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Capparelli presentó un proyecto reclamando el respeto al derecho de movilidad jubilatoria. Es una gran deuda que tenemos como sociedad argentina con nuestros jubilados y pensionados, indicó la edil.

En última sesión del Concejo Municipal de Reconquista, la Concejal Natalia Capparelli presentó un proyecto en relación a la suspensión de la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria para ajustar los haberes previsionales, prevista en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, ley sancionada en diciembre del año 2019, por el actual presidente Alberto Fernández, cuya suspensión se prorrogó por decreto hasta el 31 de diciembre de 2020.

La Concejal Capparelli explicó que mediante este proyecto se solicita al Presidente de la
Nación que “adopte los mecanismos adecuados destinados a garantizar el incremento de los haberes jubilatorios en una proporción que no resulte inferior ala prevista según ley 24.726 en razón del principio de progresividad que debe regir en materia de derechos sociales, garantizado por el Bloque de Constitucionalidad”, - y seguidamente afirmó: “es necesario garantizar una movilidad jubilatoria que mantenga un equilibrio razonable entre el nivel de ingresos del titular del derecho previsional y el contexto económico que rodea la prestación otorgada.

“Este proyecto tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que garantice un
sistema de actualización que respete la movilidad jubilatoria del 82% móvil establecido por ley previsional, pero por sobre todo, que garantice el piso mínimo que establecen los cálculos que ya están consagrados en la ley de reforma previsional”, expresó inicialmente la Concejal.
Capparelli continuó explicando que la ley de Movilidad Jubilatoria rige sobrelos mecanismos de aumentos de los haberes jubilatorios, es un derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que, además, instituye que los cambios no pueden perjudicar a los jubilados; pese a ello, nuestro país durante los años 1993 al 2002, es decir en las gestiones de gobierno de los presidentes Menem, De La Rúa y Duhalde, no se dispuso aumento sobre jubilaciones ni pensiones.

Posteriormente, desde el 2002 al 2006, período en que fue presidente Néstor Kirchner, solo
se dispusieron aumentos sobre las jubilaciones mínimas (11% y 21%, según los montos
jubilatorios, cuando a los fines de no perder poder adquisitivo, dicho aumento debía haber sido aproximadamente del 88,6%). Esta situación derivó en que miles de jubilados y pensionados se vieran obligados a recurrir a la Justicia a los fines de lograr el reconocimiento de su derecho de reajuste de sus haberes jubilatorios, con los consecuentes perjuicios tanto para los jubilados y pensionados, como para el Estado Nacional. Siendo la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación quien en el año 2006 solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación, que defina una fórmula de actualización de haberes jubilatorios a los fines de cumplir eficientemente con el mandato constitucional antes señalado.

Finalmente, la movilidad jubilatoria se estableció por la Ley 26.417 en el año 2008 con un mecanismo de actualización automática de los haberes jubilatorios. La misma definía dos incrementos al año (marzo y septiembre) con un sistema que es objetivo y estandarizado, de manera que le quita arbitrariedad al Ejecutivo a la hora de decidir el monto de los aumentos a los beneficiarios. Con la reforma previsional– tan cuestionada - de diciembre de 2017, Ley 27.426 reemplazó dicha fórmula por una que toma en cuenta principalmente la inflación y en menor medida la evolución salarial. Establece cuatro incrementos anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre), con un rezago de 6 meses respecto a la inflación y los salarios.

Con la Ley 27.426, la ponderación del índice de movilidad jubilatoria es de 70 % para la inflación (tomando el índice de precios al consumidor de Indec) y un 30 % para la evolución salarial (mediante el Ripte- Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Este es el índice de movilidad previsional actual, suspendida temporariamente por la Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 sancionada en diciembre del año 2019,
por el actual presidente, Alberto Fernández.

“Cada una de estas leyes, representaron una mejora, un progreso a la situación de nuestros
jubilados, que seguramente no resuelve el cien por ciento del problema pero que, sin duda, representaron no solo un incremento de sus retribuciones sino también, un peldaño más hacia el reconocimiento de sus derechos constitucionales, al establecer parámetros objetivos, razonables para determinar las actualizaciones correspondientes de forma automática, eliminando la discrecionalidad (y arbitrariedad) del Ejecutivo a la hora de decidir los aumentos para nuestros adultos mayores. Es por ello que denunciamos que la Ley de Solidaridad Social sancionada bajo el actual gobierno, en cuanto suspende la aplicación del sistema de actualización dispuesto por la ley 24.726, constituye un verdadero retroceso respecto a los derechos sociales de los jubilados y pensionados y también, un retroceso institucional”, puntualizó Natalia Capparelli.

En lo que va del año, con la ley de movilidad jubilatoria tan criticada, el aumento debería haber sido del 36,04% y sin embargo, como consecuencia de la suspensión de la ley (de reforma previsional) y la aplicación de la ley de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541, se asignó a los jubilados un incremento que no supera el 27,5%. En definitiva, el resultado de la aplicación de esta última ley, trajo aparejado para los jubilados una pérdida equivalente al 8,54% y, que según dicha disminución podría ascender al 9,7% al suspenderse recientemente la aplicación de la fórmula de la Ley de Movilidad Jubilatoria por decreto del Ejecutivo Nacional nro. 542/20.

“En este sentido, advertimos que la denominada “Ley de Solidaridad Social” y sus
prórrogas, han importado en la práctica un claro retroceso en las políticas de actualización de haberes jubilatorios implementados hasta la fecha de su sanción, afectándose de manera negativa los derechos adquiridos por los beneficiarios de jubilaciones y pensiones nacionales”, expresó la Concejal.

En razón de lo expuesto, entendiendo que la ley  N° 27.541 conocida públicamente como
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, ha importado un menoscabo en los derechos de los jubilados y pensionados pertenecientes al sistema previsional nacional comparativamente con su predecesora, Ley 24.726, importando una verdadera regresión en los derechos de nuestros adultos mayores y, evidenciándose una imperiosa necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

“Esta es una gran deuda que tenemos como sociedad argentina, respecto a nuestros jubilados y pensionados a nivel nacional; y es el Estado nacional quien tiene el desafío de encontrar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos que están reconocidos constitucionalmente; tanto la movilidad jubilatoria y así como también la progresividad, son derechos constitucionales y esta gestión debe avanzar en el reconocimiento de estos derechos y no retroceder como lo están haciendo con esta última medida adoptada – Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y sus prórrogas. Es por ello que reclamo y exijo al Presidente de la Nación que en función del principio de proporcionalidad, lleguemos a fin año con un incremento que respete el piso mínimo previsto por la Ley Previsional que ha dejado en suspenso”, concluyó enfáticamente Natalia Capparelli.