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Otro mensaje de la Cámara de Apelaciones frente a delitos sexuales: Revocaron decisión de la jueza Norma Senn y ordenan que imputado de abusos sexuales espere investigación en prisión preventiva.

Contundentes apreciaciones del Dr. Bernacchia sobre la revictimización.

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Eduardo Bernacchia, juez de la apelación.

La Cámara Penal de Apelaciones, con la firma del Dr. Eduardo Bernacchia, acogió este jueves 24 de septiembre de 2020 el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Norberto Ríos, y revocó  la decisión de la jueza de primera instancia, quien había dispuesto la libertad del señor Jorge Oscar Masín, D.N.I. N° 16.942.086.

El 28 de julio de este mismo año, la Dra. Norma Senn había declarado abierta la investigación penal preparatoria tras escuchar la imputación del representante del Ministerio Público de la Acusación, pero no dio lugar al pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal para asegurar el resultado de la investigación en curso. Para eso había ordenado su detención, pero para la jueza lo correcto era solo imponerle algunas restricciones. El fiscal apeló y la Cámara le dio la razón.

Masín esta imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, ya que la víctima es su propia hija menor de edad.

La denuncia contra Masín fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Villa Ocampo por su señora, Claudia Acuña, el 24 de julio de 2020, luego que de insistirle, la chica de 15 años confió a su hermana mayor, de 31 años; y a la madre, que su padre la venía manoseando hace un tiempo, aproximadamente desde el mes de diciembre de 2019. Contó que el padre le "toquetea todo el cuerpo, pero que no contaba porque le decía que si lo hacia, sus padres iban a ir presos.

 

LA DECISIÓN DE LA VÍSPERA

La Cámara Penal de Apelaciones, con la firma del Dr. Eduardo Bernacchia, acogió el jueves 24 de septiembre de 2020 el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Norberto Ríos, y revocó  la decisión de la jueza de primera instancia, quien había dispuesto la libertad del señor Jorge Oscar Masín, D.N.I. N° 16.942.086.

El 28 de julio de este mismo año, la Dra. Norma Senn había declarado abierta la investigación penal preparatoria tras escuchar la imputación del representante del Ministerio Público de la Acusación, pero no dio lugar al pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal para asegurar el resultado de la investigación en curso. Para eso había ordenado su detención, pero para la jueza lo correcto era solo imponerle algunas restricciones. El fiscal apeló y la Cámara le dio la razón.

Masín esta imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, ya que la víctima es su propia hija menor de edad.

La denuncia contra Masín fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Villa Ocampo por su señora, Claudia Acuña, el 24 de julio de 2020, luego que de insistirle, la chica de 15 años confió a su hermana mayor, de 31 años; y a la madre, que su padre la venía manoseando hace un tiempo, aproximadamente desde el mes de diciembre de 2019. Contó que el padre le "toquetea todo el cuerpo, pero que no contaba porque le decía que si lo hacia, sus padres iban a ir presos.

Todo saltó a luz porque la hermana mayor la notaba "rara".  Al darse cuenta que no quería acompañar a su padre al campo, indagó la razón y allí le contó que su padre le tocaba los pechos, la vagina y la cola; y que la tenía aménazada para que no cuente. A partir de allí habló con una amiga que es maestra, y ésta habló con la menor, quien también a ella le contó que su papá la manoseaba; y que incluso llegó a pedirle que le robe los preservativos a la hermana mayor porque iban a ir al campo e iban a tener relaciones sexuales. Eso fue lo último; y no llegó a ejecutarse porque se denunció el caso.

El fiscal imputó a Masín el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con la menor de 18 años (Art. 119 2° párrafo y 40 párrafo inc. b y f del C.P.) en el carácter de autor penal (art. 45 del código penal); y otro hecho delictivo que tipificado como tenencia indebida de armas de fuego de uso civil (Art. 189 bis inc. 1 párrafo primero del C.P.) en el carácter de autor penal (art. 45 del código penal) en concurso real (Art. 55 del C.P.). Es porque cuando el 26 de julio de 2020 requisaron la casa que Masín tiene en el campo, en Paraje El Mocoví, le secuestraron una escopeta calibre 20 simple, sin marca ni numeración, culata y chimaza de madera, (01) una carabina calibre 22 con cargador con capacidad para 10 cartuchos, marca Mahely numeración 76451, (06) seis vainas servidas calibra 14 mama Orbes color amarillo, (06) seis cartuchos sin percutar calibre 20 marca Orbea color amarillo y (02) dos vainas servidas calibrre 20 marca Orbea color amarillo, de lo que Masín no pudo acreditar ni la propiedad ni tenencia.

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Norma Senn, jueza.

