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La Cámara Federal avaló investigación contra el tráfico de drogas en encomiendas que llevan adelante fiscalía y juzgado federal de Reconquista.

Respalda que se revisen las encomiendas sospechosas a partir de la confianza en el perro detector y la prisión preventiva. 

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Frustraron envío de droga por encomienda.

Especialmente en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, al presentar mayores dificultades transitar con estupefacientes debido a las restricciones y mayores controles, se sospecha que se incrementaron los envíos en formato de encomiendas, razón por la que por decisión del juez federal de Reconquista, se incrementaron los controles en ese tipo de envíos mediante la utilización de un perro adiestrado, lo que permitió detectar varios envíos de ese tipo en los últimos meses, razón por la que hay en la actualidad varias personas bajo proceso judicial y en prisión preventiva; entre ellos Ariana Fernanda Soria, de Buenos Aires; Agustina Soledad Pérez, de Villa Mercedes, San Luis; Daniel Alejandro Luna, de Córdoba capital; Diana Soledad Coronel, de Buenos Aires; Marianelli Elvira Manganelli, de Villa Carlos Paz, Córdoba; Gabriel Horacio Echenique, de la localidad de Nono Provincia de Córdoba; y Lidia Elizabeth Gaona, de Buenos Aires, todos por el delito de transporte de estupefacientes, artículo 5° Inc. C de la Ley de Drogas 23.737, que prevé pena de 4 a 15 años de prisión.

El defensor oficial, Dr. Nicolás Ramayón, en representación de Gabriel Horacio Echenique, quien es uno de los detenidos, intentó la nulidad de la causa argumentando que el juez de Reconquista no tenía legitimidad para la intromisión en la encomienda, porque no se daban los recaudos de excepción que prevé la ley procesal para efectuar una requisa.

EL CRITERIO DE LA DEFENSA

El defensor interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Sostiene que la requisa efectuada respecto de la encomienda debe ser declarada nula en razón de que ex ante no había motivos para invadir la privacidad del propietario de la misma.   Agrega que de la lectura del auto de procesamiento no surge que hubiera ninguna investigación previa ni sospecha razonable de que la pieza postal contuviera material estupefaciente. El sustento en la supuesta reacción del can detector, no alcanza para superar el estándar de sospecha razonable, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Afirmó que según la experiencia, los perros detectores pueden reaccionar ante distintos estímulos por tratarse de animales, que son falibles y condicionados a distintos factores ambientales, a diferencia de la seguridad que ofrecen otros dispositivos o máquinas, cuyos resultados pueden ser objetivamente constatados por las partes de un proceso. Agregó que   el juez federal no tenía legitimidad para la intromisión en la encomienda, porque no se daban los recaudos de excepción que prevé la ley procesal para efectuar una requisa: que ex ante hubiera motivos de sospecha suficientes para presumir que, en el interior de la pieza postal hubiera sustancia estupefaciente. Sostuvo el defensor que si bien el derecho a la intimidad o a la privacidad puede ser limitado, la restricción a un derecho debe perseguir una finalidad legítima. Que por el contrario, la finalidad de “prevenir ilícitos” es abstracta, indeterminada y genérica. Añade que aun cuando se pretenda justificar una finalidad legítima (lucha contra el
narcotráfico) deja de ser tal cuando los medios que se utilizan para alcanzar dicho objetivo son desproporcionados. Explica que sobre esa base la jurisprudencia de la Corte Suprema exigió siempre la existencia  de una sospecha previa  como presupuesto habilitante  para invadir el ámbito de privacidad de una persona. Por tal motivo, entiende que se ha vulnerado el derecho a la intimidad del destinatario del envío -que no es su asistido-­ por lo que solicita se declare la nulidad absoluta de la requisa practicada y de todo lo actuado en consecuencia. Reprochó incluso el defensor que "un procedimiento previsto para combatir los eslabones más altos de las organizaciones  de narcotráfico se tergiversó en un simulacro con autorización del juez para detener a la primera persona que se presentó a reclamar la encomienda. Manifiestó además que durante el procedimiento se excedió la orden del  juez, que se circunscribía a la aprehensión de cualquier persona que se presentara a retirar la encomienda, cuando su asistido declaró –sin que se hubiera desvirtuado su descargo­ que él solamente se limitó a consultar si había llegado el envío, por lo que su situación no encuadraba en la orden de arresto judicial, por lo que entiende que "se violó el art. 18 de la Constitución Nacional".

