Entrevistado por ReconquistaHOY, el abogado Maximiliano Delettieres sostuvo que es el banco quien deberá hacerse cargo del dinero retirado en préstamos con las tarjetas de los jubilados que eran engañados por una inspectora de la Municipalidad de Reconquista que se ofrecía para ayudarlos en las extracciones, pero en realidad se aprovechaba para quedarse con sus tarjetas (se la cambiaba por otra) y luego hacía extracciones y sacaba créditos que ahora hay que devolver en cuotas durante cuatro años. Para lograr ese objetivo, el abogado inició demandas civiles contra el Banco de Santa Fe en nombre de dos de las víctimas; y mientras tanto logró que no se les descuente las cuotas del crédito. Pero además demanda que el banco indemnice a sus clientes por el perjuicio ocasionado. Sostiene que el que presta el servicio tiene que brindar seguridad a sus clientes. El hecho ocurrió en el sector de cajeros, que es solo para clientes, el banco debería tener personal propio para atender a las personas, los estafados son personas cercana a los 70 años.
Detalló que en el caso de la damnificada señora Batistuta, la inspectora municipal que la engañó estaba en la puerta frenando a los que querían entrar con un acompañante, la inspectora no permitió el ingreso del acompañante para entrar ella con la excusa de ayudarla. Se quedó con la tarjeta -entregándole otra para mantenerla engañada- y una hora más tarde obtuvo el crédito que luego fue extrayendo.
Son personas muy mayores, viven angustiados por esta situación, señaló.
El que presta el servicio tiene que brindar seguridad a sus clientes. El hecho ocurrió en el sector de cajeros, que es solo para clientes, el banco debería tener personal propio para atender a las personas, los estafados son personas cercana a los 70 años.
Indicó que uno de los créditos que el banco dio a la estafadora usando tarjeta sustraída supera los $700.000.- a devolver en cuatro años; y que hay una disposición del Banco Central que permite que ese débito automático no se realice.
En cuanto al juicio civil en marcha "por demanda de consumo" contra el NBSF, informó que "estamos terminando la etapa de prueba que está muy avanzada". El juez es José María Zarza.
El Banco se defiende diciendo que si te usaron la tarjeta y te sacaron el pin tenés que hacerte cargo.
El Dr. Delettieres representa a dos de las víctimas: Maria Delia Batistuta y Ramona Luján Roda.
Reprochó el profesional que el banco no guardó todas las imágenes de las operaciones en los cajeros. Informó que el banco central fija un mínimo de 60 días para guardar las imágenes. En el caso de la señora Batistuta, el banco fue informado antes de los 60 días, ya que la señora avisó que había extracciones que ella no había hecho, pero que el banco no tomó esa fecha como para asegurar el guardado de las imágenes, sino que tuvo en cuenta recién la requisitoria de la fiscalía.
Hay otro proceso en marcha en la faz penal; y al respecto el abogado contó que el fiscal calificó los hechos como estafa, pero para el abogado hay más delitos porque primero hubo un apoderamiento de las tarjetas, hay un espacio temporal entre que se quedó con las tarjetas y sacó los créditos, después fue extrayendo el dinero. En el caso Batistuta hizo 28 extracciones.
En la faz penal solo se constituyó como querellante en nombre de la señora Roda.
VIVO: Las declaraciones del abogado Delettieres en ReconquistaHOY.
CERO ARREPENTIMIENTO
Vanina Gisela oliva, 43; sigue trancada. No acepta haber engañado a los jubilados a quienes prometía ayuda y por lo tanto no expresa ningún arrepentimiento, ni siquiera deslizó preocupación por la angustia lógica de las víctimas por este tiempo de incertidumbre por deudas abultadas que tienen pendientes de resolución.
Solo refirió a su angustia: "Estoy muy mal, pero la estoy llevando con ayuda de mis hijos". Encima se siente ella perjudicada, reprochando que el dinero que le secuestraron en el allanamiento ($100.000.- en efectivo) "era un ahorro mio que nadie sabía". También se mostró perjudicada porque no le devolvieron los 2 teléfonos celulares que le secuestraron.
Sobre las víctimas, nada, ni sabe qué pasó con ellos.
La charla de ReconquistaHOY con Vanina Gisela Oliva fue en su casa de calle Independencia al 1151 de Reconquista, donde vive la ex empleada municipal que trabajaba al servicio del estacionamiento medido con Parquímetros, quien ya fue exonerada por el intendente e imputada penalmente por el fiscal Rodrigo González -en representación del Ministerio Público de la Acusación- por los delitos de estafas reiteradas en concurso real, artículos 172, 173 inciso 15, 55 y 45 del Código Penal, mientras que la querella intentará que se contemplen otros delitos, cree que al menos hubo un concurso ideal de delitos, porque antes de las extracciones y antes de obtener ilícitamente los créditos, se quedó con las tarjetas de las víctimas.
La audiencia imputativa fue el lunes 13 de julio de 2020, en la sede del Ministerio Público de la Acusación, Iriondo 553.
