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La justicia inhibió los bienes de Algodonera Avellaneda y para la abogada de los obreros en huelga se viene "la caída del imperio Vicentín".

También la justicia federal dispuso levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil a los ex funcionarios del Banco Nación y directores de Vicentín que están bajo sospechas de concertar una millonaria estafa.

Julián Ercolini, juez en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal porteño Julián Ercolini, dispuso la inhibición de los bienes de Algodonera Avellaneda s.a., como garante de la deuda que Vicentín saic contrajo con el Banco Nación Argentina. Además resolvió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil a los ex funcionarios del Banco Nación y directores de Vicentín saic, sospechados de concertar una millonaria estafa mediante créditos irregulares.

Ercolini fundamentó la inhibición general de bienes de la garante Algodonera Avellaneda s.a. "para resguardar sus bienes ".

 

"PANORAMA MUY NEGRO" 

"Veo la caída del imperio Vicentín. Esto se puede disparar hacia cualquier lado. El conflicto se va a profundizar, lamentablemente. La operatoria de los Vicentín fracasó y veo un panorama muy negro para la empresa y la región", expresó en ReconquistaHOY la abogada Luciana González, quien asesora a la mayoría de los 450 trabajadores que tiene la empresa textil del Grupo Vicentín en el Parque Industrial de la ciudad de Reconquista, quienes están en una larga huelga en reclamo de mejores salarios, lo que mantiene paralizada la producción.

Sobre ese conflicto dijo la Dra. González que el Ministerio de Trabajo se comunicó nuevamente con las partes para ver si se puede dialogar; y de su parte le respondieron que están abiertos al diálogo. Esperan lo propio de los Vicentín.

"El miedo es que corra sangre. No se sabe cómo terminan este tipo de conflictos", opinó la profesional en la tarde de ReconquistaHOY, el 19 de agosto de 2020.

Luciana González, abogada.
 

La inhibición general de bienes es una medida cautelar que prohíbe vender o gravar genéricamente cualquier cosa mueble o inmueble registrable de la que el deudor pueda ser propietario en el momento de anotarse la medida o que adquiera con posterioridad. Es una limitación de la facultad de disponer de ciertos bienes.

 

Volviendo a la decisión del juez Ercolini, la inhibición de bienes no alcanza a Vicentín saic, porque -según explica el magistrado en su resolución, "el patrimonio de dicha sociedad, al día de la fecha, se encuentra suficientemente protegido por parte del juez local (Dr. Fabián Lorenzini), pues la ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras determina en su art. 15 que si bien la concursada no queda desapoderada de su patrimonio éste queda sujeto a una administración controlada por un síndico. Entiendo que ordenar la inhibición general de bienes de Vicentin SAIC y la prohibición de innovar su composición accionaria, podría, eventualmente, afectar el normal desarrollo del proceso concursal y trabar el procedimiento de gestión y conservación de los bienes que ya se encuentra en marcha; máxime, teniendo en cuenta que la entidad que sería la mayor afectada por las maniobras aquí investigadas, ya se encuentra presentada en el proceso concursal con su respectivo crédito".

 

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO FISCAL, BANCARIO Y BURSÁTIL

El juez federal porteño ordenó además, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil desde enero de 2018 para los ex funcionarios del Banco Nación y varios directores del Grupo Vicentín: Javier Antonio González Fraga; Lucas Llach; Agustín Pesce; Miguel Ángel Arce; Carlos Alberto Castellani; Guillermo Goldberg; Jorge Alberto Lawson; Javier Okseniuk; Marcelo Javier Pose; Ercilia Antonia Nofal; Juan José Fragati; Susana Graciela Ojeda; Martín Enrique González; Maricel Leonor Moschini; José Luis Testa; Luis María Restelli; Darío Marcelo Giacossa; Néstor Ariel Bled; Daniel Buyatti (presidente de Vicentín saic); Alberto Macua (vicepresidente de Vicentín saic); Osvaldo Boschi; Martín Colombo; Herman Roberto Vicentín; Máximo Padoan; Sergio Vicentín; Algodonera Avellaneda s.a.; Río Del Norte s.a.; Buyanor s.a.; Oleaginosa San Lorenzo s.a.; Sottano SA; Sir Cotton s.a.; Vicentín Desarrollos s.a.; Renova s.a.; Terminal Puerto Rosario s.a.; y Renopack s.a.". Para Vicentin saic únicamente el secreto bursátil, ya que los demás han sido levantados por la decisión de fecha 12 de junio de 2020.