 

POLÉMICA INTERPRETACIÓN 

La jueza de la baja instancia, Norma Senn, consideró que "estando en libertad el imputado -padre de la niña-, ello puede beneficiar a que la misma pueda explayarse respecto de los hechos en Cámara Gesell... es más en audiencia dijo que en atención a su experiencia personal, los niños se expresan mejor estando su victimario libre".

 

LA LEY DEL SILENCIO 

En el escrito, la Dra. Senn fundamentó esa afirmación, diciendo que "las manifestaciones del Fiscal dan cuenta de la complejidad de los casos de abuso sexual infantil en ámbitos intrafamiliares, donde impera la ley del silencio. La confusión configurada por los sentimientos de la víctima donde se mezclan la culpa, los afectos, las recriminaciones, el miedo, la asimetría de las relaciones. En este sentido pretender acelerar una declaración en Cámara Gessel como lo pretende la defensa no resulta viable ya que implica exigir algo que la niña puede no estaría en condiciones de dar; sin embargo, la entrevista de exploración psicológica referenciada por el Fiscal, entiendo, brinda elementos que indican indicios de abuso sexual y la reticencia se vincula más bien con el detalle del mismo y la falta de apoyo de su círculo intimo, posiblemente de su madre. Por lo que el entorpecimiento probatorio razonablemente puede provenir de otros referentes, con lo que más bien deberá prevenirse el contacto entre ellos". La jueza apuntó a la madre de la víctima. Al respecto, el fiscal señaló ante la Cámara que "la complejidad referida por la señorita Jueza no hace más que justificar la prisión preventiva, y no la libertad", y remarcó que "fue la madre quien acompañó a la menor a dos psicólogas, fue quien hizo la denuncia y quien instó la acción penal".

También el fiscal Ríos le reprochó al fallo de la Dra. Senn, "que no ha tenido presente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: toda vez que, sostiene el Fiscal actuante, la invocó en audiencia y no sólo no la tuvo presente sino que tampoco hizo referencia al por qué no se aplica al caso de marras, toda vez que la convención (incorporada al plexo constitucional) reza en su art.
7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad...".

También el Dr. Ríos le reprochó a la jueza Norma Senn que no tuvo presente que la víctima debiera gozar de doble protección constitucional, toda vez que se trata de una niña y mujer: en éste sentido refirió a una víctima doblemente vulnerable, por un lado porque se trata de una persona menor de edad, y además mujer, y esas condiciones son especialmente reconocidas constitucionalmente como parámetros de vulnerabilidad y por ende se les debe otorgar mayor protección.- Claro está que la libertad de su agresor lleva como contrapartida la inseguridad de la victima".

Otro agravio expresado por el fiscal contra el veredicto de la juez Senn es que realizó "un sesgado análisis del vinculo parental entre imputado y víctima, al sostener que "Considerando las condiciones personales del imputado, entiendo que el entorpecimiento del testimonio de la niña puede ser neutralizado mediante restricciones que deberían acentuarse de acuerdo a las particularidades del caso y las características personales del Sr Masín. Teniendo en cuenta que el Sr Masín se presenta como una persona sin antecedentes penales, con tres hijos aún menores de edad a cargo, trabaja en un establecimiento rural donde podría residir, se ofrece la guarda de una tercera persona. Todos elementos que abonan un pronóstico favorable en cuanto a su conducta...".

Ironiza el fiscal que "el análisis que realiza (la Jueza) pareciera ser de una familia feliz, hasta efectúa un pronóstico favorable, teniendo que observar que la niña relató a su madre y hermana que los abusos se perpretaron durante meses, que fue amedrentada por el imputado y en consecuencia ese vínculo parental lejos de ser beneficioso fue precisamente el provocador del delito sexual imputado".

En sexto lugar le agravió también al Dr. Ríos que la jueza no tuvo presente el resto de los testigos, ya que es sabido que van a deponer recién en un eventual juicio oral y público en un delito tan aberrante cómo es el abuso sexual infantil intrafamiliar; "y si a eso le sumamos que los testigos con los que contamos inicialmente son todas mujeres, que a su vez merecen una protección constitucional especial, tratándose de un género vulnerable, es que es un elemento importante a la hora de analizar la cautelar a imponer y no fue tratada adecuadamente por la Jueza de Primera Instancia".

En séptimo lugar le agravió al fiscal que la jueza Senn no consideró las armas de fuego secuestradas ya que una de las testigos manifestó su temor, toda vez que el imputado manipulaba armas de fuego... y por ende el testimonio allí toma otra dimensión de credibilidad y es un elemento a tener en cuenta a la hora de analizar la cautelar adecuada.

También el fiscal fundamentó el riesgo de que Masín fugue para evitar la cárcel, ya que podría ser condenado -de probarse la calificación imputada- como mínimo a la pena de 8 años de prisión. 

