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Dispusieron prisión domiciliaria para la madre condenada por entregar por dinero a sus niñas para que sean violadas. También para los violadores. El por qué de la decisión.

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Dr. Santiago Banegas, juez penal de primera instancia. 

El juez penal Sebastián Banegas dispuso este viernes 18 de septiembre de 2020 la prisión domiciliaria para Isabel Acosta, Ismael Paniagua y Eduardo Sánchez. El cuarto condenado con doble conforme en esta causa, Angel la Cruz Caballero, ya está preso porque mientras se investigaba este caso fue detenido por homicidio.

La prisión domiciliaria es por la edad y la deteriorada salud de los hombres condenados, todos mayores de 70 años; y la señora Isabel Acosta, quien tiene 54 años, está discapacitada, confirmó el fiscal que pidió la detención de todos ellos, Nicolás Maglier, en reemplazo del fiscal Norberto Ríos, quien está en licencia compensatoria.

El artículo 10 del Código Penal Argentino establece que "podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:

a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;

c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;

d) El interno mayor de setenta (70) años;

e) La mujer embarazada;

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.

Esta semana, la Cámara Penal de Apelaciones conformada por los jueces Carlos Renna, Eduardo Bernacchia y Fabio Mudry, confirmó la condena de 10 años de prisión para Isabel Acosta (madre de las niñas víctimas, quienes tenían 12 y 16 años cuando se judicializó el caso, pero eran abusadas desde mucho antes, ya que se constató en ellas "defloración de vieja data"); y los abusadores Angel la Cruz Caballero, Ismael Paniagua Bozze y Eduardo Sánchez. Orlando Whlhelem también había sido condenado en primera instancia, pero se declaró su sobreseimiento por fallecimiento. 

Isabel Acosta, de 54 años, fue condenada como autora penalmente responsable del delito de promoción de la prostitución de menores agravada por el vínculo, arts. 29, 40, 41, 45, 125 bis y 126 del Código Penal.

Angel la Cruz Caballero, Ismael Paniagua Bozze y Eduardo Sánchez, condenados como autores penalmente responsables de los delitos de abusos sexuales con acceso carnal reiterados (art. 119, 1er. y 3er. párrafo del Código Penal.

El fiscal de la apelación, Norberto Ríos, sostuvo en ReconquistaHOY que en estos hechos delictivos "hubo gente que no miró para un costado", como la psicóloga Luciana Bosch, quien efectuó la denuncia que permitió investigar y condenar los hechos. La profesional actualmente trabaja en la PDI y para el fiscal "es un honor" poder trabajar con ella. Al mismo tiempo que Ríos valoró la actuación del equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Villa Ocampo, pero criticó al abogado Lalo José porque lo considera responsable de haber mezclado en la misma audiencia a víctimas y victimarios, "máxime en un caso donde se afectó la integridad sexual de menores y el poder desarrollarse sexualmente sin interferencias y en libertad. Me molestó soberanamente mucho", dijo en referencia a lo que pasó en la audiencia de Cámara.

 

Pasaron 8 años. La justicia a destiempo tampoco trae tanto alivio.

 

El viernes 18 de septiembre de 2020 será la audiencia que solicitó el fiscal Norberto Ríos para establecer una nueva medida cautelar, concretamente pedirá la inmediata detención en prisión preventiva para evitar que fuguen. ¿Por qué se habla de prisión preventiva?. Porque a los condenados le queda un recurso que es recurrir a la Corte provincial, y el fallo no se considera firme hasta agotar todas las instancias. 

Todos estuvieron en prisión preventiva un par de meses en el inicio de la investigación, pero luego recuperaron la libertad con restricciones, sujetos al proceso. El único que está en prisión actualmente es Angel Caballero, pero por un homicidio posterior a los abusos sexuales. (En la cárcel de Santa Felicia).

