La nota:
Reconquista, 05 de agosto de 2020
Señor
Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe
Dr. Roberto Sukerman
S / D
Ref.: Expte. Nº 01610-0008113-9
JOSÉ A. LISTO y RUBÉN LEMOS, en nuestro respectivo carácter de Secretario Adjunto y Secretario General de la Delegación Reconquista de la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, entidad sindical de primer grado con Personería Gremial Nº 68 y sede social en Av. La Plata 754, Ciudad de Buenos Aires, al Sr. Ministro nos presentamos y respetuosamente decimos:
I.- OBJETO.
Que venimos a ratificar el escrito presentado en fecha 04/08/2020 en el Expediente de referencia, solicitando desde ya a la Autoridad se abstenga de proseguir entendiendo en el presente trámite y se remitan los actuados al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, por las razones que pasamos a exponer.
II.- IMPROCEDENCIA DEL PLANTEO DEDUCIDO.
La solicitud que da inicio a estas actuaciones contiene numerosos vicios y defectos que invalidan su procedencia, correspondiendo en varios supuestos la sanción de nulidad, y en todo caso la retrogradación del procedimiento a su origen a fin de que recorra el iter legalmente previsto para las hipótesis de encuadramiento sindical, lo que luce olímpicamente soslayado en autos. En tal sentido esa Autoridad debe ejercer las facultades de control que le son reconocidas expresamente por los arts. 56° ap. 2, inc. a) y 58° de la ley 23.551.
La pretensión es improcedente desde el punto de vista formal y sustancial, y esa Autoridad deberá abstenerse de proseguir con estos actuados y de emitir resolución sobre el fondo del asunto, so pena de incurrir en el vicio de nulidad que fulmina el acto administrativo que así se dictare, conforme lo previsto en el art. 14º incs. a) (dolo) y b) (incompetencia en razón del tiempo y del grado).
La presentación en traslado adolece de varios vicios que no solo nulifican el procedimiento seguido hasta el presente sino que además alteran la letra y el espíritu de las disposiciones que regulan el marco normativo vinculado a la tramitación y resolución de las controversias suscitadas entre organizaciones sindicales.
En forma liminar es preciso poner de relieve que la habilitación de la instancia administrativa, conforme art. 59º, 2do. párrafo, de la Ley 23.551, opera cuando ³el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles´ por la organización gremial de grado superior a las entidades en conflicto, en el caso, la Confederación General del Trabajo, como medio de agotamiento de la vía asociacional impuesta en la citada norma de fondo.
Tres son, en consecuencia, los recaudos imprescindibles previstos legalmente para considerar habilitada la instancia que permita a la Autoridad de Aplicación tomar intervención en estas actuaciones: a) Existencia de diferendo; b) Falta de resolución del mismo dentro del plazo señalado; c) Agotamiento de la vía asociacional.
Tal como surge de los presentes obrados, ninguno de estos recaudos se encuentra cumplimentado.
a) Inexistencia de diferendo. Imperatividad de un procedimiento real y legal de resolución del encuadramiento. El procedimiento no ha sido articulado por la vía asociacional correspondiente según los preceptos legales vigentes, lo que conduce inexorablemente a afirmar la inexistencia de diferendo alguno entre las partes susceptible de recibir resolución por parte de esa Autoridad.
Tales circunstancias, además de menoscabar groseramente el derecho de defensa de nuestra Organización Gremial en violación al art. 18 de la Constitución Nacional, impiden considerar a lo actuado como un ³proceso´ legítimo y formal, de donde resulta que sin que exista un procedimiento abierto no puede válidamente afirmarse la existencia de diferendo alguno sobre el cual expedirse.
De ello se deriva que la falta inicio o apertura de un "litigio" o "diferendo" impide considerar cumplido el recaudo previo impuesto en el art. 59º, 2do. párrafo de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551.
El gremio peticionante pretende transitar un proceso sin previamente seguir los pasos establecidos en el Reglamento de la Comisión Arbitral de la CGT que marque el inicio de un conflicto de encuadramiento sindical y un diferendo para resolver. Esta pretensión de ser tratado en forma diferente viola el art. 16 de la CN que consagra el derecho de igualdad ante la ley puesto que existe un procedimiento establecido que debe seguirse en todos los casos de encuadramiento, y no hacerlo implicaría tratar de manera diferente a un gremio en relación de otro.