Fiscal Gerardo Pollicita.

El Dr. Gerardo Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, pidió la medida cautelar dispuesta ahora por el juez federal Julián Ercolini, porque sospecha que durante la gestión de Mauricio Macri, el Estado Nacional fue estafado en el marco de una acción penal a través del otorgamiento irregular de préstamos, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos.

El fiscal cree que se trata de "una crisis autogenerada por los responsables de Vicentín s.a. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagar la deuda al Banco de la Nación Argentina".

 

Rosendo González Fraga, ex presidente del Banco Nación en la presidencia de Mauricio Macri.

Breve reseña de la maniobra investigada 

Sostiene el fiscal Pollicita que "los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín s.a. y Algodonera Avellaneda s.a., apartándose de la normativa interna  que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba.

A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentín, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.

Según se pudo determinar a través de la documentación remitida por el BNA, la firma Vicentín s.a., es un cliente histórico del Banco de la Nación Argentina, que en función de su actividad principalmente de agroindustrial
exportadora, tuvo asignado a lo largo de los años por disposición del Directorio de dicha entidad bancaria, una línea de crédito para la celebración de operaciones de comercio exterior que para el período 14/06/2018 al 30/04/2019 permitía prestarle hasta USD 300.000.000, pero con una exposición máxima en pesos de $8.333.000.000.-

Sin embargo, como se verá en lo sucesivo, a partir del vencimiento de esta disposición el 30 de abril de 2019, las autoridades del BNA ―gerenciales y el directorio― beneficiaron a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda al continuar asistiéndolas crediticiamente cuando no se encontraban autorizados para hacerlo.

Para ello, primero otorgaron dos prórrogas a la calificación vigente cuando las empresas ya habían superado el límite máximo establecido en la última resolución de directorio; luego otorgaron nuevos préstamos a la firma Vicentín sin contar con calificación vigente, teniendo la firma deuda vencida con el banco y encontrándose excedido el cliente en los límites que fija el BCRA; y todo ello, mientras en simultáneo le permitieron a los titulares de Vicentín retirar los fondos que estaban depositados en garantía en el banco.

Así, una vez vencida la calificación crediticia, las autoridades del BNA a través de un procedimiento excepcional los días 30/04/19 y 25/06/19 concedieron dos prórrogas primero por 60 días y luego por 30 días más a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda, que permitió continuar asistiéndolas crediticiamente hasta el 31/07/19, pese a que para ese entonces se encontraban ampliamente excedidas en la exposición máxima establecida por el Directorio en más de 4500 millones de pesos.

De esta forma, durante la primera prórroga ―desde el 30/04/19 al 30/06/19―, los funcionarios del banco le otorgaron a las firmas mencionadas un total de 22 préstamos por la suma de USD 90.500.000.- mientras que durante el transcurso de la segunda prórroga ―que transcurrió desde el 30/06/19 al 31/07/19― le garantizaron el acceso a 11 créditos por un total de USD 44.500.000, totalizando a través de este canal excepcional USD 135.000.000.-

Al finalizar esta segunda prórroga, la firma Vicentín no solo se encontraba excedida en los límites fijados por el Directorio, sino también había traspasado el coto estipulado por el Banco Central de la República Argentina a través de la normativa “Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito” (en adelante GERC), por el cual restringe la cantidad de dinero que un banco le puede prestar a una única contraparte con el objetivo de limitar la pérdida máxima que las entidades financieras podrían experimentar en caso de un incumplimiento inesperado, estableciendo como capacidad máxima prestable hasta un 15% de su capital.