Agregó el Dr. Ramayón en sus argumentos defensivos que, aun cuando se considerara legítima la requisa y el procedimiento de entrega controlada ficticia y la detención, lo cierto es que los elementos de juicio incorporados al legajo resultan absolutamente insuficientes para adjudicarle la autoría del transporte, máxime si se considera que la encomienda no estaba dirigida hacia su persona, por lo que era imposible que él retirara la misma. Afirma que tampoco se ha probado que Echenique hubiese tenido conocimiento del contenido de la encomienda, por lo que no se encuentra demostrado el dolo que requiere el tipo penal mencionado –dolo directo­.

Planteó que el transporte se vio frustrado antes de que comenzara la conducta que se le imputó, por lo que el riesgo al bien jurídico ya en ese momento se encontraba neutralizado por el accionar prematuro y anticipado de la fuerza de seguridad, que no permitió el arribo de la mercadería a destino mediante el procedimiento de entrega controlada ficticia. Opinó el Dr. Ramayón que se trataría, en el peor de los casos, de una tentativa inidónea o de una tentativa putativa que exime de responsabilidad al imputado; y que no resulta justo ni proporcional adjudicarle el rol de transportista cuando evidentemente él no era el dueño de la sustancia, ni siquiera la transportó o tuvo contacto, ni figuraba como destinatario, por lo que tampoco podía retirarla, sino que fue utilizado por terceros para exponerlo al riesgo de averiguar sobre la encomienda en el correo y que en verdad debería ser tratado como víctima del proceso. 

Subsidiariamente, el defensor solicitó que, en el peor de los casos, se lo considere a Echenique partícipe secundario del delito de transporte de estupefacientes, en razón de que el presunto aporte (de consultar por un envío) de ningún modo puede considerarse imprescindible para el transporte en el que él no intervino.

También apeló la prisión preventiva al argumentar que Echenique posee arraigo, vive con su pareja en la ciudad de Mina Clavero, Córdoba,­ trabaja como artesano en un puesto de la plaza, que  jamás  evidenció peligrosidad y carece de antecedentes penales.

EL CRITERIO DE LA CÁMARA FEDERAL

Para las juezas de la apelación, María Delfina Denogens y Rocío Alcala, la orden judicial para la apertura de la encomienda estuvo debidamente motivada a partir del comportamiento del can detector ante determinados bultos que eran transportados en el vehículo de la empresa Correo Argentino.

Hábilmente las camaristas dejan entreveer que el control de la encomienda no debería causarle ningún agravio al imputado porque ni figuraba en el envío.

Reconoce la Cámara Federal el "conocimiento práctico" de las autoridades para actuar en este tipo de casos, "conforme a las pautas informales de su experiencia profesional, en la prevención y represión delictiva e infraccional, y exhibió un procedimiento respetuoso de los derechos fundamentales, según criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Tratados que rigen la materia y con arreglo al derecho".

ACCIÓN OPORTUNA

Para los jueces de la alzada, lo que dispone el juez federal de Reconquista al encontrar droga en las encomiendas, secuestrar el contenido y darle continuidad al envío con el correspondiente seguimiento policial, es "una técnica investigativa destinada a descubrir y desbaratar la intrincada cadena de tráfico ilegal de estupefacientes, otorgándole al juez la posibilidad de postergar la detención de personas en caso de que la ejecución inmediata de la medida pudiera comprometer un éxito mayor en la investigación. Tal es el caso que nos ocupa, donde se ha dispuesto el seguimiento de la encomienda hasta su lugar de destino (Córdoba), para así poder dar con el destinatario y allí proceder a su detención.