También reprochó el fiscal a la jueza Senn que "soslayó el riesgo procesal de entorpecimiento probatorio, lo que es más grave aún, no contemplando la perspectiva de género"; y citó la Convención de Belém do Pará. Remarcó el Dr. Ríos que "la prisión preventiva debe ser interpretada también en consonancia con dicho instrumento sobre la violencia sexual contra niñas, es decir la interpretación más severa contra la cautela y volviendo a lo segundo y debe ser cautelada la posibilidad de preservación del testimonio de la víctima y es con el señor Masín cumpliendo la prisión preventiva como corresponde"; y que eso también permitiría proteger testimonios de los testigos, especialmente los del género femenino, que "también merecen cuidarse ante situación de vulnerabilidad a ellas y de preservarlas de cualquier hipótesis de amedrentamiento".

El fiscal ironizó también que leyendo la resolución de la Dra. Senn, parece que habría que preservarla a la víctima más de otros parientes que del propio imputado", quien además "estaba haciendo actos preparatorios para acceder a la víctima, el mismo lugar escogido para estar en libertad con restricciones; diciendo que hasta le decía que preparara los preservativos para llevarla al campo, situación a lo que se negó la niña mujer y que luego fuera puesto de manifiesto por sus docentes; todo lo cual se ha incrementado la vulnerabilidad de la víctima.

Indicó Ríos que "la resolución de baja instancia ha incurrido en un equívoco, y lo que se impone es la imposición de prisión preventiva para conjurar los riesgos procesales, y conteste con eso solicitó la revocación de dicha resolución y la imposición inmediata de la detención del señor Masín, situación a la que dio lugar el fallo de la Cámara Penal de Apelaciones.

Para el defensor público Sergio Olivera, no había riesgos procesales; y con la presencia del imputado en la audiencia "está garantizado que no se va a profugar. Masín ha cumplido a rajatabla, se encuentra radicado en el campo, lo cual acredita el arraigo; y está alejado del domicilio de todos los denunciantes".

Recordó el Dr. Olivera que "la misma menor dijo que no quería que su padre vaya preso y que habría sido víctima de unos toqueteos por parte de su asistido; y no las cuestiones que ahora dice el señor Fiscal. Señala el Defensor que con acierto, la Dra. Senn, postula que es suficiente con la prohibición de comunicación".

El defensor destacó que la jueza Senn "consideró que la falta de contención no sería de Masín sino de su núcleo familiar".

Para el fiscal, la denuncia de la hija menor de Masín "es la punta del iceberg". ¿Podría aparecer otra víctima ?.

Para el fiscal, que ahora la víctima diga que no quiere que su padre vaya preso, es "El Síndrome de Estocolmo"; y tiene que ser articulado con los instrumentos internacionales, y que "no se puede entender como una voluntad libre, sino como una voluntad absolutamente viciada".

 

NO QUIEREN QUE MASÍN ESTÉ PRESO 

La madre de la víctima dijo ante el juez de Cámara que tanto su hija como ella no quieren que el señor Masín vaya preso ya que es el único que trabaja y les está pasando la cuota alimentaria para ella y sus tres hijos menores y que nunca tuvo respuesta de la Fiscalía, no conociendo que iba a haber otro Fiscal y que nadie le comunicaba nada y para asistir a esta audiencia tuvo que llamar ella a Vera y reitera no le gustaría que su marido por lo que hizo vaya preso.

En su veredicto, el juez de la apelación recuerda que "el grado de conocimiento que exige la norma para imponer la prisión preventiva implica la realización de una ponderación razonada acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación, contraponiendo los elementos incriminantes a los desificriminantes, de modo tal que se tengan por liminarmente demostradas la matérialidad del hecho — con grado de certeza en cuanto a su existencia- y la participación del imputado en el mismo -con grado de probabilidad que supere la sospecha o la mera probabilidad o verosimilitud- . . " (Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe Comentado Ley 12.734, pág. 431 -Erbetta. Orso, Franceschetti y Chiara Díaz, Editorial Zeus S.R.L. Rosario).

Sostiene el camarista que "la víctima adolece de una doble condición de vulnerabilidad, por ser mujer y menor de edad. Es doblemente vulnerable. Debe resguardarse ese testimonio en aras de la  protección de la mujer víctima. Evitar interferencias. Hay también otros testimonios que dan cuenta del contexto y otorgan credibilidad a los dichos de la niña".

El Dr. Bernacchia también interpretó el mensaje del fiscal, que en el proceso de investigación en curso podrían "salir a la luz otras víctimas, hermanas de la niña".