Detalles que se mencionan en el fallo:

El caso se judicializó el 26 de marzo de 2012 con la denuncia de la psicóloga Luciana Patricia Bosch, quien era empleada de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo, y en ocasión de entrevistar a una niña de 13 años, le contó que cuando se dirigía a la escuela se desvió del camino dado que su madre, Isabel Acosta, la mandó a la casa de un hombre mayor a mantener relaciones sexuales; y que no fue esa la primera vez, sino que otras tantas veces lo hizo, al igual que en la casa de otros hombres; y el médico policial constató "defloración de vieja data", lo que coincide con el testimonio de las víctimas, que desde hacía dos años (2010 en adelante) eran mandadas por su madre a casa de hombres mayores a cambio de dinero que lo percibía ella. Amenazaba a sus hijas que si no le hacían caso las entregaría "a una mujer que prostituye las chicas". Una de ellas contó que el primer abuso lo sufrió en manos de alguien que conocía como "Cuatro ojos, y vive enfrente de la panadería de Fani Masaro". Contó que fue el primer hombre que la violó, que la hizo pasar, le hizo sacar la ropa y se le tiró encima, que ella no quería, pero la obligó; y al día siguiente fue a su casa y le pagó a su mamá y las visitas se repitieron. Y así las mandaba a casas de diferentes hombres, a los que identificó, en algunos casos solo por apodos o apellido, hombres muy mayores, hoy ancianos.

Una víctima reveló los abusos a partir de un tal "Rogelio", quien fue muy violento y decidió ir a contarlo a la psicóloga de la Municipalidad, quien judicializó el caso. Contó detalles del rol de la madre y lo que sabía de los abusadores, donde ocurrían los hechos, que también lo hacía con otra hermana, qué método anticonceptivo usaba, etc.

Cuando fue detenida Isabel Acosta, negó los hechos que contó su hija y aseguró que "es muy vaga,
se porta mal, que no le hace caso, que le contesta mal"; y que sabía que iba a casa de hombres a pedir dinero "en vez de ir a la escuela".

Entrevistada una hermana, entonces de 16 años, contó que tenía una hija de diez meses que vivía con ella y que sabía que su madre mandaba a la hermanita "a mantener relaciones sexuales con hombres mayores que luego le pagaban, que también ella, a la edad de catorce años, fue obligada a mantener relaciones con hombres mayores"

Isabel Acosta negó siempre los cargos diciendo que ella "no sabía" que hacían sus hijas en casa de hombres mayores, aunque sabía que iban, "pero sólo a molestarlos".

En el fallo se menciona que la conducta típica desplegada por la Sra Isabel Acosta es la de enviar a sus hijas menores a realizar actos de prostitución, iniciarlas en ese camino que por la edad de las mismas constituye un inicio y promoción de la prostitución. Igualmente, les facilitaba los posibles clientes a quienes les enviaba las menores. Su acción consistía en mandar a sus hijas a la casa de hombres de avanzada edad con la finalidad de que mantengan relaciones sexuales y que a cambio le trajeran dinero, lo que se califica como promoción de la prostitución de menores agravado por su condición de madre de las víctimas, art. 125 bis, 3er. párrafo CP.

La promoción de la prostitución que ejerció la madre causó efecto, a tal punto que las menores confesaron que Isabel Acosta "se asustó" cuando una asistente social de la municipalidad le dijo que si seguía obligándolas a ir con hombres la iban a meter presa ; y desde entonces "no nos hizo ir más, pero después de un tiempo empezamos a ir por nuestra cuenta". Eso es porque "ya estaban prostituidas", concluyó el juez de la primera instancia en el fallo ahora confirmado por unanimidad por la Cámara de Apelaciones. 

"La madre las mandaba a sacarle plata a los viejos y si volvían sin nada les pegaba, fueron a la Municipalidad para evitar una paliza". 

 

Una de las menores víctima cargó con un hijo que no sabe de quien es.

Si bien la madre niega haber mandado a sus hijas a practicar tal deleznable negocio, deja traslucir que no desconocía las conductas de ambas y mucho menos aún de quien apareció con hijo de padre desconocido.