Respecto a la pretensión del sobreseimiento de Echenique, al decir el defensor que el accionar de las fuerzas de seguridad ­al impedir el arribo de la mercadería a destino­ neutralizó el peligro para el bien jurídico protegido, con la consecuente imposibilidad de consumación del delito, lo que define como "tentativa inidónea o putativa", las juezas de la Cámara de Apelaciones se la rechazan porque al momento de realizarse el operativo los narcóticos ya se hallaban en tránsito y ese "delito permanente" se consuma desde el momento en que la mercancía ilícita se halla en tránsito y se sigue cometiendo hasta que llega al lugar de destino, y está corroborado que el imputado se presentó a retirar la encomienda una vez arribada a destino, por lo que el delito imputado por el juez Alurralde se agotó recién en dicho acto.

Remarca la Cámara que "a su vez, el referido injusto reviste particular gravedad" porque afecta un bien jurídico protegido que es la salud pública; y que el transporte permite que los estupefacientes lleguen desde el lugar de producción a su destino final: los consumidores.

La Cámara Federal define que "transporte de estupefaciente es el acto de desplazamiento de un lugar a otro,   con independencia de la distancia o el medio utilizado, y sin que importe el destino que vaya a darse a la sustancia trasladada".

Sostienen que "no existe dificultad para tener por configurado el actuar doloso del imputado", considerando   las   particulares circunstancias del caso que fueron debidamente valoradas por el juez federal de Reconquista en el pronunciamiento examinado, y que dan cuenta de que el Echenique "conocía que formó parte del transporte de la sustancia estupefaciente remitida vía encomienda desde la ciudad de Itatí, provincia de Corrientes, hasta la ciudad de Nono, provincia de Córdoba, donde fue finalmente requerida por Echenique. ...En virtud de lo hasta aquí expuesto, concluimos en que la resolución recurrida, en cuanto dispuso el procesamiento de Gabriel Horacio Echenique en orden al delito de transporte de estupefacientes (art. 5 inc. c) Ley 23.737) se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser confirmada".

Respecto a la apelación de la prisión preventiva, la Cámara Federal analizó que "si bien el nombrado carece de antecedentes penales computables, lo cierto es que al constituirse el personal policial en el domicilio denunciado por el imputado se entrevistaron vecinos del lugar que manifestaron no conocer a Echenique, por lo que no pudo darse cumplimiento  al informe socio­ambiental  solicitado, lo que descarta lo manifestado por el recurrente en punto a que cuenta con arraigo en la ciudad de Mina Clavero". También justifican la prisión preventiva dispuesta por el Dr. Alurralde por el riesgo de fuga, ya que Echenique carece de arraigo y por la pena que se espera como resultado del procedimiento, que sería la prisión efectiva; además porque "la cantidad de   tóxico secuestrado y la manera en que se encontraba acondicionado, permite presumir   que   el   accionar   del   imputado   podría   constituir   un   eslabón   en   una   cadena   de narcotráfico, pudiendo contar con diferentes operadores de quienes recibiría colaboración si decidiera fugarse, lo que justifica confirmar lo resuelto por el Juez (Alurralde) con el fin de asegurar el objeto del proceso y la necesidad de asegurar la presencia del imputado para estar a derecho durante el juicio".

También comparten que hay peligro de entorpecimiento de la investigación ya que "la maniobra intentada brinda indicios de que el encartado podría pertenecer a una organización dedicada al tráfico de narcóticos, la cual cuenta con miembros en distintas provincias de nuestro país (como ser, en el caso, Corrientes y Córdoba) y que posee una capacidad económica apta para trasladar sustancias estupefacientes a largas distancias, circunstancias que permiten pronosticar que, de recuperar su libertad el encausado, podrían poner en riesgo los fines del proceso...".

Al confirmar la prisión preventiva de Echenique, la Cámara instó al juez de la instrucción (Alurralde) "que eleve a la mayor brevedad posible la presente causa a juicio".

 

Producción periodistica: ReconquistaHOY.com

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