Añade que "en relación a lo que el legislador denomina elementos de convicción suficiente para sostener la probable autoría o participación punible del imputado en el hecho investigado considera que los indicios aportados por el Fiscal, dadas las características del mismo, reúnen la suficiencia para satisfacer el umbral mínimo para esta instancia. Para ello se debe tener presente que el abordaje de niñas posibles víctimas de abuso difieren sensiblemente de un testigo común. Que se ha descripto un contexto de abuso intrafamiliar caracterizado por un silencio que incluso pudiera ser de años; por lo que resulta razonable el planteo fiscal en relación a la necesidad de planificar una estrategia adecuada, con el auxilio de psicólogos especializados, para establecer el momento y el modo en que se va a recibir el testimonio de la niña. Así es que debe procurarse el contexto adecuado donde la niña se sienta protegida y contenida para liberar la palabra y que su relato fluya".

Considera el Dr. Bernacchia que la posible pena de cárcel también justifica la prisión preventiva.

 

LA DOBLE VICTIMIZACIÓN QUE ADVIERTE EL CAMARISTA 

"Entiendo que la importancia del daño psicológico y moral a resarcir es mayúsculo dado que advierto que la víctima cuenta claramente lo que le sucedió -lo cual es un testimonio como lo sostiene la A-qua (Dra Senn) al momento de celebrarse la audiencia de trámite de baja instancia- pero luego manifiesta que no quiere que su padre vaya preso -lo mismo sostiene su madre en la audiencia dé trámite cuando dice: "que no vaya preso a pesar de lo que hizo-; lo que advierto como una doble victimización ya que al abuso sexual sufrido -al menos en esta instancia procesal- tenemos que sumar la presión que se desprende de sus palabras en cuanto a que no quiere que su padre vaya preso -hasta se fue a vivir un tiempo con una docente- y de las palabras de su progenitora en la audiencia de trámite ante esta Alzada sostiene que el  justiciable no vaya preso porque mantiene económicamente a ella y a sus hijos y les ayuda a pagar la factura de luz que es de seis mil pesos; lo cual de ninguna manera podemos sopesar un hecho tan grave como el presente a la luz del factor económico que se hace cargar sobre los hombros de una adolescente y que entiendo que ningún operador judicial debería siquiera mencionar una situación como esta como una circunstancia a su favor. Por todo lo cual reitero, que si bien como lo postula el defensor, la madre realizó la denuncia y se le ha buscado la contención psicológica respectiva, la gran presión sobre la adolescente existe y es necesario, entiendo, que no se mezcle, bajo ningún aspecto, que se pueda arribar a la verdad de lo sucedido sin poner en sus espaldas el sostenimiento económico de la familia; por lo que observo que este inciso 2° del art 221 también se verifica y es urgente abordar lo sucedido, como lo solicita la Agua (Dra. Senn), por profesionales especializados que la acompañen".

Añade el Dr. Bernacchia: "Entiendo finalmente que, en el caso, se han visto vulnerados los derechos humanos de la víctima en tanto que específicamente se vio afectado su derecho a vivir su adolescencia conforme a su edad y, específicamente, el resguardo de su libertad en su propio proyecto hacia su sexualidad y su integridad física, psíquica y espiritual; todo ello sin ser sometida a situaciones que nada tenían que ver con ello y; habiendo sido dichas evidencias analizadas no sólo bajo la óptica de la sana crítica: racional sino además con perspectiva jurisdiccional de género, ya que estas formas comisivas implicaron: violencia psicológica, violencia fisica y violencia sexual; habiéndose conculcado la norma contenida en el art. 4° de la ley Nacional N° 26.485: "Ley de Protección integral de las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales" que expresa y literalmente define a la violencia contra las mujeres como: "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. También se considera violencia contra la mujer toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón".

Entre todas las adhesiones del país a convenciones, el fallo de la Cámara Penal de Apelaciones también refiere al antecedente del caso C.E.R. C. ARGENTINA (tramitado ante la CEDAW 63/2013), hecho que precisamente ocurrió en la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, en fecha 01.06.11; que inauguró "la agenda de garantía de no repetición", después del papelón internacional que protagonizó el Poder Judicial santafesino al consagrar la impunidad en un bochornoso fallo en una causa por abusos sexuales donde fue beneficiado un ciudadano reconquistense. Precisamente, el mismo jueves 24 de septiembre de 2020 que salió este veredicto por el caso Masín, también la Cámara Penal de Apelaciones firmó otro fallo mediante el cual confirmó la condena de primera instancia contra Oscar Avelino "El Pájaro" Rolón, titular del DNI N° 20.223.520, a la pena de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente responsable del delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores en perjuicio de una menor de 10 años, en el carácter de autor, conforme lo normado en los arts. 146 y 45 del Código Penal, con más accesorias legales y costas (arts. 29, 40 y 41 del Código Penal).

Norma Senn
Dra. Norma Senn, jueza penal de primera instancia en una ocasión cuando llegaba a los Tribunales de Reconquista.