Por ello la Autoridad de Aplicación deberá inhibirse de actuar y desestimar la vía escogida por la peticionante, hasta tanto se encuentre agotada la vía asociacional.
b)Falta de resolución. La ausencia de resolución es consecuencia directa e inexorable de la falta de apertura de un proceso formal y estable en cuyo marco las partes puedan ejercer sus respectivos derechos, y de la inexistencia de un procedimiento donde ventilar un determinado "thema decidendum". La falta de resolución en sede asociacional no se debe a una mera demora, reticencia o negligencia en emitir el pronunciamiento; no hubo resolución en sede asociacional lisa y llanamente porque no hubo proceso, y el gremio peticionante no instó ni
impulsó las medidas encaminadas a la apertura y sustanciación del mismo, perdiendo de vista que tal omisión implica nada menos que la falta de recorrido y de agotamiento de la vía asociacional.
La presentación del gremio promotor debe ser desestimada por improcedencia formal del encuadramiento planteado ante esa Autoridad puesto que el régimen diseñado por el art. 59° de la LAS exige como requisito previo a la intervención de la autoridad administrativa en materia de encuadramiento sindical, que la cuestión haya sido resuelta mediante pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas las asociaciones interesadas, y este recaudo no se ha cumplido. Por lo tanto, no existiendo pronunciamiento, no se encuentra habilitada la instancia administrativa aquí
planteada, no siendo procedente la intervención de la autoridad administrativa y de
control de asociaciones sindicales (art. 58° LAS) en la solución del presente, por no existir en la actualidad diferendo alguno resuelto en un proceso asociacional rodeado de las garantías mínimas que todo proceso debe exhibir.
La necesidad de que exista una resolución en sede asociacional es innegable, y en ese marco la jurisprudencia ha resuelto que: ³El encuadramiento sindical consiste en un conflicto de derecho entre dos o más asociaciones que gira en torno de la capacidad que emana de sus respectivas personerías, concerniente a la representación de determinado grupo de trabajadores, que debe ser resuelto cotejando las decisiones administrativas que las acuerdan, en relación con la actividad o la tarea que se lleva a cabo en determinado establecimiento.
Sólo se produce un conflicto de encuadramiento cuando se discute si un sector de trabajadores que realiza determinadas tareas o, determinado ámbito, está representado por un sindicato o por otro y esta contienda debe ser resuelta analizando, al decir de Vázquez Vialard, el ³mapa de personerías´ (F.G. Dictamen N° 51.833 del 07/12/2010, Sala IX, Expte. N 38.745/2008 ³Juntas Ciccarelli SRL c/ Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina U.S.I.M.R.A. y otro s/ acción de amparo´. Dr. Èlvarez. BJ 307 CNAT).
Queda así demostrado que lo que pretende el gremio hermano es realizar un proceso arbitral fuera ámbito sindical, sin el marco procedimental debido y adecuado, y no agotando la vía asociacional conforme lo establece la LAS.
De esta manera la situación creada es insostenible, generando un clima de conflicto en la fábrica involucrada, que conspira contra la necesaria paz social y que merece una inmediata respuesta por parte de la autoridad administrativa y de control en materia de asociaciones sindicales, declinado la vía elegida por el gremio promotor por falta de cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en la ley de asociaciones sindicales como es la existencia de un diferendo resuelto, de un proceso arbitral bilateral con producción de prueba y su posterior resolución expresa en sede asociacional (CGT Comisión Arbitral).
El gremio peticionante pretende así apartarse del texto de la ley, del estatuto de la C.G.T. y también del reglamento que rige el proceso.
Lo cierto es que todavía no existe diferendo intersindical de derecho que se hubiese resuelto en la vía asociacional interpretando el alcance de las respectivas personerías gremiales.
Por tanto, el debate debe ser realizado en el ámbito sindical para luego poder impetrar la vía establecida en el art. 59 de la LAS. De una simple lectura del expediente se advierte que no ha existido diferendo ni debate ni prueba ni resolución y por lo tanto no está habilitada la vía establecida en la ley de asociaciones sindicales y en el resto de la normativa vigente para que en las presentes actuaciones intervenga esa Autoridad de Aplicación.
c) Falta de agotamiento de la vía asociacional. Inviabilidad de la intervención de la Autoridad de Aplicación.
1.- Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto es la falta de agotamiento de la vía asociacional, cuyo cumplimiento impone taxativamente la ley en el art. 59º, 1er. párrafo, de la L.A.S. mediante el pronunciamiento expreso de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas las entidades en conflicto.
Adviértase que el legislador ha deferido en ³la organización gremial de grado superior´ el pronunciamiento que agota la vía asociacional previa, razón por la cual el mismo debe emanar del Congreso Nacional de la C.G.T. (su órgano máximo) o bien de una resolución fundada, firme y consentida del Comité Central Confederal (arts. 5º, 6º, 31º, 36º y ccts. del Estatuto de la C.G.T., t.o. Resolución MTEySS Nº 401/04) y Resolución MTEySS Nº 583/94. Ello armoniza plenamente
con lo previsto en los arts. 90º y 91º del Estatuto de la C.G.T. que regulan el funcionamiento de la Comisión Arbitral, el último de los cuales establece expresamente que las decisiones que ésta dictare ³serán apelables ante el Comité Central Confederal y el Congreso´.
Por tanto, frente a un encuadre sindical, el agotamiento de la vía asociacional es un mecanismo que deviene impuesto obligatoriamente no solo en la ley 23.551 sino también en el Estatuto constitutivo de la C.G.T. (art. 91º).
Con referencia a ello se ha resuelto que: ³En los supuestos de encuadramiento sindical, corresponde a las entidades involucradas seguir la vía asociacional en el marco de la entidad de grado superior a la cual adhieran, pudiendo acudir al Ministerio de Trabajo en los supuestos en que por esta vía no lograse resolverse el conflicto´ (CNAT, Sala V, 14/03/05, ³Asociación del Personal de Economía y Hacienda c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales´,
MJJ3881).
De lo expuesto resulta, con toda nitidez, que la peticionante debió canalizar el reclamo por ante las autoridades de la C.G.T. y, conforme lo dispuesto por el art. 59 L.A.S., debía agotar previamente la vía asociacional. Cuando la norma dice previamente, es claro que se refiere a que ello debe suceder ³antes´ de recabarse la intervención de la autoridad administrativa, y no a la inversa.
De esta manera, la intervención de la autoridad administrativa, por estricta aplicación de lo dispuesto en el art. 59 de la ley 23.551, podrá ser solo de tipo recursiva contra las decisiones de la organización gremial de grado superior, únicamente.
Queda claro entonces que el comportamiento de la peticionante, al pretender someter lisa y llanamente ante esa Autoridad la resolución de un conflicto que no ha recorrido desde el inicio el camino legal y obligatoriamente señalado, soslaya la indispensable intervención de la organización gremial de grado superior, resulta contrario a los Estatutos de la C.G.T. por ella aceptados, a la ley, a la reglamentación de la ley y a sus actos propios, e importa, además, un proceder contrario a la autonomía de las organizaciones sindicales. La historia demuestra
cuán difícil ha sido para los trabajadores lograr ese derecho, desde su prohibición por la llamada ley Le Chapellier de junio de 1701, hasta el reconocimiento expreso de ese derecho (en Francia, recién en 1848 y en Gran Bretaña en 1872).
De allí que nuestra Corte Suprema de Justicia, a pocos años de sancionada la ley 23.551 se ocupara de convalidar el sistema de resolución de conflictos intrasindicales diseñado por la ley 23.551 en sus arts. 59 y 60, como asimismo la intervención de excepción por parte de la autoridad administrativa del trabajo, excluyente de la intervención judicial, que solo es reservada a la instancia recursiva y concentrada en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Ello es lo que resulta de los fallos ³Juárez, Rubén Faustino y otros c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social´ (C.S.J.N., 10/04/90, Fallos 313:432, publicado en D.T. 1990-A, pág. 1170) y ³Salasevicius, Wenceslao y otro c/ Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales´ (C.S.J.N., 21/04/92, publicado en TySS, 1993, pág. 841).
En ambos casos, tratándose de conflictos intrasindicales, el Tribunal Cimero convalidó la constitucionalidad del procedimiento previsto por los arts. 58 a 60 de la ley 23.551. En ellos, se cuestionaba la intervención por parte de la autoridad administrativa (una vez agotada la vía asociacional) y la Corte entendió que dicha autoridad, debía intervenir luego de agotada dicha vía y con carácter previo a la instancia judicial, de tipo recursiva y concentrada.
Queda claro entonces que, de conformidad con lo dispuesto por las normas anteriormente citadas, la Autoridad de Aplicación resulta incompetente en esa instancia para entender en actuaciones vinculadas a la autonomía sindical, toda vez que:
i.-) El Estatuto de la C.G.T., establece en sus arts. 90º y 91º el modo, recaudos y procedimiento para dirimir cuestiones de encuadramiento sindical, que claramente no han sido observados en autos.
ii.-) Los recaudos de la ley 23.551 no se ven satisfechos, sin que las disposiciones estatutarias puedan contravenir sus previsiones.
iii.-) La entidad sindical promotora no agotó la vía asociacional, como lo exigen el Estatuto de la C.G.T. y el art. 59 de la ley 23.551.
iv.-) No se ha pronunciado aún la máxima autoridad organizacional superior que agota la vía asociacional, esto es, el Congreso Nacional de la C.G.T.