A su vez, en simultáneo ―el 8 de agosto de 2019―, la firma Vicentín registraba el primer vencimiento impago de sus deudas con el BNA, circunstancia que se extendió a lo largo de los siguientes meses en los que la firma registró más de 70 créditos impagos, con una deuda que al día de la fecha supera los 300 millones de dólares.

Sin reparar en estas circunstancias ―deuda vencida por más de 80 días y exceso en la normativa GERC―, entre los días 8 y 26 de noviembre los funcionarios del BNA ―gerentes, directores y presidente― decidieron otorgarle 28 nuevos préstamos a Vicentín por un total de USD 105.500.000 pese a que para ese entonces el propio BCRA había intimado al banco en reiteradas oportunidades a encuadrarse en la normativa vigente.

Así, mientras aumentaba la deuda impaga de Vicentín con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos ―USD 795.651.946 y $2.219.740.272―, los cuales estaban reservados para asegurar el cobro ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa.

 

Sin embargo, pese a que el BNA tenía en las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los casi USD 300.000.000 que Vicentín le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar de dichos fondos por disposición de la nueva gestión del Directorio, las cuentas se encontraban prácticamente vacías.

 

Finalmente, como es de público conocimiento la firma Vicentín, el 10 de febrero de 2020 se presentó en concurso de acreedores ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, donde el BNA presentó una deuda de USD 304.328.665,75 que actualmente es de cobro incierto, y es por ello que se han dispuesto en este sumario distintas medidas de prueba a efectos de determinar si una vez obtenida la refinanciación por parte de los funcionarios, se produjo una crisis autogenerada para no pagar la deuda ilegalmente concedida por el Banco de la Nación Argentina.

 

Se produjo una crisis autogenerada para no pagar la deuda ilegalmente concedida por el Banco de la Nación Argentina.

 

 

Quiénes instrumentaron la maniobra defraudatoria

El Fiscal Pollicita sostiene que "quienes se habrían encargado de instrumentar la maniobra defraudatoria fueron, por un lado, el ex Presidente de la entidad ―Javier GONZÁLEZ FRAGA―, los ex Directores ―Lucas LLACH, Agustín PESCE, Miguel Ángel ARCE, Carlos Alberto CASTELLANI, Guillermo GOLDBERG, Jorge LAWSON, Javier OKSENIUK, Marcelo Javier POSE y Ercilia Antonia NOFAL―, el Gerente General ―Juan José FRAGATI―, la Subgerente General de Riesgo Crediticio ―Susana OJEDA―, el Subgerente General de Banca Corporativa ―Martín Enrique GONZÁLEZ―, la Subgerente Departamental de Soporte Crediticio ―Maricel MOSCHINI―, los Gerentes de la Zonal Reconquista ―José Luis TESTA y Luis María RESTELLI―, los Gerentes de la Sucursal Reconquista ―Darío GIACCOSA y Néstor Ariel BLED―, y por el otro, los empresarios, presidente y vicepresidente de VICENTÍN —Daniel BUYATTI y Alberto MACUA—, y los directivos y/o apoderados de la empresa —Roberto VICENTIN, Osvaldo L. BOSCHI, Martín S. COLOMBO, Herman R. VICENTIN, Máximo PADOAN, y Sergio NARDELLI (quien falleció el 12 de agosto de 2020); a través de las firmas VICENTÍN S.A. y ALGODONERA AVELLANEDA S.A.". 

 

Además de la falta de adecuación a la normativa GERC, Vicentín registró
vencimientos de deuda impagos, sin que el banco ejecutara las garantías que tenía sobre dos cuentas bancarias de la empresa.

 

El fiscal indica al juez que tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentín como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado, como se verá a continuación, durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco.

