lo establecido por las partes y reitero, de ninguna forma podemos plantear en estas actuaciones la teoría de la insignificancia o nimiedad de la ofensa siendo, a mi entender, que el paso del tiempo -para lo cual la misma ley prevé el instituto de la Prescripción como su límite temporal- no disminuye la importancia de las personas fallecidas y lesionadas aun cuando se haya reparado civilmente a algunas de las personas por partes de las empresas aseguradoras; recordemos que, por ejemplo, el delito de Homicidio Culposo previsto por el art. 84 del Código Penal se consuma con las muertes de las víctimas para las cuales, el paso del tiempo, junto con su familiares, teniendo en vista también sus derechos, no cambia ni mengua lo sucedido sino multiplica su garantía de acceso a la justicia aún, que algunas de ellas y/o sus familiares hayan recibidos indemnizaciones pecuniarias de la empresa aseguradora.
El delito de Homicidio Culposo se consuma con las muertes, el paso del tiempo no cambia ni mengua lo sucedido sino multiplica su garantía de acceso a la justicia.
Frente a esta alternativa está aquella que minoritariamente sostiene que los jueces deben individualizar la pena teniendo en cuenta las particularidades del caso, con estricta sujeción a los límites máximos que se autoimpone el Estado, pero considerando los mínimos de las escalas como simplemente indicativos, lo cual estimo que no corresponde ni sería aplicable a estos actuados por la magnitud de lo sucedido".
Recuerda que "en nuestra tradición jurídica observamos el criterio según el cual las penas se aplican en forma estricta, aun cuando resulten demasiado severas, de acuerdo al grado de malicia y al daño producido...".
También el fallo de cámara recuerda la expresión de Miguel A. Almería, quien categóricamente ha sostenido que "Son pues los legisladores los que, en ejercicio de una función política, cuyo producto lleva instalada la presunción de legitimidad, quienes han de fijar la retribución penal debiendo los jueces ejercer el control constitucional con extrema parquedad y sólo en aquellos casos en que resulte intolerante por inhumana la pena fijada en abstracto respecto de la entidad del delito que se sanciona. La individualización judicial de la respuesta penal no puede desentenderse de la culpabilidad del agente, pero no al punto de que el juez sustituya al legislador y fije un mínimo flexible según su personal discrecionalidad en cada caso. Es grave que el legislador, sustituya al constitucionalista, pero mucho más grave es que quien no habiendo sido ungido por elección popular, se convierta en representante del pueblo y legisle en nombre de este".
"Otro obstáculo insalvable" que observó el tribunal de la apelación para reducir la pena "es que debemos asumir que no existe una exorbitancia del mínimo penal por cuanto la lesividad del hecho es muy importante, donde existieron cuatro personas fallecidas y múltiples heridos -alguno de ellos con amputaciones-, esto es en la entidad de la culpa del autor...".
Sostienen que la pena no es cruel ni inhumana.
Por último, en relación a la pena de tres años de prisión ejecución condicional observo que las partes durante la audiencia de trámite terminaron acordando que la misma era justa, proporcional y razonable; la cual se encuentra dentro de los parámetros legales.
Además, por todo lo tratado considero justa la pena impuesta en primera instancia, por lo ya desarrollado tu supra, ya que, al igual que el A-quo en su resolución de baja instancia, conforme a los arts. 40 y 41 del Código Penal, corresponde tener en cuenta las circunstancias que rodearon los hechos, los intereses de afectación, el daño causado, las modalidades del acometimiento, los móviles considerados por el sujeto activo, sus condiciones personales y el monto de punición establecido por las normas legales, todas pautas que resultan necesarias para la búsqueda y selección de la pena justa, tarea que comprende el análisis de dos aspectos, por un lado la magnitud del acto realizado y por el otro la personalidad del autor y así se han de valorar como circunstancias agravantes, justamente el gran daño causado -cuatro personas fallecidas y varios lesionados-, el carácter de chófer profesional de un transporte público que le exigía un mayor control de su actividad -es decir un conductor profesional como la misma Defensa Técnica lo reconoce en la audiencia de trámite-. Elementos todos ellos que me permiten, al igual que el A-quo, apartar del mínimo legal establecido en la norma legal, esto en relación a la pena de prisión y como también lo entendieron las partes, reitero, en la audiencia oral de trámite.