2.- La incompetencia y consecuente inhabilidad de esa Autoridad de Aplicación para conocer en estos obrados resulta tanto de la calidad de las partes (asociaciones sindicales con personería gremial adheridas a una entidad de grado superior), como del derecho de fondo aplicable (ley 23.551 de Asociaciones Sindicales), y el hecho de existir una ley del Congreso de la Nación que, en cumplimiento de lo dispuesto por los Convenios N° 87 y 98 de la O.I.T. (ratificados por nuestro país y de jerarquía supralegal, conforme el art. 75 inc. 22 de la C.N.),
preserva la autonomía de las asociaciones sindicales, atribuyendo a sus propias autoridades la resolución originaria de conflictos intersindicales (como es el caso de autos), derivando en las autoridades administrativa del trabajo y judicial la competencia recursiva solo contra las decisiones que agoten la instancia asociacional.
De lo expuesto resulta, con meridiana claridad, que la intervención de la cartera provincial para entender en las presentes actuaciones se aparta de marco legal, y por ello corresponde que se declare incompetente para entender en las mismas.
Ello así puesto que la UOETSYL debió canalizar el conflicto (si es que existe), en primer término, por ante las autoridades de la organización sindical de grado superior a la que se encuentra afiliada y, conforme lo dispuesto por el art. 59º de la L.A.S., debía agotar previamente la vía asociacional.
d) Incumplimiento del Reglamento de la Comisión Arbitral.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 19º del Reglamento de la Comisión Arbitral, toda controversia de encuadramiento sindical debe ser resuelta sobre la base de ³los daWos de inscripciones \ personerta´, esto es, el ámbito de representación asignado por la autoridad administrativa del trabajo.
La norma es coherente con lo previsto en el art. 8 del Decreto 467/88, reglamentario a la ley 23.551, en cuanto establece que corresponde a la autoridad administrativa del trabajo, en base a la propuesta formulada por la entidad sindical, realizar la individualización de la actividad comprendida en el ámbito de representación personal del sindicato, "de modo tal que permitan una concreta delimitación de los ámbitos personales y territoriales de las distintas asociaciones sindicales, a cuyo efecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá
establecer una clasificación uniforme que facilite la identificación de los referidos ambitos respetando la voluntad de los constituyentes o afiliados a la asociación"
Es claro entonces, que el encuadramiento sindical debe ser resuelto sobre la base de las delimitaciones e individualizaciones contenidas por las resoluciones administrativas que, en cada caso, confieren personería gremial.
Asimismo, el Decreto 1040/01 faculta al MTEySS para entender en conflictos intersindicales de representación, cuando se produjera la situación prevista en el art. 59, párrafo 2do., de la Ley 23.551.
Dicha norma, impone a las asociaciones sindicales que inicien una tramitación de encuadramiento en la vía asociacional, poner ello en conocimiento de la Autoridad de Aplicación dentro del plazo de diez (10) días hábiles de iniciado, obligación que impone también a la entidad de grado superior ante la que se efectúe el pedido de encuadramiento.
Tal como se desprende de lo actuado, se omitió por completo dar cumplimiento a esta obligación, lo que suma una nueva irregularidad al cúmulo de vicios que afectan la validez del presente procedimiento y lo nulifican por graves omisiones a aspectos trascendentes del procedimiento infringido.
III.- PETITORIO.
Por todo lo expuesto, al Sr. Ministro solicitamos:
1.- Se nos tenga por presentados en el carácter invocado.
2.- Desestime sin más la presentación de autos, a tenor de los numerosos vicios de
procedimiento e incumplimientos legales apuntados.
3.- Se abstenga de emitir pronunciamiento atento la ostensible incompetencia e
inhabilidad de esa Autoridad para hacerlo, so pena de incurrir en la nulidad absoluta
del acto cfr. Art. 14 incs. a) y b) de la ley 19.549.
4.- Consecuente con ello, remita las actuaciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación a los efectos que correspondan, por resultar ésta la
autoridad a la que la Ley 23.551 le confiere tanto la competencia recursiva como las
facultades de contralor de las asociaciones sindicales.
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra consideración más
distinguida.
RUBÉN LEMOS
Sec. Gral. Deleg. Reconquista.
JOSÉ A. LISTO
Secretario Adjunto.
ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