 

"Evidentemente, la actitud asumida por la imputada, en el marco del tipo objetivo, se enmarca en la facilitación de la prostitución de menores agravada por la calidad del sujeto activo, en tanto puso a disposición de distintos sujetos mayores de edad a los sujetos pasivos (sus dos hijas menores por ese entonces), la oportunidad y la presión psicológica para que se prostituyan, esto es, un lugar de encuentro y la cita en la casa de cada uno de los encartados y el contacto de clientes por medio de las propias nenas que se encomendaban a lo solicitado por su madre por pago de dinero", dice el fallo. 

Respecto a los condenados por abusar sexualmente de las menores, el tribunal sostiene que "si bien las defensas técnicas plantean la falta de pruebas en contra de sus representados, en el estudio del expediente puede observarse que ello no es así, y que existen numerosos indicios, pruebas testimoniales informes de profesionales, reconocimiento de cosas y lugares por parte de las víctimas que evidencian la responsabilidad penal de los encartados". 

Recuerda el veredicto que "existe una obligación asumida por los Estados de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales... y que cada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz y a que su testimonio se presuma válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre y cuando su edad y madurez permitan que proporcione un testimonio comprensible,  con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia"; y que el Estado condena "toda forma de violencia contra la mujer" y Argentina asumió el compromiso de "adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b] actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (...) fi establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos". 

En defensa de uno de los acusados (Whlhelem), el abogado Gabriel Micheloud sostuvo que "las menores eran habitué de llevar ese tipo de vida, salían a la noche, mala junta, todo relacionado con alcohol, etc, y que su cliente no sabía que eran menores y que ejercían la prostitución presionadas por la madre". 

La defensora Silvia Zabala (por Paniagua) sostuvo que no había pruebas contra su defendido, y que la acusación falsa lo perjudicaba "personal y socialmente".

Ambas víctimas intentaron salvar a su madre de la condena diciendo que mintieron cuando declararon en contra y que están arrepentidas por haberle "arruinado" la vida a su mamá y a muchas personas "influenciadas por asistentes sociales y psicólogas".

Informe del examen a Isabel Acosta en 2013, luego que la denunciaron por entregar por dinero a sus hijas para que sean violadas por adultos: "Acosta se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones senso-perceptivas. Psiquiátrica y psicológicamente se evidencia una conducta aparente: insensible, impasiva ante el castigo, conducta interpersonal, manipuladora con tendencia a desmoralizar a los demás, poco predecible. Estilo cognitivo: interpreta las palabras y acciones de los demás según sus propias necesidades. Expresión afectiva: varía entre la hostilidad y, lo teatral. Percepción de sí misma: dominante. Mecanismo de defensa: expresión directa de impulsos socialmente indeseables, habitualmente sin sentimiento de culpa, con  tendencia a la negación".

 

POR QUÉ PENAS MÍNIMAS PARA TODOS (10 AÑOS DE PRISIÓN)

Señala el tribunal que "una consideración especial merece la situación económica y de pobreza de la justiciable, es insoslayable verificar que realizó de sus hijas quizás el modelo de vida que les tocó vivir a ella, lo que se infiere de la propia declaración de los testigos que mencionan que ella también se ofrecía para para la prostitución, siempre en una situación de abandono, con escaso nivel de educación y valoración de la misma, por lo que es justo aplicar el mínimo de pena prevista por el legislador... se tienen en cuenta los antecedentes penales, entidad de los ilícitos, y demás pautas valorativas de los arts. 40 y 41 del Cod. Penal, en particular, la escasa educación que manifestó tener, que lleva a que, si bien comprenda la criminalidad de los actos, su niñez, experiencia de vida y su interactuar con el grupo social, hacen que se considere el mínimo de la pena prevista para el delito, esto es, diez años de prisión".

En cuanto a los abusadores, señala el tribunal que "merece" tener en cuenta "la edad de algunos de los condenados y el estado de salud de los mismos", la mayoría ya ancianos y enfermos; "la escasa educación que presentan, sus medios de vida, su niñez, experiencia de vida y su interactuar con el grupo social, hacen que considere justo y equitativo la pena de diez años de prisión, atento al informe del actuario obrante en autos, de donde se desprende que no registran

La Cámara Penal de Apelaciones conformada por los jueces Carlos Renna, Eduardo Bernacchia y Fabio Mudry, confirmó la condena de 10 años de prisión para Isabel Acosta (madre de las niñas víctimas, quienes tenían 12 y 16 años cuando se judicializó el caso, pero eran abusadas desde mucho antes, ya que se constató en ellas "defloración de vieja data"); y los abusadores Angel la Cruz Caballero, Ismael Paniagua Bozze y Eduardo Sánchez. Orlando Whlhelem también había sido condenado en primera instancia, pero se declaró su sobreseimiento por fallecimiento.

Isabel Acosta, de 54 años, fue condenada como autora penalmente responsable del delito de promoción de la prostitución de menores agravada por el vínculo, arts. 29, 40, 41, 45, 125 bis y 126 del Código Penal.

Angel la Cruz Caballero, Ismael Paniagua Bozze y Eduardo Sánchez, condenados como autores penalmente responsables de los delitos de abusos sexuales con acceso carnal reiterados (art. 119, 1er. y 3er. párrafo del Código Penal.

El fiscal de la apelación, Norberto Ríos, sostuvo en ReconquistaHOY que en estos hechos delictivos "hubo gente que no miró para un costado", como la psicóloga Luciana Bosch, quien efectuó la denuncia que permitió investigar y condenar los hechos. La profesional actualmente trabaja en la PDI y para el fiscal "es un honor" poder trabajar con ella. Al mismo tiempo que Ríos valoró la actuación del equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Villa Ocampo, pero criticó al abogado Lalo José porque lo considera responsable de haber mezclado en la misma audiencia a víctimas y victimarios, "máxime en un caso donde se afectó la integridad sexual de menores y el poder desarrollarse sexualmente sin interferencias y en libertad. Me molestó soberanamente mucho", dijo en referencia a lo que pasó en la audiencia de Cámara.

 

Pasaron 8 años. La justicia a destiempo tampoco trae tanto alivio.

 

El viernes 18 de septiembre de 2020 será la audiencia que solicitó el fiscal Norberto Ríos para establecer una nueva medida cautelar, concretamente pedirá la inmediata detención en prisión preventiva para evitar que fuguen. ¿Por qué se habla de prisión preventiva?. Porque a los condenados le queda un recurso que es recurrir a la Corte provincial, y el fallo no se considera firme hasta agotar todas las instancias.

Todos estuvieron en prisión preventiva un par de meses en el inicio de la investigación, pero luego recuperaron la libertad con restricciones, sujetos al proceso. El único que está en prisión actualmente es Angel Caballero, pero por un homicidio posterior a los abusos sexuales. (En la cárcel de Santa Felicia).

Detalles que se mencionan en el fallo:

El caso se judicializó el 26 de marzo de 2012 con la denuncia de la psicóloga Luciana Patricia Bosch, quien era empleada de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo, y en ocasión de entrevistar a una niña de 13 años, le contó que cuando se dirigía a la escuela se desvió del camino dado que su madre, Isabel Acosta, la mandó a la casa de un hombre mayor a mantener relaciones sexuales; y que no fue esa la primera vez, sino que otras tantas veces lo hizo, al igual que en la casa de otros hombres; y el médico policial constató "defloración de vieja data", lo que coincide con el testimonio de las víctimas, que desde hacía dos años (2010 en adelante) eran mandadas por su madre a casa de hombres mayores a cambio de dinero que lo percibía ella. Amenazaba a sus hijas que si no le hacían caso las entregaría "a una mujer que prostituye las chicas". Una de ellas contó que el primer abuso lo sufrió en manos de alguien que conocía como "Cuatro ojos, y vive enfrente de la panadería de Fani Masaro". Contó que fue el primer hombre que la violó, que la hizo pasar, le hizo sacar la ropa y se le tiró encima, que ella no quería, pero la obligó; y al día siguiente fue a su casa y le pagó a su mamá y las visitas se repitieron. Y así las mandaba a casas de diferentes hombres, a los que identificó, en algunos casos solo por apodos o apellido, hombres muy mayores, hoy ancianos.