 

Entre los días 8 y 26 de noviembre de 2019, contando con la calificación vencida desde el 31 de julio de ese año y encontrándose ampliamente excedida la firma Vicentín en las normas que establece el BCRA que precisamente previenen la vulnerabilidad de las entidades bancarias frente a un incumplimiento inesperado por parte de un cliente, los referidos funcionarios del BNA otorgaron préstamos a favor de dicha empresa por un total de USD 105.500.000.-

 

 

 

El Directorio del BNA no solo aprobó los créditos otorgados hasta el 15 de noviembre de 2019, sino que además mantuvo la calificación de la firma VICENTÍN como Situación 1: Normal, es decir, la categoría más baja de riesgo.

 

Cuestiona el fiscal Pollicita que pese a encontrarse expresamente previsto que debían retener y aplicar los fondos existentes en ambas cuentas de garantía a los fines de cancelar las obligaciones adeudadas, los funcionarios omitieron realizar la conducta debida y además ―a pedido de la empresa― autorizaron a que los millonarios fondos que ingresaban en dichas cuentas fueran girados hacia una cuenta que carecía de restricciones para operar, desde la cual finalmente salían de la custodia del banco ya que eran utilizados para pagar diversos gastos ―AFIP, sueldos, proveedores, etc.―, o bien eran transferidos a otras cuentas de la empresa desconociéndose por el momento su destino final, provocando de esta forma, un vaciamiento de las cuentas y la pérdida de la garantía que el banco tenía frente a la firma, ocasionándole deliberadamente un perjuicio a la entidad bancaria.

 

Hubo un accionar deliberado y contrario a las misiones y funciones asignadas por parte de los funcionarios del banco -directivos y gerentes-, el cual se llevaba adelante conjuntamente con los empresarios de la firma Vicentín, quienes solicitaban la liberación de los fondos millonarios de las cuentas de garantía y luego los derivaban, en parte, a otras cuentas propias radicadas en distintos bancos, sacándolos de la esfera del patrimonio del banco.

 

Sobre el punto, la Auditoría recolectó el detalle de ingreso de divisas en la cuenta n° 42800473/90, afectada en garantía de la Cesión de Cobranzas del Exterior, en donde simultáneamente al incumplimiento del pago de las deudas, se registraron acreditaciones (cierres de cambio), por los siguientes montos:

Acreditaciones.

A su vez, la Auditoría recabó el detalle de ingreso de acreditaciones en la cuenta n° 42800472/87 afectada en garantía de la Cesión de Cobranza del Mercado Interno en forma paralela al vencimiento de obligaciones impagas por los siguientes montos:

Vencimiento de obligaciones impagas.

Como se puede observar, pese a que mes a mes ingresaron millonarios fondos por ventas en las cuentas que oficiaban como garantía de pago y que los funcionarios debieron retener el dinero a los fines de cancelar las obligaciones adeudadas, los agentes deliberadamente omitieron aplicarlo para el cobro de la deuda que desde el 8 de agosto tenía la firma VICENTÍN, provocando un grave perjuicio a las arcas del Estado Nacional.

 

Vicentín cobraba intereses por el dinero que le debía al Banco Nación. 

Sostiene el fiscal Pollicita que "resultó así, por cuanto además de prescindir de su deber de retener y aplicar los fondos existentes en las cuentas de garantía, autorizaron la transferencia de aquellos a una cuenta corriente respecto de la cual el BNA no tenía facultades ni preferencia para cobrarse lo adeudado por la compañía, y en la que además el banco —al que simultáneamente la empresa debía— le pagaba intereses por tener el dinero allí.

Para ello, lógicamente, fue necesario también que desde el lado empresarial solicitaran la liberación de los fondos, lo que en el caso de la cuenta de garantía de cobranzas de exportaciones ―n° 42800473/90― se hizo en forma presencial por directivos y/o apoderados de Vicentín.

Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma Vicentín tenía deudas vencidas con el BNA, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo... los funcionarios del BNA a pedido de los empresarios, decidieron liberar $43.449.104.966 —$41.592.204.966 de la cuenta de cobranzas en el exterior y $1.856.900.000 de la local— movilizándolo, hasta el día 3 de diciembre inclusive, hacia una cuenta corriente de la firma Vicentín que no poseía ninguna limitación, lo que le permitió a estos últimos disponer de los miles de millones de pesos que garantizaban los préstamos, burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria.

En efecto, como se verá a continuación, una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma VICENTÍN usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma ―tales como proveedores, impuestos, salarios― pero otra parte significativa de los fondos era transferido mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido. 

Transferencias a cuentas propias autorizadas por el Banco Nación.

Como se puede observar, conjuntamente funcionarios y empresarios lograron que lo que era garantía de los créditos fueran transferidos desde las cuentas garantías hacia una cuenta de libre disponibilidad de la firma en el BNA, para que una vez allí, al menos 17 mil millones —$17.199.202.360,76— fueran transferidos a cuentas de la empresa en otros bancos, consiguiendo así el éxito de la operatoria descripta, ya que en la actualidad su cobro es cuanto menos incierto, dado que, como se sabe, la empresa se encuentra en concurso preventivo desde el 10 de febrero de 2020.

 

De los casi de 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos que el BNA a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentín, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del BNA.

 

Fundamentos del fiscal para pedir la inhibición general de bienes de los sospechosos:

Los funcionarios del BNA que se encontraban a cargo de la administración y cuidado del patrimonio del banco, violando deliberadamente los deberes a su cargo, perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín s.a. y Algodonera Avellaneda s.a. y luego apartándose de la normativa omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a cobrar el dinero que se adeudaba.

Mientras que por otra parte, los empresarios se beneficiaron de la maniobra ilícita obteniendo un lucro indebido, para lo cual, solicitaron los distintos empréstitos, requirieron la liberación de los fondos puestos en garantía — los que luego en parte eran transferidos a otras cuentas propias—, y  postergaron el pago, dilatando las negociaciones con el objetivo de que finalmente, cuando hicieran la propuesta —que a la postre no cumplirían— ya no quedaran fondos de donde el BNA pudiera cobrarse.

Sostiene el fiscal de la Nación que se encuentra configurado el peligro en la demora en la medida que como hemos visto los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios y las sociedades poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia. Ello, sumado al riesgo intrínseco producido por la propia duración de este complejo proceso, lleva al suscripto a solicitar la adopción temprana de medidas precautorias con el objetivo de reducir las posibilidades de que desaparezcan los bienes que sirvan para asegurar la eventual pena pecuniaria, así como también, el recupero de activos.

Le recuerda el fiscal al juez que el grupo Vicentín fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, pues a través de las firmas Vicentín s.a., Algodonera Avellaneda s.a., Oleaginosa San Lorenzo s.a. y Friar s.a. habría realizado aportes significativos a las campañas electorales de los años 2017 y 2019, lo que permitiría entender, a su criterio, por qué el Banco de la Nación Argentina se apartó de la normativa interna para favorecer abiertamente al grupo económico investigado.

Fiscal Gerardo Pollicita.

A RECONQUISTA 

El fiscal Pollicita también pidió al juez Ercolini que otros supuestos delitos cometidos por directores de Vicentín y denunciados en su juzgado, sean investigados por separado pero en el Juzgado Federal de Reconquista, alegando razones de territorialidad.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, le pidió formalmente al Juez en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, Julián Ercolini, que dos de los presuntos hechos delictivos por los que está denunciado Vicentín, se declare "incompetente" y los remita para que los investigue por separado el Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde porque esos posibles delitos se habrían instrumentado el seno de la administración de la compañía, cuya sede social, centro de negocios y domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Avellaneda, distrito de Reconquista, provincia de Santa Fe, lo que demuestra mediante la correspondiente documentación.