La imputada contrató los servicios del abogado particular Gabriel Micheloud; quien luego renunció al cargo; y como querellante de una de las víctimas participó el abogado Roberto Pagura, hijo de Juan Pagura, uno de los jubilados estafados.
Primer hecho imputado:
El fiscal sostuvo que el primer del que tiene conocimiento, ocurrió el día 4 de abril de 2020 en el cajero automático del Nuevo Banco de Santa Fe, ubicado en calle San Martín y Patricio Diez. Cuando Maria Delia Batistuta se encontraba en la fila para entrar al cajero, "usted, aprovechando la función que estaba cumpliendo como empleada municipal, controlando el cumplimiento de la distancia social, se acercó a Batistuta y se ofreció a colaborar, momento que aprovechó mediante maniobras de engaño para copiar el PIN y usted sacó un crédito por $240.000.- a nombre de la víctima", le reprochó el fiscal.
Segundo hecho imputado:
Ocurrió el día 17 de junio de 2020 en el mismo cajero, cuando "en el momento que Ramona Luján Roda se encontraba en la fila para acceder al cajero, usted aprovechándose de la función que estaba cumpliendo, se acercó a Roda y le ofreció su colaboración para la extracción y aprovechó mediante maniobras de engaño para copiar su PIN y luego para intercambiar la tarjeta de débito por otra que usted poseía a nombre de Andrea Fabiana Ortiz, y luego, con la tarjeta y el PIN de Roda, usted sacó un crédito de $100.000.- a nombre de la víctima".
Tercer hecho imputado:
Ocurrió el día 1 de julio de 2020 cerca de las 17:00 horas en el mismo cajero automático. "En circunstancias en que Juan Domingo Pagura se encontraba en la fila para entrar al cajero, usted aprovechó la función que estaba cumpliendo como empleada municipal controlando el cumplimiento de la distancia social, se acercó a Pagura y lo hizo ingresar directamente manifestando que era una persona de riesgo, y en momentos de realizar Pagura las operaciones de extracción, aprovecho mediante maniobras de engaño para copiar el PIN y luego le intercambio la tarjeta de débito por otra que usted poseía a nombre de Ramona Luján Roda, y luego teniendo la tarjeta y el PIN de Pagura, usted sacó un crédito de $100.000.- a nombre de la víctima".
ALLANAMIENTO Y APREHENSIÓN
En la requisa realizada en el domicilio de Vanina Oliva el 03 de julio de 2020, le secuestraron 2 celulares y la suma aproximadamente de $100.000.-, que el fiscal dejó en su poder en carácter de depositaria judicial, una pava eléctrica; un horno eléctrico; una cocina de 4 hornallas; un aire acondicionado y un equipo de computación. Tomando fotografías de las boletas de compras de los electrodomésticos todos posteriores a la fecha de las estafas.
SILENCIO
La empleada municipal acompañada por su abogado particular se limitó a escuchar la imputación sin aceptar decir nada para defenderse. Nada quiso decirle al juez.
Vanina Gisela Oliva, 43, fue aprehendida por unas horas y luego liberada, el viernes 03 de julio de 2020. Ese día también allanaron su domicilio, en Bulevar Independencia Nº 1151 de la ciudad de Reconquista, en el marco de una investigación por estafas reiteradas en perjuicio de jubilados a los que se ofrecía a asistir en el cajero del Banco de Santa Fe, donde operaba con la casaca que la identificaba como empleada municipal.
El testimonio de uno de los estafados
Juan Domingo Pagura, 72, jubilado como trabajador de Vialidad Nacional, contó en ReconquistaHOY que fue a retirar dinero al cajero del Banco de Santa Fe ubicado frente de la Unidad Regional IX de policía, y cuando estaba en la cola de unas 15 personas, una inspectora del parquímetro se le acercó y le dijo que no debía hacer fila, ya que él es persona de riesgo, y lo hizo pasar directamente al cajero, donde entró con él. Cuando puso su clave, ella le dijo que había puesto un número más, retiró dinero con su tarjeta y también con la de su esposa y se marcharon previo agradecerle la amabilidad. Aún ni imaginaba que le había cambiado la tarjeta y que ya había tomado cuenta del PIN cuando le hizo repetir la maniobra.
Cuando llegue a mi casa, empecé a pensar en lo que pasó con esta señora, le dije a mi mujer esta señora me jodió.
Contó que esa misma noche al sospechar pensó regresar al cajero, pero lo dejó para el día siguiente, cuando comprobó que ya no podía extraer porque en realidad tenía en su poder la tarjeta de otra persona, de Roda Ramona Luján .
Acudió al banco donde le advirtieron que con su tarjeta habían sacado un crédito por $100.000.-
Luego fue a la oficina de Parquímetros de la Municipalidad, donde contó que lo habían estafado y en la foto de un celular reconoció a la autora, que efectivamente pertenece al staff. Indignado confesó que precisamente por eso confió y la dejó permanecer con él en el cajero.
De esa oficina municipal fue a realizar la denuncia en la PDI.
No sé qué pensó, para mí $100.000.- es mucho, pero ella se quedó sin trabajo y presa.
