La Concejal Natalia Capparelli presentó un proyecto que fue aprobado este jueves en el Concejo, expresando una profunda preocupación por el proyecto de reforma del Poder Judicial Federal promovido por el Poder Ejecutivo Nacional, por considerarlo absolutamente inoportuno atento a las circunstancias económicas y sociales que atraviesa la República Argentina y por entender que lejos de contribuir a reconstruir la confianza de la ciudadanía en la institución judicial, contribuye a su descredito y a la sospecha de intento de influir en la misma por parte del gobierno de turno, afectándose así su independencia funcional, expresó Natalia Capparelli.
Asimismo, la concejal manifestó el total y absoluto rechazo a toda pretensión y/o intento de
ampliar la cantidad de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así como
también a toda modificación que afecte su normal funcionamiento, debiendo el Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional velar por el máximo respeto a las instituciones democráticas constitucional e históricamente concebidas, resguardando la necesaria independencia del funcionamiento de la misma, siendo dicha alta institución la principal y final garante de los derechos de quienes habitamos la República Argentina.
Resulta llamativo y preocupante el momento elegido para tratar tal reforma, ya que un tema de tamaña importa no puede ser tratado bajo las circunstancias tan especiales que constituye este contexto de pandemia y consecuente cuarentena, destacó la Concejal.
Vemos con gran preocupación la pretensión de ampliar la cantidad de miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, así como también la modificación de su sistema de funcionamiento. Recordemos que históricamente el Alto Tribunal ha funcionado a partir de una integración de cinco jueces, los cuales tienen intervención y deben pronunciarse sobre la totalidad de los casos llevados a debate.
La única oportunidad en que se produjo la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte
Suprema Nacional, fue a partir de un proyecto de ley promovido por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, el cual no sin fuertes críticas y embates incluso proveniente del mismo Poder Judicial, fue aprobado y transformado en Ley 23.774 sancionada en el año 1.990, ampliándose así la cantidad de jueces de cinco a nueve, abriendo paso a un período que merece ser seriamente analizado y recordado por las serias y graves consecuencias institucionales que derivaron del mismo. Dicha experiencia pasada, ha dejado como resultado lo que públicamente se conoció como“la mayoría automática”, refiriéndose a la gran influencia del Poder Ejecutivo logrado en dicho momento histórico sobre los integrantes de dicho tribunal, enfatizó Natalia Capparelli.
Es por ello que, sostengo que lo que se pretende realizar con este nuevo proyecto de reforma judicial responde a los antecedentes ya aplicados en nuestro país y que dieran lugar a una etapa institucional de baja calidad, en este sentido, el proyecto de reforma judicial implica una amenaza real al sistema republicano de gobierno y a la división de poderes/funciones que debe primar como mecanismo fundamental para la preservación de los derechos y garantías de todos habitantes de la República Argentina; acentuadamente concluyó la Concejal Natalia Capparelli.