El Dr. Pollicita quiere que el juez federal de Reconquista investigue el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentín le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa.

Vicentín concretó la venta de acciones el 02 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía "estrés financiero" y luego dejó de honrar sus compromisos. Quieren determinar adónde fue la totalidad de esos 122 millones de dólares, si es que acaso no los ocultaron para sacarlos del alcance de los acreedores.

Otro presunto delito que Pollicita pide que sea investigado por el juez federal de Reconquista es "la maniobra de contrabando de granos y evasión fiscal por parte de la firma Vicentín Paraguay s.a.

Busca determinar si Vicentín se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de una filial en el exterior, con el propósito de "ahorrar impuestos y fugar ganancias" con posibles infracciones al código aduanero (art. 863 y siguientes) y al régimen penal
tributario (ley 24.769).

Pollicita pretende que el juez Ercolini se dedique de lleno a la supuesta concertación delictual entre directivos del Banco Nación y Vicentín; y que estas sospechas sean investigadas por otro juez, y que por cuestión territorial corresponde que sea el Juez Federal de Reconquista. La competencia material y territorial es de Alurralde, no de Ercolini, sostiene. De paso recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "la competencia penal en razón del territorio se establece,  prioritariamente, atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito". 

Por otra parte, remarca el fiscal que el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Reconquista cuenta con competencia material para la investigación de delitos tributarios y aduaneros, por lo que es también allí donde estos hechos deben ser investigados.

Al respecto, se sostiene que "si bien, por regla, es competente para investigar delitos tributarios el juez con jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, cabe hacer excepción en el caso en que la administración, gestión de ventas y compras -entre otros- no se realizaron en el lugar indicado. En este sentido, como dijimos, tanto la firma Vicentín como Renova, no solo poseen domicilio fiscal en la ciudad de Avellaneda, distrito de Reconquista, sino que además la administración y sede social de aquellas empresas funciona en esa jurisdicción, así como también su actividad comercial y centro de negocios, todo lo cual demuestra que la investigación debe emprenderse en ese territorio. Sumado a ello, la solución que se propone resulta ser la más acertada en términos de economía procesal, en tanto garantiza el correcto ejercicio del derecho de defensa de las partes denunciadas y luce eficiente y eficaz en la tarea de recolección de elementos de prueba, ya que como dijimos allí funciona la sede social y fiscal de las compañías, así como también despliegan su actividad comercial y negocios tanto las firmas como los eventuales imputados —nótese que la mayor parte de los accionistas y directores de Vicentín tienen domicilio en dicha jurisdicción. En tal sentido, debe recordarse que mediante la regla general para determinar la competencia territorial que establece el artículo 37 del ordenamiento de forma, se “…persigue que el tribunal se acerque lo más posible al lugar del hecho a investigar y juzgar. Ello favorece el normal ejercicio del derecho de defensa, la celeridad y autenticidad en la investigación, y la trascendencia social del fallo juntamente con la publicidad de los debates".

"Por todo lo expuesto... habré de solicitarle que se declare incompetente y las remita a conocimiento de la justicia federal de la ciudad de Reconquista para su investigación", dice el escrito presentado por el fiscal Pollicita al juez federal porteño.

Vaciamiento, contrabando y evasión  de parte de directivos de Vicentín, son sospechas en las que coinciden el fiscal federal Pollicita y dos organismos del Estado Nacional y Provincial: la Unidad de Investigación Financiera, UFI; y la Inspección General de Personería Jurídica del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Para el fiscal Pollicita estos supuestos delitos de Vicentín deben ser investigados por el juez federal de Reconquista; y que el juez federal porteño, Germán Ercolini debe ocuparse en investigar la supuesta estafa pergeñada entre directivos del Banco Nación Argentina, Vicentín saic y Algodonera Avellaneda s.a.

Dr. Aldo Alurralde, juez federal de Reconquista.