OTRA JUBILADA CONTÓ CÓMO FUE ESTAFADA
Ramona Luján Roda, 69, jubilada del Friar, contó que se enteró que fue estafada cuando la policía de investigaciones llegó a su casa y le pidió que controle su tarjeta. Ahí se dio cuenta que no la tenía, que se la habían cambiado por una que está a nombre de Andrea Fabiana Ortiz.
La de Ramona la tenía otro jubilado estafado, Juan Pagura, 72, quien también dio su testimonio en ReconquistaHOY y refirió a que fue una inspectora municipal que se ofreció para ayudarlo en el cajero, miró el PIN y le cambió la tarjeta.
Ramona contó que fue al banco el 22 de junio a las 17:00 horas, dijo que solo tenía un saldo de 200 pesos, dijo que cuando ingresó al cajero se le acercó la inspectora municipal y le dijo que ese cajero no tenía dinero. Entonces se corrió hacia otro que estaba desocupado, mientras tanto la empleada municipal seguía a su lado.
Cuando terminó la extracción se le cayó un ticket, la inspectora intentó ayudarla agachándose y alcanzándole los papeles y la tarjeta, “ella quizás vio que puse mi clave”, explicó Ramona.
“Los de la PDI me dicen usted tiene su tarjeta, le dije que sí”, comentó Ramona Luján Roda, cuando fue a buscarla se dio cuenta de que no era la suya, “a su tarjeta la tenemos nosotros, nos llevó un hombre, mañana vaya al banco”, contó la víctima que le dijeron los uniformados.
Fui al banco hable con encargado, me dieron que si esta mujer venia sacando plata que me sacó 100 mil pesos.
Según pudieron establecer cuando Ramona Luján Roda se retiró del cajero, la estafadora realizó la primera extracción, solicitó un crédito de 100.000 pesos que los sacó el 22, 23 y 24 de junio 2020.
Nicolás Sandrigo contó cómo reaccionó la Municipalidad
El secretario de Control Público dijo que apenas le avisaron del suceso se constituyó personalmente en la Oficina de Parquímetros donde estuvo con el hijo del damnificado, que es el abogado Cacho Pagura, y los acompaño a realizar la denuncia penal en la PDI donde rápidamente fueron atendidos porque él ya se lo había anticipado al jefe Constanzo telefónicamente; y que decidieron mantener sigilo para que la autora no oculte pruebas, lo que permitió que el allanamiento realizado en su domicilio en la mañana del viernes 03 de julio de 2020 sea positivo.
Luego se ordenó el sumario administrativo y la inmediata suspensión como paso previo a la expulsión, que se materializó mediante decreto del 24 de julio de 2020, donde el intenden Amadeo Enrique Vallejos dispuso la exoneración de Vanina Gisela Oliva, DNI N° 25.672.168, quien no podrá volver a ocupar nunca un cargo público porque es la sanción más grave que prevé la Ley N° 9.286.
La agente municipal que estaba bajo contrato incurrió en "una falta grave que perjudica material y moralmente a la administración ", informó la Municipalidad.
Para el secretario de Control Público Nicolás Sandrigo, de quien dependía la agente expulsada, Vanina Oliva "manchó el accionar de toda otra gente que trabaja con calor, con frio, con sol con lluvia en la calle... es muy triste lo que pasó... los compañeros de área me manifestaron su bronca por lo que hizo esta mujer”, contó; y encima reveló que "no la noté arrepentida".
El Secretario de Control Público le pidió a la comunidad que cuando ve este tipo de accionar que se comuniquen al municipio, "estamos a disposición los secretarios y el Intendente, la idea es sacar la manzana podrida que puede haber en el cajón", remató.
Vanina Gisela Oliva era empleada municipal contratada hacía año y medio. Es hija de un empleado municipal.
ABUELA CELINA
En la misma tarde que allanaron la casa donde vive la imputada Oliva, ReconquistaHOY habló con su abuela, Celina, de 85 años, quien nos contó que con ella vive Vanina con sus tres hijos, de 18, 20 y 22 años; y el padre de Vanina. Reconoció que su nieta "compró algunas cosas" que ella justificó que fue con dinereo del aguinaldo.
Celina contó que durante el allanamiento en la vivienda, los policías sacaron cosas y dejaron un desastre, y "cuando terminaron le dijeron que los tenía que acompañar, está detenida en la comisaria primera, no pude preguntarle nada, había muchos policías, no pude hablar nada, fue una sorpresa porque nadie sabía que había orden de allanamiento ", indicó la abuela de la inspectora.
PALABRA DEL FISCAL
El fiscal Rodrigo González dijo en ReconquistaHOY que la causa penal es por estafas reiteradas, según los artículos 173 y 174 inc. 5°, que tiene una condena mínima de un mes, y "por el monto de la pena no me permite que quede detenida ya que de ser condenada la pena sería sin cumplimiento efectivo porque no tiene condena previa ".
Uno de los damnificados cauteló $100.000.-
Fue en una audiencia previa a la imputativa, el miércoles 08 de julio de 2020, ante el juez Santiago Banegas; y sobre eso refirió el fiscal Rodrigo González en ReconquistaHOY: