El magistrado informó en ReconquistaHOY que actuó a partir de denuncias para que haga cesar el "estado antijurídico" que significa no permitir acceder a las fábricas del Parque Industrial Reconquista, y que su resolución la dio a conocer en la misma audiencia pública, en forma oral, con una explicación para que todos entiendan.
En la audiencia realizada el lunes 17 de agosto de 2020, luego de escuchar a las partes en conflicto, resolvió ordenar que cese el delito que significa impedir el acceso a las industrias, le explicó a los trabajadores que no hay derechos absoluto, que tienen derecho a hacer huelga y a manifestarse, pero no a impedir el acceso a quienes quieren trabajar; pues "un derecho termina donde empieza el derecho del otro, no se puede afectar con el derecho a huelga y coartar el ingreso de los demás.
Sostuvo que la policía es quien debe garantizar que se cumpla su resolución; y sobre el suceso del martes, cuando otra vez hubo inconvenientes para ingresar a trabajar, en este caso puntualmente en Algodonera Avellaneda s.a., respondió: "Puedo dar la orden, no puedo hacer que se ejecute. Mi resolución es que se pueda de forma inmediata ingresar a todas las plantas del parque industrial, esa orden la tiene que ejecutar el personal policial. El ministerio de seguridad y la policía tenían que garantizar que no se cometan delitos. Mi función como juez es esa, si la policía no lleva adelante esa orden no tiene relación con este legajo en particular, habrá que ver porque el personal a cargo no está haciendo cumplir la orden judicial", explicó el magistrado entrevistado en la tarde de ReconquistaHOY/Radio.
Antes de finalizar, remarcó que la orden judicial es que la policía tiene que garantizar el ingreso a todas las plantas industriales.