Una víctima reveló los abusos a partir de un tal "Rogelio", quien fue muy violento y decidió ir a contarlo a la psicóloga de la Municipalidad, quien judicializó el caso. Contó detalles del rol de la madre y lo que sabía de los abusadores, donde ocurrían los hechos, que también lo hacía con otra hermana, qué método anticonceptivo usaba, etc.

Cuando fue detenida Isabel Acosta, negó los hechos que contó su hija y aseguró que "es muy vaga,
se porta mal, que no le hace caso, que le contesta mal"; y que sabía que iba a casa de hombres a pedir dinero "en vez de ir a la escuela".

Entrevistada una hermana, entonces de 16 años, contó que tenía una hija de diez meses que vivía con ella y que sabía que su madre mandaba a la hermanita "a mantener relaciones sexuales con hombres mayores que luego le pagaban, que también ella, a la edad de catorce años, fue obligada a mantener relaciones con hombres mayores"

Isabel Acosta negó siempre los cargos diciendo que ella "no sabía" que hacían sus hijas en casa de hombres mayores, aunque sabía que iban, "pero sólo a molestarlos".

En el fallo se menciona que la conducta típica desplegada por la Sra Isabel Acosta es la de enviar a sus hijas menores a realizar actos de prostitución, iniciarlas en ese camino que por la edad de las mismas constituye un inicio y promoción de la prostitución. Igualmente, les facilitaba los posibles clientes a quienes les enviaba las menores. Su acción consistía en mandar a sus hijas a la casa de hombres de avanzada edad con la finalidad de que mantengan relaciones sexuales y que a cambio le trajeran dinero, lo que se califica como promoción de la prostitución de menores agravado por su condición de madre de las víctimas, art. 125 bis, 3er. párrafo CP.

La promoción de la prostitución que ejerció la madre causó efecto, a tal punto que las menores confesaron que Isabel Acosta "se asustó" cuando una asistente social de la municipalidad le dijo que si seguía obligándolas a ir con hombres la iban a meter presa ; y desde entonces "no nos hizo ir más, pero después de un tiempo empezamos a ir por nuestra cuenta". Eso es porque "ya estaban prostituidas", concluyó el juez de la primera instancia en el fallo ahora confirmado por unanimidad por la Cámara de Apelaciones.

"La madre las mandaba a sacarle plata a los viejos y si volvían sin nada les pegaba, fueron a la Municipalidad para evitar una paliza".

 

Una de las menores víctima cargó con un hijo que no sabe de quien es.

Si bien la madre niega haber mandado a sus hijas a practicar tal deleznable negocio, deja traslucir que no desconocía las conductas de ambas y mucho menos aún de quien apareció con hijo de padre desconocido.

 

"Evidentemente, la actitud asumida por la imputada, en el marco del tipo objetivo, se enmarca en la facilitación de la prostitución de menores agravada por la calidad del sujeto activo, en tanto puso a disposición de distintos sujetos mayores de edad a los sujetos pasivos (sus dos hijas menores por ese entonces), la oportunidad y la presión psicológica para que se prostituyan, esto es, un lugar de encuentro y la cita en la casa de cada uno de los encartados y el contacto de clientes por medio de las propias nenas que se encomendaban a lo solicitado por su madre por pago de dinero", dice el fallo.