Condenado si, pero no preso
Sostiene el veredicto que "la ausencia de antecedentes condenatorios del acusado -lo cual hace, entre otras consideraciones, que puede ser de ejecución condicional la pena de prisión-, que a lo largo de todos estos años -atendiendo razón a la Defensa y a lo reconocido por el Sr. Fiscal en la audiencia de trámite- que siempre ha estado a derecho y se ha presentado cada vez que ha sido citado, entendiendo que debe dejarse en suspenso la pena de prisión justamente por su actitud posterior al delito y, reitero, la inconveniencia de una efectiva privación de la libertad atendiendo a sus condiciones personales y sociales".
Para la Cámara Penal de Apelaciones de la Región Reconquista es justa la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir por el término de 5 años, el mínimo previsto por la ley; y el pago de las costas (arts. 84 segundo párrafo, 94 segundo párrafo, 54, 40, 41, 9:t 26 y 29 inc. 1° del Código Penal).
Reglas de conducta impuestas al condenado:
En este caso la Cámara tiene en cuenta lo acordado por las partes en el debate de apelación:
a) Fijar domicilio el cual no podrá cambiar sin previo aviso al Tribunal competente; b) Realizar un curso sobre educación vial debiendo acompañar el certificado anual correspondiente, c) Prohibición de consumir estupefacientes; c) No cometer nuevos delitos. Tales reglas, atento a la magnitud del daño causado, deberán ser cumplidas por el condenado por el término de tres años.
Cómo se votó:
El Dr. Carlos Renna adhirió a los fundamentos del presidente de la apelación, Eduardo Bernacchia; y la Dra. Martha Feijoó se abstuvo de votar al haber ya dos votos totalmente concordantes (artículo 26 de la Ley 10.161).
OPINIÓN
Un llamado de atención:
Desde ReconquistaHOY advertíamos que en esa audiencia de apelación -que la presenciamos vía Zoom- "l as víctimas no tuvieron ninguna participación ni mención durante el desarrollo de la audiencia. La única víctima que se exhibió allí es un hombre que imploraba para que no le prohiban ejercer su actividad como colectivero".
El condenado:
Carlos Horacio Kelly, DNI 22.756,186, de 48 años de edad, chofer profesional de ómnibus de larga distancia, desocupado desde diciembre de 2019, quien contó que vive con su esposa e hija de 21 años, fue condenado el 22 de agosto de 2019 a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional mas 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal (arts. 84 segundo párrafo, 94 segundo párrafo, 54, 40, 41,26 y 29 inc. I°, del Código Penal), veredicto ahora confirmado por la Cámara Penal de Apelaciones.
El siniestro del que fue declarado culpable, produjo 4 muertes y varios heridos que sobrevivieron. Fue el 05 abril de 2009 sobre Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de El Rabón, 114 Km al Norte de Reconquista.
Kelly, que para la apelación nombró abogado particular a Gabriel Baucero, apeló la condena de primera instancia y el 21 de mayo de 2020 se realizó la audiencia de apelación que ahora es noticia por su veredicto.
Recordamos el debate en la audiencia de apelación:
El defensor sostuvo ante los camaristas que "la condena ha sido injusta, es desproporcionada... No hubo una conducción descuidada ", y les pidió que tengan en cuenta que conducir es el medio de vida de Kelly, quien se ha profesionalizado en la materia. Les remarcó que con ese trabajo mantenía su familia. En el juicio Kelly dijo que nació en Quilmes (Bs. As.) y que actualmente vive en Las Palmas, Chaco.
Baucero solicitó al tribunal que a la hora de graduar la pena en menos que busque esa veta valorando el comportamiento del imputado durante el proceso que ha sido intachable, siempre concurrió. No ha cometido nuevos delitos, solo se ha dedicado a procurar mantener a su familia, "no es un conductor ni temerario ni imprudente para privarlo de su modo de vida durante 5 años". Pidió también que tengan en cuenta el paso del tiempo (fue hace 11 años el siniestro) y que es un delito culposo, es decir que hay culpa pero no dolo, no hay voluntad de provocar el daño; y aseguró que el seguro ha ido reparando a las víctimas, que se firmaron varios convenios entre Aguila Dorada Bis y Protección Seguros. Mencionó con nombres y apellidos algunos acuerdos, aunque no lo demostró en la audiencia. Refirió a indemnizaciones que van de $850.000.- a $5.500.000.-; y que no solo repararon los daños sino que hasta le han pagado a los profesionales de esas víctimas.
Pidió al tribunal que baje a la condena a un año, "que es lo que el Sr. Kelly podría soportar haciendo changas, hoy está desocupado, tiene hijos". Considera que el tribunal debería tener en cuenta el fin resocializador de la pena, "por eso sería justo que pueda volver a trabajar cuanto antes". Reclamó "empatía y consideración" teniendo en cuenta la situación económica del país.
Concretamente pidió al tribunal de alzada que baje la condena a 2 años de prisión de ejecución condicional y a 1 año la prohibición de manejar.
Luego tomó la palabra el fiscal Norberto Ríos, quien remarcó que "la justicia cuando se demora en el tiempo deja de ser tal"; es que han pasado 11 años del siniestro que provocó Kelly. "Yo me pregunto, si luego de ese hecho dañoso siguió manejando en la misma actividad, me parece al menos contradictorio que sobrevenga la inhabilitación 11 años después cuando estos últimos años ha estado ejerciendo esa actividad. Entiendo razonable la solicitud del defensor..."; y empezó a explicar que se podría acordar una reducción a la que la Cámara Penal de Apelaciones no dio lugar.
Para el fiscal Norberto Ríos, debería mantenerse la condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional porque provocó 4 muertes y varios heridos, pero aceptó bajar a un año la inhabilitación para conducir; agregándole que durante el plazo de la pena realice cursos de seguridad vial, que fije domicilio, que no se emborrache ni se drogue, y que presente copia de los convenios que su abogado dijo que la compañía de seguros firmó con las víctimas.
Ríos cree que debía valorarse que el condenado carece de antecedentes, "eso debo valorarlo después de 11 años", sostuvo.
Luego de escuchar al fiscal, tanto el condenado Kelly como su abogado defensor expresaron verbalmente en la audiencia que estaban acuerdo.
La condena de primera instancia fue dictada por el juez Gustavo Gon en agosto de 2019, a pedido del fiscal Carlos Norberto Ríos. El juicio se hizo 10 años después del siniestro y en la defensa estuvo el defensor público Sergio Olivera.
EL SINIESTRO
Fue a las 07:30 del 05 de abril de 2009 cuando Carlos Kelly conducía por Ruta Nacional 11, altura de El Rabón, un ómnibus de la empresa Aguila Dorada Bis , el que quedó tumbado, recostado sobre su lateral derecho, con varios pasajeros afuera y dentro del colectivo, lesionados. 4 ya fallecidos.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y ambulancias de Las Toscas, Villa Ocampo, Florencia y Villa Guillermina.
Para los investigadores, resultó relevante tener en cuenta la indicación precisa de la existencia de carteles indicadores de curva a una distancia de 5O metros de donde queda tumbado el micro hacia el cardinal sur, en banquina lado este; y hacia el cardinal norte en banquina lado este hay otro cartel indicador de curva a una distancia de 60 metros. La ruta en dicho sector presenta una curva desde el mojón km 908 hacia el norte, la cinta asfáltica posee lineas amarillas en la parte media y blancas discontinuas; y en la curva se observan dos lineas amarillas en la parte media, en el sector en que ocurrió el accidente. La ruta estaba en buenas condiciones de transitabilidad.
El perito José Luis Rossarolli, quien examinó el colectivo, reportó que el estado era "bueno en luces, cubiertas y frenos". Todos los asientos con sus respectivos cinturones.
Los informes médicos revelaron 4 muertos, 2 personas con heridas gravísimas (amputaciones), 6 con heridas graves y los demás con heridas leves.
El guarda conductor del micro siniestrado en ese momento era Eduardo Ignacio Gómez.
Los fallecidos: Nilda Buyutti, Severiano Benitez, Nicolasa Franco, Silvia Brítez.
Entre los pasajeros estaban Juan Ramón Benitez, Carmen Carolina Terán, Andres Germán Roma, Darío Alejandro Muñoz; Zulma Barrios, Carmelo Salinas, Cresencia Aquino Alviso, Felipe Antonio Jara, María Antonia Aguirre, Benigno Antonio Martínez, Martín Walter Sanabria, Miguel Angel Ibarra, Roger Silvestre Pintos, Sonia Elizabeth Gómez, Inna Agüero, Santos Chávez, Omar Florenciano, Eulalia Beatriz Fernández, Miguel Angel Espinola Alfonso, Beatriz Pino, Margarita Peralta, Isabel Fernández y Federico Angel Baquín.
En la condena de primera instancia, el juez Gustavo Gon expresó: "Encuentro probado acabadamente que el día 5 de abril de 2009, momentos antes de las 7:30 horas, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del km. 908 jurisdicción de la localidad de El Rabón, Carlos Horacio Kelly conducía un micro de la Empresa Águila Dorada Bis, interno 51, dominio FKX 227, de Sur a Norte con destino final a la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, con pasajeros, acompañado por el segundo chofer Eduardo Ignacio Gómez, perdiendo en determinado momento el dominio de su conducido, pisando con su rueda delantera derecha la banquina, produciéndose su vuelco, sin intervención de terceros o de alguna circunstancia que no fuera atribuible a la conducta de Kelly, de lo cual todos resultaron con lesiones, las que provocaron la muerte de Nilda Buyutti, Severiano Benitez, Nicolasa Franco, Silvia Brítez; y lesiones graves a Isabel Fernández, Fulana Fernández, Julio Alcaráz, , Pablino Espínola, Beatriz Pino, Victoria Ojeda, Margarita Perealta, Karina Insfrán, Federico Baquín,, Gonzalo Rodríguez, Martin Maciel, Carmelo Salinas; y lesiones leves en otras personas.
En el juicio, el fiscal Ríos sostuvo que las condiciones del lugar exigían mayores cuidados en la conducción, que la velocidad no era la aconsejable y que Kelly conducía con exceso de confianza e imprudencia, no tomando las debidas precauciones.
Circulaba a 110 km por hora cuando pisó la banquina con los neumáticos del lado derecho, lo cual generó la desestabilización que derivó en el vuelco.
El juez Gon sostuvo en su condena que "el primer deber genérico que impone la ley de tránsito es conducir el vehículo con cuidado y prevención, conservando en todo momento dominio efectivo de su conducido teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (art. 39 ley 24.449). Es evidente que el imputado violó su deber de diligencia, no lo hizo, y ya sea porque se distrajo, o porque ingresó a la curva a excesiva velocidad y no pudo dominar el rodado (superar en más de 20 km/h la máxima permitida para ómnibus) y además es éste un ómnibus de doble piso, con menor estabilidad, pisó la banquina barrosa y si bien luego lograr subir nuevamente a la ruta lo hace sin el control sobre el ómnibus que termina volcando con el lamentable resultado ya conocido".
En el juicio el fiscal había pedido que Kelly sea condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para conducir por cinco años, conforme lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Código penal, corresponde tener en cuenta las circunstancias que rodearon los hechos, los intereses de afectación, el daño causado, las modalidades del acometimiento, los móviles considerados por el sujeto activo, sus condiciones personales y el monto de punición establecido por las normas legales, todas pautas que resultan necesarias para la búsqueda y selección de la pena justa, tarea que comprende el análisis de dos aspectos, por un lado la magnitud del acto realizado y por el otro la personalidad del autor.
Para condenarlo, el juez Gon valoró como circunstancias agravantes, "el daño causado, el carácter de chófer de un transporte público que le exigía un mayor control de su actividad. Elementos todos ellos que nos permiten apartar del mínimo legal establecido en la norma legal. Como atenuante, hemos de ponderar según la razonada y sincera convicción, la ausencia de antecedentes condenatorios del acusado, entendiendo que debe dejarse en suspenso la pena de prisión por su actitud posterior al delito e inconveniencia de una efectiva privación de la libertad atendiendo a sus condiciones personales y sociales, el justiciable cargará con las costas", y fijó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional mas la inhabilitación para conducir por el término de cinco años, mas el pago de las costas. Esta es la condena de primera instancia que el condenado apeló y que ahora se aguarda resolución del tribunal compuesto por los camaristas Eduardo Bernacchia, Marta Feijoó y Carlos Renna.
Producción periodística: Gustavo Raffin - ReconquistaHOY.