Respecto a los condenados por abusar sexualmente de las menores, el tribunal sostiene que "si bien las defensas técnicas plantean la falta de pruebas en contra de sus representados, en el estudio del expediente puede observarse que ello no es así, y que existen numerosos indicios, pruebas testimoniales informes de profesionales, reconocimiento de cosas y lugares por parte de las víctimas que evidencian la responsabilidad penal de los encartados".

Recuerda el veredicto que "existe una obligación asumida por los Estados de proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales... y que cada niño tiene derecho a que se le trate como un testigo capaz y a que su testimonio se presuma válido y creíble, a menos que se demuestre lo contrario y siempre y cuando su edad y madurez permitan que proporcione un testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro tipo de asistencia"; y que el Estado condena "toda forma de violencia contra la mujer" y Argentina asumió el compromiso de "adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: b] actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (...) fi establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos".

En defensa de uno de los acusados (Whlhelem), el abogado Gabriel Micheloud sostuvo que "las menores eran habitué de llevar ese tipo de vida, salían a la noche, mala junta, todo relacionado con alcohol, etc, y que su cliente no sabía que eran menores y que ejercían la prostitución presionadas por la madre". 

La defensora Silvia Zabala (por Paniagua) sostuvo que no había pruebas contra su defendido, y que la acusación falsa lo perjudicaba "personal y socialmente".

Ambas víctimas intentaron salvar a su madre de la condena diciendo que mintieron cuando declararon en contra y que están arrepentidas por haberle "arruinado" la vida a su mamá y a muchas personas "influenciadas por asistentes sociales y psicólogas".

Informe del examen a Isabel Acosta en 2013, luego que la denunciaron por entregar por dinero a sus hijas para que sean violadas por adultos: "Acosta se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones senso-perceptivas. Psiquiátrica y psicológicamente se evidencia una conducta aparente: insensible, impasiva ante el castigo, conducta interpersonal, manipuladora con tendencia a desmoralizar a los demás, poco predecible. Estilo cognitivo: interpreta las palabras y acciones de los demás según sus propias necesidades. Expresión afectiva: varía entre la hostilidad y, lo teatral. Percepción de sí misma: dominante. Mecanismo de defensa: expresión directa de impulsos socialmente indeseables, habitualmente sin sentimiento de culpa, con tendencia a la negación".

 

POR QUÉ PENAS MÍNIMAS PARA TODOS (10 AÑOS DE PRISIÓN)

Señala el tribunal que "una consideración especial merece la situación económica y de pobreza de la justiciable, es insoslayable verificar que realizó de sus hijas quizás el modelo de vida que les tocó vivir a ella, lo que se infiere de la propia declaración de los testigos que mencionan que ella también se ofrecía para para la prostitución, siempre en una situación de abandono, con escaso nivel de educación y valoración de la misma, por lo que es justo aplicar el mínimo de pena prevista por el legislador... se tienen en cuenta los antecedentes penales, entidad de los ilícitos, y demás pautas valorativas de los arts. 40 y 41 del Cod. Penal, en particular, la escasa educación que manifestó tener, que lleva a que, si bien comprenda la criminalidad de los actos, su niñez, experiencia de vida y su interactuar con el grupo social, hacen que se considere el mínimo de la pena prevista para el delito, esto es, diez años de prisión".

En cuanto a los abusadores, señala el tribunal que "merece" tener en cuenta "la edad de algunos de los condenados y el estado de salud de los mismos", la mayoría ya ancianos y enfermos; "la escasa educación que presentan, sus medios de vida, su niñez, experiencia de vida y su interactuar con el grupo social, hacen que considere justo y equitativo la pena de diez años de prisión, atento al informe del actuario obrante en autos, de donde se condenas anteriores aunque al dia de la fecha Angel de la Cruz Caballero esté privado de la libertad por otro delito" (homicidio).

Producción periodística: ReconquistaHOY, en base al fallo de la Cámara Penal de Apelaciones y testimonio del fiscal Norberto Ríos.